Este lunes, la Policía Nacional desarrolló un allanamiento en la ciudad de Areguá en donde lograron detener a tres personas en el marco del “Operativo Morfeo”. De esta forma desbarataron una red de estafa que ofrecía la construcción de viviendas a precio más accesible, pero nunca terminaban la obra y en algunos caso ni iniciaban. Se tienen denuncias de más de 30 víctimas en diferentes puntos del país.

Según el comisario Diosnel Alarcón, jefe del Departamento de Cibercrimen y Delitos Informáticos de la Policía Nacional, se trató de una exhaustiva investigación por varias denuncias de estafas y otros hechos punibles. En una de las unidades fiscales se tienen 12 denuncias contra esta constructora, pero se tienen contabilizadas un total de 30 en distintos puntos del país. Durante el procedimiento detuvieron a tres personas y se recogieron varias evidencias.

“Ofrecían la construcción de la vivienda propia, especialmente para aquellos que tienen terrenos. La oferta es la más accesible dentro del mercado y ese sería el gancho principal, además, daban un contrato correspondiente, pero nunca terminaban la obra o ni siquiera iniciaban”, manifestó el jefe policial en entrevista con el programa “Tardes de Perros”, de canal Gen y Universo 970/Nación Media.

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Aclaró que dentro de la investigación ya fueron individualizadas cuatro personas, de las cuales tres fueron detenidas. “Una de las personas sigue prófuga, pero habrían más personas que colaboran con este grupo. Las investigaciones del caso siguen y se espera que haya más detenidos”, apuntó.

Afirmó que las propuestas son lanzadas en redes sociales y que hay todo un esquema detrás, una personas que se encarga de publicar las propuestas con fotos y planos. Otro recibe las llamadas y luego está el que se reúne con las personas en la escribanía para firmar el contrato. “Hay una empresa constituida legalmente, pero son de maletín. Estos solicitaban una entrega para iniciar la obra”, puntualizó.

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El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.

La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.

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Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.

Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.

Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.

En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.

“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.

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Este miércoles, agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) intervinieron una vivienda en la ciudad de Fernando de la Mora y lograron detener a cuatro personas e incautaron una importante cantidad de crack. El sitio ya había sido intervenido anteriormente por hechos similares y el barrio es considerado zona roja por la venta de sustancias ilegales.

El allanamiento se realizó en el barrio San Juan de la zona Sur de la ciudad de Fernando de la Mora, donde se vendía exclusivamente crack. En el copetín, negocio que era utilizado como fachada, se logró encontrar la sustancia ya fraccionada o dosificada como las piedras completas, todo equivalente a unas 500 dosis, que irían a las manos de niños y jóvenes.

“No es la primera vez que intervenimos el sitio, es un lugar ya reincidente. Es una especie de copetín, comedor y bodega, había las famosas tragamonedas y en el fondo había un inquilinato donde la gente vive hacinada. Es un lugar propicio para la comercialización de drogas”, detalló Francisco Ayala, de la Senad.

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Expresó que existen suficientes elementos para pensar que estas personas vendían drogas a miembros de la barra brava del club Cerro Porteño. “Según la investigación de la parte de inteligencia reflejaba que había ya un vínculo muy estrecho con una barra de la zona y que desde acá eran destinadas sustancias para los días que jugaba el club”, apuntó.

Resaltó que durante la intervención solo encontraron pasta base de cocaína o crack, dinero en efectivo, balanza de precisión y celulares. “Son cuatro personas detenidas, tres mujeres y un varón, que tendrían activa participación en la venta de drogas. Esta sería una boca de venta y fumo, un lugar bastante problemático para la zona”, confirmó. Los detenidos fueron llevados a la sede de la Senad por disposición del Ministerio Público.

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La Policía Nacional realizó un allanamiento en la ciudad de Ñemby en la casa que sería de un hombre que es conocido como el “Rey de los robacoches”, que formaría parte del clan Rotela. Esta persona está siendo investigada hace cuatro meses por una serie de robos y contaba con 14 antecedentes penales, que a la fecha fueron borrados del sistema, situación que también está siendo investigada.

Según el reporte policial, la intervención se realizó ayer jueves en el barrio Pa’i Ñu, en una mansión que está ubicada sobre la avenida Pratt Gill. En el sitio se encontraron varios automóviles que estaban denunciados como robados y antes de que los agentes lleguen el hombre ya se habría fugado en compañía de su esposa. Tanto el hombre como su sobrino fueron identificados en varios robos de autos.

Se trata de Juan Manuel Salinas Valdovinos, de 44 años, que cuenta con 14 antecedentes penales. “Iniciada esta investigación, hace cuatro meses saltaban todos los los antecedentes con los que contaban estas personas, al momento nos están informando que no está apareciendo. Esto ya fue comunicado al Ministerio Público”, confirmó el comisario Juan Pereira, en entrevista con el programa “Arriba hoy” de canal GEN y Universo 970/Nación Media.

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Detalló que durante la intervención se logró la incautación de dos vehículos de la marca Toyota, una motocicleta de la marca Kenton y un celular de la marca Samsung, entre otros indicios. “Se le acusa de robar más de 100 vehículos que fueron traídos vía Chile. Estos son robados y luego son modificados, se les cambia de color y el número de chasis. También, se realiza desarme en talleres clandestinos”, aclaró.

Apuntó que es muy difícil distinguir a los vehículos que fueron modificados por la gran cantidad de rodados de esta línea. “Estos se mimetizan en los controles y es así que van pasando. Uno de los rodados incautados ya circulaba en el país por un año, con documentación totalmente apócrifas y chasis implantado”, refirió.

Agregó que, minutos antes de la intervención, una camioneta de alta gama salió de la vivienda y fue detenida tres cuadras después. “Este vehículo salió de la casa y se produjo una persecución y a 10 cuadras se produjo la detención de la persona que estaba al mando, que es esposa del hombre. Se presume que éste descendió en medio en algún punto y emprendió la fuga”, puntualizó.

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