La fiscal Alicia Sapriza, de la Unidad Especializada del Crimen Organizado, realizó un allanamiento a la Dimabel, en el marco de una investigación por quebrantamiento del depósito de armas, que son productos de varias investigaciones.
La fiscal solicitó traer a la vista armas incautadas anteriormente, en un procedimiento del 2018, que fueron productos de comiso bajo orden judicial, en la causa de Marcelo Piloto y otros.
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Se realizó dicha solicitud en atención a que una pistola de la marca Glock, calibre 9 X 19 mmm, con mecanismo de disparo automatizado o modificado (selector de tiro en la corredera), fue hallada e incautada nuevamente el pasado 25 de marzo durante otro allanamiento llevado a cabo en la ciudad de Luque, en el que fue detenido Freddy Esteban González, dicha arma comisada debía estar en resguardo en el depósito de la Dimabel.
Sapriza señaló que se constituyó en la sede militar a fin de verificar y traer a la vista los documentos, listado de personales, condiciones de resguardo y otras evidencias necesarias. Así también, hoy fueron retiradas del ente, bajo acta, todas las armas pertenecientes al lote incautado en el 2018, a fin de contrastar y verificar otras armas o piezas faltantes, por tanto serán sometidas nuevamente a peritajes, por orden de la fiscal interviniente.
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Luque: allanan municipio tras muerte de dos mujeres arrastradas por raudal
En el marco de la investigación por la muerte de dos mujeres el miércoles pasado en la ciudad de Luque durante un fuerte temporal, este lunes el fiscal Jorge Escobar encabezó un allanamiento en el municipio de la mencionada ciudad con el objetivo de recabar más información sobre el caso.
El trabajo se inició en las oficinas de la Dirección de Obras, donde en presencia del titular de dicho departamento, el arquitecto Adrián González, y el asesor jurídico de la intendencia, Raúl Salinas, fueron incautados varios documentos que tendrían que ver con las obras a realizarse en la zona del siniestro, Mariscal López casi Curupayty.
En ese contexto hay que señalar que el jueves pasado el fiscal afirmó que había elevado un pedido de informe de manera urgente a la Municipalidad de Luque, para corroborar los trabajos que se habían realizado en la zona del percance y los que estaban proyectados, ya que según el intendente de Luque, Carlos Echeverría, estaban previstas obras de acondicionamiento en las calles donde el vehículo en el que viajaban madre e hija fue arrastrado por el raudal.
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Posterior al hecho, un equipo de peritos de la Fiscalía evaluó la calle que desembocaba en el cauce donde terminó cayendo el automóvil en el que se desplazaban las víctimas junto a agentes del Grupo Lince, quienes debían asistir esa mañana al acto de graduación.
El objetivo de esta tarea en particular era determinar las condiciones en las que habría estado la zona en el momento de la tormenta y si se podría hablar de la incursión en una falta grave de seguridad por parte del municipio.
Hasta el momento se maneja que existen dos líneas de investigación que apuntan a buscar el grado de responsabilidad del conductor del vehículo, por un lado, y por el otro el del municipio, en su carácter de encargado de velar por la seguridad vial de todos los habitantes de la ciudad.
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Se incautaron 300 armas y reclusos serán trasladados
La fiscala Sandra Díaz anunció que los protagonistas del amotinamiento registrado el miércoles en la penitenciaría de Pedro Juan Caballero (Amambay) serán trasladados a otras cárceles del país, luego de que se reportara la muerte de cuatro reos y la requisa de 300 armas blancas. Los fallecidos fueron sometidos a autopsia en la morgue judicial de Asunción.
“Estuvimos en la intervención del motín de los reclusos de la penitenciaría de Pedro Juan Caballero el día de ayer, que quedó con un saldo de cuatro fallecidos y tres heridos. Los cuerpos ya fueron trasladados hasta la morgue judicial de la ciudad de Asunción para la autopsia correspondiente”, relató a la 1020 AM.
La agente del Ministerio Público confirmó que durante el procedimiento se incautaron 300 armas blancas (puñales, machetillos) y un arma de fuego. Las evidencias están en poder del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional. Detalló que tres de los reos recibieron heridas de proyectiles de arma de fuego y uno de arma blanca.
La interviniente confirmó que efectivamente se habría tratado de un enfrentamiento entre reclusos ligados al clan Rotela y al grupo criminal Primer Comando Capital (PCC). Explicó que el amotinamiento habría surgido a raíz de una confusión sobre el juicio oral que se estaba desarrollando en el edificio cuya información no habrían manejado los integrantes de las facciones criminales que posteriormente protagonizaron el enfrentamiento.
Aparentemente los reos de ambas bandas sospechaban que se procedería a algún tipo de traslado hacia otra unidad penitenciaria, por lo que reaccionaron con violencia. “Lo que preliminarmente me informaron es de que hubo en el penal un juicio oral que se prolongó por bastante tiempo y ahí hubo una confusión porque me imagino no tenían conocimiento de qué es lo que se estaba desarrollando en algún lugar del edificio”, manifestó. Díaz adelantó que los involucrados en la pelea interna serán remitidos a otros penales del país.
SEGUIRÁN LAS INVESTIGACIONES
El viceministro de Política Criminal, Rodrigo Nicora, indicó que ya existe un informe preliminar presentado tras el incidente que se generó en la tarde del miércoles en el penal de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay, en el cual fallecieron cuatro personas privadas de libertad. Continuarán las investigaciones.
Detalló que el incidente se inició alrededor de las 15:20 entre dos reos, uno que volvía de una audiencia por medios telemáticos, perteneciente al clan Rotela y otro reo que se encontraba en el pasillo del pabellón Milagro, este no pertenece a ninguna de las facciones criminales.
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Imputan a tres detenidos encontrados con dos mil kilos de marihuana en CDE
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El fiscal Manuel Rojas Rodríguez presentó imputación y pidió prisión preventiva de tres hombres que fueron detenidos con más de 2.000 kilos de marihuana prensada durante un allanamiento realizado anoche en la capital del Alto Paraná, por agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), de la regional Ciudad del Este, y por la Unidad Especializada en la Lucha Contra el Narcotráfico de la Fiscalía de Ciudad del Este.
Los procesados por narcotráfico están identificados como Francisco Javier Martínez González (54), Kebin Gabriel Fernández Britos (20) y Blas Antonio Fernández Britos (44), quienes enfrentan cargos por los hechos punibles de tenencia y comercialización de estupefacientes y se encuentran privados de libertad, a cargo de la Justicia.
El allanamiento fue en una vivienda del barrio Jardín del Este del kilómetro 8 Acaray, de Ciudad del Este, a las 20:00 aproximadamente, y estuvo encabezado por el fiscal antidrogas Manuel Rojas Rodríguez. Durante el operativo, los intervinientes se incautaron de 2.076,8 kilogramos de marihuana prensada, distribuidos en 744 panes y 45 paquetes grandes. Asimismo, requisaron un aparato celular y varios documentos.
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La droga incautada iba a ser destinada al territorio brasileño y tiene un valor superior a los 300 mil dólares en el mercado regional, según la Senad. Tanto los detenidos como el cargamento de droga fueron remitidos hasta la base de la Senad Regional en Ciudad del Este, a disposición del Ministerio Público y del Juzgado Penal de Garantías.
El fiscal Rojas Rodríguez solicitó al juzgado la aplicación de la prisión preventiva como medida cautelar, a fin de garantizar la sujeción de los imputados al proceso y pidió tres meses de plazo para la conclusión de la investigación y la presentación del requerimiento.
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Allanan Caja de Préstamos del IPS tras constatarse venta de certificados médicos
Las oficinas de la Caja de Préstamos del Instituto de Previsión Social (IPS) fueron allanadas en la mañana de este lunes por el Ministerio Público, ante denuncias de coima y falsificación de certificados médicos para jubilados.
De momento, fueron separados del cargo dos funcionarios contratados. El director jurídico José González explicó que el mismo ente radicó la acción en el ámbito judicial por cohecho agravado y producción de documentos no auténticos en la citada dependencia.
“Aparentemente dos funcionarios contratados a los que ya se rescindió el contrato estaban cobrando por gestiones propias que son de su función y también estarían ayudando a obtener a los jubilados certificados médicos de contenido falso”, señaló al programa “Dos en la ciudad” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Dijo que fueron identificados 240 casos aproximadamente y llamó la atención que de cuatro médicos en particular los certificados médicos expedidos no coincidían con la firma de los profesionales.
“Entonces, llamó un poco la atención, se hizo la investigación, se les llamó a declarar a estos médicos y ellos manifestaron no conocerle al paciente, que ellos no emitieron ese certificado”, explicó.
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Se constató que no coincidía el número de registro del profesional cuya firma también habría sido adulterada. Los propios jubilados comentaron cómo accedieron a los documentos que son requisitos para la obtención de créditos.
Dijeron que les convocaban en un sector donde hay una fotocopiadora donde le entregaban los certificados médicos de contenido falso.
Es por ello que la fiscal Belinda Bobadilla se constituyó a la sede de Caja de Préstamos a fin de retirar las evidencias y proseguir con las investigaciones.
“Es una investigación iniciada por el director de asesoría jurídica del IPS, el doctor José González Maldonado, según la cual funcionarios de la previsional estarían vendiendo a personas jubiladas certificados médicos para que estos puedan acceder a préstamos de la Caja de Préstamos del IPS”, confirmó el agente fiscal interviniente.
Aclaró que es un allanamiento para buscar e incautar evidencias con base en las cuales se tomará una determinación.
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