Los primeros días de noviembre de este año, tres agentes de la Policía Nacional enfrentarán juicio oral y público por el robo de 42 fusiles de la armería del Departamento de Armas y Municiones de la Policía Nacional, ubicada en Capiatá, hecho detectado en setiembre del 2018. La acusación fue presentada por el fiscal Federico Delfino y el juicio se desarrollará en la sede judicial de Fernando de la Mora.
Los acusados son: la subcomisario Emilce Soledad Morel Barboza, el oficial Luis María Barúa y el suboficial primero Federico Miguel González Villordo. Sin embargo, la defensa de los procesados reclama el llamativo sobreseimiento definitivo del que fue beneficiado el que fuera jefe de dicho departamento y responsable del depósito, el actual director de Logística y Abastecimiento, comisario principal José Benjamín Segovia Cáceres, quien había firmado en su oportunidad el inventario correspondiente de que efectivamente las armas se encontraban en el lugar.
El mencionado departamento de Armas y Municiones estará a cargo nuevamente de Segovia Cáceres. Entre los meses de mayo y junio del 2018, Segovia Cáceres realizó un inventario cuyo resultado fue “que todo estaba en orden” “sin novedad” y enviado al superior.
Según la defensa de los actuales acusados, ese informe fue avalado por Segovia, caso contrario hubiese hecho la denuncia en los citados meses, es decir, no pudo alegar desconocer lo que ocurría en su dependencia así como tampoco que había delegado el trabajo sin ningún control de su parte.
El 21 de agosto del 2018 se realizó otro inventario en el mismo depósito con policías y militares, pero en esa oportunidad por orden de la Comandancia y duró 3 días. El día 23 ya se detectaron 44 armas largas fusil tipo fal, que no correspondían a armas de fuego, sino serían de aire comprimido.
En fecha 27 de agosto, Segovia denunció ante el Ministerio Público supuestos hechos punibles en infracción a la ley 4036/2010, mediante nota de fecha 24 de agosto de la Dirección y Logística, Departamento de Armas y Municiones de la Policía Nacional.
En su momento, los agentes fiscales Federico Delfino, Alicia Sapriza y Hugo Volpe, sindicaron a Emilce Morel Barboza por hurto especialmente grave, asociación criminal, y quebrantamiento de depósito, además de Luis María Barúa y Miguel González Villordo.
El juez penal de garantías hizo lugar al pedido de sobreseimiento definitivo de Benjamín Segovia. En su momento tras confirmarse la desaparición de las armas, Segovia Cáceres fue cambiado de dicho departamento.
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La Policía recuperó institucionalidad y operatividad en 3 años de gestión, asegura Riera
- Por Lourdes Torres, lourdes.torres@nacionmedia.com.
Al hacer un balance de estos tres años de gestión al frente del Ministerio del Interior, el ministro Enrique Riera sostuvo que uno de los principales resultados fue devolver la institucionalidad a la Policía Nacional, con una mayor autonomía en sus decisiones operativas y presupuestarias y una menor injerencia externa. Afirmó que este proceso estuvo acompañado por una reducción del 40 % de los hechos punibles.
El secretario de Estado destacó, en una entrevista en exclusiva con La Nación/Nación Media, que, en materia de seguridad, el gobierno de Santiago Peña tuvo más aciertos que errores y aseguró que están poniendo todo el empeño para ir mejorando en la lucha diaria contra la delincuencia común. Remarcó que los números son positivos, pero pueden mejorar más aún.
“Como resultado concreto de estos tres años se hizo mucho, pero falta más, los hechos punibles se redujeron 40 % en todos los frentes. Ocupamos el 3 lugar en Latam en relación a la cantidad de homicidios por cada de 100.000 habitantes. Y conforme al departamento de Estado de los Estados Unidos, somos, junto con la Argentina, los únicos con categoría clase 1 para recomendar a sus ciudadanos visitar como turistas e inversores”, remarcó.
Mencionó que esta situación en la Policía Nacional se está consiguiendo gracias al apoyo del Poder Ejecutivo. “Le devolvimos la operatividad, que es apostar a lo básico y esencial: movilidad y comunicación. Todavía falta mucho (particularmente armas, equipos, tecnología, infraestructura) en proporción a la cantidad de efectivos (39.000) con que cuenta actualmente”, precisó.
Principales avances
El ministro Riera destacó la Ley 7280/24 de organización y modernización de la Policía Nacional, que incorpora reivindicaciones históricas de los agentes y establece, entre otras medidas, el polígrafo como requisito para los ascensos y el fortalecimiento de Asuntos Internos para combatir la corrupción dentro de la institución. También resaltó la triplicación de los agentes del Grupo Lince, con 900 motocicletas y 1.800 policías de élite.
Asimismo, señaló una inversión de USD 92 millones en equipamiento policial, que incluye patrulleras, motocicletas, radios, sistemas de comunicación con GPS, chalecos antibalas y un laboratorio forense y criminalístico. A esto sumó el aumento de la incorporación de nuevos agentes, de 1.000 a 5.000 efectivos por año, además de una mayor inversión en la formación de oficiales y suboficiales, mediante mejores condiciones para docentes, becas e intercambios.
El ministro Riera hizo hincapié en estos puntos, atendiendo las condiciones en que estaba la institución policial al momento de asumir el mando hace 3 años, cuando se encontró con un sistema de identificaciones paralizado, vehículos con más de 300.000 km, motos deterioradas, equipos de comunicación sin funcionar, chalecos antibalas vencidos, una desfasada ley policial de 1993, y solo 24.000 efectivos. Con toda estas precariedades, señaló que el Gobierno puso énfasis en la movilidad, comunicaciones, personal y equipamiento.
Desafíos pendientes
No obstante, Riera insistió en todo momento en que aún falta mucho por hacer. “Están pendientes dos deudas históricas, reparar las más de 900 comisarías, subcomisarías y puestos policiales. Más del 50 % está en muy mal estado y el 20 % debe ser derrumbado y vuelto a edificar”, comentó.
Asimismo, está siendo necesaria la provisión de más de 15.000 armas, preferentemente a los nuevos egresados, de las marcas de clase internacional y a un precio razonables (sin intermediarios). Así como dotar de más equipamiento para los nuevos egresados, como transporte, comunicaciones, equipamiento completo.
Atendiendo a los últimos hechos violentos, incluidos ataques contra dependencias policiales, el ministro Riera señaló que exige mejorar de forma urgente el sistema de inteligencia con mayor tecnología para anticipar los golpes. “Fortalecer la capacidad de fuego de nuestras comisarías en efectivos y armas, así como una infraestructura más adecuada en zonas calientes. Mayor capacidad de respuesta en tiempo y forma”, acotó.
Finalmente, agradeció el apoyo y la confianza del Ejecutivo y de todo el gabinete, de los funcionarios y compañeros de trabajo: “Espero que todo estos cambios sean sustentable en el tiempo. Me gustaría dejar una institución policial profesional, eficiente e íntegra con resultados medibles. Bien equipada, organizada y motivada que sea la garantía de nuestra democracia”.
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Los leales de Prieto apuran llamados por G. 38.685 millones en una semana
Sin reservas ni mesura por los escándalos de corrupción que los sacude y tiene en la antesala de un juicio oral al exintendente Miguel Prieto, sus amigos aceleran el festín con dinero de los contribuyentes. Como lo hicieron en las últimas elecciones, apuran millonarios llamados que en menos de una semana orillan los G. 39.000 millones y aseguran jugosos anticipos.
Pedro Acuña, exsecretario de Miguel Prieto, quien hasta hace poco fuera concejal de la Municipalidad de Ciudad del Este y el mismo que ofreciera el contrato sobrefacturado de la costanera Ñande Renda al empresario Enrique Vázquez, está tirando la casa por la ventana con llamados a contratación que a todas luces es con fines proselitistas.
La postulación a la reelección en la intendencia de Daniel Pereira Mujica está saliendo caro a los esteños. Como lo hicieron en las últimas elecciones, desde la Municipalidad de Ciudad del Este, esta vez a cargo de Acuña, están acelerando millonarias contrataciones en las que resulta primordial asegurar anticipos entre el 5 % y 20 %, con los que pueden garantizar, de entrada, desembolsos por G. 7.737 millones en plena campaña electoral.
En menos de una semana, entre el 4 y el 10 de agosto, desde la comuna apuraron llamados a contratación que suman G. 38.695 millones. Nuestro diario había publicado al cierre de la semana pasada los llamados por valor de G. 20.000 millones, pero lejos de dar explicaciones y ante la indiferencia de los organismos de control, los amigos de Prieto redoblan la apuesta.
La semana se abrió con otro llamado por valor de G. 18.992 millones para una veloz adquisición de insumos para la planta asfáltica, según membretaron la convocatoria. Esto, seguido a los 4 llamados para empedrados, servicio de internet y el mantenimiento de los famosos buses “de oro”, cuyo funcionamiento quedó en mera expectativa.
MODUS OPERANDI
En las últimas internas municipales también habían ejecutado la misma estrategia. Adjudicaron obras por valor de G. 15.177 millones y casualmente los beneficiados son de la misma rosca de empresas de maletín propiedad de los amigos de Prieto que, de la nada, se convirtieron en proveedores favoritos de la Municipalidad de Ciudad del Este.
Desde la llegada de Prieto a la intendencia de Ciudad del Este, en la municipalidad se perfeccionó el esquema de las licitaciones direccionadas mediante contrataciones directas y por vía de la excepción.
Las transferencias digitadas de fondos provenientes de royalties y Fonacide bastardeando comisiones vecinales que manejaban a través de leales fue una constante; de hecho, este sistema fue confirmado con la auditoría de la intervención realizada el año pasado.
Contrataciones Públicas realizó algunas que otras tímidas observaciones a los acelerados llamados concernientes a los plazos y datos, pero el exsecretario de Prieto no parece muy preocupado por los cuestionamientos del ente de control y continúa a tambor batiente con las millonarias licitaciones.
De hecho, el intermediario de la costanera Pedro Acuña, embarrado en coimas por parte del empresario adjudicado, ya desafía en sus redes sociales con otro contrato de G. 60.000 millones sin importarle mucho los procedimientos administrativos.
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LN PM: edición del 13 de agosto
Hambre Cero, pensión universal y mesas distritales marcan impacto social en tres años de Peña
El gobierno del presidente Santiago Peña, a través de la gestión del ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, se destaca por visibles logros en el área social con una expansión histórica de los programas de protección y asistencia a las familias más vulnerables del país, en estos tres años de mandato.
En diálogo con La Nación/Nación Media, el ministro Rojas, además de jefe del Gabinete Social de la Presidencia de la República, habló de los exitosos planes que se vienen implementando de modo a mejorar las condiciones de vida de la población paraguaya.
Gobierno supera 33.000 viviendas entregadas de 45.000 gestionadas durante tres años
“Los números económicos del país demuestran que la construcción es uno de los principales motores de nuestro crecimiento”, sostuvo el ministro Juan Carlos Baruja, titular de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), al destacar que en los tres años del gobierno del presidente de la República, Santiago Peña, se registró el récord en entrega de soluciones habitacionales para los distintos sectores sociales frente a administraciones anteriores.
“Mirando los datos y números que tenemos, ha sido muy buena nuestra gestión con más de 46.000 viviendas gestionadas de los cuales más de 33.000 concluidas y entregadas. En el anterior gobierno se habían gestionado 35.000 viviendas, es decir hoy estamos 25 % por encima de lo que se llevó adelante durante 5 años en un periodo de 3 años”, indicó Baruja, este jueves, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Olimpia se cruza con un viejo conocido en Río y buscará dar el primer golpe
El Decano visita Río de Janeiro a las 19:00 para enfrentar a Vasco da Gama por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El conjunto de Pablo “Vitamina” Sánchez apelará a esas noches coperas en las que Olimpia ya supo escribir historia, pese al complicado momento que atraviesa en el torneo local.
El entrenador prácticamente ya tiene el equipo confirmado pero no podrá contar con Juan Fernando Alfaro que es baja ya que fue internado por una gastroenteritis. “Vitamina” tendrá la difícil decisión para definir entre Rubén Lezcano y Sebastián Quintana para suplir el hueco en la mitad de la cancha.
Caso Sanabria Vierci: revelan maniobra procesal que usaron para excluir a familia Jacquet
El abogado Rubén Paredes, representante de la familia Jacquet, detalló cómo la defensa del procesado logró apartar legalmente al padre de una de las víctimas para consumar un acuerdo económico exclusivo con la familia alemana tutora de la única sobreviviente menor de edad.
La resolución del juez Penal de Garantías de Cordillera, Augusto Acuña Rojas, que otorgó el sobreseimiento definitivo y devolvió la libertad a Eugenio Sanabria Vierci tras el trágico accidente que costó la vida a cuatro personas en la ruta Ecovía, responde a un cuestionado mecanismo procesal.
Continúa juicio oral al exsenador Hernán Rivas
Este jueves, sigue el juicio oral y público que enfrenta el exsenador Hernán David Rivas, acusado por supuesta producción y uso de documentos de contenido falso debido a un cuestionado título de abogado. En la jornada deben prestar declaración testigos convocados para la diligencia, entre los que se encuentra el exdiputado Hugo Ramírez.
Argentina, Brasil y Chile acaparan más del 73 % de las exportaciones
Los principales destinos de las exportaciones de productos paraguayos tienen como destino a países de la región, específicamente Argentina, Brasil y Chile, en ese orden en volúmenes, acaparando el 73,3 % de los envíos, de acuerdo a lo que indica el Reporte de Comercio Exterior dado a conocer por el Banco Central del Paraguay (BCP).
En el caso argentino, el global alcanza los USD 3.279,3 millones, lo que significa el 41,6 % del total y a la vez representa un incremento de 52,6 %, teniendo en cuenta el acumulado de los primeros siete meses del presente ejercicio y del anterior. Los granos de soja son los que mayor preponderancia tienen, con USD 2.421,8 millones, con un aumento de 58,4 %. Energía eléctrica y autopartes, los dos otros rubros de preponderancia.
Canindeyú: despliegan 200 policías y realizan 10 allanamientos en busca de marihuana y criminales
Una comitiva fiscal policial realizó un amplio operativo esta madrugada en el asentamiento Primero de Marzo de Canindeyú, distante a aproximadamente 15 kilómetros del puesto policial atentado días atrás, con la intención de desbaratar una estructura criminal vinculada al narcotráfico.
El comisario Mario Vallejos, jefe del Departamento de Antinarcóticos, explicó en declaraciones a la 1020 AM que el procedimiento busca capturar a criminales prófugos por distintos hechos punibles y erradicar plantaciones de marihuana en el sector.
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Fiscalía acusó y pidió juicio oral para presunto líder de invasión a Agroganadera Pindó
El Ministerio Público formuló acusación contra Jorge Mercado Méndez y solicitó la elevación de la causa a juicio oral y público, en el marco de la investigación por la ocupación ilegal de los inmuebles pertenecientes a Agroganadera Pindó S.A., ubicados en el departamento de Canindeyú. La acusación fue presentada por el agente fiscal Juan Daniel Benítez Miranda, de la Unidad Penal N.º 2 de la Fiscalía Zonal de Santa Rosa del Aguaray.
La acusación relata que Jorge Mercado Méndez fue individualizado durante la investigación como uno de los principales dirigentes del asentamiento Joaju – Primero de Marzo, por la presunta comisión, en carácter de autor, de los hechos punibles de invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y detentación ilegal, en relación con el arma de fuego incautada durante su detención.
Uno de los aspectos centrales de la acusación es que la intervención atribuida a Jorge Mercado Méndez no se limita a su presencia dentro del inmueble ocupado. Los informes policiales incorporados a la investigación lo individualizan como uno de los dirigentes de la organización instalada en el lugar y le atribuyen funciones de dirección y liderazgo dentro del asentamiento Joaju – Primero de Marzo.
La investigación describe la existencia de una estructura organizada dentro de los asentamientos, con dirigentes identificados, grupos de vigilancia, sistemas de comunicación y mecanismos de control de los accesos. El relevamiento policial remitido al Ministerio Público el 29 de septiembre de 2025 registró aproximadamente 450 viviendas dentro de los asentamientos y documentó la existencia de mecanismos organizados de vigilancia y control territorial.
Los antecedentes de la causa se remontan a las denuncias formuladas por Agroganadera Pindó S.A. a raíz de la ocupación ilegal de sus propiedades. Luego de los procedimientos de expulsión realizados en 2013, se produjo el reingreso de ocupantes y la posterior consolidación de asentamientos permanentes dentro de las fincas.
Del mismo modo, Méndez ya había sido imputado en el año 2021 y posteriormente declarado rebelde, disponiéndose su captura. Finalmente, el 11 de febrero de 2026, fue detenido por personal de Inteligencia de la Policía Nacional en el distrito de Laurel, departamento de Canindeyú. Durante ese procedimiento se incautó una pistola marca Canik, calibre 9 x 19 mm, con cargador y dieciséis cartuchos, evidencia posteriormente sometida a estudios técnicos de Criminalística.
Querella adhesiva
Paralelamente al requerimiento conclusivo del Ministerio Público, Agroganadera Pindó S.A., en su condición de víctima, presentó formalmente su acusación a través de su querella adhesiva, adhiriéndose a la pretensión de llevar a Jorge Mercado Méndez ante un Tribunal de Sentencia.
La acusación de la víctima sostiene que los elementos reunidos durante la investigación permiten someter a debate oral la participación atribuida al acusado en la ocupación organizada de los inmuebles, su presunto rol dirigencial dentro de la estructura asentada en el lugar y el hecho relacionado con el arma de fuego incautada. La empresa continuará ejerciendo sus derechos como víctima dentro del marco de la Constitución y las leyes de la República, confiando en que las instituciones competentes permitan el esclarecimiento integral de los hechos y la determinación de las responsabilidades que correspondan.