Robo de fusiles: policías irán a juicio y piden que actual jefe de Logística también sea incluido en el proceso
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Los primeros días de noviembre de este año, tres agentes de la Policía Nacional enfrentarán juicio oral y público por el robo de 42 fusiles de la armería del Departamento de Armas y Municiones de la Policía Nacional, ubicada en Capiatá, hecho detectado en setiembre del 2018. La acusación fue presentada por el fiscal Federico Delfino y el juicio se desarrollará en la sede judicial de Fernando de la Mora.
Los acusados son: la subcomisario Emilce Soledad Morel Barboza, el oficial Luis María Barúa y el suboficial primero Federico Miguel González Villordo. Sin embargo, la defensa de los procesados reclama el llamativo sobreseimiento definitivo del que fue beneficiado el que fuera jefe de dicho departamento y responsable del depósito, el actual director de Logística y Abastecimiento, comisario principal José Benjamín Segovia Cáceres, quien había firmado en su oportunidad el inventario correspondiente de que efectivamente las armas se encontraban en el lugar.
El mencionado departamento de Armas y Municiones estará a cargo nuevamente de Segovia Cáceres. Entre los meses de mayo y junio del 2018, Segovia Cáceres realizó un inventario cuyo resultado fue “que todo estaba en orden” “sin novedad” y enviado al superior.
Según la defensa de los actuales acusados, ese informe fue avalado por Segovia, caso contrario hubiese hecho la denuncia en los citados meses, es decir, no pudo alegar desconocer lo que ocurría en su dependencia así como tampoco que había delegado el trabajo sin ningún control de su parte.
El 21 de agosto del 2018 se realizó otro inventario en el mismo depósito con policías y militares, pero en esa oportunidad por orden de la Comandancia y duró 3 días. El día 23 ya se detectaron 44 armas largas fusil tipo fal, que no correspondían a armas de fuego, sino serían de aire comprimido.
En fecha 27 de agosto, Segovia denunció ante el Ministerio Público supuestos hechos punibles en infracción a la ley 4036/2010, mediante nota de fecha 24 de agosto de la Dirección y Logística, Departamento de Armas y Municiones de la Policía Nacional.
En su momento, los agentes fiscales Federico Delfino, Alicia Sapriza y Hugo Volpe, sindicaron a Emilce Morel Barboza por hurto especialmente grave, asociación criminal, y quebrantamiento de depósito, además de Luis María Barúa y Miguel González Villordo.
El juez penal de garantías hizo lugar al pedido de sobreseimiento definitivo de Benjamín Segovia. En su momento tras confirmarse la desaparición de las armas, Segovia Cáceres fue cambiado de dicho departamento.
El diputado Rodrigo Blanco explicó que contar con la Ley Mafe permitirá abordar la problemática social con herramientas adecuadas. Foto: Pánfilo Leguizamón
Proyecto de Ley Mafe permitirá visualizar la real problemática de personas desaparecidas
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La Cámara de Diputados se dio entrada a un proyecto de ley que busca crear un Registro Nacional de Personas Desaparecidas (Renad) que, a su vez, establecerá el Sistema de Alerta Mafe, en memoria de la adolescente María Fernanda Benítez. Este mecanismo se activará ante los casos de desapariciones, similar a la alerta AMBER, que se aplica en otros países.
En el programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media estuvieron como invitados el diputado Rodrigo Blanco, uno de los proyectistas, y Rubén Riquelme, director de auditoría de gestión fiscal del Ministerio Público.
La propuesta surgió con el objetivo de socializar y visualizar esta problemática, teniendo en cuenta que solo en el 2024 se reportaron más de mil desapariciones de personas, de los cuales un importante número han vuelto a sus hogares, pero no se maneja con exactitud el número real de personas que no han sido encontradas.
El diputado Blanco recordó que esta situación ya había sido ampliamente discutida a inicios de este periodo legislativo, cuando en el 2023 se había planteado un proyecto de ley similar, que buscaba un marco legal para la búsqueda y localización de personas.
Refirió que tomaron contacto con la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidos del Paraguay; lo que muestra la magnitud del problema, ya que incluso ya existen organizaciones que ayudan a las familias que pasan por esta situación; y que incluso hablan de cifras mucho mayores a las que se manejan.
“De acuerdo a los reportes que nos brindaron, existirían entre 2.000 a 2.500 personas desaparecidas al año. De este número se menciona que el 50 % se tiene reporte sobre el retorno o aparición, y los motivos pueden variar por conflictos familiares, económicos. Ahora qué pasa con ese otro 50 %, hay una alta probabilidad de desaparición forzosa”, explicó el legislador.
El Dr. Rubén Riquelme señaló que contar con la normativa facilitará la búsqueda automática sin necesidad que se solicite una intervención judicial o fiscal. Foto: Pánfilo Leguizamón.
Protocolos de alertas inmediatas
El diputado Blanco señaló que ahora lo que se busca con la nueva propuesta es abordar un marco legal que plantee establecer protocolos que ya son utilizados en otros países con éxito. Explicó que, por ejemplo, que, al reportarse una persona desaparecida, los ciudadanos reciben en el celular las alertas sobre la búsqueda de la persona, con su fotografía y las características que ayudarán a su identificación.
“Se hace un trabajo coordinado con los organismos de seguridad, la sociedad, los medios de comunicación, sector público y privado de forma masiva y sobre todo en las primeras 24 horas para poder tener mínimas chances de poder dar con el paradero de la persona buscada”, describió.
Mencionó que las estadísticas señalan que, en el caso de desaparición forzosas hoy en el Paraguay, el 70 % corresponde a niñas y adolescentes de entre 11 a 17 años. Blanco cuestionó qué está pasando en el Paraguay con estos casos de niñas desaparecidas y que en muchos casos tienen que ver con el crimen organizado, la trata de personas y el comercio ilícito de órganos.
“El proyecto habla de una respuesta rápida como acción para que las familias sepan dónde tienen que ir a denunciar, ante qué autoridad, cuál será el protocolo a seguir. Porque hoy las familias están a la deriva, y dentro de su desesperación van de institución en institución pidiendo auxilio y un mínimo de hoja de ruta sobre qué es lo que tienen que hacer”, especificó.
Propuesta saludable y conveniente
A su turno, el director de auditoría de gestión fiscal, Rubén Riquelme, comentó que, si la denuncia de desaparición de persona tiene algún matiz o sospecha de hecho punible, ahí la Fiscalía tiene la facultad de urgir la ordenar la búsqueda y localización. Si bien, la orden de búsqueda surge, en cualquier caso, a través del sistema de difusión que tiene la Policía Nacional.
“El proyecto de ley considero saludable su propuesta, al momento que delega la intervención, sobre todo en las primeras horas que se presente la denuncia, se activa de forma inmediata la difusión. Además, se crea un registro que facilita el seguimiento”, destacó.
Resaltó la importancia de que, aparte de hacer la difusión en todos los estamentos de la Policía Nacional, pase de manera automática y sin necesidad de una intervención judicial o fiscal a los medios de comunicación.
Asignación presupuestaria
Además de los componentes de creación del registro de personas desaparecidas, y la activación del Sistema de Alerta Mafe, la propuesta incluye el aspecto financiero para dotar de las asignaciones presupuestarias necesarias para la Dirección de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional, que según el diputado Blanco, está muy debilitada por la cantidad de casos que existen.
“Si bien el trabajo es conjunto con el Ministerio Público, esta dirección debe contar con las herramientas que le permitan identificar qué es lo que pasa con cada caso, cuáles son los vínculos con el narcotráfico, microtráfico, trata de personas, tráfico de órganos. Se tiene que saber qué está ocurriendo en el Paraguay profundo, en la sociedad para que se puedan adoptar las medidas necesarias de prevención y de combate a estos hechos”, acotó.
Desde el Ministerio Público, el doctor Riquelme explicó que muchas veces a la fiscalía le toca acompañar el trabajo de búsqueda de la Policía Nacional, cuando se presenta como denuncia de desaparición. Ahora bien, si existe indicio de algún hecho punible, es ahí cuando se inclina a la persecución del presunto delito.
“La tarea es encontrar a esa persona, y justamente ese es el abordaje especial que hay que entender sobre lo que hay que comenzar a investigar. Cuando se mira la estadística, son niñas y adolescentes de 11 a 17 años el 70 % de los casos, es una señal de que algo está pasando en la sociedad y es lo que ocurre a nivel mundial, según nos explicaban. Por ello, es sumamente necesaria esta ley, para el protocolo, pero sobre todo para abordar como Estado esta problemática”, remarcó Blanco.
Finalmente, el doctor Riquelme insistió que las primeras horas son esenciales, y se debe evitar el centralismo. “Considero que crear una dirección o un departamento en la fiscalía solamente, no coadyuva en estos casos de desaparición. Debe ser en toda la República, usando los medios de comunicación y las plataformas para que de una forma casi automática al ingreso de la denuncia se active el sistema de alerta”, enfatizó.
Policía Nacional fortalece operativos de prevención en Asunción
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Una operación conjunta entre efectivos policiales de distintas comisarías, con el acompañamiento de grupos tácticos, se realizó en la noche de ayer viernes y madrugada de este sábado. Se llevaron adelante diversas incursiones en la zona del Mercado 4 y los barrios aledaños con el objetivo de reforzar la seguridad.
Las calles del barrio Silvio Pettirossi, San Vicente, Añareta’i, la zona de la plaza de la Amistad y el Mercado 4 fueron los puntos focales de recorridode las cuadrillas policiales, que trabajan en operativos de refuerzo para garantizar la seguridad de comerciantes, clientes y peatones en general, realizando guardias, relevamiento de datos y recorridos.
El subcomisario Lorenzo Vera manifestó que, si bien existe un trabajo constante en las áreas ya mencionadas, debido a la cantidad de reportes de inseguridad se ha establecido un método de trabajo para mantener la presencia policial activa en horarios críticos, previniendo así cualquier tipo de hechos delictivos.
En conversación con los medios de prensa, el uniformado explicó que son zonas con mucha afluencia de peatones y que normalmente se da la detención de quienes estén en falta con la ley, al igual que la incautación de productos ilícitos y vehículos sin documentos, por lo que se puede considerar de exitoso este tipo de incursiones.
Hay que destacar que las fuerzas del orden cuentan con información de que estas zonas tienen varios pasillos y calles con salidas rápidas que, en la mayoría de las ocasiones, son utilizadas por los delincuentes para darse a la fuga u ocultarse cuando se ven perseguidos.
Desde la Dirección de Policía recordaron que este tipo de incursiones y operativos lo llevan adelante las 24 comisarías de Asunción con el fin de brindar seguridad a la ciudadanía de manera constante.
Detienen a exministro de Bolsonaro sospechoso de obstrucción al juicio por golpismo
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La policía brasileña detuvo este viernes a un exministro de Jair Bolsonaro sospechoso de obstrucción al juicio del expresidente por un presunto intento de golpe de Estado en 2022, confirmó una fuente de la investigación.
Gilson Machado, extitular de Turismo, declaró ante la policía señalada de intentar ayudar a fugarse del país al teniente coronel Mauro Cid, ex mano derecha de Bolsonaro que colabora como delator ante la corte suprema y es coacusado en el juicio por la trama golpista.
La fiscalía acusa al exmandatario de extrema derecha de haber liderado sin éxito un plan para impedir la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva, luego de que lo derrotara en las elecciones de octubre de 2022.
Este viernes se ejecutaron “la detención de Machado y las declaraciones (ante la policía) de él y Cid”, dijo una fuente de la investigación a la AFP.
La Policía Federal informó en una nota que cumplió “dos órdenes de allanamiento y una orden de prisión preventiva expedidas por el Supremo Tribunal Federal” en Recife (noreste) y Brasilia.
Machado se hizo conocido como “el ‘sanfoneiro’ de Bolsonaro” porque solía tocar la ‘sanfona’ (zanfoña) en transmisiones en directo del exmandatario (2019-2022).
Antes de ingresar a prisión, el exministro empresarial haber hecho gestiones ante el consulado de Portugal en Recife para conseguirle un pasaporte a Cid que le permitiría salir de Brasil y evadir su eventual condena.
“No maté, no trafiqué droga, (...) sólo pedí un pasaporte para mi padre, por teléfono”, aseveró Machado a los periodistas.
Cid también fue objeto de un allanamiento y debía declarar ante la policía. Según la fiscalía, el supuesto plan golpista de Bolsonaro se frustró por falta de apoyo de las fuerzas armadas.
El expresidente, de 70 años, y siete excolaboradores podrían enfrentar hasta 40 años de cárcel si fueran encontrados culpables.
Bolsonaro se dice inocente y dice ser un “perseguido”. El exmandatario declaró esta semana ante la corte y aseguró que nunca barajó la idea “abominable” de un golpe.
También negó el testimonio previo de Cid, firmante de un acuerdo de delación premiada con la justicia, quien afirmó que el expresidente “ajustó” un supuesto documento que preveía el estado de sitio y la invalidación de las elecciones de 2022.
Bolsonaro está inhabilitado electoralmente hasta 2030 por haber cuestionado sin pruebas la confiabilidad del sistema electoral.
Pero insiste en que quiere postularse en las presidenciales de 2026, a las que Lula, de 79 años, también podría presentarse como candidato de la izquierda.
El tribunal de sentencia, integrado por Cándida Fleitas, Héctor Capurro y Cristian González, deberá fijar la fecha para el inicio de la audiencia oral. Foto: Archivo
Corte resolvió que juicio oral de Payo Cubas se realice en Asunción
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La sala penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y Carolina Llanes, ratificó que el juicio oral y público para el excandidato presidencial Paraguayo Cubas se realizará en Asunción.
El tribunal de sentencia, integrado por Cándida Fleitas, Héctor Capurro y Cristian González, deberá fijar la fecha para el inicio de la audiencia oral en la que se estudiará si Cubas es responsable de los hechos que el Ministerio Público acusó.
Cubas debe enfrentar juicio oral por los disturbios ocurridos en las inmediaciones del TSJE. Los camaristas revocaron el fallo del Tribunal de Sentencia que había hecho lugar a la excepción de incompetencia.
Antecedentes
La acusación contra Cubas fue presentada en junio de 2023 por los agentes fiscales Jorge Arce, Alma Zayas, Francisco Cabrera y Diego Arzamendia. En el documento sostienen que el líder político convocó a sus seguidores a tomar las calles, expresando su descontento con los resultados preliminares transmitidos a través del TREP.
Alegan que sus discursos incendiarios y publicaciones en redes sociales incitaron a la violencia, llevando a manifestaciones en diversas ciudades del país. Las protestas derivaron en disturbios, daños a la propiedad pública y privada, así como agresiones a agentes policiales.
La acusación contra Cubas está respaldada por una serie de pruebas contundentes, como ser: pruebas documentales, pruebas audiovisuales, denuncias realizadas por la coordinadora de la Dirección Jurídica de la Justicia Electoral y evidencias incautadas.