La Defensa Pública presentó los resultados obtenidos a dos años del inicio de la campaña denominada “No más niños archivados”. Durante el acto, la defensora general, Lorena Segovia, explicó el proceso realizado para una protección efectiva a niños, niñas y adolescentes con los esfuerzos de todo el capital humano de la institución, al que agradeció por el empeño y dedicación.

Asimismo, se informó que, en los últimos dos años, 295 niños, niñas y adolescentes fueron desinstitucionalizados. Un total de 118 fueron reintegrados con su familiar; 105 fueron en guarda con integrantes de su familia ampliada; 61 niños, niñas y adolescentes fueron en guarda con una persona del entorno afectivo; 6 fueron recibidos en familias acogedoras acreditadas por el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, y 5 fueron egresados del hogar de abrigo por mayoría de edad.

Segovia manifestó que este año se redoblaron los esfuerzos por mantener en el entorno familiar a niños, niñas y adolescentes, aunque sea por medio de la guarda en familia ampliada.

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La titular del MDP mencionó que, en marzo del 2020, la declaración de pandemia del COVID-19 representó un desafío para la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, pues si bien se dispusieron medidas de cuarentena total y parcial, las denuncias por vulneración de derechos no pararon. La realidad impuso buscar nuevas estrategias que no impidieran la acción rápida y diligente de la Defensoría de la Niñez.

Durante el primer semestre de este año, la Defensa Pública recibió 8.300 denuncias de vulneración de derechos a niños, niñas y adolescentes. No todas ingresaron al sistema judicial, ya que fueron derivadas al ámbito administrativo de protección y otras medidas. Se judicializaron 3.139 denuncias, de las cuales 1.839 son medidas de cuidados alternativos, de acuerdo a los datos sistematizados por la Dirección General del Área Misional (Digami).

Cabe recordar que, durante el primer semestre del 2020, la Defensa Pública recibió 7.838 denuncias. De esta cantidad, se iniciaron 3.465 juicios en el fuero de la Niñez y la Adolescencia. En 1.599 de ellos fueron aplicadas medidas de cuidados alternativos. En este contexto, la defensora general manifestó que el acercamiento a la realidad permite tomar medidas más adecuadas y que la separación familiar no es la primera medida.

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