Tras la muerte de Braulio Vázquez por fallas en equipo y demoras en la atención en el servicio de salud de IPS, que derivó en una auditoría interna y la intervención de la Superintendencia de Salud, la previsional adoptó varias medidas para subsanar el inconveniente, confirmó el Dr. Derlis León, gerente de Salud de la previsional.

“Se tomaron varias medidas, desde disciplinarias, hasta el refuerzo en todo lo que significa el circuito de atención y en cuanto a la capacitación de recursos humanos”, precisó en diálogo con el programa Así son las cosas de Canal GEN y Radio Universo 970AM.

Proyectan además la incorporación de dos angiógrafos más, aparato necesario para cuadros críticos de infarto, como en el caso del asegurado fallecido.

En cuanto a las sanciones, refirió que se han separado del cargo a los responsables. “En cuanto al cumplimiento de protocolo por demoras en atención se fijaron estrategias para que no se vuelva a repetir con ninguna persona o ciudadano”, indicó.

En cuanto a dichas estrategias, comentó que se ha establecido un sistema de teleinfarto y comunicación directa con hemodinamia además de capacitación en el código infarto. “Y esperamos que con estas medidas, se subsane. Estamos en proceso permanente de mejoras”, apuntó.

A raíz de la salida de varios profesionales de la salud en los últimos tiempos, la gerencia de Salud del IPS también ha realizado una reorganización de los recursos humanos.

“Hemos incorporado más de 300 médicos y hay planes de incorporar otros 300 más en los próximos meses. Hace 15 días atrás incorporamos 300 médicos porque tuvimos una brecha generada por la reducción de carga horaria”, precisó el entrevistado.

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Añadió que esa reducción horaria ahora beneficia al personal que tiene cinco años de antigüedad, tanto permanentes como contratados. En relación a la reducción de especialistas, el año pasado han renunciado al IPS para pasar a filas del Ministerio de Salud, mencionó.

“Eso generó que haya alterado nuestros servicios. Hoy estamos regularizando esa situación. Garantizamos todos los servicios y la próxima semana vamos a seguir incorporando profesionales de la salud”, precisó.

También se refirió al déficit en cuanto al sistema de atención en el Call center según quejas de asegurados.

“A lo largo del 2025 se ha mejorado la capacidad en un convenio con Copaco. Se ha duplicado el número de personas que refuerza el call center”, indicó.

No obstante, sigue siendo insuficiente, reconoció. Inicialmente, estaban entre 50. Hoy día son 130 en el call center, comentó. “Pero están recibiendo estrategias de automatización de las respuestas”, refirió.

Por otro lado, redujeron los tiempos de espera para consultas con especialistas. “Por ejemplo, endocrinología y diabetes de una espera de cuatro meses, hemos reducido a menos de dos”, afirmó.

Y anunció que a partir de abril arrancarán con maratón de atención en especialidades con mayor tiempo de espera.

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El Tribunal de Sentencia, presidido por el juez Juan Vicente Fretes, ratificó la prisión preventiva de Cynthia Burgos, expareja de Gregorio “Papo” Morales, quien fue condenada a 12 años de cárcel por el homicidio del joven Robert Fabián Marín. La defensa de la condenada pretendía que la Justicia revocara la prisión y ordenara el arresto domiciliario, sin embargo, dicha solicitud fue rechazada y se confirmó su permanencia en prisión.

Asimismo, días atrás, la Cámara de Apelación —integrada por los jueces Arnulfo Arias, Jesús Riera y Digno Fleitas— confirmó la condena de 27 años de cárcel, más 5 años como medida de seguridad (totalizando 32 años), para Gregorio “Papo” Morales, responsable del homicidio ocurrido en noviembre de 2020.

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Los camaristas coincidieron con la conclusión de los jueces de sentencia tras la reconstrucción de los hechos y el análisis de las pruebas producidas en el juicio. Según el fallo, los elementos probatorios brindaron la convicción suficiente para confirmar la participación del acusado como autor del crimen.

En diciembre de 2023, el tribunal integrado por Federico Rojas, Fabián Escobar y Juan Pablo Mendoza condenó a Morales a la pena máxima mencionada. De acuerdo con la investigación fiscal, el crimen quedó registrado en cámaras de circuito cerrado de la zona. En las grabaciones se observa cómo un hombre bajó de una camioneta blanca, abrió la puerta de un automóvil negro y efectuó varios disparos antes de huir junto a una mujer. Los involucrados fueron identificados como Gregorio “Papo” Morales y su pareja, Cynthia Burgos.

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La audiencia que estaba prevista para este 25 de marzo fue postergada para el 1 de abril, ante el juez federal del estado de Virginia, William B. Porter, ya que el juez accedió al pedido de la defensa del uruguayo Sebastián Marset. La solicitud se realizó bajo el argumentando que requiere de más tiempo para preparar la estrategia legal de defensa y mantener comunicación con el defendido.

De acuerdo con informes periodísticos internacionales, Marset también incluyó a su equipo de defensa a un exfiscal de Estados Unidos, abogado, especialista en casos de crimen organizado.

Marset se encuentra privado de libertad en una cárcel de Virginia, Estados Unidos, luego de ser capturado en Bolivia y llevado por la Drug Enforcement Administration (DEA), el pasado 13 de marzo. Marset está acusado de utilizar bancos de EE. UU. y Europa para lavar millones en ganancias de su organización, que supuestamente traficaba cocaína en Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, Bélgica, los Países Bajos y Portugal.

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Esta es la tercera audiencia que enfrentará el uruguayo, la segunda se desarrolló el pasado 20 de marzo en la cual el equipo de defensa también pidió una prórroga para cumplir con los requisitos legales para ejercer su defensa, por lo que fue reprogramada para este 25.

En esta segunda audiencia también, el magistrado norteamericano dispuso que el procesado continúe detenido y sin fianza, tal como ya se había establecido en la primera audiencia. Marset sigue recluido en la cárcel federal de la ciudad de Alexandria, situada en el estado de Virginia y a pocos minutos de la capital del país, Washington D.C.

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En la tarde de este viernes finalizó la segunda audiencia a la que fue citado el capo narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, ante la Justicia de los Estados Unidos. De acuerdo a los informes de la prensa internacional, Marset llegó al recinto judicial fuertemente custodiado.

Destacan que la defensa del uruguayo de 34 años que está acusado de lavado de activos proveniente del narcotráfico, solicitó más tiempo para cumplir con los requisitos legales para ejercer su defensa. En consecuencia, el juez federal del estado de Virginia, William B. Porter, fijó una tercera audiencia para el 25 de marzo.

Marset está acusado de utilizar bancos de EE. UU. y Europa para lavar millones en ganancias de su organización, que supuestamente traficaba cocaína en Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, Bélgica, los Países Bajos y Portugal.

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No obstante, el magistrado norteamericano dispuso que el procesado continúe detenido y sin fianza, tal como ya se había establecido en la primera audiencia. Por tanto, seguirá recluido en la cárcel federal de la ciudad de Alexandria, situada en el estado de Virginia y a pocos minutos de la capital del país, Washington D.C.

De acuerdo con la crónica de los periodistas locales, Sebastián Marset vestía un uniforme de preso color verde oscuro, con la leyenda “Alexandria inmate”, y championes negros cuando fue conducido a la sala del tribunal.

“Antes de entrar se lo veía tenso, hasta que cruzó miradas con uno de sus abogados, y sonrió por primera vez. En la sala, el presunto narcotraficante uruguayo estuvo representado por un defensor público, quien explicó que Marset iba a contratar a un abogado privado. Este se encontraba también en la audiencia y pronto llenará los papeles correspondientes para asumir su representación. El abogado no quiso dar su nombre a los periodistas presentes”, describe uno de los reportes.

Informan además que el juez Porter negó la fianza a Marset, coincidiendo con la opinión de los fiscales de que representaba un riesgo de fuga. Explican que si bien la defensa solicitó aplazar la audiencia hasta el 1 de abril, el magistrado fijó para el 25 de marzo.

Cabe recordar que si Sebastián Marset llegase a ser declarado culpable se expone a una pena de hasta 20 años de cárcel. Los fiscales federales adjuntos Anthony T. Aminoff y Catherine Rosenberg están a cargo de la acusación.

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