El abogado Bernardo “Lalo” Villalba, representante legal del exgobernador del departamento Central, Hugo Javier González, aguarda la conformación de una junta médica con el fin de evaluar de manera integral si las lesiones que sufrió el exanimador de televisión y radio fueron productos de una caída o de una agresión que le ocasionó un trauma craneoencefálico.

“Yo espero que se conforme una junta médica en donde participe el médico forense del Ministerio Público, un médico forense designado por el Poder Judicial. Esta tendría que ser la siguiente propuesta realizada por el juez de ejecución y, si no lo hace, nosotros vamos a solicitar que eso ocurra y, a partir de ahí, ver algún médico que pueda ayudarnos en ese sentido porque, como se sabe, Hugo Javier no está en condiciones de pagar los servicios médicos de nadie”, comentó este martes al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Villalba agregó que “muchos médicos han tomado contacto conmigo y han ofrecido sus buenos oficios para colaborar al esclarecer todo esto con la verdad en la mano. Todo indica que los golpes fueron externos”. Las afirmaciones del abogado surgen tras descartarse que González haya sufrido un accidente cerebro vascular (ACV).

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Agregó que su cliente sigue en coma inducido en el Hospital Nacional de Itauguá tras ser intervenido quirúrgicamente ayer lunes para la colocación de un catéter dentro del cerebro a través de un orificio en la cavidad craneal. El catéter permanecerá al menos 48 horas con la finalidad de medir la presión intracraneal. En caso de detectar un aumento de la presión, se dispondrá una cirugía mayor.

“La impresión que yo tengo y en consultas con algunos médicos amigos es que al producirse un ACV se da un proceso de segundos que le puede permitir el intento de sentarse o tratar de aminorar el impacto de la caída, en cambio la violencia de esos golpes hacen suponer que él pudo haberse caído estrepitosamente o haber recibido un golpe muy duro de manera provocada”, comentó.

Externamente, González presenta un hematoma en la región frontal izquierda y hematomas alrededor de ambos ojos. Además, una pequeña excoriación en el antebrazo izquierdo y otra en la mano derecha.

Por otra parte, Villalba calificó como ilógico las versiones difundidas en las redes sociales, principalmente por el criminólogo Juan Martens, quien dijo que según testimonios que recibió los golpes de González fueron producto de una deuda de entre G. 8 y 9 millones vinculada a la venta de termos dentro de la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza, localizada en el barrio Tacumbú de Asunción.

“No tenemos absolutamente ninguna información y personalmente a estas alturas que ya pasaron horas de esa publicación y no hubo elementos para corroborar eso, me da la impresión que estaba buscando su minuto de fama. No veo cuál sería el interés de todo el sistema penitenciario de esconder ese tema y complicarse en un hecho tan grave con un interno, no tiene una explicación lógica”, refirió.

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El abogado del exgobernador de Central, Hugo Javier González, descarta la hipótesis de que hayan intentado silenciarlo, en el incidente que sufrió su cliente en la celda donde fue hallado en grave estado, que derivó en su internación de urgencia donde permanece con pronóstico reservado.

“Yo soy el más incrédulo en eso, porque para silenciarlo él tiene que saber algo que le comprometa a alguien y él no podía comprometerle a nadie. El era el gobernador, era autónomo. Sabemos por las investigaciones que hay personas implicadas y los resultados de esa administración que dejó como fruto dos carpetas abiertas”, señaló el doctor Bernardo Villalba a la 1020 AM.

El defensor de Hugo Javier ratificó la inocencia del exjefe departamental al manifestar que “no le veo a él tocar un solo centavo y los que eventualmente son sospechosos están dentro del proceso”.

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“No veo quien puede querer silenciarlo, él nunca sintió eso, nunca él percibió sentir algún riesgo ni yo, ni nadie que compartimos con él”, remarcó.

El Ministerio Público también tomó intervención en el caso y se encuentra hurgando tanto en el diagnóstico médico del paciente así como en la escena en que se produjo el incidente en el interior del establecimiento penitenciario en Asunción.

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En el marco del juicio oral que enfrenta el exsenador Hernán Rivas por la presunta falsedad de su título de abogado, declararon varios testigos clave, entre los que se destacaron los testimonios del exministro de Educación, Eduardo Petta, así como el de otros funcionarios de dicha cartera estatal y exalumnos de la Universidad Sudamericana.

El exministro Eduardo Petta fue claro y contundente al señalar que: “En ninguna parte del dictamen del doctor Casañas Levi, ni en la Auditoría Interna, ni en la del Poder Ejecutivo, dice que el título de Rivas es falso”. Igualmente, el exsecretario de Estado negó de manera enfática haber dado instrucciones a funcionarios del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para acelerar o aprobar el registro del título universitario del exlegislador colorado en junio del 2020.

El testigo también negó haber conversado o dado alguna orden a los entonces funcionarios Ricardo Ortiz o Andrea Estigarribia, quienes intervinieron en el proceso de registro de los documentos académicos. Ante la consulta sobre este punto, respondió con un rotundo “No, no, no” y explicó que no mantenía contacto directo con el personal de ese rango, debido a que su vínculo institucional se desarrollaba principalmente con los viceministros, quienes manejaban sus propias estructuras jerárquicas.

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Del mismo modo, el exministro negó haber hablado con Rivas o haber recibido algún pedido suyo para apurar los trámites o registrar su título sin los controles correspondientes. Petta afirmó que nunca habló con el procesado, ni personalmente ni por teléfono. Aclaró que no se trata de un olvido, sino que jamás tuvo contacto con el exsenador y que tampoco registró alguna vez su número telefónico. “Nunca traté, nunca hablé, nunca; menos eso que usted está diciendo”, afirmó de manera tajante.

Asimismo, sostuvo que, en su rol de ministro, no podía abrogar la resolución que autorizaba la emisión del título de Hernán Rivas sin someter previamente los informes a consideración de la Asesoría Jurídica. Detalló que ninguna dependencia del MEC ni del Poder Ejecutivo respaldó una recomendación de ese tipo, aunque sí se había solicitado controlar de forma general los títulos expedidos por la Universidad Sudamericana.

Durante la audiencia también prestó declaración Casimiro Marín, director de Auditoría Interna del MEC en 2020. El testigo señaló que se analizaron detalladamente los documentos presentados para registrar el título de Rivas y que el circuito administrativo seguido durante el trámite no reveló ninguna irregularidad, por lo que correspondía su inscripción legal.

Por su parte, Rodrigo Ramírez, jefe interino de Investigaciones de la Dirección de Transparencia del MEC, afirmó ante el tribunal que no detectaron anomalías en el circuito interno institucional para el registro del documento. El funcionario tampoco halló inconsistencias ni plazos llamativos en la emisión del dictamen correspondiente.

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El abogado Pedro Ovelar, representante legal del expresidente de la República Horacio Cartes, aclaró sobre el alquiler de una aeronave para la realización de un vuelo chárter a los Estados Unidos.

El referido profesional señaló que “por expresa indicación de mi representado, Horacio Cartes, y ante diversas publicaciones difundidas en medios de comunicación y redes sociales respecto de la contratación de una aeronave para la realización de un vuelo chárter a los Estados Unidos, considero necesario efectuar las siguientes aclaraciones:”

La posibilidad de contratar dicho servicio de transporte aéreo fue acercada a través del propietario de una empresa que alquila hangares en Paraguay —sin vinculación societaria alguna con Horacio Cartes o su familia—, quien posteriormente facilitó el contacto con la persona que se presentó como propietario y representante de la aeronave.

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Asimismo, indica que conforme a las verificaciones efectuadas en los sistemas de consulta accesibles a particulares, la persona que se presentó como propietaria y representante de la aeronave no registra antecedentes penales.

Agrega que esta persona no es el ciudadano brasileño vinculado al Banco Master de Brasil al que determinadas publicaciones han señalado como propietario de la aeronave. Se trata de una persona distinta.

Asimismo, la contratación de un servicio de flete aéreo no implica ni permite presumir que quien lo contrata conozca la composición actual o histórica de las sociedades que sean o hayan sido propietarias de la aeronave, ni mucho menos que mantenga vínculo alguno con sus socios, propietarios anteriores o personas relacionadas con ellos.

Igualmente, sostiene que pretender establecer una vinculación de esa naturaleza por el solo hecho de haber contratado el servicio carece de sustento.

También fue claro en mencionar que al momento de la contratación, “lo relevante para mi representado era que tanto la aeronave como su tripulación se encontraban debidamente habilitadas y sin restricciones para realizar el vuelo previsto entre Paraguay y los Estados Unidos y su posterior regreso”.

La aeronave y su tripulación cumplieron con los controles y procedimientos aeroportuarios y migratorios correspondientes en ambos países, sin impedimento alguno para la realización del viaje.

“Por lo tanto no existe, fundamento para atribuir a mi representado, a partir de la contratación de este vuelo, vínculos, conocimientos o conductas diferentes de los aquí expresamente señalados. Toda afirmación en contrario deberá estar respaldada por hechos ciertos y comprobables. La difusión de afirmaciones falsas o imputaciones que lesionen ilegítimamente el honor y la reputación de mi representado podrá dar lugar al ejercicio de las acciones legales que correspondan conforme al ordenamiento jurídico vigente”.

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