A casi 15 días del incidente ocurrido en el interior del bus de la empresa Paraguarí, en la ciudad de Fernando de la Mora, donde la joven Liz Vera tuvo una fuerte caída tras ser asaltada, lo que derivó en su posterior fallecimiento, el fiscal Itálico Rienzi contó hoy viernes acerca de la información que se tiene al respecto del único testigo que brindó declaración.
“No paró el colectivo, se sentó detrás de la víctima el asaltante, se apoderó del celular de ella, ella de forma instantánea se baja y le comienza a seguir. Doscientos metros antes de lo sucedido, el vendedor ambulante toca el timbre, no para el colectivo, entonces se sienta detrás de ella”, empezó contando el fiscal Itálico Rienzi en contacto con la 650 AM sobre lo expresado por el testigo.
El hombre después de golpear la chapería del colectivo, él y otros pasajeros le avisan de lo sucedido, el chofer les dice que vio por el espejo que se levantó otra vez, por lo que no hacía falta que pare. “Luego para, en esa cuadra se bajan los pasajeros. Con eso se entiende que el chofer estaba en conocimiento de lo que pasó”, expuso.
Posteriormente, el testigo se sube para ir hasta la comisaría. “Unos 200 metros después para el chofer y le dice que se baje al testigo. Este le dice que la comisaría no es hacia ahí, a lo que el chofer responde que va a hacer la denuncia otro lado”, relató.
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Igualmente, el fiscal indicó que se le imputó al chofer por omisión de auxilio y que se tienen que ver las imágenes de laboratorio forense para ver si la joven se cae por efecto del colectivo o por motus propio.
“Hemos solicitado a las partes que presenten sus peritos. Por omisión de auxilio son 2 años de pena privativa de libertad. Si algunos testigos dicen que el chofer tenía conocimiento que la señorita iba a descender, cambia todo. Hasta ahora tengo comprobado que el chofer supo que se cayó, pero no que iba a descender. Ahí ya sería homicidio culposo (si sabía que iba a descender)”, manifestó.
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Caso Matrobús: Wiens recusó a Emiliano Rolón para frenar causa penal
El exministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens Durksen, acusado por lesión de confianza, sigue recurriendo a chicanas para paralizar su proceso penal. En esta ocasión, recusó al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández. El escrito fue presentado ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, instancia que tendrá que destrabar el caso. La defensa sostiene que Rolón habría vulnerado los principios de objetividad y legalidad al intervenir administrativamente en el trámite de la causa.
El cuestionamiento se centra principalmente en la Resolución F.G.E. N.º 2900, dictada el 11 de agosto de 2026, mediante la cual el fiscal general dispuso que los agentes fiscales Giovanni Grisetti, Nathalia Silva y Yeimy Adle continuaran interviniendo en el proceso, contestaran una excepción de falta de acción y prescripción, y presentaran el requerimiento conclusivo.
Días atrás, el Ministerio Público presentó una acusación por lesión de confianza y daños a obras construidas o medios técnicos contra el exministro, en el marco del caso Metrobús, solicitando que el proceso penal se eleve a juicio oral y público.
De acuerdo con la acusación fiscal, el perjuicio patrimonial atribuido a Wiens asciende a G. 14.955.317.035. Este monto está compuesto por G. 8.030.693.029 utilizados en trabajos vinculados al Acta de Entendimiento y G. 6.924.624.006 correspondientes a la construcción de seis estaciones que posteriormente fueron destruidas.
Los fiscales Nathalia Silva, Yeimy Adle y Giovanni Grisetti mencionan que Wiens recibió un proyecto con obras ejecutadas, financiamiento asegurado y contratos vigentes; sin embargo, sus decisiones mantuvieron la paralización, destruyeron infraestructura construida y desviaron bienes de la finalidad para la cual fueron adquiridos. La acusación señala que el perjuicio no consistió únicamente en que el sistema BTR (Bus Rapid Transit) no haya entrado en funcionamiento, sino en que las obras y bienes pagados con recursos públicos fueron inutilizados, dejando de cumplir la función para la cual fueron planificados y construidos.
La Fiscalía también sostiene que se utilizaron recursos del propio MOPC para destruir infraestructura estatal, incluyendo personal, maquinaria y unos 50.000 litros de combustible. Además, el Estado habría destinado G. 8.030 millones para inutilizar obras, cuya construcción ya había sido pagada. Para los fiscales, estas decisiones ocasionaron que un proyecto susceptible de continuidad o reconducción terminara convertido en infraestructura inutilizada, generando un perjuicio directo al patrimonio público. Con base en estos hechos, el Ministerio Público solicita que Wiens sea sometido a juicio oral y público.
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Metrobús: “El daño no solo es patrimonial, se pagó por una obra que no tenemos”, dice fiscal
“Arnoldo Wiens pagó con plata del Estado para destruir infraestructuras del Estado que estaban siendo construidas en el marco de un proyecto que venía hace más de 20 años”, dijo la fiscal Yeimy Adle al defender la acusación y pedido de juicio oral y público para el exministro de Obras Públicas en el marco de la fallida obra del metrobús.
“Nosotros queremos que se esclarezca el caso, que sea debatido en un juicio oral, que se conozcan las pruebas que tenemos. La defensa también presentará las suyas y tendrá oportunidad en la audiencia preliminar de ofrecer todas las pruebas de descargo que tengan”, indicó la agente de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, este miércoles, en el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Adle detalló que Wiens, al asumir el cargo de ministro de Obras Públicas en agosto del año 2018, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, tenía la obligación de resguardar el patrimonio estatal y garantizar la continuidad de las obras del metrobús, adjudicadas a la firma portuguesa Mota Engil.
“Al asumir la administración del Ministerio de Obras Públicas, el proyecto ya estaba en un avance físico de aproximadamente 40 % y, poco más de dos meses de asumir como ministro, firma el 23 de octubre del mismo año (2018) con la empresa Mota Engil un documento al que le llamaron acta de entendimiento, donde acordaron la suspensión de las obras, y el Ministerio de Obras Públicas solicitó la sustitución de los trabajos del contrato con otros trabajos que estaban destinados solamente para rehabilitar el tránsito en la zona del tramo 3 de metrobús”, manifestó.
Agregó que para destruir las obras existentes, la administración de Wiens destinó la suma de 8.030.693.029 de guaraníes (más de 8.000 millones), con el solo fin de habilitar el tránsito vehicular. “Se contaba con financiamiento vigente, frentes disponibles y el respaldo de la Municipalidad de Asunción, pero prefirieron soterrar lo construido. En abril del 2020 dispuso la demolición de las seis estaciones del corredor central, que están indentificadas como las estaciones 19 al 24, por las cuales el Estado había pagado G. 6.924.624.006”, lamentó la fiscal.
Añadió que, antes de demoler las obras, Wiens había requerido al entonces contralor Sergio Coscia, quien hoy ejerce su defensa, un parecer jurídico. “Se le señaló que para proceder a esa demolición tenía que tener un dictamen técnico previo. Le preguntamos al MOPC si fue realizado ese dictamen técnico, a la Procuraduría y Contraloría, si recibieron el documento y todas las respuestas fueron negativas y él igualmente procedió a la demolición de las estaciones y dispuso el destino de los materiales que debían ser utilizados en el sistema troncal para otros fines y esos materiales tenían una protección especial de acuerdo a la Ley 5133″, comentó.
Señaló que los materiales para la obra debían ser destinados para otros fines, una vez que haya finalizado el metrobús y con la autorización del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que financió la obra. “El proyecto no terminó, no se tuvo la autorización, pero Wiens dispuso que los mismos materiales sean llevados a los hospitales para el relleno de estacionamientos y otros fines que no correspondían”, precisó.
Detalló que fueron destinados para la construcción de la obra más de 180.000 millones de guaraníes. Agregó que el daño patrimonial ocasionado por Wiens, quien se encuentra acusado por lesión de confianza y daño a obras construidas, es de aproximadamente 14.995 millones de guaraníes.
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“No tenemos el metrobús”
“Ese es el monto, pero tenemos que tener en cuenta que lo que quedó inutilizado es mucho más porque no tenemos el metrobús, se pagó más de 180.000 millones de guaraníes por la obra que finalmente no tenemos. La acusación también sostiene que, después de esto, Arnoldo Wiens tenía alternativas para continuar con el proyecto, reconducirlo, tenía el informe de intervención que el mismo había dispuesto que se realice, el cual le aconsejaba que tenía que continuar con el proyecto, pero no se continuó”, refirió.
Añadió que, de acuerdo al marco penal, el dirigente abdista se expone a una condena de hasta siete años y medio de cárcel. “La admisión de la imputación contra Wiens fue por lesión de confianza, pero, como todos sabemos, los tipos penales son provisorios en esta etapa y, recién al finalizar el juicio oral y público, un tribunal de sentencia fija precisamente cuáles son los tipos penales que fueron demostrados. Para el Ministerio Público también existe el daño a obras construidas porque las obras fueron soterradas y las seis estaciones formaban parte de una estructura técnica de un sistema de transporte público y esto perdió funcionalidad”, indicó.
Refuta argumento de la prescripción
Con relación al argumento de la prescripción que plantea de forma insistente la defensa de Wiens, Adle recordó que la citación a indagatoria realizada el 4 de octubre de 2023 interrumpió formalmente el cómputo del tiempo, postura que ya fue ratificada tanto en primera como en segunda instancia judicial.
Con la acusación presentada dentro del plazo reglamentario, el caso queda pendiente de la fijación de la audiencia preliminar, donde el Juzgado Penal de Garantías deberá resolver la admisión de las pruebas para elevar la causa a juicio oral.
“Claramente nuestra ley penal dice que un acto interruptivo de la prescripción es la citación a la indagatoria del inculpado, al señor Wiens se le citó por primera vez en esta causa el 4 de octubre del 2023 y los hechos por el que se encuentra hoy en día acusado se iniciaron el 23 de octubre del 2018, se le citó días antes de la prescripción. Esto cortó el plazo de prescripción y se cuenta de nuevo 5 años después de eso, entonces la causa no prescribió”, argumentó.
Refirió también que “es una posición de la defensa que ya fue resuelta en primera y segunda instancia porque eso ya habían planteado cuando presentaron el recurso de reposición”.
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Diputados sanciona proyecto que declara festividad de Caacupé como Patrimonio Cultural Inmaterial
La Cámara de Diputados aceptó este martes las modificaciones de forma introducidas por el Senado y sancionó el proyecto de ley “Que declara la festividad de la Virgen de los Milagros de Caacupé como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación Paraguaya”.
El diputado Carlos María López defendió la aceptación de las reformas y señaló que la festividad cumple con los criterios establecidos en la Ley de Patrimonio Cultural, así como con los principios de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO (2003), que reconoce como tal a las tradiciones vivas transmitidas de generación en generación.
Las modificaciones introducidas por el Senado se dieron, en primer lugar, en el título del proyecto, que quedó redactado de la siguiente manera: “Que declara la festividad de la Virgen de los Milagros de Caacupé como Patrimonio Cultural Inmaterial del Paraguay”.
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En segundo lugar, se modificó el artículo 2, que faculta a la Secretaría Nacional de Cultura a coordinar acciones para fomentar y promover las actividades enmarcadas en la festividad de la Virgen de los Milagros de Caacupé.
A dicha coordinación se sumó la participación de las autoridades eclesiásticas, la Gobernación de Cordillera, la Municipalidad de Caacupé y demás autoridades públicas competentes, para disponer las acciones establecidas en ese apartado.
Tras someterse a votación, el pleno sancionó el proyecto y dispuso su remisión al Poder Ejecutivo para su promulgación.
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Caso IPS: defensa de Jorge Brítez cuestiona el acta de imputación
El abogado José Fernández Zacur, representante legal del extitular del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez, cuestionó la imputación fiscal contra su cliente, que calificó como un “sin sentido procesal”, en el marco de las obras fallidas de quirófanos que derivaron en un perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones para la previsional. Manifestó que requerirá a la Cámara de Apelaciones que devuelva la causa al Ministerio Público.
“El acta de imputación está fisurada y tiene agujeros por donde se la vea y nuestro primer temperamento procesal será solicitarle a la cámara apelando la resolución de admisión del doctor Rodrigo Estigarribia, que la cámara devuelva esa imputación al Ministerio Público para que se tome una decisión seria. Si fuese presentar de vuelta la imputación que lo haga de manera adecuada y si fuese tomar otra decisión, pues que lo tome”, indicó este viernes en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Fernández Zacur manifestó que la causa judicial se originó a partir de una denuncia presentada por la administración de Brítez para regularizar contratos heredados de administraciones anteriores, por lo que resulta contradictorio imputar a quien buscó encausar el proceso. “Esto es un sin sentido procesal, esta es una causa que la denuncia el propio Brítez hace dos años y medio, qué nueva evidencia podría recolectarse sobre esta situación cuando ya pasó ese tiempo”, mencionó.
El abogado acotó: “Se le atribuye al doctor Brítez responsabilidad por haber firmado unas adendas, la 5, 6 y 7. No se específica en la imputación qué es lo que dice en las adendas y cuál sería el nexo causal entre el haber firmado estas adendas y el eventual perjuicio patrimonial que se le atribuye. Se le atribuye un perjuicio de G. 61.000 millones, cuando el doctor Brítez en el peor de los casos intervino solamente en un tramo de todos los hechos que está imputando el Ministerio Público”, refirió.
Entre los principales cuestionamientos señalados por el abogado figura que en el acta de imputación no se encuentran incluidos quiénes aprobaron las adendas en causa por millonario desfalco, apuntando contra los consejeros. “Los firmantes de la adendas son mandatarios de su consejo, de acuerdo con la Carta Orgánica del IPS la máxima autoridad del estamento es el Consejo de Administración que es un órgano colegiado y yo no entiendo entonces cómo está imputado el mandatario, el que firma por el consejo y no los consejeros que dieron la orden de suscribir esas adendas”, afirmó.
Fernández Zacur incluso calificó la actuación inicial de la Fiscalía como un “show vedetístico e ilegal”, teniendo en cuenta que la normativa procesal prohíbe taxativamente decretar la prisión preventiva a personas mayores de 70 años de edad. “Pedir prisión preventiva para una persona de la tercera edad, con arraigo consolidado y cuya esposa está en terapia intensiva por este sinsentido procesal, no tenía razón de ser. El propio juez hizo un fuerte llamado de atención sobre ese criterio”, puntualizó.
Otros imputados
Además de Brítez, también está imputado otro extitular de la previsional, Vicente Bataglia, quien se encuentra actualmente en Italia y no se descarta una orden de captura internacional.
La lista de imputados sigue con los funcionarios del Consejo de Administración, como Hugo Enrique Aranda, gerente de Logística; y Juan Manuel Villar, director de la Unidad Operativa de Contrataciones. A ellos se suman José Raúl Coronel Acosta, Rosa Colmán, Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, Marcelo Bordón Leiva y Verónica Alexandra Blanco Bogado.