Un tribunal de sentencia de Filadelfia (Chaco) condenó a 24 años de cárcel a Derlis Antonio Duarte Ferreira y a 14 años de pena privativa de libertad a Yesselin Quintana Olazar, acusados por homicidio doloso por la muerte a golpes de un bebe de 11 meses. El fiscal del presente caso fue César Sosa Ayala.
El colegiado en mayoría sostuvo que se probó la responsabilidad de los dos acusados en el grave hecho registrado. Igualmente, los jueces de sentencia explicaron que se presentaron varios elementos probatorios que demuestran la autoría de los acusados en el presente caso.
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Ahora la defensa de los condenados tiene la posibilidad de apelar el presente fallo judicial y, en caso de ser así, será un tribunal de apelación el que tendrá la última palabra con relación a confirmar la sentencia de primera instancia o disponer la realización de un nuevo juicio oral.
Los antecedentes de la investigación refieren que la causa ocurrió en la madrugada del 16 de abril del año 2019, en la ciudad de Loma Plata, departamento de Boquerón. Ambos acusados habrían golpeado al menor de 11 meses de edad, quien no soportó las múltiples lesiones sufridas en varias partes del cuerpo y finalmente falleció. Los condenados convivían como pareja sentimental.
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Un tribunal de apelaciones de EE. UU. frena las deportaciones a terceros países
Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos confirmó en parte el viernes un fallo de una instancia inferior que restringe una política del gobierno de Donald Trump de deportar a migrantes indocumentados a países que no son los suyos.
El panel de tres jueces señaló que las personas que enfrentan deportaciones a un “tercer país” deben recibir un aviso efectivo con la debida antelación sobre el lugar al que serán enviadas, para que puedan plantear preocupaciones sobre una posible persecución.
El Congreso ha establecido como política de Estados Unidos no deportar a personas a países donde sus vidas correrían peligro o donde podrían ser sometidas a tortura.
“El derecho de una persona a impugnar su expulsión a un país basándose en el temor a la persecución en ese país significa poco si no recibe aviso previo del destino previsto para su expulsión y una oportunidad significativa para impugnar ese destino”, escribió el juez Seth Aframe en nombre del panel unánime de este tribunal de apelaciones.
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La política del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) “negaría acceso a esa protección a una amplia franja de no ciudadanos que son enviados a terceros países sin aviso de su destino”, señaló el juez.
Las deportaciones forman parte de la controvertida campaña de combate a la inmigración ilegal del presidente Donald Trump. Centenares de migrantes hispanos han sido deportados a países africanos.
Se espera que el gobierno de Trump apele el caso ante la Corte Suprema, de mayoría conservadora.
Donald Trump hizo campaña para la presidencia prometiendo expulsar a millones de migrantes indocumentados de Estados Unidos y ha tomado una serie de medidas destinadas a acelerar las deportaciones desde su regreso a la Casa Blanca.
El gobierno de Trump ha defendido las deportaciones a terceros países como necesarias, ya que los países de origen de algunas de las personas que están sujetas a expulsión a veces se niegan a aceptarlas.
- Fuente: AFP
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Pobladores de Pozo Hondo buscaron apoyo legislativo para acceder a servicios estatales
El diputado colorado Francisco Petersen, recibió a representantes de la comunidad de Pozo Hondo, distrito de Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón, quienes solicitaron respaldo e intermediación legislativa ante varias instituciones del Estado, a fin de obtener respuestas en los diferentes frentes de gestión que se hallan abiertos.
Durante la reunión mencionaron la áreas salud, educación, seguridad y el acceso a la tierra, como las cuestiones de mayor urgencia. En el sector de la salud, solicitaron la construcción de una Unidad de Salud Familiar - USF ampliada, debidamente equipada, para brindar atención en las distintas especialidades médicas que hoy en día no están cubiertas.
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Asimismo, pidieron gestionar la instalación de una institución educativa que abarque todos los niveles educacionales: Inicial, Escolar Básica y Media, de manera a evitar la deserción escolar por falta de oferta educativa.
Empleo y títulos de propiedad
En tal sentido, hablaron de obtener oportunidades laborales para pobladores de la zona que se encuentran capacitados. Por otra parte, mencionaron la necesidad e importancia de obtener titulación de tierras en Pozo Hondo, a fin de brindar seguridad jurídica a las familias de la zona.
A su vez, urgieron la habilitación del paso fronterizo del Puente Internacional Misión La Paz - Pozo Hondo las 24 horas, para dinamizar el comercio y la integración, así como el transporte de carga y turismo.
Desean, igualmente, la instalación de una oficina del Registro Civil, para evitar que los pobladores deban trasladarse largas distancias para realizar sus trámites, considerando que se encuentran a más de 700 kilómetros de la capital del país.
Distancia geográfica
El diputado Petersen significó que la distancia geográfica ha sido siempre el principal inconveniente para una eficaz y pronta respuesta gubernamental a los reclamos de la zona. Enfatizó que los pobladores deben trasladarse más de 200 kilómetros para acceder a servicios como salud o educación, en el centro urbano de Mariscal Estigarribia, el punto más cercano de atención.
“El punto más cercano de atención en el área de la salud es Mariscal Estigarribia, a casi 300 kilómetros. Necesitamos que la salud se fortalezca en Pozo Hondo. Ya estábamos trabajando en esto con la anterior ministra de Salud”, expresó el parlamentario.
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Familiares exigen justicia tras brutal golpiza a un pescador con discapacidad
Familiares de un pescador con discapacidad auditiva, oriundo de Puerto Antequera (departamento de San Pedro) pidieron justicia y que la persona agresora sea encerrada, porque temen de que lo vuelva a agredir. A pesar de su condición denuncian que la Fiscalía aún no ha tomado el caso con la seriedad que corresponde.
La hermana de Mariano Galeano (51), identificada como Evans Galeano manifestó que la brutal agresión ocurrió en la zona del río Montelindo, donde Galeano acostumbra ir a pescar. Denunciaron que la persona que lo golpeó sigue libre y que temen a que ocurra algo peor.
“Yo fui a buscarlo el día de la agresión en el puerto y estaba muy mal, casi le reventó el ojo esta persona. Mi hermano vive de la pesca, todo los días va hasta el puerto y pedimos que se haga justicia para que pueda volver a hacer esto para subsistir, que no termine en el oparei”, expresó Galeano, en entrevista con canal Trece.
Afirmó que el presunto agresor fue identificado como Jorge Arévalos, un hombre considerado del círculo de confianza de Mariano y quien se encontraba acompañándolo durante esa jornada fluvial. “Tememos a que lo vuelva a hacer y que en la siguiente oportunidad atente contra su vida”, apuntó.
Denunció que la Fiscalía no ha avanzado con las investigaciones y pidió que tomen el caso con la seriedad que corresponda para brindar seguridad a la persona agredida. Clamó para que el caso no quede en la impunidad, exigiendo que las autoridades emitan una orden de captura para esclarecer el trasfondo del cobarde ataque.
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Condenan a 18 años de cárcel a profesor de taekwondo por abuso sexual
Un Tribunal de Sentencia condenó a un hombre a 18 años de cárcel luego de ser encontrado culpable por abuso sexual en niños, registrado en la ciudad de Altos. La agente fiscal Mayra Palacios, de la Unidad Zonal de Emboscada, fue quien representó al Ministerio Público en el juicio oral y público.
La representante del Ministerio Público logró probar la responsabilidad penal del acusado a través de diversos elementos probatorios expuestos ante el Tribunal de Sentencia que, de forma unánime, resolvió dictar la condena.
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Antecedentes
De acuerdo con los antecedentes de la causa, los abusos se registraron el 3 de mayo de 2025, a las 20:00, aproximadamente. La víctima, de 13 años, fue llevada desde su domicilio por su profesor de taekwondo con la excusa de comprar hamburguesas; sin embargo, fue trasladada hasta una zona boscosa en inmediaciones de un camino vecinal, donde el hoy condenado cometió el hecho en el interior de su vehículo para luego llevarla nuevamente a su vivienda.
El Tribunal de Sentencia estuvo presidido por la magistrada Liliana Ruiz Díaz Guerrero e integrado por las juezas Ángela Carolina Jara Vallejos y Cristel Sandrina Müller de Peralta. El colegiado sostuvo que se pudo demostrar la responsabilidad del acusado por el grave hecho sucedido, por lo que la pena que corresponde es la de 18 años de cárcel.