Evalúan si la joven se arroja por decisión propia o si el movimiento del bus influyó en eso, por lo que se podría llegar a un homicidio doloso. Foto: Captura de pantalla.
Caso Liz Vera: se podría llegar a homicidio doloso si el movimiento del bus influyó en su caída
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Un testigo dio su versión sobre el incidente ocurrido en el interior del bus de la empresa Paraguarí, el domingo 5 de setiembre pasado, en la ciudad de Fernando de la Mora, donde la joven Liz Vera tuvo una fuerte caída tras ser asaltada y que derivó en su fallecimiento. El fiscal Itálico Rienzi habló acerca de los nuevos datos que se tienen al respecto.
“Le felicito a este señor que sacó la mano y golpeó, dio aviso al chofer. Él no es paraguayo, es de nacionalidad brasileña. Él se acercó ayer a declarar”, comentó el fiscal Itálico Rienzi en contacto con la 1020 AM. El accidente se produjo en las calles Mariscal Estigarribia y Corrales; y la muerte de la joven de 23 años, que estaba cursando el último año de la carrera de Ingeniería en Informática en una universidad privada, se produjo el domingo 12 de setiembre.
“El señor dijo que el supuesto asaltante tocó el timbre dos cuadras antes y el colectivo no paró, entonces se volvió a sentar en la parte de atrás. Ahí la señorita saca su celular como para revisar su mensaje y, en ese descuido, cuando arranca el colectivo, salta por la víctima, sale del colectivo y la chica por reacción natural le sigue”, añadió.
La joven Liz Vera falleció unos días después de sufrir la caída del bus. Foto: Gentileza.
“Tenemos que ver si la víctima se arroja por decisión propia o si el movimiento del bus influyó en eso. En ese caso podríamos llegar a un homicidio doloso”, afirmó el fiscal. El conductor del bus, Édgar Alfonzo Rotela, de 48 años, se encuentra actualmente imputado por omisión de auxilio y omisión de un hecho punible (robo).
“El señor (por el testigo) se baja, pero como se olvidó de sus documentos, entonces vuelve a subir. Dijo que se bajó cerca de una comisaría y le dice al chofer para realizar la denuncia. El chofer le dijo que iba a realizar la denuncia en otra comisaría, pero no lo hizo y la Policía le detuvo en la Terminal. Él se abstuvo de declarar”, señaló.
Se refirió además a otra testigo, pero que todavía no declaró. “También está una chica que se bajó antes. Vamos a tratar de ubicarla porque aún no tuvimos respuestas de ella. La señorita nos dijo por celular que el chofer estaba jugando carrera con otro bus y que tenía la puerta abierta todo el tiempo”, expuso.
Con relación al asaltante, Pablo Daniel Corvalán Valdéz, de 21 años, imputado por hecho punible contra la propiedad; el fiscal indicó que su situación no cambia nada, ya que es robo. “En cuanto al chofer, tenemos corroborado de que sí tuvo conocimiento de lo que pasó y tampoco realizó la denuncia. Él está imputado por omisión de auxilio”, remarcó.
La Unidad Penal 5 de la Fiscalía, ubicada sobre Curupayty casi Campo Vía de Fernando de la Mora, convoca a testigos del asalto y del accidente ocurrido con este bus a contribuir en esclarecer este caso. También presentarse en la Comisaría Segunda de Fernando de la Mora. El horario de atención de la Fiscalía es de 7:00 a 13:00; teléfono 0982 456-758.
Wiens es señalado como el principal responsable de la demolición de las obras del metrobús, en abril de 2020, que privó de un sistema de transporte eficiente para miles de pasajeros. Foto: Archivo
Caso Matrobús: Wiens recusó a Emiliano Rolón para frenar causa penal
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El exministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens Durksen, acusado por lesión de confianza, sigue recurriendo a chicanas para paralizar su proceso penal. En esta ocasión, recusó al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández. El escrito fue presentado ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, instancia que tendrá que destrabar el caso. La defensa sostiene que Rolón habría vulnerado los principios de objetividad y legalidad al intervenir administrativamente en el trámite de la causa.
El cuestionamiento se centra principalmente en la Resolución F.G.E. N.º 2900, dictada el 11 de agosto de 2026, mediante la cual el fiscal general dispuso que los agentes fiscales Giovanni Grisetti, Nathalia Silva y Yeimy Adle continuaran interviniendo en el proceso, contestaran una excepción de falta de acción y prescripción, y presentaran el requerimiento conclusivo.
Días atrás, el Ministerio Público presentó una acusación por lesión de confianza y daños a obras construidas o medios técnicos contra el exministro, en el marco del caso Metrobús, solicitando que el proceso penal se eleve a juicio oral y público.
De acuerdo con la acusación fiscal, el perjuicio patrimonial atribuido a Wiens asciende a G. 14.955.317.035. Este monto está compuesto por G. 8.030.693.029 utilizados en trabajos vinculados al Acta de Entendimiento y G. 6.924.624.006 correspondientes a la construcción de seis estaciones que posteriormente fueron destruidas.
Los fiscales Nathalia Silva, Yeimy Adle y Giovanni Grisetti mencionan que Wiens recibió un proyecto con obras ejecutadas, financiamiento asegurado y contratos vigentes; sin embargo, sus decisiones mantuvieron la paralización, destruyeron infraestructura construida y desviaron bienes de la finalidad para la cual fueron adquiridos. La acusación señala que el perjuicio no consistió únicamente en que el sistema BTR (Bus Rapid Transit) no haya entrado en funcionamiento, sino en que las obras y bienes pagados con recursos públicos fueron inutilizados, dejando de cumplir la función para la cual fueron planificados y construidos.
La Fiscalía también sostiene que se utilizaron recursos del propio MOPC para destruir infraestructura estatal, incluyendo personal, maquinaria y unos 50.000 litros de combustible. Además, el Estado habría destinado G. 8.030 millones para inutilizar obras, cuya construcción ya había sido pagada. Para los fiscales, estas decisiones ocasionaron que un proyecto susceptible de continuidad o reconducción terminara convertido en infraestructura inutilizada, generando un perjuicio directo al patrimonio público. Con base en estos hechos, el Ministerio Público solicita que Wiens sea sometido a juicio oral y público.
Metrobús: “El daño no solo es patrimonial, se pagó por una obra que no tenemos”, dice fiscal
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“Arnoldo Wiens pagó con plata del Estado para destruir infraestructuras del Estado que estaban siendo construidas en el marco de un proyecto que venía hace más de 20 años”, dijo la fiscal Yeimy Adle al defender la acusación y pedido de juicio oral y público para el exministro de Obras Públicas en el marco de la fallida obradel metrobús.
“Nosotros queremos que se esclarezca el caso, que sea debatido en un juicio oral, que se conozcan las pruebas que tenemos. La defensa también presentará las suyas y tendrá oportunidad en la audiencia preliminar de ofrecer todas las pruebas de descargo que tengan”, indicó la agente de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, este miércoles, en el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Adle detalló que Wiens, al asumir el cargo de ministro de Obras Públicas en agosto del año 2018, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, tenía la obligación de resguardar el patrimonio estatal y garantizar la continuidad de las obras del metrobús, adjudicadas a la firma portuguesa Mota Engil.
“Al asumir la administración del Ministerio de Obras Públicas, el proyecto ya estaba en un avance físico de aproximadamente 40 % y, poco más de dos meses de asumir como ministro, firma el 23 de octubre del mismo año (2018) con la empresa Mota Engil un documento al que le llamaron acta de entendimiento, donde acordaron la suspensión de las obras, y el Ministerio de Obras Públicas solicitó la sustitución de los trabajos del contrato con otros trabajos que estaban destinados solamente para rehabilitar el tránsito en la zona del tramo 3 de metrobús”, manifestó.
Parte de las obras del corredor central del Metrobús, que Arnoldo Wiens ordenó destruir en su gestión al frente del MOPC. Foto: Agencia IP
Agregó que para destruir las obras existentes, la administración de Wiens destinó la suma de 8.030.693.029 de guaraníes (más de 8.000 millones), con el solo fin de habilitar el tránsito vehicular. “Se contaba con financiamiento vigente, frentes disponibles y el respaldo de la Municipalidad de Asunción, pero prefirieron soterrar lo construido. En abril del 2020 dispuso la demolición de las seis estaciones del corredor central, que están indentificadas como las estaciones 19 al 24, por las cuales el Estado había pagado G. 6.924.624.006”, lamentó la fiscal.
Añadió que, antes de demoler las obras, Wiens había requerido al entonces contralor Sergio Coscia, quien hoy ejerce su defensa, un parecer jurídico. “Se le señaló que para proceder a esa demolición tenía que tener un dictamen técnico previo. Le preguntamos al MOPC si fue realizado ese dictamen técnico, a la Procuraduría y Contraloría, si recibieron el documento y todas las respuestas fueron negativas y él igualmente procedió a la demolición de las estaciones y dispuso el destino de los materiales que debían ser utilizados en el sistema troncal para otros fines y esos materiales tenían una protección especial de acuerdo a la Ley 5133″, comentó.
Señaló que los materiales para la obra debían ser destinados para otros fines, una vez que haya finalizado el metrobús y con la autorización del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que financió la obra. “El proyecto no terminó, no se tuvo la autorización, pero Wiens dispuso que los mismos materiales sean llevados a los hospitales para el relleno de estacionamientos y otros fines que no correspondían”, precisó.
Detalló que fueron destinados para la construcción de la obra más de 180.000 millones de guaraníes. Agregó que el daño patrimonial ocasionado por Wiens, quien se encuentra acusado por lesión de confianza y daño a obras construidas, es de aproximadamente 14.995 millones de guaraníes.
“Ese es el monto, pero tenemos que tener en cuenta que lo que quedó inutilizado es mucho más porque no tenemos el metrobús, se pagó más de 180.000 millones de guaraníes por la obra que finalmente no tenemos. La acusación también sostiene que, después de esto, Arnoldo Wiens tenía alternativas para continuar con el proyecto, reconducirlo, tenía el informe de intervención que el mismo había dispuesto que se realice, el cual le aconsejaba que tenía que continuar con el proyecto, pero no se continuó”, refirió.
Añadió que, de acuerdo al marco penal, el dirigente abdista se expone a una condena de hasta siete años y medio de cárcel. “La admisión de la imputación contra Wiens fue por lesión de confianza, pero, como todos sabemos, los tipos penales son provisorios en esta etapa y, recién al finalizar el juicio oral y público, un tribunal de sentencia fija precisamente cuáles son los tipos penales que fueron demostrados. Para el Ministerio Público también existe el daño a obras construidas porque las obras fueron soterradas y las seis estaciones formaban parte de una estructura técnica de un sistema de transporte público y esto perdió funcionalidad”, indicó.
Refuta argumento de la prescripción
Con relación al argumento de la prescripción que plantea de forma insistente la defensa de Wiens, Adle recordó que la citación a indagatoria realizada el 4 de octubre de 2023 interrumpió formalmente el cómputo del tiempo, postura que ya fue ratificada tanto en primera como en segunda instancia judicial.
Con la acusación presentada dentro del plazo reglamentario, el caso queda pendiente de la fijación de la audiencia preliminar, donde el Juzgado Penal de Garantías deberá resolver la admisión de las pruebas para elevar la causa a juicio oral.
“Claramente nuestra ley penal dice que un acto interruptivo de la prescripción es la citación a la indagatoria del inculpado, al señor Wiens se le citó por primera vez en esta causa el 4 de octubre del 2023 y los hechos por el que se encuentra hoy en día acusado se iniciaron el 23 de octubre del 2018, se le citó días antes de la prescripción. Esto cortó el plazo de prescripción y se cuenta de nuevo 5 años después de eso, entonces la causa no prescribió”, argumentó.
Refirió también que “es una posición de la defensa que ya fue resuelta en primera y segunda instancia porque eso ya habían planteado cuando presentaron el recurso de reposición”.
Conductor resultó herido tras chocar contra bus que llevaba 24 pasajeros en San Pedro
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Este domingo, un aparatoso accidente se reportó en la localidad de Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro, donde el conductor de un automóvil chocó contra un colectivo de larga distancia que llevaba 24 pasajeros. El automovilista presentó algunas lesiones y los tripulantes del bus resultaron ilesos.
Según el reporte policial, el hecho se registró esta madrugada sobre la ruta PY08 “Blas Garay”, a la altura del barrio San Roque de la citada localidad. En el percance se vieron involucrados un automóvil de la marca Toyota, modelo Corolla, de color plateado y un colectivo de larga distancia de la empresa La Santaniana.
Testigos indicaron que el conductor del automóvil identificado como Edgar Alberto Manquello, de 29 años, circulaba sobre la ruta Blas Garay en sentido contrario al bus. En un momento dado perdió el control de su rodado, ingresó al otro carril e impactó de forma frontal contra el ómnibus.
Tras el fuerte impacto, Manquello quedó atrapado dentro del automóvil, por lo que tuvo que ser rescatado por bomberos voluntarios. Este presentaba algunas lesiones y fue trasladado hasta el Hospital General de Santa Rosa del Aguaray, donde recibió los primeros auxilios y permanece en observación.
En tanto que, el conductor del bus, su copiloto y los pasajeros que llevaba resultaron ileso, de igual manera recibieron asistencia de los paramédicos. El automovilista fue derivado hasta sede de la Patrulla Caminera en Río Verde y se práctico la prueba de alcotest cuyo resultado resultó negativo.
Caso IPS: defensa de Jorge Brítez cuestiona el acta de imputación
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El abogado José Fernández Zacur, representante legal del extitular del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez, cuestionó la imputación fiscal contra su cliente, que calificó como un “sin sentido procesal”, en el marco de las obras fallidas de quirófanos que derivaron en un perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones para la previsional. Manifestó que requerirá a la Cámara de Apelaciones que devuelva la causa al Ministerio Público.
“El acta de imputación está fisurada y tiene agujeros por donde se la vea y nuestro primer temperamento procesal será solicitarle a la cámara apelando la resolución de admisión del doctor Rodrigo Estigarribia, que la cámara devuelva esa imputación al Ministerio Público para que se tome una decisión seria. Si fuese presentar de vuelta la imputación que lo haga de manera adecuada y si fuese tomar otra decisión, pues que lo tome”, indicó este viernes en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Fernández Zacur manifestó que la causa judicial se originó a partir de una denuncia presentada por la administración de Brítez para regularizar contratos heredados de administraciones anteriores, por lo que resulta contradictorio imputar a quien buscó encausar el proceso. “Esto es un sin sentido procesal, esta es una causa que la denuncia el propio Brítez hace dos años y medio, qué nueva evidencia podría recolectarse sobre esta situación cuando ya pasó ese tiempo”, mencionó.
El representante legal de Jorge Brítez conversó con Jorge Torres y Cinthia Mora en el programa "Arriba hoy". Foto: Emilio Bazán
El abogado acotó: “Se le atribuye al doctor Brítez responsabilidad por haber firmado unas adendas, la 5, 6 y 7. No se específica en la imputación qué es lo que dice en las adendas y cuál sería el nexo causal entre el haber firmado estas adendas y el eventual perjuicio patrimonial que se le atribuye. Se le atribuye un perjuicio de G. 61.000 millones, cuando el doctor Brítez en el peor de los casos intervino solamente en un tramo de todos los hechos que está imputando el Ministerio Público”, refirió.
Entre los principales cuestionamientos señalados por el abogado figura que en el acta de imputación no se encuentran incluidos quiénes aprobaron las adendas en causa por millonario desfalco, apuntando contra los consejeros. “Los firmantes de la adendas son mandatarios de su consejo, de acuerdo con la Carta Orgánica del IPS la máxima autoridad del estamento es el Consejo de Administración que es un órgano colegiado y yo no entiendo entonces cómo está imputado el mandatario, el que firma por el consejo y no los consejeros que dieron la orden de suscribir esas adendas”, afirmó.
Fernández Zacur incluso calificó la actuación inicial de la Fiscalía como un “show vedetístico e ilegal”, teniendo en cuenta que la normativa procesal prohíbe taxativamente decretar la prisión preventiva a personas mayores de 70 años de edad. “Pedir prisión preventiva para una persona de la tercera edad, con arraigo consolidado y cuya esposa está en terapia intensiva por este sinsentido procesal, no tenía razón de ser. El propio juez hizo un fuerte llamado de atención sobre ese criterio”, puntualizó.
Otros imputados
Además de Brítez, también está imputado otro extitular de la previsional, Vicente Bataglia, quien se encuentra actualmente en Italia y no se descarta una orden de captura internacional.
La lista de imputados sigue con los funcionarios del Consejo de Administración, como Hugo Enrique Aranda, gerente de Logística; y Juan Manuel Villar, director de la Unidad Operativa de Contrataciones. A ellos se suman José Raúl Coronel Acosta, Rosa Colmán, Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, Marcelo Bordón Leiva y Verónica Alexandra Blanco Bogado.