Se suspendió el juicio oral y público del periodista de Abc Color, Juan Carlos Lezcano, querellado por difamación, calumnia e injuria por el exsenador liberal Dionisio Amarilla Guirland.
La audiencia oral se pospuso a raíz de lo que podría considerarse como una extraña actuación de la jueza de sentencia, Inés Galarza, quien planteó contienda de competencia; es decir, la misma dice que no es competente para llevar a cabo el presente juicio oral. Ahora será la sala penal de la Corte la que tendrá que decidir si será la magistrada Galarza u otra jueza quien deberá llevar a cabo el presente juicio oral.
Por su parte, la abogada Carolina Gorostiaga, representante legal de Amarilla, señaló que “la suspensión del juicio ocurrió a consecuencia de un hecho bastante extraño, la jueza Inés Galarza tenía el expediente cajoneado en su despacho y nos desayunamos que ayer envío a la Corte Suprema de Justicia por una supuesta contienda de competencia, esto genera mucha suspicacia y nosotros como querella vamos a evaluar qué acciones tomar. Es un claro hecho de obstrucción a la justicia de parte de la citada magistrada”.
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Otra querella al periodista
El mismo periodista también cuenta con otra causa judicial pendiente, también por difamación y calumnia, que se encuentra paralizada por las reiteradas chicanas promovidas por los abogados defensores.
La exviceministra de Tributación Marta González Ayala presentó una querella autónoma contra el periodista Juan Carlos Lezcano y la directora del diario Abc Color, Natalia Zuccolillo Pappalardo, por haberla acusado en reiteradas publicaciones de la supuesta comisión de graves irregularidades en el ejercicio del cargo, específicamente en lo referente a la adjudicación del contrato de actualización del Sistema Marangatu de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) al Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT).
La querella fue presentada luego de que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) desvirtuara lo señalado por el periodista, quien cuenta con antecedentes de presunto plagio en su profesión.
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Juicio a Bolsonaro por golpismo se definirá desde el 2 de septiembre
La corte suprema de Brasil decidirá a partir del 2 de septiembre si el expresidente Jair Bolsonaro es culpable de haber tramado un golpe de Estado contra el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, lo que puede llevarlo a la cárcel. El fallo de los magistrados concluirá un proceso penal iniciado en marzo contra el exmandatario (2019-2022) por supuestamente haber intentado impedir la asunción de Lula, luego de que este lo derrotara en las elecciones de 2022.
El magistrado Cristiano Zanin, presidente de la sala del supremo que lleva el juicio, convocó varias sesiones entre el 2 y el 12 de septiembre, aunque el veredicto puede tener lugar antes de esa última fecha. De ser hallado culpable, Bolsonaro, de 70 años, podría enfrentar hasta 40 años de prisión. Según la fiscalía, el supuesto plan golpista se habría frustrado por falta de apoyo de la cúpula de las fuerzas armadas.
Bolsonaro, líder de la derecha y extrema derecha brasileñas, se ha declarado inocente y dice ser un “perseguido”. El expresidente se encuentra en prisión domiciliaria preventiva desde principios de agosto, ya que el juez a cargo del caso, Alexandre de Moraes, consideró que violó medidas cautelares que le prohibían manifestarse a través de redes sociales.
Pero este sábado dejará su residencia temporalmente para realizarse exámenes médicos en un centro hospitalario en Brasilia. El Supremo Tribunal Federal también juzga por golpismo a siete excolaboradores de Bolsonaro. El juicio ha desatado una crisis diplomática y comercial entre Estados Unidos y Brasil. El presidente estadounidense, Donald Trump, lo calificó de “caza de brujas” y en represalia implementó aranceles comerciales de hasta 50% a Brasil. Estados Unidos también impuso sanciones a Moraes y a otros siete magistrados de la corte.
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Veredicto por votación
La sesión fijada para el 2 de septiembre comenzará con la lectura de Moraes de su relatoría del juicio. Luego habrá lugar para las últimas palabras de la fiscalía y las defensas. Finalmente, los jueces darán a conocer sus votos y sus justificaciones sobre la culpabilidad o inocencia de cada acusado en relación con cada delito imputado. Se pronunciarán por turnos y de forma oral y pública. Los acusados, por su parte, pueden optar por estar presentes o no en la sala.
Las fechas para emitir el veredicto sobre Bolsonaro se cruzan con la convocatoria el 7 de septiembre a manifestaciones en defensa del exmandatario en varias ciudades brasileñas. El llamado a esos actos había sido lanzado previamente, con motivo de la fiesta nacional. Durante el juicio, Bolsonaro no sólo fue indagado sobre la presunta trama golpista sino también sobre un supuesto plan para asesinar al izquierdista Lula, a su vicepresidente Geraldo Alckmin y a Moraes.
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Bolsonaro negó la existencia de ese plan, aunque admitió haber evaluado “si existía alguna hipótesis de un dispositivo constitucional” para impugnar los resultados de las presidenciales de 2022, que perdió por un estrecho margen y sobre las que aún hoy arroja sospechas de fraude.
El capitán retirado del Ejército se encuentra inhabilitado electoralmente hasta 2030 por haber cuestionado sin pruebas la fiabilidad del sistema de votación brasileño, lo que le impide presentarse a los comicios del próximo año. Bolsonaro también niega responsabilidad en los hechos del 8 de enero de 2023, cuando centenares de sus seguidores asaltaron las sedes de los poderes públicos en Brasilia pocos días después de la asunción de Lula. La fiscalía ve los disturbios como un último intento del expresidente de aferrarse al poder.
Fuente: AFP.
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Informe final de la Comisión Antilavado ya fue remitido a EE. UU., confirma senador
El presidente de la Comisión Antilavado, el senador Dionisio Amarilla, confirmó este jueves que su informe final ya fue remitido a los Estados Unidos. El pasado 14 de julio, la Comisión Bicameral de Investigación de Carácter Transitorio para la Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Dinero y Otros Delitos Conexos, dio por culminada su actividad.
“Hubo una campaña mediática en contra de esta comisión. Nosotros hicimos un trabajo serio. El informe final ya fue trasladado a los Estados Unidos, estamos en condiciones de ir a defender, inclusive, si nos convocan en algún momento. Estamos muy tranquilos con el trabajo que se realizó”, sostuvo el legislador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) a la 780 AM.
El documento había sido remitido previamente a la Cancillería, el pasado 25 de julio, para su remisión con sus conclusiones y recomendaciones al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. “Ojalá que las autoridades de ese país convoquen al embajador paraguayo designado Gustavo Leite, quien fue relator de la comisión y conoce al dedillo los detalles de los datos tabulados, consolidados, y nadie puede negar la discrecionalidad con que se utilizaron los fondos aportados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional a Paraguay”, comentó.
El senador había detallado anteriormente que mediante la labor de la Comisión Antilavado quedó evidenciado que USD 52 millones proveídos por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y que USD 5 millones otorgados por el Gobierno paraguayo fueron dilapidados por las oenegés. El 71 % del millonario recurso fue para salarios.
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Los trabajos de la CBI, que fueron aprobados por el Congreso Nacional, también ya fueron entregados al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la República, al Ministerio de Defensa Nacional y al Ministerio de Economía y Finanzas, tal como lo había anunciado Amarilla.
En total son nueve tomos que constan de 1.311 folios con sus respectivos anexos. Desde el tomo I hasta el VI se centra en el eje uno, “Lavado de activos ligado al financiamiento de político vía organizaciones sin fines de lucro; el VII se basa en el eje dos, “Lavado de activos provenientes del tráfico de armas”; el VIII analiza el “Lavado de activos provenientes de actividades ilícitas, blanqueadas e ingresadas al sistema financiero vía bancos y empresas”.
Por último, el tomo IV contiene el informe ejecutivo, conclusiones y recomendaciones. Los anexos entregados en pendrive contienen audios, videos, notas varias, convocatorias, documentos tabulados, presentaciones de convocados, informe final, entre otros.
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Bolsonaro pidió su absolución en los alegatos finales de juicio por golpismo
La defensa del expresidente brasileño Jair Bolsonaro pidió ayer miércoles a la corte suprema su absolución, en los alegatos de clausura del juicio por un supuesto intento de golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones de 2022. En un documento de 197 páginas al que accedió la AFP, presentado al máximo tribunal, los abogados de Bolsonaro sostuvieron que el exmandatario ultraderechista “es inocente de todos los cargos presentados en la denuncia” y que “se demostró la absoluta falta de pruebas”.
Por tanto, “exigen la absolución (...) de todas las acusaciones”. Bolsonaro, de 70 años, está siendo juzgado por conspirar para aferrarse al poder luego de perder los comicios ante el izquierdista Lula. El exjefe de Estado (2019-2022), líder de la derecha brasileña y aliado del presidente estadounidense Donald Trump, es acusado “tentativa de abolición del estado democrático”, “golpe de Estado” y otros delitos que podrían llevarlo a cumplir más de 40 años de cárcel.
Él se declara inocente y dice ser un “perseguido”. Actualmente se encuentra en prisión domiciliaria por violar una prohibición de usar las redes sociales ligada a su juicio. Desde mediados de julio lleva una tobillera electrónica.
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“No hay manera de condenarlo”
La Fiscalía sostiene que Bolsonaro lideró una “organización criminal armada” que articuló el intento de golpe y fue el principal beneficiario del plan. Según la acusación, el expresidente actuó “de forma sistemática” durante su mandato “para incitar la insurrección y la desestabilización del Estado Democrático de Derecho” y “generar un ambiente propicio para la violencia y el golpe”.
El expediente se centra también en reuniones donde se habrían presentado minutas de decreto que incluían la posible prisión de autoridades como jueces de la corte suprema. Pero la defensa subrayó que “no hay manera de condenar” a Bolsonaro “con base en las pruebas presentadas en los autos, que demostraron ampliamente que ordenó la transición” de poder para Lula.
Los abogados también cuestionan la validez de la delación premiada del teniente coronel Mauro Cid, exayudante de Bolsonaro, sobre cuyo testimonio se sostiene buena parte de la acusación. Los alegatos destacaron que después de las elecciones de 2022, Bolsonaro ordenó la transición del gobierno de forma “pacífica e inmediata”, incluyendo la nominación de comandantes militares indicados por el nuevo gobierno, lo que contradice, según el escrito, la narrativa de un intento de golpe.
La defensa también cuestionó la imputación relacionada con los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando manifestantes invadieron las sedes de la Presidencia, la corte suprema y el Congreso. Argumenta que estos fueron “delitos multitudinarios” sin conexión directa con Bolsonaro, quien se encontraba en Estados Unidos en ese momento. La corte suprema debe juzgar el caso en las próximas semanas.
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Tensión diplomática
La situación judicial del expresidente está en el centro de una fuerte tensión diplomática entre Brasil y Estados Unidos. El gobierno de Trump suspendió la visa del juez Alexandre de Moraes, a cargo del juicio, y le aplicó la llamada ley Magnitsky, un instrumento para sancionar financieramente a violadores de los derechos humanos en el mundo.
Además, Trump impuso aranceles punitivos de 50 % a muchos productos brasileños bajo el argumento de que existe una “caza de brujas” contra el exmandatario. “La forma en la que Brasil ha tratado al expresidente Bolsonaro (...) es una vergüenza internacional. Este juicio no debería estar ocurriendo”, escribió Trump al anunciar los gravámenes en una carta destinada a Lula.
Fuente: AFP.
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Senado habilita canal para reclamos contra abusos de telefonía, internet y TV por cable
La Comisión Especial de Investigación sobre Abusos de las Telefonías e Internet, encabezada por el senador Dionisio Amarilla, se encuentra abocada a recabar la mayor cantidad de denuncias ciudadanas para buscar una solución a los numerosos problemas.
En tal efecto, Amarilla compartió a través de sus redes sociales el código QR para que cualquier ciudadano que se sienta víctima de abuso por parte de estas empresas, pueda dejar su denuncia a la comisión. Igualmente, aquellos que tengan algún tipo de inconveniente con las prestadoras de servicio de televisión por cable.
En comunicación con La Nación/Nación Media, señaló que a través de ese código QR se podrá acceder a un formulario donde de manera sencilla podrán llenar los datos y la queja correspondiente. En la primera reunión estuvieron tomando notas de denuncias sobre saldos que no duran a los usuarios de prepagas, señal ya sea de internet o de telefonía que no llega en la calidad de lo que deberían recibir.
Indicó que también tienen conocimiento de reclamos que se realizan a través de los sistemas de asteriscos o marcación rápida que no son atendidos, largo tiempo de espera ante los call center, variación en el costo de la factura sin consentimiento del cliente, dificultad para abandonar los planes de servicio, generación de gastos administrativos, por pocos días de retraso en las facturas.
“Estamos observando una cantidad de denuncias contra las proveedoras de servicio de telefonía e internet. Así como quejas de lentitud en el servicio, señales que caen constantemente y sin embargo, las facturas llegan puntuales al mismo mes por el mismo monto, no se descuentan ni las horas, ni los días que no se ha prestado el servicio. Aparentemente es tremendo el abuso que comenten las compañías y prestadoras de servicio”, precisó.
Analizar marco legal
El legislador explicó que el fin de esta comisión no es castigar a las empresas, sino que, una vez que clasifiquen todas las denuncias recibidas, analizarán el marco legal a fin de detectar sobre qué legislación se están amparando para abusar con sus contratos.
“De seguro ellos se están amparando en algunas letras, y si hay alguna ley seguramente vamos a ver para corregir y si no las hay, debemos generar una legislación que permita corregir todas estas situaciones mencionadas”, comentó.
Asimismo, dijo que tienen un plazo de 180 días en la comisión para llevar adelante el estudio. Estarán solicitando más informes a la Conatel, a la gente de Sedeco. Igualmente, estarán invitando a las compañías telefónicas y prestadoras de servicio.
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