Rocío Gómez. Encarnación.
A 18 años de pena privativa de libertad fue condenado N.D.G.M. tras ser acusado por el hecho punible de abuso sexual en niños. La víctima tenía 13 años cuando fue presentada la denuncia. La sentencia se logró en el distrito de Coronel Bogado. El Ministerio Público estuvo representado por el fiscal Francisco Martínez.
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Según la acusación, el 31 de marzo de 2019, el adolescente se encontraba en la sala de urgencias de pediatría del Hospital Distrital de Coronel Bogado, acompañado de su madre, con signos de haber sido abusado sexualmente. La funcionaria fiscal de turno conversó con el adolescente, que estaba por cumplir 14 años y que dijo poseer la nacionalidad argentina. La víctima relató entonces que su padrastro desde los 7 años de edad lo sometía sexualmente, amenazándolo que si contaba algo, él mismo diría y publicaría por todos lados que el adolescente sería quien lo buscaba para mantener relaciones sexuales.
En la inspección física por parte del médico forense del Ministerio Público y el ginecólogo de guardia se constataron las lesiones. El Tribunal de Sentencia que aplicó la condena estuvo integrado por los jueces, Eva Silva Amarilla, Blas Salvador Zorrilla y Diana Arana de Uzuca.
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Fiscalía sostiene que existen elementos suficientes para imputar al intendente Luis Yd
En la tarde del lunes se confirmó la imputación contra el intendente de Encarnación, Luis Yd, en el marco de la investigación por el derrumbe del edificio que se cobró la vida de dos personas.
Desde el Ministerio Público defendieron esta acción manifestando que existen elementos suficientes para señalar al jefe comunal de uno de los responsables en la negligencia que ocasionó el colapso de la estructura edificada.
“Esta es una imputación que versa sobre sospechas de comisión de hechos punibles y las pruebas hasta este momento han arrojado la sospecha necesaria para la presentación de la imputación, debemos seguir recabando otros medios de prueba a los efectos de pasar del estado de sospecha al de convicción y eso sí motivaría la presentación de una acusación”, explicó el fiscal Ever Williams.
En conversación con varios medios de prensa, el fiscal expuso que el Ministerio Público se ha tomado el tiempo necesario para hacer la investigación y que no podían apresurarse a presentar una imputación dado que a partir de esta etapa, existe un plazo limitado para la conclusión de esta fase y pasar a la acusación, por lo que era necesario recabar los datos que permitan sustentar las sospechas. A partir de ahora, la Fiscalía tiene seis meses de trabajos para presentar la acusación.
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“No estamos ante un hecho punible común, estamos hablando de la caída de un edificio, lleva tiempo la toma de declaraciones y eso merece un análisis exhaustivo. Apresurarnos a presentar una imputación sin siquiera tener un presupuesto de cuánto iba a costar realizar un estudio pericial en la zona del derrumbe, sería muy aventurado, por eso nos tomamos el tiempo suficiente para presentar la imputación”, alegó.
El derrumbe del edificio en construcción se registró en la noche del 2 de abril pasado, en el barrio San Roque de la ciudad de Encarnación, departamento de Itapúa.
Yd es sindicado por la comisión de hechos punibles de actividades peligrosas en la construcción y homicidio culposo, al igual que el ingeniero de obras. Asimismo, los arquitectos son señalados por estos hechos punibles y además, son sospechados por la exposición de personas a trabajos peligrosos, mientras que el encargado de obras fue imputado por homicidio culposo.
“No vimos la necesidad de ordenar ninguna orden de detención, sí hemos solicitado la aplicación de algunas medidas que garanticen el sometimiento de los mismos al procedimiento como la prohibición de salida al país, la constitución de un domicilio, la firma mensual de los imputados en el juzgado”, detalló el fiscal.
Los demás imputados por la Fiscalía son: René Orlando Miglio, director de Obras; Ramona Teresa Bogado Benítez, propietaria del edificio; Roberto Montiel Cabral, sereno; y los arquitectos Mario Bruno Urbina, y Roberto Faustino Ramírez.
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Imputan al intendente de Encarnación por derrumbe que dejó dos víctimas fatales
El Ministerio Público imputó al intendente de Encarnación, Luis Yd, en el marco de la investigación por el trágico derrumbe de un edificio ocurrido el pasado 2 de abril en la capital de Itapúa, que ocasionó el fallecimiento de una mujer y de su nieta.
Además del jefe comunal, otras cinco personas fueron procesadas por el mismo caso. De acuerdo con la información oficial, algunas de ellas fueron señaladas como presuntos autores materiales, mientras que otras figuran como cómplices en la causa penal abierta por los fiscales Ever Williams, Francisco Martínez y Rocío Valdez.
Los demás imputados son: René Orlando Miglio, director de Obras; Ramona Teresa Bogado Benítez, propietaria del edificio; Roberto Montiel Cabral, sereno; y los arquitectos Mario Bruno Urbina, y Roberto Faustino Ramírez.
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Los hechos están caratulados como homicidio culposo y realización de actividades peligrosas en la construcción. El colapso del edificio generó una profunda conmoción en la comunidad encarnacena, y en todo el país, que exige respuestas sobre los controles y responsabilidades en torno a las obras civiles autorizadas por la municipalidad.
El representante legal de la familia de las víctimas, Rolando Aquino, había manifestado que el intendente encarnaceno tenía una responsabilidad en el siniestro y que debía ser imputado por la Fiscalía. "El intendente Luis Yd es el administrador, él es el ejecutivo. Nada se hace sin que él autorice", fueron las palabra del abogado para una entrevista pasada a Nación Media.
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Imputan y piden cárcel por intento de hurto de un pedazo de carne, pero el juez lo eximió de prisión
El Ministerio Público imputó a un hombre por el intento de hurto de un pedazo de carne valuado en G. 101.900 de un local de conveniencia. Igualmente, el fiscal del caso, Julio Paredes Duarte, pidió la prisión del imputado, pero el juez penal de Garantía de la capital de turno, Francisco Acevedo, lo eximió de prisión a César Marcelo Sosa Martínez. El hecho se registró el pasado 20 de junio.
El caso es uno de los numerosos que se presenta en el Poder Judicial y podría considerarse como hecho bagatelario.
El acta de imputación revela que en fecha 20 de Junio de 2025, siendo las 20:56, una persona de sexo masculino ingresa al local de conveniencia situado sobre las calles Teodoro S. Mongelos y 33 Orientales de la ciudad de Asunción. El personal de seguridad se da cuenta de la actitud sospechosa del hoy imputado por lo que el guardia y funcionarios del local procedieron a interceptar a dicha persona encontrando en su poder un pedazo de carne tipo tapa cuadril, cuyo valor aproximado es de G. 101.900.
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Seguidamente se dio aviso al sistema de emergencia 911 de la Policía Nacional, acudiendo al lugar personal policial de la Comisaría 7a., quienes al llegar al local visualizaron que los empleados ya tenían reducido a un hombre que quedó detenido.
Luego fue citado a una audiencia indagatoria y posteriormente el Ministerio Público presentó la imputación por intento de hurto de un pedazo de carne.
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Avanza compromiso del Estado en cumplir sentencia de la Corte IDH en resarcir a comunidad indígena
Tras una reunión desarrollada en la sede de la organización TierraViva, representantes convencionales de la comunidad indígena Xákmok Kásek del pueblo Sanapaná, informaron haber dado un paso significativo hacia el cumplimiento de uno de los puntos resolutivos de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), se llevó a cabo una reunión clave con líderes de la comunidad.
“La reunión fue clave para avanzar en el compromiso del Estado paraguayo de resarcir a la comunidad Xákmok Kásek y buscar mecanismos efectivos para la protección de sus derechos económicos, sociales y culturales, así como para garantizar su bienestar y pleno reconocimiento”, explicó César Palacios, director general de Comunicación Estratégica, en nombre del Comité Interinstitucional de Cumplimiento de Sentencias Internacionales (CICSI).
Jurisprudencia
Según recordaron, el caso de la Comunidad Xákmok Kásek contra el Estado paraguayo, resuelto por la Corte IDH, en el año 2010, constituye un hito en la jurisprudencia interamericana sobre los derechos de los pueblos indígenas.
La sentencia reconoció la violación de los derechos territoriales de la comunidad y la falta de protección de sus derechos económicos, sociales y culturales, subrayando la responsabilidad estatal en garantizar su subsistencia y dignidad.
La comunidad Xákmok Kásek, perteneciente al pueblo Sanapaná, habitó ancestralmente el territorio en disputa. Durante décadas, el Estado paraguayo desatendió sus solicitudes de reconocimiento y titulación de tierras, permitiendo además actividades de explotación forestal sin su consentimiento.
Esta omisión tuvo un impacto devastador en el medio ambiente y en los recursos naturales de la comunidad, afectando gravemente su calidad de vida.
“Durante la reunión se revisaron los textos destinados a la publicación oficial de la sentencia, conforme a lo estipulado por la Corte IDH, y se discutieron mecanismos de difusión para visibilizar el caso y garantizar el derecho a la verdad de la comunidad”, indicaron.
Presentes en la reunión
Del encuentro participaron líderes y miembros de la comunidad Amancio Ruiz, Serfin López, Richard Ruiz y Patricio Iter; también técnicos de la organización Tierraviva como Adriana Agüero, Natalia Rodríguez, Arnaldo Aldana, Ricardo Morínigo y Carlos Goncalvez.
En representación del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), estuvo César Palacios.