Este jueves se inició el juicio oral y público contra Hugo Andrés González Sosa y los hermanos Robert, Braulio y Arnaldo Ramón Alcaraz González, acusados por el homicidio de los guardaparques Artemio Villalba, de 51 años, y Rumildo Toledo, de 36 años, quienes custodiaban la Reserva Tapytá, en San Juan Nepomuceno del departamento de Caazapá.
Luego de 3 años del ataque y varias suspensiones, finalmente se realiza el juicio siendo que anteriormente varios fiscales fueron apartados de la causa previamente.
Toledo y Villalba se encontraban realizando su tarea de patrullaje en la Reserva Tapytá hasta que fueron emboscados por sus asesinos, quienes dispararon directamente a la altura de la cabeza. Toledo falleció en el acto y Villalba 14 días después de estar internado en terapia intensiva, en agosto del 2019.
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En setiembre de ese año, la Fiscalía imputó a Braulio Alcaraz González, Robert Alcaraz González, Hugo González Sosa, Arnaldo Ramón Alcaraz González y Daniel González Britos, quien hasta el momento continúa prófugo.
Resaltan que los imputados permanecieron prófugos de la justicia por casi dos años y medio. El 4 de marzo del 2020 fueron detenidos los hermanos Robert, Braulio y Arnaldo Ramón Alcaraz González.
En tanto que luego del hecho se presentó ante la justicia Hugo González Sosa, quien solicitó prisión domiciliaria, la cual fue denegada y fue remitido a la Penitenciaría Regional de San Pedro para luego ser trasladado a la Penitenciaría Regional de Villarrica, donde continúa cumpliendo prisión preventiva.
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Campaña “Soy Guardaparque”
Luego del crimen, varias instituciones y organizaciones impulsaron la campaña “Soy Guardaparque”, que busca visibilizar la importancia del rol del guardaparque y así exigir justicia para los trabajadores mediante el esclarecimiento del asesinato y el castigo de los responsables, y la modificación de la ley que regula el trabajo de los mismos en Paraguay.
La Reserva Tapytá cuenta con 4.736 hectáreas, se encuentra ubicada en el distrito de San Juan Nepomuceno del departamento de Caazapá, entre otras dos áreas silvestres protegidas como el Parque Nacional Caazapá y el Parque Nacional San Rafael.
La reserva es administrada por la Fundación Moisés Bertoni desde el 2003 e implementa diversas actividades de conservación.
La investigación inicialmente estuvo a cargo de la fiscala Gladys Jiménez, quien fue apartada. Luego fue designada la fiscal Karina Escurra, quien también fue apartada del cargo. Seguidamente se designó al fiscal Carlos Mercado junto al fiscal coadyuvante Federico Delfino, este último permanece a cargo porque Mercado fue apartado por recusación de la defensa de los familiares de las víctimas.