El fiscal Luis Chamorro inició el proceso en contra de la menor de edad acusada de asesinar de una estocada al vendedor de chipas. Foto: Captura de pantalla.
Imputan a adolescente implicada en muerte de chipero
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La niña de 14 años que habría apuñalado y matado a un chipero fue imputada por robo agravado y homicidio doloso, exponiéndose a una eventual condena de 8 años de pena privativa de libertad. La edad de la menor fue corroborada por la Fiscalía ante la duda por la falta de documento de identidad.
El chipero se encontraba en una parada ubicada frente al Mercado de Abasto a la espera de un colectivo luego de finalizar su jornada laboral. En ese momento, la adolescente lo habría asesinado en compañía de un joven de 22 años, acusado de ser el coautor del hecho y quien ya está detenido.
El fiscal Luis Chamorro inició el proceso en contra de la menor de edad acusada de asesinar de una estocada y robar al vendedor de chipas. Igualmente, solicitó la internación de la menor en un centro de desintoxicación debido a la situación de vulnerabilidad al respecto de su adicción a drogas.
“Ahora mismo está imputada, va a ser sometida a una investigación con una eventual condena. En principio teníamos la duda de su edad, pero ya corroboramos con el Departamento de Informática que está por cumplir 15 años. Ella ya es pasible de una imputación”, expresó el fiscal Chamorro.
A su vez, señaló que deberá acudir a realizarse estudios psicológicos por parte de personal especializado. Indicó que una abogada de la Defensoría Pública se hará cargo de su caso. La menor cuenta con antecedentes por tenencia de estupefacientes.
Para el fiscal, el caso está “prácticamente” cerrado debido a que cuentan con testigos presenciales que ya declararon, además del arma utilizada e imágenes de circuito cerrado que registraron el trágico hecho ocurrido en la mañana de ayer lunes.
“Creemos que el joven de 22 años es coautor del robo agravado y que planificaron juntos el hecho. Por su situación de adicción solicité primeramente su internación en un centro de desintoxicación”, sostuvo Chamorro en contacto con el canal GEN, esta mañana.
La menor fue detenida mientras permanecía escondida en una casa abandonada utilizada como refugio para otros niños en situación de vulnerabilidad. En el lugar, se encontraron colchones, cigarrillos, latas de cerveza y otros objetos.
El ciudadano argentino que realizó la amenaza podría ser imputado por producción de riesgos comunes, coacción y coacción grave, eso sin contar las sanciones pecuniarias y administrativas que podría aplicar la Dinac. Foto: Gentileza
Alerta de bomba en el aeropuerto: Fiscalía determinará jurisdicción del caso
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Ayer domingo se desarrolló un operativo de seguridad en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi luego de que un pasajero que acababa de abordar un avión con destino a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, manifestara que tenía una bomba en su equipaje de mano.
“Estamos asumiendo la conducta bajo varios códigos penales, pero también vamos a tener en cuenta el lugar del hecho, se realizó dentro de una aeronave con matrícula argentina eventualmente nosotros podríamos ceder la intervención a la justicia argentina o tomar la jurisdicción para formular lo que corresponda al derecho, pero estamos analizando las opciones”, dijo el fiscal del caso Federico Delfino en comunicación con el programa “Arriba Hoy”, emitido por Gen y Universo 970 AM/Nación Media.
Aseguró que si la Fiscalía paraguaya llega a quedarse con el caso, el ciudadano argentino podría ser imputado por cargos como producción de riesgos comunes, coacción y coacción grave, eso sin contar las sanciones pecuniarias y administrativas que podría aplicar la Dinac como ente regulador aeroportuario, pudiendo inclusive prohibir que este hombre vuelva a volar con destino a Paraguay desde cualquier destino y viceversa.
Tras la amenaza de bomba el capitán de la aeronave alertó a la torre de control y se activó el protocolo de seguridad, empezando por suspender el vuelo. La aeronave fue aislada a la zona de seguridad y posteriormente a la detención del pasajero que mencionó que portaba un explosivo se procedió a la evacuación de los más de 150 pasajeros y la tripulación, quienes fueron nuevamente inspeccionados al igual que sus equipajes para descartar cualquier amenaza.
Si bien se descartó la presencia de algún explosivo minutos después de haber iniciado el protocolo de seguridad, el pasajero identificado como Guillermo Bertolotto, de 58 años, de nacionalidad argentina quedó bajo custodia policial en la Comisaría 3ª de Luque a disposición del Ministerio Publicó y las autoridades de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), quienes ahora deberán decidir la manera de proceder ante el hecho.
Chile decreta toque de queda tras asesinato de carabineros
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EUROPA PRESS.
El Gobierno chileno anunció la imposición del toque de queda entre las 00:00 y las 7:00 en las comunas de Cañete, Contulmo y Tirúa en respuesta al asesinato de tres carabineros en la región del Bío-Bío. El subsecretario del Interior de la Delegación Presidencial del Bío-bío, Manuel Monsalve, informó de la medida, que busca facilitar la investigación que se está realizando y además, “tener un mejor control territorial”, según recoge la emisora Radio Bío-Bío.
“Hay medidas de control y de prevención que se toman, y hay equipos que se desplazan para garantizar que en frente a esos riesgos haya capacidad de respuesta”, sostuvo. El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, viajó hasta la zona y denunció que “esto no fue casual”. “¿Por qué nos matan?, ¿por qué nos siguen persiguiendo?, ¿por qué nos siguen atacando?, ¿por qué nos siguen generando tanto daño? si solo tratamos de contribuir a la paz de este país”, planteó.
Las autoridades chilenas confirmaron el sábado que tres carabineros murieron a tiros y posteriormente acabaron calcinados en un ataque bajo investigación ocurrido en una zona muy conflictiva del sur del país, en un incidente que llevó a Gabriel Boric a declarar el estado de luto nacional y a suspender su agenda para desplazarse inmediatamente al lugar.
Chile decreta toque de queda en tres comunas tras asesinato de carabineros
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El gobierno chileno anunció la imposición del toque de queda entre las 00:00 y las 7:00 en las comunas de Cañete, Contulmo y Tirúa en respuesta al asesinato de tres carabineros en la región del Bíobío. El subsecretario del Interior de la Delegación Presidencial del Bío Bío, Manuel Monsalve, informó de la medida, que busca facilitar la investigación que se está realizando y además, “tener un mejor control territorial”, según recoge la emisora Radio BioBío.
“Hay medidas de control y de prevención que se toman, y hay equipos que se desplazan para garantizar que en frente a esos riesgos haya capacidad de respuesta”, sostuvo. El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, viajó hasta la zona y denunció que “esto no fue casual”. “¿Por qué nos matan?, ¿por qué nos siguen persiguiendo?, ¿por qué nos siguen atacando?, ¿por qué nos siguen generando tanto daño? si solo tratamos de contribuir a la paz de este país”, planteó.
Las autoridades chilenas confirmaron el sábado que tres carabineros muerieron a tiros y posteriormente acabaron calcinados en un ataque bajo investigación ocurrido en una zona muy conflictiva del sur del país, en un incidente que llevó a Gabriel Boric a declarar el estado de luto nacional y a suspender su agenda para desplazarse inmediatamente al lugar.
Los tres estaban patrullando por la comunidad de Cañete, provincia de Arauco, cuando se enzarzaron en un tiroteo con atacantes desconocidos quienes, tras matar a los agentes, procedieron a prender fuego a su vehículo con ellos dentro.
Otras versiones publicadas en prensa especulan con que los carabineros fueron emboscados, reducidos, maniatados y después asesinados antes de que fuera incendiada su camioneta. El hallazgo de los cuerpos fue realizado por personal del bomberos, quienes llegaron al lugar tras recibir un aviso sobre el incendio del vehículo.
Abogados de Abdo y gavilla no refutan imputación y buscan sabotear causa
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Por Cinthia Mora
Periodista
Los abogados defensores de Mario Abdo Benítez y varios exministros de su gabinete, ante la imposibilidad de negar los hechos que se describen en el acta de imputación y refutar con argumentos, se dedican a paralizar el proceso penal y sabotear el trabajo de la Fiscalía. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos destrabar la causa y permitir que la investigación
La estrategia de defensa desarrollada por los abogados de Mario Abdo Benítez y su gavilla se dedica desde el 11 de marzo pasado, fecha en que se conoció la imputación, a la defensa mediática más que jurídica. Presentaron una docena de recursos procesales que lograron, hasta ahora, paralizar la causa.
La campaña desatada por los medios afines al abdismo y los abogados defensores para intentar invalidar la imputación cae por su propio peso al demostrarse que todo el procedimiento fiscal estuvo ajustado a lo que establece la ley penal. Las actuaciones de los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, actualmente desafectados de la causa, contó con aval y control judicial. El acta de imputación fue admitida por un Juzgado Penal de Garantías por reunir todos los requisitos que establece la ley.
Uno de los argumentos utilizados por la estrategia mediática de los abogados para intentar sabotear la investigación es que sus clientes “no fueron notificados” por la Fiscalía de que estaban siendo investigados. Trasladando el mismo argumento al plano de lo absurdo, a partir de ahora los casos de narcotráfico o secuestro que se encuentren en plena etapa de investigación (durante la etapa preparatoria) se tendrían que poner a conocimiento de los sospechosos la existencia de una investigación en curso.
Ante la imposibilidad de refutar los más de 40 elementos que aporta la Fiscalía y que sostienen la imputación, una de las abogadas defensoras, Cecilia Pérez, quien actúa en representación del diputado Mauricio Espínola, plantea este argumento: “Esta es una causa jurídico-política y separar no es posible”; mientras que su defendido, quien sigue gozando de fueros, solicita que la causa “comience de cero”.
Tanto el actual diputado, sobre quien existe un pedido de desafuero para que se someta a la Justicia, como su abogada Cecilia Pérez no pueden desconocer la existencia de la publicación realizada con los datos confidenciales.
En una entrevista radial, la propia Cecilia Pérez quedó en “off side” cuando fue consultada sobre la ilegalidad de la publicación realizada por su cliente y solo atinó a responder que en este caso le corresponde hablar como abogada y no en otra condición.
Esos documentos confidenciales filtrados, según sostienen los fiscales, se obtuvieron de la Seprelad, ya que consta en los registros encontrados durante la pesquisa, que fueron redactados dentro de una oficina paralela por funcionarios ajenos a la institución y montados exclusivamente para perseguir a los enemigos políticos de Abdo.
DILACIÓN EN LA CORTE
Hace 15 días que los ministros e integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera, César Diesel y Manuel Ramírez Candia, no resuelven la recusación que pesa sobre los camaristas María Belén Belén Agüero, Arnaldo Fleitas y Jesús Riera, recusados por el abogado Felino Amarilla, defensor del imputado por la filtración de información de la Seprelad, Carlos Arregui, extitular de esa institución.
Una vez que los magistrados se expidan sobre la recusación contra los camaristas, los mismos a su vez deberán estudiar la recusación contra la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera. En caso de que Lovera sea confirmada para el presente caso, deberá resolver más de doce chicanas presentadas por los abogados defensores del expresidente y sus excolaboradores.
Arnaldo Giuzzio, exministro del gobierno de Abdo
NUEVO EQUIPO DE FISCALES
Por otra parte, el fiscal Osmar Segovia, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, conformará el equipo de agentes fiscales encargados de investigar al exmandatario Mario Abdo Benítez y otros ocho altos funcionarios de su administración en la causa que investiga la denuncia por persecución política durante su gobierno con el uso de las instituciones públicas como garrote político.
La decisión fue dada a conocer a través de la resolución n.° 986 firmada por el titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón. De esta forma, Segovia se integra al equipo conformado por Fabiola Molas y Guillermo Sanabria para continuar con las investigaciones en torno a las supuestas filtraciones de informes de inteligencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).