Este miércoles el abogado Claudio Lovera terminará de exponer los alegatos finales para posteriormente ingresar a la última parte del juicio, que es la réplica y dúplica para luego el Tribunal de Sentencia dictar el fallo de primera instancia. Foto: Gentileza.
Definirán este miércoles si absuelven de culpa y pena a OGD y su hijo
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Con la última parte de la exposición de los alegatos finales del abogado Claudio Lovera, defensor del exsenador Óscar González Daher y su hijo Rubén González Chaves, proseguirá este miércoles el juicio oral y público para padre e hijo por supuesto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa. Posteriormente, ya el Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Yolanda Portillo, Yolanda Morel y Jesús Riera definirá si absuelven de culpa y pena o no a OGD y su hijo.
El abogado Claudio Lovera, defensor del exparlamentario y su hijo, criticó el pedido del Ministerio Público sobre el comiso de las cuentas de los dos procesados.
“La Fiscalía incumplió los procedimientos requeridos por la Ley 6431/19 de comiso, causando una notoria indefensión de mis representados, por lo que el tribunal de sentencia jurídicamente no puede hacer al pedido formulado por la fiscalía”, manifestó el citado profesional del derecho.
Explicó que “el informe pericial de la Fiscalía duplicó y hasta triplicó inversiones en certificados de depósito de ahorro, presentándolas como de origen desconocido, supuestamente, situación que no se ajusta al derecho porque se demostró que el origen de los ingresos es lícito”.
Seguidamente, Lovera agregó que “en cuanto a la figura del supuesto enriquecimiento ilícito, luego de 6 meses de juicio y una serie de rectificaciones de la perito del Ministerio Público, se determinó que los ingresos de mis representados son lícitos”.
El abogado acotó además que “con relación al supuesto lavado de dinero mediante la compra de 4 inmuebles en el 2016 por parte de la sociedad Príncipe Di Savoia, dicha afirmación se contradice con las propias conclusiones del Ministerio Público, que señaló que la sociedad tuvo ingresos por cerca de G. 14 mil millones, depositados en cuentas del presidente de la misma, Rubén González Chaves, y que en los alegatos finales fueron calificados como ingresos lícitos en coincidencia con las conclusiones de la Subsecretaría de Estado de Tributación y la propia perito de la Fiscalía”.
Caso Boidanich: informes son favorables y debilitan acusación
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El abogado Claudio Lovera, representante legal del extitular de la Seprelad Óscar Boidanich, señaló que el resultado de las diligencias efectuado durante el periodo de sobreseimiento provisional no respalda la acusación fiscal presentada. Según el letrado, los informes recolectados por el Ministerio Público fueron a favor de su cliente –acusado por lavado de dinero y frustración a la persecución penal– por lo que correspondía el sobreseimiento definitivo y no una acusación fiscal.
Igualmente, el referido profesional del derecho indicó que “las diligencias que sustentaron el sobreseimiento provisional se encontraban destinadas a determinar los alcances de la comunicación entre la Seprelad y la Coaf (Unidad de Inteligencia Financiera del Brasil), y las respuestas obtenidas a dichas diligencias realizadas por la Fiscalía comprueban que fue la Seprelad la que, proactivamente, no solamente solicitó, sino también compartió información, así como claramente no fue ocultada información alguna proporcionada mediante los mecanismos correspondientes. Es decir, no surgieron elementos nuevos que autoricen una reapertura en el sentido de una acusación”, indicó el abogado Lovera.
Asimismo, el defensor de Boidanich precisó que el Ministerio Público no cuenta con los argumentos necesarios para sostener la acusación en contra de su defendido. El profesional citó que en junio de 2024 se sobreseyó de manera provisional al exfuncionario, y un año después se reabre la causa sin los elementos que prueben la supuesta retención de informes.
“La Fiscalía solicitó el sobreseimiento provisional y afirmó en ese momento que no contaba con elementos que cumplan con el estándar que autoriza una acusación, y señaló el sobreseimiento provisional porque indicó al juzgado que esperaba en el plazo de un año puedan reunirse determinados elementos que, en su caso, sería complementar la información analizada y que pueda eventualmente cambiar esta primera apreciación”, explicó Lovera, ayer jueves, en entrevista al programa “Así son las cosas” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La acusación de los fiscales Alma Zayas, Diego Arzamendia, Deny Yoon Pak, Jorge Arce y Francisco Cabrera señala que se habría ocultado información al Ministerio Público sobre las operaciones sospechosas de personas y empresas ligadas a Darío Messer, las cuales habían sido reportadas por tres entidades bancarias, entre junio de 2017 hasta el 16 de abril de 2018. Claramente este aspecto fue refutado por la defensa de Boidanich.
Fiscalía pidió estudio de bienes de los Pereira Rieve en una causa penal
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En la reciente conferencia de prensa de su empresa para explicar la participación en la fallida construcción que terminó desplomándose el pasado 2 de abril en Encarnación, el diputado Carlos Pereira Rieve, conocido hoy como “El mago del sur” por su meteórico ascenso económico, alardeó resultados de un estudio de correspondencia por parte de la Contraloría. Atribuyó el citado estudio a “intereses políticos”, pero en realidad es un análisis que había solicitado el Ministerio Público en el marco de una investigación sobre enriquecimiento ilícito.
Nadie sabe o nadie quiere hablar del tema. Después de aquella condena de un agente de la Senad por presunto pedido de coima en el cual, apareció como víctima en extrañas circunstancias el entonces intendente de Cambyretã, Francisco Javier Pereira Rieve, actual gobernador y hermano del hoy calificado “Mago del sur”, diputado Carlos Pereira Rieve, el Ministerio Público continuó la pesquisa y al parecer, los roles cambiaron.
Y mientras el hoy diputado Carlos Pereira Rieve, conocido “Mago del sur” por su fortuna en tiempo récord, dijo hace unos días a la prensa que tiene en manos un estudio de correspondencia con resultados brillantes que le había realizado la Contraloría General de la República (CGR), “a pedido de intereses políticos”, los documentos cuentan otra historia que, raramente se guarda con mucha reserva.
El parlamentario había mencionado el estudio de correspondencia de bienes de la CGR al ser abordado sobre el origen del dinero para inversiones en dos empresas en tiempo récord. Cabe recordar que el mismo, 6 meses antes de ingresar como concejal departamental de Itapúa, armó junto con otros tres socios una empresa denominada Mega Servicios de Ingeniería SRL con un modesto capital de G. 200 millones.
Según la escritura de constitución en su página 5, Carlos Pereira Rieve integró la sociedad con la módica suma de G. 2,5 millones, una notebook, escritorio y silla de oficina, un archivero y algunos materiales técnicos que sumados dan G. 50 millones. Esta empresa no figura en la declaración jurada presentada por Pereira Rieve al asumir como concejal departamental, pero lo más llamativo es el salto financiero para pasar de unos pocos muebles a una empresa con capital social de G. 6.000 millones en la que de entrada integraron G. 4.150 millones.
Precisamente, la empresa hoy valuada en más de USD 2 millones según los entendidos en la materia, es la hormigonera Mega Concret SA que proveyó el concreto y cargó las losas del edificio caído que, fuera aprobado por la administración de su aliado político, Luis Yd en condiciones muy dudosas.
El diputado Pereira Rieve, dijo a la prensa que todo está muy bien justificado en sus finanzas. “Justamente tengo finalizado, concluido, remitido por la Contraloría General de la República un examen especial de correspondencia hecho sobre mi persona a pedido de intereses políticos que estamos superbién. No se encuentra ninguna irregularidad”, había remarcado.
Oficio de la Fiscalía a través del cual se había solicitado examen de correspondencia a los hermanos Pereira Rieve en causa sobre enriquecimiento ilícito
INVESTIGACIÓN PENAL
Es cierto que la CGR inició un examen de correspondencia de bienes de los hermanos Pereira Rieve que están en la Función Pública. Es decir, al actual gobernador, su hermano el diputado y a Gladys Estela Pereira Rieve, secretaria privada de su hermano en la Gobernación de Itapúa.
El dato no menor y que no condice con la versión que brindó el diputado liberal es que el examen de correspondencia que inició la CGR es pedido del Ministerio Público en el marco de una causa abierta caratulada: “Francisco Javier Pereira Rieve S/Enriquecimiento y otros”, que se mantiene de manera casi oculta y que data de diciembre de 2022.
El pedido del examen de correspondencia lo había realizado el exfiscal Omar Legal, 4 meses después de que condenaran a un agente antidrogas que cayó por denuncia de Francisco Javier Pereira Rieve, entonces intendente de Cambyretã, hoy día gobernador de Itapúa.
Además del presunto enriquecimiento ilícito de los hermanos Pereira Rieve, fuentes de la institución hablan de investigaciones que estaban vinculadas al narcotráfico que posiblemente estén relacionadas a los informes de inteligencia recabados por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) que quedaron en el limbo, cuando el agente antidrogas mordió el anzuelo y acordó un presunto cobro para limpiar el expediente de su investigado Francisco Javier Pereira Rieve. De esta forma, el investigado se convirtió en víctima y denunciante.
El proceso continuó y llegó a la condena del agente antidrogas, pero nada se sabe de los informes recabados ni el curso de las investigaciones que involucraban al hoy gobernador como presunto líder de una organización criminal.
Ante el silencio de las instituciones consultamos al diputado Pereira Rieve sobre la investigación fiscal por presunto enriquecimiento ilícito y respondió que no está al tanto. “No sé, no tengo ninguna causa sobre eso en la Fiscalía, pero capaz ustedes manejan mejor la info”.
Docente acosador: fiscal deslinda responsabilidad en jueces y apelará sentencia
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El fiscal Rodrigo Vázquez confirmó que apelará el fallo del tribunal de sentencia que otorgó el sobreseimiento al docente de Villarrica acusado de abuso por medios tecnológicos a una alumna de 11 años. Defendió su actuación señalando que presentó todas las evidencias sobre el caso que aparentemente no fueron consideradas por los integrantes del máximo tribunal.
“Fue un caso muy sonado a nivel nacional y estuve leyendo la sentencia hace dos días me habían notificado. Estoy analizando bien, pero sí voy a estar recurriendo”, señaló este jueves el agente fiscal al programa “Dos en la ciudad” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El agente del Ministerio Público rebatió las afirmaciones del presidente de la tribunal de sentencia, el magistrado Julio Alfonso, quien alegó la falta de pruebas fehacientes para sostener la acusación contra el docente investigado.
Tribunal no puede alegar que no vio
“La prueba se produjo en el juicio. O sea que ellos tuvieron la inmediatez, vieron la captura de pantalla. Declaró la nena, cámara Gesell, la mamá. O sea sí se produjo la prueba, todas las capturas, audios, fotos se produjeron en juicio, la cual asentó en sentencia”, manifestó.
El abogado explicó que en la acusación se incorporaron algunos mensajes que se configuraban dentro del tipo penal. “Ellos vieron por la inmediatez, o sea tuvieron conocimiento. El presidente no puede decir que no vio. O sea que ninguno de los miembros puede decir que no se exhibió los mensajes”, ratificó.
El fiscal afirmó que no quiere debatir la interpretación, al mismo tiempo de insistir que se colectaron todas las pruebas y presentadas para su consideración por los magistrados. “Con esas pruebas creemos que sí se configuraba el tipo penal. Que sí se probó el hecho punible. Que el Tribunal haya interpretado de otra manera, por esa razón vamos a estar apelando”, remarcó.
El exministro del Interior de Abdo Benítez, Arnaldo Giuzzio, fue denunciado en su momento por supuesto enriquecimiento ilícito y declaración falsa, cuyas expectativas de penas superan los 10 años de cárcel. Foto: Archivo
Fiscalía pide blanquear a Giuzzio en causa por enriquecimiento ilícito
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Los fiscales Silvio Corbeta y Elena Fiore pidieron al juzgado de garantía blanquear al exministro del Interior de Abdo Benítez, Arnaldo Giuzzio, denunciado en su momento por supuesto enriquecimiento ilícito y declaración falsa, cuyas expectativas de penas superan los 10 años de cárcel.
Ahora, el juzgado de garantía deberá decidir si hace lugar a dejar impune el caso o da trámite de oposición para que el fiscal General del Estado, Emiliano Rolón Fernández, pueda decidir si la investigación seguirá o se concretará la impunidad para Giuzzio.
En caso de que el fiscal General decida seguir investigando el caso, se tendrá que realizar numerosas diligencias más para poder definir si Giuzzio es responsable de los hechos punibles de enriquecimiento ilícito, declaración falsa y tráfico de influencia. Los representantes del Ministerio Público llegaron a la conclusión de que Giuzzio posee un perfil económico que le permite justificar su capacidad adquisitiva y el posible incremento de su patrimonio.
La denuncia penal fue presentada en sede de la Fiscalía General del Estado y se realizó sobre inconsistencias entre los ingresos del exministro y su estilo de vida. Igualmente, la denuncia mencionaba la adquisición de un terreno en la ciudad de San Bernardino y una camioneta, entre otros bienes.
A lo largo de los meses, los fiscales realizaron varias diligencias, entre las que se encuentran pedidos de informes a entidades financieras, tributarias y registrales, incluyendo informes de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).
Asimismo, se solicitó un informe técnico a la Dirección General de Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional, específicamente al Departamento de Investigación Patrimonial, que analizó ingresos, egresos, bienes muebles e inmuebles, cuentas bancarias y movimientos financieros.