El juicio oral y público para el exsenador Óscar González Daher y su hijo Rubén González Chaves ingresa a su etapa final y el abogado Claudio Lovera, defensor de padre e hijo, presentó los alegatos finales del presente caso.
El referido profesional del derecho explicó con detalles y argumentos al tribunal de sentencia que no se probó ningún hecho punible durante los seis meses del juicio oral. El miércoles continúa la audiencia con la última parte de la exposición de los alegatos finales del acusado González Chaves.
Lovera manifestó en sus alegatos finales que “el informe pericial de la Fiscalía duplicó y hasta triplicó inversiones en certificados de depósito de ahorro, presentándolas como de origen desconocido, supuestamente, situación que no se ajusta al derecho porque se demostró que el origen de los ingresos es lícito”.
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Agregó que “por falta de análisis y conciliaciones entre cuentas, también la Fiscalía duplicó depósitos, presentando una situación patrimonial que no se corresponde con la realidad. Incluso, por ausencia de un mínimo análisis en la pericia, se requirió la condena de González Chaves utilizando o incluyendo depósitos de los salarios del padre”.
Pidieron absolución de OGD
El abogado Claudio Lovera solicitó el pasado jueves al tribunal de sentencia integrado por los jueces Yolanda Portillo, Yolanda Morel y Jesús Riera la absolución de culpa y pena del exsenador Óscar González Daher por no probarse ningún hecho punible acusado por el Ministerio Público. Los fiscales del presente caso son Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera.
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BCP aclara que los CDA no están incluidos en las dos primeras etapas de pago
El Banco Central del Paraguay (BCP) respondió a las consultas más frecuentes sobre el pago de la garantía a los depositantes de Ueno Bank y recordó que los Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) no están comprendidos en los dos primeros grupos de pago. La información sobre las siguientes etapas será comunicada próximamente por los canales oficiales del BCP.
La banca matriz reiteró este domingo que en esta primera etapa, los pagos están en marcha para los clientes que tenían depósitos de hasta G. 10 millones en Ueno Bank, siempre que no registren préstamos pendientes ni deudas de tarjetas de crédito con la entidad y cuenten con otra cuenta en un banco o financiera. La misma modalidad se aplica al segundo grupo, integrado por depositantes con saldos de hasta G. 121 millones, que también deben cumplir con esas condiciones.
Asimismo, aclararon que es el Banco Central el que transfiere los recursos a las entidades bancarias y financieras, mientras que estas últimas son las encargadas de concretar los pagos a los ahorristas afectados.
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Por otra parte, explicaron que los pagos pueden experimentar demoras momentáneas en el caso de los clientes que tengan débitos automáticos u otras operaciones similares vinculadas a sus tarjetas de crédito, debido a las verificaciones necesarias antes de liberar los fondos.
Con respecto a las personas que no eran clientes de otro banco o financiera, indicaron que el BCP y las entidades del sistema financiero trabajan en la habilitación de una cuenta que tendrá una vigencia de al menos 90 días, a fin de facilitar la recepción del dinero.
Asimismo, si un depositante considera que recibió un monto inferior al que le corresponde, la institución mencionó que podría tratarse de un primer pago en concepto de anticipo, que posteriormente será completado.
“Los casos se irán revisando posteriormente teniendo en cuenta que la prioridad ahora es ir liberando los pagos de aquellos clientes que ya tienen todo chequeado y confirmado”, agregaron en un video publicado en sus redes sociales. Por último, reiteraron que el objetivo es procesar correctamente todos los casos y así garantizar que los ahorristas reciban todos los recursos que les corresponden.
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La Fiscalía imputa a Peña y requiere su prisión preventiva
Los fiscales Christian Benítez, Silvia González, Elena Fiore y Ruth Benítez formalizaron el Acta N.º 7 contra el exmandatario y el extitular del BCP.
En un nuevo giro dentro del entramado judicial que rodea la quiebra de ueno bank SA, el Ministerio Público presentó en la mañana del sábado la imputación formal contra el expresidente de la República, Santiago Peña Palacios, y el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, en la Causa Penal N.º 92/2026.
La investigación fiscal sitúa a ambos exfuncionarios en el centro de un esquema de irregularidades en la canalización, renovación y mantenimiento de fondos estatales y previsionales hacia la mencionada entidad bancaria, además de cuestionar la omisión o adulteración de informes de fiscalización del sistema financiero.
Los hechos atribuidos el rol de los imputados
La Fiscalía imputó a Santiago Peña por la supuesta comisión de administración en provecho propio (en calidad de autor) y lesión de confianza (en calidad de instigador).
La hipótesis del equipo investigador señala que, durante su mandato presidencial, Peña influyó directamente en la colocación e inmovilización de recursos públicos en ueno bank, entidad con la que mantenía vínculos económicos y accionarios a través de ueno Holding SAECA.
Entre los elementos recabados figuran registros de reuniones con directivos del Instituto de Previsión Social (IPS) para direccionar inversiones financieras hacia la firma.
Por su parte, a Carlos Carvallo se le atribuyen los hechos de lesión de confianza, administración en provecho propio y producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, todos en calidad de autor.
El Ministerio Público indaga su gestión al frente del BCP por presuntamente flexibilizar la supervisión y omitir alertas sobre límites de exposición crediticia y préstamos a empresas vinculadas del grupo. Asimismo, se analiza una nota remitida al Senado el pasado 7 de octubre de 2026, cuyo contenido habría alterado datos técnicos concluyentes de la banca matriz.
Volumen de fondos y severidad de las medidas cautelares
Reportes de la Dirección General del Tesoro Público (MEF) revelan que, a setiembre de 2026, los depósitos de organismos estatales en ueno bank sumaban aproximadamente G. 3,6 billones (G. 3.608.550.782.201) y USD 233,4 millones.
Ante la magnitud del perjuicio patrimonial estimado y los riesgos procesales, la representación fiscal solicitó al Juzgado Penal de Garantías la prisión preventiva para Peña y Carvallo, sumada a la inhibición general de vender y gravar bienes, la localización de activos y el bloqueo preventivo de todas sus cuentas bancarias e inversiones.
Expresidente seguirá en el Escolta Presidencial
El juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, resolvió que el exmandatario Santiago Peña seguirá guardando reclusión en la sede del Regimiento Escolta Presidencial. El economista se encuentra imputado por los hechos punibles de lesión de confianza y administración en provecho propio, en calidad de autor.
La medida apunta a garantizar su permanencia en el país y su sometimiento al proceso penal abierto por la causa ueno bank, evitando el riesgo de fuga. El magistrado comentó que para la decisión se tuvo en cuenta la información sensible que Peña manejó durante su gobierno, tanto financiera como relacionada con el crimen organizado y las leyes antilavado.
Otazú mencionó también que Peña se abstuvo de declarar. “Acá tenemos dos circunstancias, medidas cautelares de cáracter personal y real. Con respecto a la primera el juzgado ya ha tomado la decisión y se ha decretado la prisión preventiva del ciudadano Santiago Peña a los efectos de que pueda seguir el proceso, entendemos que se debe tener las garantías de su permanencia en el país es por eso que se decretó su prisión preventiva.
Se maneja mucha información sensible y entiendo que la prudencia debe reinar”, comentó a los medios de comunicación.
Agregó que “seguirá guardando reclusión en el Regimiento Escolta Presidencial y se tiene en consideración toda la información que él pudo haber manejado como primer mandatario tanto en el ámbito financiero y del crimen organizado. Se sabe que estos son flagelos que tienen mucha repercusión y son circunstancias que uno debe tener en cuenta”.
Con relación a los demás requerimientos realizados por el Ministerio Público como por ejemplo, decreta la inhibición general de enajenar y gravar sus bienes, la identificación e inmovilización de sus cuentas bancarias, depósitos e inversiones, así como la localización de sus bienes y derechos patrimoniales, Otazú refirió que “el juzgado está analizando, hay circunstancias que consideramos pertinentes”.
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Fiscalía imputa a Santiago Peña y requiere su prisión preventiva
La Fiscalía requiere la prisión preventiva del expresidente de la República, Santiago Peña, al ser imputado por lesión de confianza y administración en provecho propio, en calidad de autor. Además, decreta la inhibición general de enajenar y gravar sus bienes, en el marco de la causa judicial ueno bank.
También solicita la identificación e inmovilización de sus cuentas bancarias, depósitos e inversiones, así como la localización de sus bienes y derechos patrimoniales.
La imputación contra Peña quien se expone a una pena de hasta 15 años de cárcel, fue impulsada por los agentes fiscales Elena Fiore, Christian Benítez, Silvia González Véster y Ruth Benítez. La medida surgió luego de la declaración indagatoria por tres horas al economista, quien fue destituido ayer viernes de forma unánime por el Congreso Nacional vía juicio político.
El proceso de investigación apunta a establecer si existieron decisiones o gestiones desde el Ejecutivo que incidieron en la canalización de recursos estatales hacia el banco, cuyos directivos Juan Manuel Gustale Cardoni, Federico Miguel Vázquez Villasanti, Diana Leticia Mongelós González, Julio Daniel Rey Fernández, Mariana Torres Rubiani, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte Schussmuller y Miguel Ángel Almada se encuentran imputados por lesión de confianza, conducta indebida en situaciones de crisis, tentativa de estafa y violación de la obligación de llevar libros de comercio.
Se busca a la vez determinar si esas actuaciones habrían generado beneficios indebidos para intereses particulares. El otro eje de la investigación se centra en los créditos que la entidad bancaria habría concedido a sociedades vinculadas a su propio grupo económico, mientras recibía y administraba fondos de entes públicos y previsionales.
La Fiscalía busca determinar si existió un manejo irregular de esos recursos y si las operaciones crediticias se realizaron en condiciones que pudieron comprometer los intereses patrimoniales involucrados.
Parte del acta de imputación menciona que “Santiago Peña, en ejercicio de la presidencia de la República, habría intervenido en el proceso mediante el cual organismos y entidades del Estado habrían colocado, renovado y mantenido importantes sumas de dinero en ueno bank S.A., entidad con la cual habría mantenido una relación económica y corporativa previa y directa”.
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El documento agrega que “pese a esa vinculación, durante su administración se habría producido un incremento y una concentración relevante de fondos públicos y previsionales en ueno bank S.A., provenientes, entre otras entidades, del IPS, Itaipú Binacional, Yacyretá, ANDE, la Caja de Jubilados y Pensionados de la ANDE, la Caja Bancaria y Cajubi. Al mes de setiembre del 2026, dichos fondos habrían alcanzado, según cifras preliminares de la Dirección Nacional del Tesoro Público, G.3.608.550.782.201 y USD 233.400.495″.
La imputación también menciona que al 30 de septiembre de 2026, el patrimonio de ueno bank ascendía a G. 2.525.148 millones, de acuerdo con el balance publicado por la entidad.
El documento menciona además que “durante casi los dos primeros años de su mandato presidencial, Santiago Peña habría mantenido simultáneamente su condición de presidente de la República y una participación accionaria y relación corporativa en ueno Holding S.A.E.C.A., sociedad vinculada a ueno bank dentro del mismo grupo empresarial”.
La imputación manifiesta también que “considerando la situación patrimonial del banco, Santiago Peña habría intervenido públicamente para sostener la confianza en la entidad en tres momentos diferentes”. Cabe recordar que el pasado 3 de noviembre el Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso por unanimidad el procedimiento de resolución y disolución del banco tras detectarse que su índice de solvencia cayó por debajo del 50 % del mínimo requerido por ley.
“De esta manera, pese a la existencia de informes técnicos que advertían sobre irregularidades en las operaciones crediticias, posibles excesos regulatorios y riesgos para la situación patrimonial de ueno bank S.A., Santiago Peña habría continuado respaldando públicamente la situación financiera de dicha entidad, sin que se haya tomado medidas precautorias con relación a los fondos públicos allí colocados”, expresa.
Los hechos investigados se sustentan en denuncias presentadas el 5 de noviembre de 2026 por parlamentarios de la oposición, entre ellos Yolanda Paredes, Rafael Filizzola, Lucía Mendoza, Esperanza Martínez, Rubén Velázquez, Ignacio Iramain, Johanna Ortega y Ever Villalba.
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Peña y Carvallo deben presentarse hoy ante la Fiscalía
El expresidente de la República, Santiago Peña, y el extitular del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, deberán presentarse este sábado ante el Ministerio Público para su audiencia indagatoria, en el marco de la investigación penal abierta por las presuntas irregularidades vinculadas al caso ueno bank. Será en la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA).
De acuerdo con los horarios establecidos, Peña deberá comparecer a las 11:30, mientras que Carvallo tiene fijada su presentación para las 15:30. Ambos se encuentran alcanzados por una orden fiscal de detención dispuesta el viernes 6 de noviembre, dentro de la causa penal N.º 92/2026, caratulada “Santiago Peña Palacios y otros s/ lesión de confianza y otros”.
La investigación está a cargo de un equipo de agentes fiscales de las unidades especializadas de Delitos Económicos y Anticorrupción y Delitos Informáticos. La causa busca esclarecer las presuntas responsabilidades de autoridades y exautoridades en las operaciones de ueno bank, los mecanismos de supervisión del sistema financiero y la colocación de fondos públicos en la entidad.
Como antecedente, el Ministerio Público había anunciado el jueves 5 de noviembre la apertura de tres causas penales relacionadas con las denuncias sobre el funcionamiento del banco, la supervisión ejercida por el BCP y los recursos estatales depositados en la entidad. Entre las denuncias también se incorporaron cuestionamientos sobre las actuaciones de autoridades del Gobierno y del ente regulador.
El escándalo de ueno derivó en la renuncia de Peña, presentada el jueves, que no fue aceptada por el Congreso Nacional. Posteriormente, el Senado avanzó con el juicio político y resolvió su destitución el viernes, por mal desempeño de funciones. Tras la decisión, el vicepresidente Pedro Alliana asumió la Presidencia de la República.
Horas después de conocerse la destitución, la Fiscalía anunció la imputación de Peña y ordenó su detención, al igual que la de Carvallo, en el marco de las investigaciones por presunta lesión de confianza y otros hechos punibles. De esta manera, las comparecencias previstas para este sábado constituyen un nuevo capítulo en la investigación judicial. Tras su audiencia, sabremos si declararon o se abstuvieron.
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