Ciudad del Este. Agencia Regional.
El suboficial segundo Ariel Sanabria Ortiz fue imputado por el fiscal Luis Trinidad por homicidio doloso y omisión de auxilio, a la vez de señalar que hay peligro de fuga y solicitó su prisión.
El policía guarda reclusión en la Comisaría Séptima del barrio San José de Ciudad del Este. La imputación es raíz de la muerte de Osvaldo Barrios (29), ocurrida por la tarde del miércoles 4 de julio, cuando se realizaba la persecución de un hombre que atropelló una barrera policial supuestamente y luego llevó por delante otros rodados.
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La víctima fatal no tenía nada que ver con la persecución y el proyectil recibió cuando desde una patrullera realizaron disparos contra el automóvil que estaba siendo perseguido y conducido por Noor Salam Cardozo, quien también fue detenido y fue imputado esta tarde por varios hechos punibles.
El suboficial Sanabria Ortiz se presentó ante el Ministerio Público con su abogado Julio Ramírez y prestó declaración.
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Policía frustró asalto, persiguió a los sospechosos, abatió a uno e hirió a otro en CDE
Este miércoles, un agente policial que se encontraba en su día libre presenció un asalto y auxilió a una mujer a la que intentaban robarle su motocicleta en el departamento de Alto Paraná. Tras una persecución, se produjo un intercambio de disparos que terminó con uno de los asaltantes abatido y su cómplice herido; ambos contaban con antecedentes penales.
Según el reporte policial, el hecho se registró a la altura del kilómetro 12 durante la siesta de hoy, cuando dos maleantes interceptaron a una mujer que iba en su motocicleta e intentaron despojarla de sus pertenencias. Un agente policial que se encontraba libre de servicio intervino al escuchar el pedido de auxilio.
Durante la persecución a la mujer, uno de ellos habría efectuado un disparo para intimidarla y ante los gritos, el agente decidió iniciar una persecución y en el ese proceso los maleantes realizaron más disparos. La situación obligó al policía a enfrentarlos para evitar ser herido en el momento.
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“Se trata de un personal que se encontraba libre de servicio, a quien la víctima le pidió auxilio y este decidió prestar esa ayuda y los siguió en su vehículo particular, cuando se dieron cuenta que estaban siendo seguidos ya realizaron disparos hacia la humanidad del personal policial”, expresó el comisario Armando Gamarra, en C9N.
Afirmó que se produjo un intercambio de disparos y como resultado, uno de los presuntos delincuentes recibió un impacto de bala y cayó muerto sobre el pavimento, mientras que el otro resultó herido y fue llevado a un centro asistencial. El intento de robo no llegó a concretarse gracias a la rápida intervención del agente policial.
“La intención de esta persona, según el relato de la víctima, era despojarla de una motocicleta y de sus celulares, pero en este caso no se concretó la intención de estas personas. Ambos hombres cuentan con dos antecedentes penales, justamente por robo grabado y otro hecho criminal”, indicó.
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Imputan a un hombre que habría perseguido a su expareja hasta la comisaría para amenazarla
Ciudad del Este. Agencia Regional.
En la Fiscalía de Presidente Franco inician proceso contra un hombre por violencia familiar y coacción. Se trata de una causa abierta a raíz de la denuncia de una mujer en contra de su expareja tras haberla perseguido supuestamente hasta la comisaría para impedir que lo denunciara por violencia familiar y amenazarla de nuevo.
El fiscal Alberto Torres Flores, de la Unidad Penal N.º 3 es quien investiga el caso en el que imputó a un hombre de 26 años, tras denuncia presentada por su expareja, de 24 años.
Los hechos ocurrieron el 4 de noviembre pasado, alrededor de las 16:00, cuando el hombre intentó obligar a su expareja a ingresar a su departamento en contra de su voluntad, en el edificio María Celeste de Presidente Franco. Pero, la joven no quería y consiguió escapar, siendo auxiliada por un automovilista que la trasladó a una comisaría.
El presunto agresor, según la denuncia, siguió hasta la comisaría donde nuevamente habría amenazado de muerte a la víctima. Tras el incidente, el fiscal de turno ordenó la detención preventiva del supuesto victimario.
Al prestar declaración ante el Ministerio Público, la mujer manifestó que durante la convivencia de la pareja sufrió agresiones físicas y reiterados maltratos verbales y psicológicos, de parte del citado.
Manifestó además que los hechos de violencia se prolongaron durante un largo tiempo y motivaron el fin de la relación. No obstante, supuestamente, su expareja continuó persiguiéndola y coaccionándola a retomar la relación, incluso con amenazas de tomar acciones más drásticas contra sí mismo, si ella lo abandonaba.
La Fiscalía cuenta con la denuncia y los informes policiales de la Subcomisaría 11.ª del Área 5 de Presidente Franco, un informe médico y otro de contención, además de los otros escritos de rigor por las cuales inició proceso contra el denunciado, quien quedó a disposición del Juzgado de Garantías.
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La Fiscalía imputa a Peña y requiere su prisión preventiva
Los fiscales Christian Benítez, Silvia González, Elena Fiore y Ruth Benítez formalizaron el Acta N.º 7 contra el exmandatario y el extitular del BCP.
En un nuevo giro dentro del entramado judicial que rodea la quiebra de ueno bank SA, el Ministerio Público presentó en la mañana del sábado la imputación formal contra el expresidente de la República, Santiago Peña Palacios, y el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, en la Causa Penal N.º 92/2026.
La investigación fiscal sitúa a ambos exfuncionarios en el centro de un esquema de irregularidades en la canalización, renovación y mantenimiento de fondos estatales y previsionales hacia la mencionada entidad bancaria, además de cuestionar la omisión o adulteración de informes de fiscalización del sistema financiero.
Los hechos atribuidos el rol de los imputados
La Fiscalía imputó a Santiago Peña por la supuesta comisión de administración en provecho propio (en calidad de autor) y lesión de confianza (en calidad de instigador).
La hipótesis del equipo investigador señala que, durante su mandato presidencial, Peña influyó directamente en la colocación e inmovilización de recursos públicos en ueno bank, entidad con la que mantenía vínculos económicos y accionarios a través de ueno Holding SAECA.
Entre los elementos recabados figuran registros de reuniones con directivos del Instituto de Previsión Social (IPS) para direccionar inversiones financieras hacia la firma.
Por su parte, a Carlos Carvallo se le atribuyen los hechos de lesión de confianza, administración en provecho propio y producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, todos en calidad de autor.
El Ministerio Público indaga su gestión al frente del BCP por presuntamente flexibilizar la supervisión y omitir alertas sobre límites de exposición crediticia y préstamos a empresas vinculadas del grupo. Asimismo, se analiza una nota remitida al Senado el pasado 7 de octubre de 2026, cuyo contenido habría alterado datos técnicos concluyentes de la banca matriz.
Volumen de fondos y severidad de las medidas cautelares
Reportes de la Dirección General del Tesoro Público (MEF) revelan que, a setiembre de 2026, los depósitos de organismos estatales en ueno bank sumaban aproximadamente G. 3,6 billones (G. 3.608.550.782.201) y USD 233,4 millones.
Ante la magnitud del perjuicio patrimonial estimado y los riesgos procesales, la representación fiscal solicitó al Juzgado Penal de Garantías la prisión preventiva para Peña y Carvallo, sumada a la inhibición general de vender y gravar bienes, la localización de activos y el bloqueo preventivo de todas sus cuentas bancarias e inversiones.
Expresidente seguirá en el Escolta Presidencial
El juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, resolvió que el exmandatario Santiago Peña seguirá guardando reclusión en la sede del Regimiento Escolta Presidencial. El economista se encuentra imputado por los hechos punibles de lesión de confianza y administración en provecho propio, en calidad de autor.
La medida apunta a garantizar su permanencia en el país y su sometimiento al proceso penal abierto por la causa ueno bank, evitando el riesgo de fuga. El magistrado comentó que para la decisión se tuvo en cuenta la información sensible que Peña manejó durante su gobierno, tanto financiera como relacionada con el crimen organizado y las leyes antilavado.
Otazú mencionó también que Peña se abstuvo de declarar. “Acá tenemos dos circunstancias, medidas cautelares de cáracter personal y real. Con respecto a la primera el juzgado ya ha tomado la decisión y se ha decretado la prisión preventiva del ciudadano Santiago Peña a los efectos de que pueda seguir el proceso, entendemos que se debe tener las garantías de su permanencia en el país es por eso que se decretó su prisión preventiva.
Se maneja mucha información sensible y entiendo que la prudencia debe reinar”, comentó a los medios de comunicación.
Agregó que “seguirá guardando reclusión en el Regimiento Escolta Presidencial y se tiene en consideración toda la información que él pudo haber manejado como primer mandatario tanto en el ámbito financiero y del crimen organizado. Se sabe que estos son flagelos que tienen mucha repercusión y son circunstancias que uno debe tener en cuenta”.
Con relación a los demás requerimientos realizados por el Ministerio Público como por ejemplo, decreta la inhibición general de enajenar y gravar sus bienes, la identificación e inmovilización de sus cuentas bancarias, depósitos e inversiones, así como la localización de sus bienes y derechos patrimoniales, Otazú refirió que “el juzgado está analizando, hay circunstancias que consideramos pertinentes”.
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Fiscalía imputa a Santiago Peña y requiere su prisión preventiva
Los fiscales Christian Benítez, Silvia González, Elena Fiore y Ruth Benítez formalizaron el Acta N.º 7 contra el exmandatario y el extitular del BCP.
En un nuevo giro dentro del entramado judicial que rodea la quiebra de ueno bank SA, el Ministerio Público presentó en la mañana del sábado la imputación formal contra el expresidente de la República, Santiago Peña Palacios, y el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, en la Causa Penal N.º 92/2026.
La investigación fiscal sitúa a ambos exfuncionarios en el centro de un esquema de irregularidades en la canalización, renovación y mantenimiento de fondos estatales y previsionales hacia la mencionada entidad bancaria, además de cuestionar la omisión o adulteración de informes de fiscalización del sistema financiero.
LOS HECHOS ATRIBUIDOS Y EL ROL DE LOS IMPUTADOS
La Fiscalía imputó a Santiago Peña por la supuesta comisión de administración en provecho propio (en calidad de autor) y lesión de confianza (en calidad de instigador).
La hipótesis del equipo investigador señala que, durante su mandato presidencial, Peña influyó directamente en la colocación e inmovilización de recursos públicos en ueno bank, entidad con la que mantenía vínculos económicos y accionarios a través de ueno Holding SAECA.
Entre los elementos recabados figuran registros de reuniones con directivos del Instituto de Previsión Social (IPS) para direccionar inversiones financieras hacia la firma.
Por su parte, a Carlos Carvallo se le atribuyen los hechos de lesión de confianza, administración en provecho propio y producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, todos en calidad de autor.
El Ministerio Público indaga su gestión al frente del BCP por presuntamente flexibilizar la supervisión y omitir alertas sobre límites de exposición crediticia y préstamos a empresas vinculadas del grupo. Asimismo, se analiza una nota remitida al Senado el pasado 7 de octubre de 2026, cuyo contenido habría alterado datos técnicos concluyentes de la banca matriz.
VOLUMEN DE FONDOS Y SEVERIDAD DE LAS MEDIDAS CAUTELARES
Reportes de la Dirección General del Tesoro Público (MEF) revelan que, a setiembre de 2026, los depósitos de organismos estatales en ueno bank sumaban aproximadamente G. 3,6 billones (G. 3.608.550.782.201) y USD 233,4 millones.
Ante la magnitud del perjuicio patrimonial estimado y los riesgos procesales, la representación fiscal solicitó al Juzgado Penal de Garantías la prisión preventiva para Peña y Carvallo, sumada a la inhibición general de vender y gravar bienes, la localización de activos y el bloqueo preventivo de todas sus cuentas bancarias e inversiones.
Expresidente seguirá guardando reclusión en el REP
El juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, resolvió que el exmandatario Santiago Peña seguirá guardando reclusión en la sede del Regimiento Escolta Presidencial. El economista se encuentra imputado por los hechos punibles de lesión de confianza y administración en provecho propio, en calidad de autor.
La medida apunta a garantizar su permanencia en el país y su sometimiento al proceso penal abierto por la causa ueno bank, evitando el riesgo de fuga. El magistrado comentó que para la decisión se tuvo en cuenta la información sensible que Peña manejó durante su gobierno, tanto financiera como relacionada con el crimen organizado y las leyes antilavado.
Otazú mencionó también que Peña se abstuvo de declarar. “Acá tenemos dos circunstancias, medidas cautelares de cáracter personal y real. Con respecto a la primera el juzgado ya ha tomado la decisión y se ha decretado la prisión preventiva del ciudadano Santiago Peña a los efectos de que pueda seguir el proceso, entendemos que se debe tener las garantías de su permanencia en el país es por eso que se decretó su prisión preventiva.
Se maneja mucha información sensible y entiendo que la prudencia debe reinar”, comentó a los medios de comunicación.
Agregó que “seguirá guardando reclusión en el Regimiento Escolta Presidencial y se tiene en consideración toda la información que él pudo haber manejado como primer mandatario tanto en el ámbito financiero y del crimen organizado. Se sabe que estos son flagelos que tienen mucha repercusión y son circunstancias que uno debe tener en cuenta”.
Con relación a los demás requerimientos realizados por el Ministerio Público como por ejemplo, decreta la inhibición general de enajenar y gravar sus bienes, la identificación e inmovilización de sus cuentas bancarias, depósitos e inversiones, así como la localización de sus bienes y derechos patrimoniales, Otazú refirió que “el juzgado está analizando, hay circunstancias que consideramos pertinentes”.