Gabriel Ramón Robledo Rolón planteó una demanda de indemnización por daños y perjuicios contra la jueza de Ejecución Yolanda Morel, esposa del actual ministro Manuel Ramírez Candia, y contra el Estado paraguayo por haber estado privado ilegalmente de su libertad por 475 días, es decir 1 año, 3 meses y 20 días. Se pidió en la demanda civil la suma de G. 4.055 millones por los días que estuvo privado de su libertad de forma irregular.
El juez en lo civil y comercial Walter Mendoza salió sorteado para entender en la presente demanda y será el mismo magistrado quien deberá admitir o no la presente acción. Ahora la jueza Yolanda Morel deberá contestar la presente demanda en su contra.
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El accionante tenía varias condenas, una por homicidio en 1999, por 12 años; otra por resistencia a la autoridad, lesión y tentativa de homicidio en la estancia Cuatro Vientos, Chaco, de 12 años. Sobre estas condenas se estableció una pena unitaria de 18 años, compurgados el 16 de febrero del 2018, pero el mismo recuperó años después su libertad a pesar de que ya compurgó la totalidad de su pena.
Igualmente, se había planteado un habeas corpus ante la Sala Penal de la Corte, pero el mismo se rechazó debido a que el hombre ya abandonó su lugar de reclusión.
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Decretan prisión de “La Maldad”, mano derecha de Sebastián Marset
La jueza del Crimen Organizado, Rosarito Montanía, decretó la prisión preventiva de José Fernando Estigarribia alias “La Maldad”, deportado desde los Emiratos Árabes y quien sería la mano derecha del supuesto narcotraficante uruguayo, Sebastián Marset.
Estigarribia estará privado de su libertad en la cárcel Martín Mendoza, de la ciudad de Emboscada, específicamente en el pabellón de máxima seguridad.
La jueza decidió enviarlo a dicha penitenciaría considerando principalmente la peligrosidad de la delincuencia organizada de alto perfil y la lucha de poderes de este tipo de organizaciones, cuyos miembros se encuentran distribuidos en las distintas cárceles del país.
El imputado fue funcionario del Ministerio Público, específicamente de la Unidad Antidrogas y es conocido con el sobrenombre de “La Maldad”, en el mundo de las artes marciales mixtas (MMA).
De acuerdo a los datos recabados, Estigarribia ingresó a la organización de Marset del que sería hombre de confianza, como guardaespaldas de su esposa y testaferro.
Según la investigación, esta persona aportó su imagen, experiencia y cuentas bancarias para crear empresas de fachada utilizadas para blanquear dinero, justificando egresos ficticios mediante publicidad y eventos, con el objetivo de simular operaciones comerciales lícitas.
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Más de 5.000 hectáreas de piña cultivadas impulsan crecimiento económico de familias rurales
El cultivo de la piña se consolida como uno de los principales rubros frutícolas de renta en Paraguay, con una demanda creciente tanto en el mercado local como internacional. La superficie cultivada supera las 5.100 hectáreas, lo que refleja un crecimiento sostenido que impacta directamente en las economías rurales, según datos del Censo Agropecuario Nacional 2022.
Su alto valor nutricional, rendimiento económico y buena aceptación comercial la posicionan como una opción rentable para la agricultura familiar campesina. Este dinamismo productivo convirtió a la piña en un motor de desarrollo en comunidades que dependen del agro para su sustento.
Actualmente, miles de familias en San Pedro, Concepción, Caaguazú, Alto Paraná y Canindeyú generan ingresos sostenibles a partir de este fruto, destacan desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
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A través de la Dirección de Extensión Agraria (DEAg), el MAG acompaña a los productores en todas las etapas del proceso, desde la preparación del suelo y el manejo técnico del cultivo, hasta la cosecha y comercialización.
También resaltan que la incorporación de variedades como la MD-2 (Golden), ampliamente aceptada en mercados exigentes, fortalece la competitividad del rubro. Como parte de su estrategia para potenciar este rubro, el MAG prevé continuar fortaleciendo el acceso a mercados, la infraestructura de postcosecha y las oportunidades de transformación agroindustrial, articulando esfuerzos con otras instituciones del Estado y aliados del sector privado.
Expo 2025
Durante una charla en el stand del MAG en la Expo Paraguay 2025, denominada “De la tierra al logro: Historia real de la producción de Piña”, el especialista del Ministerio de Agricultura, Francisco Paniagua, destacó que el cultivo de piña requiere condiciones edafoclimáticas específicas para lograr un desarrollo óptimo.
Especificó que se adapta mejor a temperaturas entre 18° y 35°, con precipitaciones anuales entre 800 mm y 1500 mm, y suelos bien aireados, de textura franca a franco-arenosa, con buen drenaje y pH entre 5 a 6.
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Evitan millonario pago por indemnización
La Corte Suprema de Justicia rechazó una demanda promovida por un exfuncionario de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), quien reclamaba alrededor de G. 5.400 millones en concepto de indemnización por supuestos daños y perjuicios derivados de una destitución que consideraba injustificada.
Los ministros de la Corte César Garay, Eugenio Jiménez y Alberto Martínez Simón firmaron la resolución judicial.
En la demanda civil, el exfuncionario de la Ande había solicitado el 3 % mensual de intereses sobre tal monto, suma que alcanzaba los G. 11.500 millones solo en intereses. Además, se ahorraron los posibles honorarios profesionales de los abogados del demandante, lo que habría representado un desembolso total de G. 20.608.583.310 para el Estado paraguayo.
La Procuraduría General de la República, en ejercicio de la representación legal del Estado, defendió la improcedencia de la demanda y sostuvo que no se cumplían los requisitos legales para una condena por responsabilidad civil extracontractual.
En su sentencia, la Corte señaló que no se acreditaron ni la existencia de un daño jurídicamente comprobado, ni el vínculo causal directo entre la actuación de los funcionarios y los perjuicios alegados, ni un factor de atribución válido.
El fallo resalta que las demandas contra el Estado deben demostrar con claridad los cuatro elementos esenciales de la responsabilidad civil: antijuridicidad, daño, nexo causal y factor de atribución. La sola disconformidad con un acto administrativo no basta para fundar una pretensión indemnizatoria, especialmente cuando los actos cuestionados ya han sido revisados en otras vías jurisdiccionales.
Este caso constituye un precedente relevante en la defensa del erario público y reafirma el compromiso institucional de la Procuraduría General de la República en asegurar una representación jurídica eficiente, que permita resguardar los intereses del Estado ante reclamos infundados.
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La Procuraduría General de la República evitó el pago multimillonario en juicio por indemnización
La Corte Suprema de Justicia rechazó una demanda promovida por un exfuncionario de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), quien reclamaba alrededor G. 5.400 millones en concepto de indemnización por supuestos daños y perjuicios derivados de una destitución que consideraba injustificada. Los ministros de la Corte César Garay, Eugenio Jiménez y Alberto Martínez Simón firmaron la resolución judicial.
En la demanda civil, el exfuncionario de la Ande había solicitado el 3 % mensual de intereses sobre tal monto, suma que alcanzaba los G. 11.500 millones solo en intereses. Además, se ahorraron los posibles honorarios profesionales de los abogados del demandante, lo que habría representado un desembolso total de G. 20.608.583.310 para el Estado paraguayo.
La Procuraduría General de la República, en ejercicio de la representación legal del Estado, defendió la improcedencia de la demanda y sostuvo que no se cumplían los requisitos legales para una condena por responsabilidad civil extracontractual. En su sentencia, la Corte señaló que no se acreditaron ni la existencia de un daño jurídicamente comprobado, ni el vínculo causal directo entre la actuación de los funcionarios y los perjuicios alegados, ni un factor de atribución válido.
El fallo resalta que las demandas contra el Estado deben demostrar con claridad los cuatro elementos esenciales de la responsabilidad civil: antijuridicidad, daño, nexo causal y factor de atribución. La sola disconformidad con un acto administrativo no basta para fundar una pretensión indemnizatoria, especialmente cuando los actos cuestionados ya han sido revisados en otras vías jurisdiccionales.
Este caso constituye un precedente relevante en la defensa del erario público y reafirma el compromiso institucional de la Procuraduría General de la República en asegurar una representación jurídica eficiente, que permita resguardar los intereses del Estado ante reclamos infundados.
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