Gabriel Ramón Robledo Rolón planteó una demanda de indemnización por daños y perjuicios contra la jueza de Ejecución Yolanda Morel, esposa del actual ministro Manuel Ramírez Candia, y contra el Estado paraguayo por haber estado privado ilegalmente de su libertad por 475 días, es decir 1 año, 3 meses y 20 días. Se pidió en la demanda civil la suma de G. 4.055 millones por los días que estuvo privado de su libertad de forma irregular.
El juez en lo civil y comercial Walter Mendoza salió sorteado para entender en la presente demanda y será el mismo magistrado quien deberá admitir o no la presente acción. Ahora la jueza Yolanda Morel deberá contestar la presente demanda en su contra.
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El accionante tenía varias condenas, una por homicidio en 1999, por 12 años; otra por resistencia a la autoridad, lesión y tentativa de homicidio en la estancia Cuatro Vientos, Chaco, de 12 años. Sobre estas condenas se estableció una pena unitaria de 18 años, compurgados el 16 de febrero del 2018, pero el mismo recuperó años después su libertad a pesar de que ya compurgó la totalidad de su pena.
Igualmente, se había planteado un habeas corpus ante la Sala Penal de la Corte, pero el mismo se rechazó debido a que el hombre ya abandonó su lugar de reclusión.
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Justicia falla a favor de un peluquero que estuvo preso de forma ilegal durante 644 días
La jueza civil y comercial de Asunción, Rossana Frutos, resolvió que la Justicia debe pagar una indemnización de G. 221.807.288 más intereses a Marcelo Manuel Romero, un peluquero que estuvo privado de libertad por 22 meses por un proceso penal en el que luego fue desvinculado.
Según los antecedentes, Romero fue imputado, acusado y enviado a juicio oral pese a que el hecho investigado ocurrió cuando se encontraba fuera del país. Posteriormente, el Ministerio Público retiró la acusación al inicio del juicio oral y el hombre fue sobreseído definitivamente.
La magistrada concluyó que, aunque la prisión preventiva fue dictada dentro de un proceso formalmente regular, el resultado final del caso evidenció la existencia de un error judicial que generó daños indemnizables. El fallo tuvo por acreditado que Romero estuvo privado de libertad durante 644 días, circunstancia considerada como el hecho dañoso principal.
En concepto de lucro cesante, el juzgado fijó una indemnización de G. 71.807.288. Si bien el afectado no logró demostrar plenamente sus ingresos, la jueza aplicó criterios legales para determinar el monto correspondiente al perjuicio patrimonial sufrido.
En relación al daño moral, la resolución consideró probado el perjuicio emocional a partir de las circunstancias del caso y de un informe psiquiátrico que diagnosticó estrés postraumático. Por ello, se estableció una reparación adicional de G. 150.000.000.
La sentencia dispone que el pago deberá realizarse dentro de los diez días posteriores a que la resolución quede firme. Además, se ordenó el pago de intereses desde la notificación de la demanda, calculados conforme a la tasa promedio vigente más un 2,5 % mensual, lo que podría elevar considerablemente el monto final de la indemnización.
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Ecuador: sicarios asesinaron a una jueza amenazada en 2025
Una jueza de Ecuador fue asesinada a tiros cerca de la frontera con Perú en medio de un estado de excepción declarado por el gobierno en su lucha contra el crimen organizado, informaron autoridades ayer martes. La violencia no cede pese a las políticas de mano dura impuestas por el presidente Daniel Noboa como estados de excepción, toques de queda nocturnos y el despliegue permanente de militares en las calles.
Lady Pachar, de 41 años, fue baleada el lunes por dos sicarios en motocicleta en la ciudad de Machala (suroeste), cuando se movilizaba en un vehículo sin sus dos guardaespaldas, según la policía. Una fuente policial dijo el martes a la AFP que la jueza, quien había recibido amenazas en 2025, fue asesinada al parecer en represalia por la liberación de miembros de una banda.
Ana María Jaramillo, secretaria de la Comisión Académica del Colegio de Abogados de El Oro, aseguró que los jueces y fiscales quedan en riesgo cuando el gobierno revela las identidades de aquellos que considera corruptos o indulgentes con los criminales. Que “no sea irresponsable en dejar en evidencia a los jueces y juezas que administran justicia, sino que más bien les de la protección necesaria y suficiente para que puedan actuar con imparcialidad”, añadió.
Machala es capital de la provincia costera de El Oro, fronteriza con Perú, el segundo país con más narcocultivos del mundo después de Colombia. Vecino de ambas naciones, Ecuador se ha convertido en el centro de operaciones de bandas criminales que sacan la droga por el Pacífico y se lucran internamente de otros delitos como la extorsión.
Con el respaldo del gobierno de Donald Trump, Noboa intenta frenar la violencia desde que llegó al poder en 2023. Pero las organizaciones criminales han convertido a Ecuador en el país más violento de Suramérica con 51 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2025, según Insight Crime. El Oro, con más de 700.000 habitantes, registró 720 homicidios el año pasado, según Jaramillo.
Fuente: AFP.
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Atraso crítico en generación eléctrica pone en riesgo el crecimiento del país, advierten
El sector energético paraguayo atraviesa una situación preocupante marcada por el atraso en la ejecución de proyectos de generación, pese al fuerte crecimiento de la demanda. Así lo advirtió Ángel Recalde, exconsejero de Yacyretá, quien alertó que el país podría perder su histórica ventaja como exportador de energía si no se toman medidas urgentes.
Según explicó a Universo 970 AM/Nación Media, Paraguay cuenta actualmente con una capacidad instalada cercana a 8.770 megavatios, de los cuales alrededor de 7.600 están disponibles.
Sin embargo, la demanda viene creciendo a un ritmo acelerado. Solo en el último año aumentó en más de 600 megavatios, lo que refleja una presión cada vez mayor sobre el sistema eléctrico. Recalde señaló que este crecimiento no está siendo acompañado por nuevas inversiones en generación.
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Recordó que el plan maestro de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) 2021-2040 preveía el desarrollo de pequeñas centrales hidroeléctricas y proyectos solares desde hace varios años, pero estos no se concretaron.
“El atraso es de al menos cinco años”, sostuvo, al mencionar que para este momento el país ya debería contar con unos 700 megavatios adicionales distribuidos en distintas fuentes. Sin embargo, la mayoría de esos proyectos no avanzó, debido a trabas legales, cambios normativos y falta de ejecución.
Más demanda, sin nuevas fuentes
Uno de los factores que agrava la situación es el aumento de nuevas actividades intensivas en consumo energético, como la criptominería y la posible instalación de data centers. Estas inversiones, si bien son positivas para la economía, incrementan significativamente la demanda eléctrica.
“El país está atrayendo inversiones con tarifas competitivas, pero no está ampliando su capacidad de generación”, advirtió. Esto genera un desequilibrio entre oferta y demanda que, de no corregirse, podría llevar a Paraguay a depender de la importación de energía en el mediano plazo.
Recalde enfatizó que el país aún cuenta con un margen de energía disponible, pero cada vez más reducido. La diferencia entre la capacidad operativa y la demanda efectiva se está achicando rápidamente, lo que pone en riesgo la sostenibilidad del sistema.
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Justicia condena por difamación a una abogada
La jueza de Sentencia, Mesalina Fernández, condenó a la abogada María Esther Roa, encontrada culpable por difamar a Guillermo Duarte, a quien acusó de hechos graves como coima, soborno y tráfico de influencia mediante la difusión de un audio, cuya autenticidad no fue verificada.
La que dice ser representante del pueblo, pero nadie acude a sus movilizaciones, fue sancionada a 100 días de multa, pero la misma será reemplazada con la suspensión de la ejecución de la pena, bajo la condición de que la condenada María Esther Roa elimine la publicación y pida disculpas a Duarte, además de otras medidas que serán especificadas en la sentencia por escrito.
Las pruebas periciales fueron importantes en el presente caso y es por ello que el juzgado concluyó que el audio difundido no fue generado con inteligencia artificial, pero sí fue editado, montado y ensamblado a partir de fragmentos de otras declaraciones realizadas por Duarte.
En el material divulgado se escuchaba la voz del abogado, supuestamente manteniendo una conversación con quien sería un ministro de la Corte sobre un pedido de prescripción en una causa penal que involucra a su suegro, el ingeniero Carlos Heisele, extitular de la Ande, acusado por lesión de confianza.