El representante legal de Óscar Boidanich, exministro de la Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes), el abogado Claudio Lovera, señaló que el Ministerio Púbico no cuenta con los argumentos necesarios para sostener la denuncia en contra de su defendido. El letrado citó que en junio del 2024 se sobreseyó de manera provisional al exfuncionario, y un año después se reabre la causa sin los elementos que prueben la supuesta retención de informes.

“La fiscalía solicitó el sobreseimiento provisional y afirmó en ese momento que no contaba con elementos que cumplan con el estándar que autoriza una acusación, y señaló el sobreseimiento provisional porque indicó al juzgado que esperaba en el plazo de un año pueda reunirse determinados elementos que puedan, en su caso, sería complementar la información analizada y que pueda eventualmente cambiar esta primera apreciación”, explicó Lovera, este jueves, en entrevista al programa “Así son las cosas” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Con la reapertura de la causa, el profesional cuestiona que la fiscalía, un año después aún no cuenta con los argumentos. “Lo que ocurrió en el plazo de un año es que el Ministerio Público realizó las diligencias que indicó y todos los resultados justificaron, o en su caso particular, ratificaron que realmente desde la Seprelad no se realizó ningún tipo de conducta tendiente a beneficiar a ninguna persona en concreto, ni en específico, ni en general”, apuntó.

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La acusación de los fiscales Alma Zayas, Diego Arzamendia, Deny Yoon Pak, Jorge Arce y Francisco Cabrera, alega que se habría ocultado información al Ministerio Público sobre las operaciones sospechosas de personas y empresas ligadas a Darío Messer, las cuales habían sido reportadas por tres entidades bancarias; entre junio de 2017 hasta el 16 de abril de 2018.

El abogado refirió que todas las diligencias realizadas por el Ministerio Público favorecían la postura de que no había méritos para acusar. “No obstante, contrariando al resultado de estas diligencias, el Ministerio Público presentó una acusación y manejando el provisional como si fuera nada más una prórroga de tiempo para tomar una postura, y no es una figura prevista en ese sentido”, cuestionó.

Así también, detalló que cuando la fiscalía imputó y llamó a indagatoria a Boidanich se sostuvo la sospecha que denominan como demora injustificada, en el envío de un informe de inteligencia que fue realizado con una motivación en particular y, según la sospecha que la fiscalía tenía o afirmaba en ese momento, esa motivación era evitar el inicio de una investigación penal.

“Hoy en día, cuando ellos presentan su acusación, claramente sostienen que no acreditaron la existencia de ese motivo, es más, sostienen que ese motivo no existía, pero de todas formas acusan”, sentenció el abogado.

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El abogado Pedro Ovelar, representante legal del expresidente de la República, Horacio Cartes, sostuvo que la desestimación fiscal de la denuncia impulsada en el año 2022 por el exministro abdista Arnaldo Giuzzio contra su cliente, refuerza la denuncia de que, en el gobierno de Mario Abdo Benítez, las instituciones fueron instrumentalizadas para la persecución política y el terrorismo de Estado hacia sus adversarios electorales.

“Este es un elemento que sirve para la continuidad de la causa y que pasa a englosar los elementos probatorios en contra de los acusados de persecución política contra Cartes. Todos los elementos probatorios y el análisis realizados por la Fiscalía pasarán a formar parte de ese proceso judicial”, sostuvo Ovelar, este jueves, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El abogado hizo referencia al requerimiento de desestimación de la falsa denuncia impulsada por Giuzzio contra Cartes por supuesto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, evasión de impuestos y contrabando, tras desarrollarse casi una treintena de diligencias de investigación, que no encontraron sustento para los argumentos lanzados por el exministro en una exposición ante una sesión sin cuórum en el Congreso, en febrero de 2022, en que debía aclarar sobre un tiroteo ocurrido en un concierto en San Bernardino.

“Sería contradictorio que el Ministerio Público tome posiciones dispares en uno y otro caso, esto es congruente entre lo que acusó en marzo de este año y lo que desestimó en este mes de junio”, comentó Ovelar, en referencia a la causa por filtración de datos confidenciales de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) contra Abdo y sus exfuncionarios.

Giuzzio había alegado que la denuncia contra Cartes la había realizado en carácter personal, aunque con el aval del presidente Mario Abdo Benítez. Llamativamente, la acusación se produjo en medio de las recientes elecciones internas coloradas del 18 de diciembre del 2022. En ese entonces, Cartes y Abdo Benítez pujaban por la titularidad de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y contaban con sus respectivos precandidatos para la presidencia de la República, Santiago Peña (Honor Colorado) y Arnoldo Wiens (Fuerza Republicana).

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El 31 de julio del 2023, Cartes había denunciado que fue víctima de una persecución política orquestada desde el gobierno de Mario Abdo Benítez, mediante la instrumentalización de la Seprelad. En la causa fueron acusados los exfuncionarios abdistas Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Mauricio Espínola, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, quienes deberán enfrentar un juicio oral y público.

Mientras que en el Congreso aún sigue pendiente de tratamiento el desafuero de Abdo Benítez, en su calidad de senador vitalicio, así como de su exsecretario privado Mauricio Espínola, actual diputado. Pese a que el exmandatario alegó públicamente que se sometería a la justicia, fue blindado por sus aliados de la oposición.

Sin embargo, la causa judicial no avanza ante el bombardeo de chicanas impulsadas por los representantes legales de Mario Abdo Benítez y sus excolabo­radores con la finalidad de paralizar y entorpecer la acción de la justicia, y buscar mecanismos que tra­ben el mayor tiempo posible el rol de los actores de justicia.

“Realmente es vergonzoso la forma en que se abusa del derecho y de los mecanismos procesales, así terminaron casos sin analizarse, sin llegar al fondo de la cuestión como se pretende en este caso para que prescriba la causa, aunque aún estamos lejos de eso. Se debe poner un límite a esta inconducta procesal“, refirió Ovelar.

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• Washington, Estados Unidos. AFP.

El gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, anunció ayer miércoles sanciones contra varios líderes del Cartel de Jalisco Nueva Generación, incluido su fundador Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, sospechoso del asesinato de una influencer mexicana durante una transmisión en vivo.

El CJNG es un cartel mexicano que “utiliza el asesinato como táctica para intimidar a los rivales, e incluso enviar mensajes a otros carteles a través de los asesinatos selectivos de mujeres", afirma el Departamento del Tesoro en un comunicado. Además del tráfico de droga, el CJNG está implicado en el robo de combustible, el tráfico de migrantes y la corrupción.

El reciente descubrimiento de un campamento de reclutamiento del CJNG, el rancho Izaguirre en Jalisco (centro oeste), “subraya los métodos brutales del cartel”, añade. “El reinado del terror del CJNG en México y su tráfico de fentanilo hacia los Estados Unidos ha destruido innumerables vidas inocentes”, denunció el secretario del Tesoro Scott Bessent, citado en el texto.

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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sanciona al líder del CJNG, Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, bajo cuya dirección el cartel “ha asesinado a rivales, a la policía mexicana, jueces y otros funcionarios gubernamentales”, acusa Washington.

También apunta a su yerno Julio Alberto Castillo Rodríguez, considerado su posible sucesor. Su “influencia” en el puerto de Manzanillo (oeste) ha facilitado la adquisición de sustancias utilizadas para la fabricación de drogas, señala el comunicado. Otro de los sancionados es Gonzalo Mendoza Gaytan.

El rancho Izaguirre descubierto en marzo pasado estaba supuestamente dirigido por Mendoza, “quien ordenaba a sus lugartenientes entrenar a los nuevos reclutas del CJNG y matar a aquellos que desobedecían las instrucciones”, afirma el Tesoro.

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Audias Flores Silva, otro sancionado, es un comandante regional del CJNG que controla zonas en los estados mexicanos de Zacatecas, Guerrero, Nayarit, Jalisco y Michoacán. El último es Ricardo Ruiz Velasco, “cercano a ‘El Mencho’ y afiliado a una unidad de fuerzas especiales del CJNG”, un cartel declarado organización “terrorista” global por Washington.

También ha estado a cargo de la comunicación y propaganda del cartel. “Ruiz ha estado implicado en asesinatos de alto perfil en México durante más de una década, incluyendo un ataque mortal a policías mexicanos y los asesinatos de un funcionario del estado de Jalisco y una modelo venezolana”, afirma el comunicado.

Recientemente Ruiz fue identificado como el principal sospechoso “del feminicidio de su supuesta pareja”, la influencer mexicana Valeria Márquez, quien fue asesinada mientras transmitía en vivo. Como resultado de las sanciones, todos los bienes y participaciones de los sancionados que se encuentren en Estados Unidos o que estén en poder o bajo el control de estadounidenses quedan bloqueados.

Se suspendió el juicio oral y público que debe enfrentar Víctor Cantero, acusado por el feminicidio de María Ramona Cardozo, hecho registrado en el cerro Cristo Rey de Caacupé. La audiencia que tenía que desarrollarse en la sede judicial de Caacupé se tuvo que posponer debido a una acción de inconstitucionalidad que debe ser resuelta por la sala constitucional de la Corte.

Por su parte Blanca Cardozo, hermana de la víctima del suceso, critico la lentitud de la Justicia. “Queremos que se decida lo más rápido y para ello ya se debe iniciar el juicio oral y público”, señaló la hermana de la víctima.

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“Me duele en el alma esta situación, porque mi familia quedó destrozada. Les quiero mostrar cómo quedó mi mamá después de la desgracia que le ocurrió a mi hermana y dos años ya pasó de todo esto y no hay todavía justicia para nosotros”, indicó Blanca Cardozo, hermana de María Ramona.

El exfuncionario de la Policía Nacional, Víctor Cantero, está acusado como principal responsable del feminicidio de María Ramona Cardozo, quien estaba embarazada de 8 meses y cuya desaparición se denunció el 1 de julio de 2023, en Altos, departamento de Cordillera. Luego de varios días se encontraron los restos óseos de la mujer, que fueron encontrados quemados y descuartizados, tras un intenso rastrillaje con bomberos y canes especializados, en el cerro Cristo Rey de Caacupé.

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