Agentes de la Comisaría 2.ª Central aprehendieron a dos jóvenes por tenencia de estupefacientes, tras recibir un llamado de directivos del Colegio Dr. Fernando de la Mora por una riña en las inmediaciones. “Nos manifestaron que había un grupo de jóvenes en inmediaciones del colegio, aparentemente con intenciones de crear algún tipo de desorden, de enfrentamiento entre alumnos”, informó esta mañana el comisario Ismael Guerrero en declaraciones a la 1020.

Los aprehendidos fueron identificados como Alessandro Nicolás Delgado Acosta, de 18 años, y un adolescente de 17 años. El menor pertenecía anteriormente a la institución, pero fue expulsado hace un año, comentó el jefe policial.

Los intervinientes hallaron en poder de los jóvenes marihuana, clonazepam y arma blanca, y no se descarta que el objetivo sería comercializar la droga y el medicamento en los alrededores de la institución educativa.

“En poder del adolescente de 17 años hallaron tres bolsitas de sustancias, además de una tableta de clonazepam y cortaplumas. Y, en poder del otro joven de 18 años, una bolsita de marihuana, según se pudo confirmar por Narcóticos”, precisó el subjefe de la comisaría.

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Los muchachos fueron trasladados a la comisaría, donde quedaron en reclusión. También se convocó a personal de Narcóticos, que realizó los estudios primarios de campo y arrojó positivo a marihuana.

Todo lo actuado fue comunicado al fiscal antinarcóticos de San Lorenzo que una vez terminado los estudios de campo se dispuso la permanencia de los jóvenes en la comisaría a disposición de la unidad fiscal interviniente.

El agente policial mencionó que la nueva modalidad utilizada por los jóvenes es mezclar la marihuana con clonazepam y bebidas alcohólicas. “Mezclan y el efecto es bastante nocivo para los muchachos”, lamentó.

Los jóvenes se abstuvieron de declarar. “Se llamaron a silencio, pero no se puede descartar que la intención de ellos era comercializar la droga, como tampoco se puede descartar que era para su consumo personal”, indicó el uniformado.

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El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Ríos, cuestionó durante la sesión plenaria de la máxima instancia judicial al fiscal Leonardi Guerrero por hacer esperar durante varias horas a la jueza de Liquidación y Sentencia de Pedro Juan Caballero, Librada Peralta, imputada por usar documentos falsos para sumar puntos y obtener ventaja en un concurso ante el Consejo de la Magistratura.

Ríos criticó al citado agente fiscal debido a que la magistrada estuvo en la unidad fiscal a cargo de Guerrero por varias horas para que la atendiera sobre el proceso penal que enfrenta, pero el fiscal no la recibió.

Asimismo, los ministros Manuel Ramírez Candia y Gustavo Santander se sumaron a la crítica de Ríos y señalaron que este tipo de actuaciones por parte de los fiscales deben ser tenidas en cuenta al momento de que la Corte estudie su confirmación o no en el cargo.

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Ríos refirió que a más de una semana de haber presentado la imputación, Guerrero no se “digna” a presentar la carpeta fiscal y la imputación a la magistrada, quien se enteró de su proceso penal a través de los medios de comunicación.

“La pregunta es, ¿con qué estándar se manejan algunos fiscales?, ¿primero comunican a los medios de comunicación la imputación y después, cuando se les antoja, comunican a la persona afectada?”, se preguntó Ríos. Agregó que el fiscal hizo esperar a la jueza desde las 8:00 hasta las 15:00 y no la recibió.

El ministro cuestionó el trato que recibió la magistrada y dijo que si algunos fiscales tratan así a una jueza, uno “se imagina” cómo será el trato a los ciudadanos “comunes y corrientes”. Apuntó directamente al fiscal Leonardi Guerrero y refirió que “ni Federico el Grande se creyó tanto”.

Además, el ministro se dirigió al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, recordando que la Corte Suprema de Justicia siempre lo recibe a él y a los fiscales, por lo cual pidió que haya un trato de reciprocidad hacia los que integran el Poder Judicial.

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La precandidata a intendente de la ciudad de Fernando de la Mora por la Lista 2L, del movimiento Honor Colorado, la Dra. Lizy Giménez, destacó al cierre de su campaña con miras a las internas partidarias que la masiva movilización que logró durante la caravana que llevó adelante el fin de semana, fue el reflejo del trabajo electoral que llevó adelante con su equipo político.

Ella es jubilada del sector público, con más de 20 años de experiencia en Salud Pública, destacó que hoy a sus 66 años de vida en la ciudad y su alta popularidad local construida tanto en el ámbito de la salud, como su compromiso con las comisiones vecinales, le ayudaron a centrar sus esfuerzos en una visita directa a las familias, a los operadores y a los dirigentes de barrio, en lugar de priorizar cúpulas políticas con quienes igualmente aseguró tener muy buena relación.

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De hecho, el propio presidente del Congreso Nacional y miembro del Comando de Honor Colorado, Basilio Núñez, le brindó todo su apoyo al participar del cierre de campaña el fin de semana. “Cuando inicié mi campaña lo que hice fue acercarme a las bases de los operadores, de los dirigentes, pero sobre todo en la casa de la gente, visitar a las familias. Desde ahí empecé a crecer como candidata en la casa de la gente”, expresó.

Fruto de este esfuerzo, se pudo observar que si bien, al inicio de la caravana que realizó el fin de semana, arrancó con el registro de 340 vehículos, pero a lo largo del recorrido por diferentes barrios de la ciudad, notaron que el número de vehículos se fue incrementando, compartiendo ese mensaje de unidad y compromiso con la ciudad fernandina.

En cuanto a sus planes y propuestas de campaña, Giménez resaltó algunos aspectos como renovar el Plan de Ordenamiento Territorial para combatir el desorden actual de la ciudad, así como la digitalización de los trámites municipales y realizar rendiciones de cuentas periódicas.

Como prioridad absoluta, señaló el mejoramiento y mantenimiento de calles y veredas. La coordinación con el Gobierno para la ampliación de obras de desagüe para mitigar los raudales. Así como gestionar un hospital de mayor envergadura para cirugías y atención de alta complejidad, superando la limitación del actual Materno Infantil.

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El presidente de la Asociación de Rematadores del Paraguay, Atilio Estigarribia, presentó una acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por mal desempeño en sus funciones contra la jueza en lo Civil y Comercial de Encarnación, Rossana Aurora Verón, por anular sin fundamento un remate judicial llevado a cabo en noviembre de 2025. El caso corresponde al expediente caratulado: “Ejecución de sentencia promovida por Gladys Bianchetto en los autos Waldimiro Moskalik sobre sucesión”.

El denunciante solicita a los integrantes del Jurado que se inicie el enjuiciamiento y se ordene la suspensión en sus funciones de la cuestionada magistrada. Ahora, el JEM deberá estudiar si corresponde iniciar la investigación y dar curso al pedido.

La acusación señala: “En el expediente judicial referido fui designado como rematador público a los efectos de llevar adelante la subasta de derechos y acciones hereditarios pertenecientes al señor Miguel Moskalik Duarte. Procedí a la publicación de los edictos correspondientes, dejándose expresa constancia en los mismos de que el comprador debía abonar el importe íntegro de su compra conforme al régimen legal vigente”.

Refiere que “en fecha 5 de noviembre de 2025, en el horario fijado judicialmente, se llevó adelante el acto público de subasta con todas las formalidades legales correspondientes y bajo las facultades conferidas por las leyes procesales vigentes. Al acto concurrió la ejecutante, la abogada Gladys Noemí Bianchetto Sandoval, y Yeniel Iglesias Romero, desarrollándose normalmente la puja entre los postores presentes”.

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Indica igualmente que, luego de diversas posturas, la ejecutante resultó inicialmente adjudicataria, por lo que debía proceder al pago íntegro y al contado del precio ofertado. Sin embargo, ella manifestó no poseer la totalidad del dinero necesario para perfeccionar la compra e intentó completar el pago mediante transferencias parciales y pagos fragmentados, inclusive provenientes de terceros, sin llegar a integrar el monto total.

Ante dicho incumplimiento, y luego de aguardarse un tiempo prudencial conforme a las facultades del rematador, se procedió a reanudar la subasta. Resultó finalmente adjudicatario el señor Yeniel Iglesias Romero por la suma de G. 20 millones, por constituir la mejor postura existente en ese momento.

La acusación expresa que, llamativamente, la magistrada dictó el A.I. N° 268 de fecha 22 de mayo de 2026, resolviendo hacer lugar al incidente de nulidad y declarar nulo el remate. El denunciante califica la conducta de la jueza como “manifiestamente arbitraria” y apartada de las constancias objetivas del expediente, incurriendo en una valoración parcial, antojadiza e infundada de los hechos.

Sostiene que la jueza prescindió del análisis integral de las disposiciones del Código Procesal Civil que regulan los remates, especialmente en lo relativo al pago al contado y a las consecuencias del incumplimiento del adjudicatario inicial, extremo que fue reconocido en los autos por la propia incidentista.

También refiere que la resolución cuestionada atribuye irregularidades graves al rematador sin que exista prueba concluyente, suficiente ni objetiva de una conducta dolosa o fraudulenta. Afirma que la jueza arribó a conclusiones sustentadas únicamente en apreciaciones subjetivas.

Estigarribia recuerda que, conforme al artículo 487 del Código Procesal Civil, el rematador judicial es el único responsable de recibir el dinero proveniente de la compra, la seña o las sumas entregadas por los postores, para luego depositarlo en la cuenta judicial correspondiente. Por ello, critica que la jueza considerara la recepción del dinero por parte del rematador como una irregularidad invalidante.

Finalmente, el escrito menciona que esta actuación no es un hecho aislado, sino que la magistrada ya cuenta con cuestionamientos previos por desconocimiento e incorrecta aplicación de normas legales.

La acusación alega la transgresión del artículo 168 del Código de Organización Judicial; los artículos 476, 484, 485, 487 y 492 del Código Procesal Civil; el artículo 558 del Código Civil; y el artículo 3 del Código de Organización Judicial.

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