El juez penal de garantías Mirko Valinotti otorgó la suspensión condicional del procedimiento a los directivos de la firma Empo, Enrique Ortuoste y Arivaldo Domínguez, quienes fueron procesados por producción de documentos no auténticos. El magistrado dispuso la donación de G. 60 millones para los dos acusados. El citado monto de dinero fue donado al Hospital de Clínicas y al Hospital San Pablo.
La resolución del mencionado juez se dio a conocer luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en el Palacio de Justicia. La fiscala Stella Mary Cano se allanó al pedido de suspensión condicional del procedimiento solicitado por la defensa de los dos directivos de la firma Empo.
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De acuerdo a la investigación fiscal, los dos representantes legales de la empresa Empo habrían utilizado un certificado de cumplimiento tributario para cobrar la factura (correspondiente a febrero del 2018) de los servicios prestados en cumplimiento del contrato firmado con la Municipalidad de Asunción, que fue por G. 1.701.107.120.
Según la acusación, dicho documento avalaba que la empresa se encontraba al día con los pagos de los impuestos correspondientes, pese a que los mencionados empresarios sabían que no estaban al día con sus obligaciones tributarias ante la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).
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Caso Ueno Bank: juez ordenó la prisión preventiva para el director jurídico del BCP
El juez Osmar Legal decretó la prisión preventiva por 15 días en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional de Aldo Javier Rodríguez González, director de la Unidad Jurídica del Banco Central del Paraguay (BCP), por presunta lesión de confianza, producción inmediata y uso de documentos públicos de contenido falso, y asociación criminal. La resolución del citado magistrado se dio luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares.
Asimismo, el magistrado hizo lugar a la inhibición general de gravar y vender contra el director jurídico del BCP, a fin de que no pueda disponer de sus bienes mientras se tramita el proceso penal en su contra. Además, dictó el embargo de todo el dinero que posea en bancos, entidades financieras y cooperativas, así como de aquellos fondos que pudieran estar en poder de terceros.
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Según la Fiscalía, Rodríguez habría intervenido en la modificación de un informe técnico de la Superintendencia de Bancos que fue remitido al Senado en octubre de 2026, en respuesta a un pedido de informes sobre operaciones vinculadas a Ueno Bank. El documento original contenía observaciones sobre una presunta financiación indirecta de USD 74,4 millones mediante la compra de cartera por parte de Vinanzas S. A., además de advertencias sobre la situación financiera de la entidad. Sin embargo, los investigadores sostienen que en la versión enviada al Congreso se eliminaron aspectos técnicos relevantes y se incorporaron afirmaciones que no figuraban en el informe inicial.
La imputación señala que Rodríguez habría coordinado las modificaciones con el entonces presidente del BCP, Carlos Carvallo Spalding; el miembro del Directorio Marco Aurelio González Maldonado y el superintendente de Bancos, Holger Insfrán.
Entre los elementos mencionados figuran correos electrónicos de los días 5 y 6 de octubre, reuniones internas y su participación en la presentación del documento ante el Senado el 9 de octubre. La Fiscalía considera que estas actuaciones habrían contribuido a ocultar información sobre la situación de Ueno Bank, que ingresó en un procedimiento de resolución el 2 de noviembre de 2026.
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Juez procesa penalmente a abogado por usurpación de funciones públicas
El juez Penal de Garantías de Luque, Nelson Romero, admitió la ratificación de la imputación por el delito de usurpación de funciones públicas contra el abogado Fernando René Marecos Gamarra. La fiscala Sophia Galeano fue quien solicitó al juzgado admitir la imputación, luego de realizar algunos ajustes para que el proceso penal pueda avanzar contra el citado profesional del derecho.
La causa contra Marecos se originó tras una diligencia judicial realizada el pasado 16 de septiembre en las instalaciones de la firma Cargo Line Paraguay S.A. El Ministerio Público sostiene que el abogado habría actuado de forma irregular en dicho procedimiento, pese a no tener intervención en el juicio civil tramitado entre las partes. Asimismo, la Fiscalía le atribuye haber ordenado restringir el uso de teléfonos celulares e incautar dispositivos.
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Igualmente, el magistrado fijó para el 15 de mayo de 2027 el plazo ordinario para que el Ministerio Público presente su requerimiento conclusivo, que podrá consistir en el pedido de elevación de la causa a juicio oral y público u otra salida procesal. Por su parte, el abogado Marecos criticó en su momento la imputación fiscal e indicó que carece de fundamento.
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Ineram: con procedimiento de alta complejidad, restablecen vía respiratoria a paciente de 63 años
El equipo de Neumología Intervencionista del Ineram realizó un exitoso procedimiento de alta complejidad colocando una prótesis de silicona en un adulto mayor para mantener abierta la vía aérea del paciente que presentaba un importante estrechamiento en la parte inferior de la tráquea, según informaron desde el Ministerio de Salud.
Fue beneficiado un hombre de 63 años, quien fue sometido a una intervención quirúrgica donde se le colocó la prótesis en forma de “Y”, mediante una técnica especializada denominada broncoscopía rígida. El dispositivo funciona como un soporte interno que ayuda a mantener abierta la vía respiratoria y permite el paso del aire hacia los pulmones, explicaron los especialistas.
El equipo médico realizó previamente la dilatación de la zona estrechada y retiró formaciones de tejido que obstruían el conducto, mediante un procedimiento especializado con electrocauterio. Posteriormente, colocó la prótesis, logrando recuperar la apertura de la vía aérea.
Se trata de una intervención realizada con un fibrobroncoscopio que requiere una planificación cuidadosa, experiencia técnica y coordinación entre distintas especialidades, debido a la complejidad del cuadro y a los antecedentes de procedimientos previos del paciente.
Actualmente, el paciente se encuentra en óptimas condiciones con acompañamiento del personal de salud y próxima alta médica.
El equipo de Neumología Intervencionista que participó del procedimiento estuvo integrado por los doctores Ezequiel Morínigo, Orlando Aguilera, Larissa Gill, Belén Benítez y Luz Benítez. También participaron el doctor Christian Morel, del servicio de Anestesiología, y los licenciados Carmen Armoa y Teodoro González, de Instrumentación Quirúrgica.
Esta intervención demuestra la capacidad técnica y profesional de los equipos especializados del Ineram para atender patologías respiratorias complejas mediante procedimientos avanzados y un abordaje multidisciplinario.
El Ministerio de Salud Pública reconoce y destaca el compromiso, la preparación y el trabajo coordinado de todos los profesionales que hicieron posible esta intervención, fortaleciendo la capacidad de respuesta especializada de la red pública de salud.
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Exsuperintendente de Bancos estará recluido por 15 días en la Agrupación Especializada
El juez penal de garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, resolvió que el exsuperintendente de Bancos del Banco Central del Paraguay (BCP), Holger Insfrán, guarde prisión por 15 días en la Agrupación Especializada, en el marco de la causa judicial Ueno Bank.
Holger se encuentra imputado por el supuesto hecho punible de lesión de confianza, en calidad de autor. “Pasará a guardar reclusión primariamente en la Agrupación Especializada y este juzgado vía oficio recabará informes sobre alguna institución dependiente del Ministerio de Justicia en donde pueda guardar posteriormente reclusión definitiva”, comentó Otazú a los medios de comunicación.
El magistrado agregó que “la defensa solicitó una medida menos gravosa, pero el juzgado entiende que los hechos revisten gravedad, entonces entendemos que, por una cuestión de saber sobrellevar y dar el respaldo necesario al Ministerio Público para que pueda seguir llevando adelante sus investigaciones, consideramos que es la medida más acertada en este momento”.
De acuerdo al acta de imputación, el funcionario habría tomado conocimiento formal, el pasado 29 de abril, de excesos en los límites de crédito otorgados a empresas vinculadas a Ueno, entre ellas Mowi SA, Grupo Hendy SA y Grupo M SA. Las obligaciones conjuntas de estas firmas habrían alcanzado aproximadamente G. 743.784 millones, equivalentes al 31,9 % del patrimonio efectivo de la entidad bancaria, por encima del límite regulatorio del 20 %.
La Fiscalía sostiene que, pese a las advertencias técnicas y al tiempo transcurrido desde la detección de las presuntas irregularidades, el imputado no habría exigido la presentación del plan de regularización previsto en la legislación bancaria.
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Asimismo, la investigación señala que el 16 de junio de 2026 se habría considerado regularizada la situación de Ueno Bank tras una operación de venta de cartera crediticia a Vinanzas S.A. por aproximadamente USD 74,4 millones. Sin embargo, de acuerdo con la hipótesis fiscal, dicha operación habría sido financiada indirectamente con recursos del propio banco, mediante préstamos y operaciones con sociedades relacionadas.
Otro de los hechos atribuidos se refiere al tratamiento de un informe técnico, remitido el 10 de julio de 2026 por un exgerente de Supervisión, que advertía sobre posibles irregularidades en la operación de transferencia de cartera. Según el acta de imputación, el documento habría sido comunicado al entonces presidente del BCP recién el 24 de julio, sin haber sido elevado formalmente al Directorio de la institución.
La Fiscalía también atribuye al imputado la presunta falta de impulso de medidas correctivas y el no haber comunicado oportunamente al Directorio del BCP la necesidad de adoptar disposiciones ante las observaciones detectadas, mientras la entidad bancaria continuaba desarrollando operaciones financieras.
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