El juez penal de garantías Mirko Valinotti otorgó la suspensión condicional del procedimiento a los directivos de la firma Empo, Enrique Ortuoste y Arivaldo Domínguez, quienes fueron procesados por producción de documentos no auténticos. El magistrado dispuso la donación de G. 60 millones para los dos acusados. El citado monto de dinero fue donado al Hospital de Clínicas y al Hospital San Pablo.
La resolución del mencionado juez se dio a conocer luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en el Palacio de Justicia. La fiscala Stella Mary Cano se allanó al pedido de suspensión condicional del procedimiento solicitado por la defensa de los dos directivos de la firma Empo.
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De acuerdo a la investigación fiscal, los dos representantes legales de la empresa Empo habrían utilizado un certificado de cumplimiento tributario para cobrar la factura (correspondiente a febrero del 2018) de los servicios prestados en cumplimiento del contrato firmado con la Municipalidad de Asunción, que fue por G. 1.701.107.120.
Según la acusación, dicho documento avalaba que la empresa se encontraba al día con los pagos de los impuestos correspondientes, pese a que los mencionados empresarios sabían que no estaban al día con sus obligaciones tributarias ante la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).
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Por décima vez se suspendió audiencia preliminar de Cucho Cabaña
Una vez más se suspendió la audiencia preliminar de Reinaldo Javier Cucho Cabaña, acusado con 26 personas más por delitos relacionados al narcotráfico. Esta vez, la diligencia judicial se pospuso porque el procesado Marcelo Cabaña, hermano de Cucho, recusó al juez penal de Garantía Miguel Palacios.
El hermano del principal acusado alegó imparcialidad del magistrado Palacios, por confirmarle la prisión preventiva y no ordenar su tratamiento médico. Ahora el expediente tendrá que ser remitido al tribunal de apelación para que estudie la nueva recusación contra el magistrado y una vez que se defina su competencia y en caso de ser confirmada, se deberá fijar una nueva fecha para la realización de la audiencia preliminar, donde se tiene que definir si los 27 acusados van a un juicio oral y público así como pidió el Ministerio Público.
El juez Miguel Palacios ya elevó su informe al tribunal de apelación pidiendo que se rechace la nueva recusación que se presentó contra el magistrado.
Acusación
El Ministerio Público presentó la acusación contra Cabaña, por los hechos punibles de tráfico internacional de estupefacientes, tenencia de estupefacientes en el marco de la ley antidrogas, mientras que otros procesados fueron acusados por los hechos punibles de asociación criminal en el marco de la ley antidrogas y lavado de dinero. En el presente caso están procesadas otras 20 personas.
Operativo Berilo
El operativo Berilo se realizó en setiembre del 2018 en distintos puntos del departamento de Alto Paraná. Fiscales junto con agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), llevaron adelante más de 20 allanamientos, en los que decomisaron 23 vehículos lujosos, 21 kilogramos de cocaína y alrededor de USD 800.000.
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Se suspendió el juicio sobre muerte de Maradona
- San Isidro, Argentina. AFP.
El juicio por la muerte del legendario astro del fútbol Diego Armando Maradona en Argentina fue suspendido este martes por una semana, luego de que una de las juezas a cargo fuera cuestionada por supuestamente haber participado en la producción de un documental sobre el caso.
El fiscal Patricio Ferrari solicitó la paralización temporal del juicio, que se celebra desde principios de marzo en San Isidro (al norte de la capital, provincia de Buenos Aires), “para resolver un tema que aparece trayendo aparejada gravedad institucional”. La suspensión, que en su consecuencia más extrema podría derivar en la anulación del juicio actual, tiene que ver con el presunto ingreso de cámaras a las audiencias.
Desde la segunda audiencia está prohibido filmar las instancias judiciales, por lo que la Fiscalía deberá investigar ahora si se violó esta norma y si la magistrada Julieta Makintach tiene algún tipo de relación con el supuesto incumplimiento. Además, en la audiencia del martes, se presentaron dos pedidos de recusación contra Makintach: uno por la presunta connivencia con los documentalistas y otro por parcialidad. Ambos serán resueltos por el tribunal de tres jueces dentro de una semana.
“Estoy convencida de mi imparcialidad, voy a dar las explicaciones del caso”, aseguró Makintach al finalizar la audiencia. Las recusaciones fueron presentadas por las defensas de dos de los siete profesionales de la salud que enfrentan este juicio por eventual homicidio con dolo, una figura que implica que eran conscientes de que su accionar podía ocasionar la muerte del paciente.
Considerado uno de los mejores futbolistas de la historia, “El Diez” falleció a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 en Tigre, municipio en la provincia de Buenos Aires. Maradona, ganador del Mundial de México-86 con la selección argentina e ídolo en clubes como el Boca Juniors local, el Nápoles italiano y el FC Barcelona entre otros, murió por un edema pulmonar cuando recibía atención médica en su casa, luego de una operación neurológica a la que había sido sometido dos semanas antes. De ser hallados culpables, los imputados arriesgan entre 8 y 25 años en prisión. Una octava enfermera será procesada en un juicio aparte. Todos defienden su inocencia.
“Empezar todo de cero”
Los abogados querellantes, Diego Baudry y Fernando Burlando, presentaron la denuncia pidiendo que se investigue la situación en torno al presunto documental, acusando la posible comisión de varios delitos penales. Estos serían “violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, revelación de secretos o información privilegiada, prevaricato en caso de haberse afectado el deber de imparcialidad, tráfico de influencias y, eventualmente, cohecho”, sostiene la denuncia a la que accedió la AFP.
Al final de la audiencia de este martes, Makintach expresó su deseo que todas las partes sean informadas de la investigación resultante. “Para denunciar a un juez hay que tener motivos fundados”, dijo.
Y no descartó dejar el tribunal por su propia cuenta. “En caso de que haya algo que esté en peligro, quizá sea yo la que me aparte”, advirtió la jueza.
Las opiniones fueron diversas sobre el futuro del juicio en caso de que Makintach deje su lugar. Entre las opciones se baraja agregar un nuevo juez y continuar como hasta ahora, proseguir con un solo magistrado o retirar a los tres jueces, según comentaron a la AFP varios abogados defensores y querellantes.
Todas las partes compartieron la preocupación de tener que reiniciar el proceso. Nicolás D’Albora, defensor de la coordinadora médica de la internación domiciliaria de Maradona, Nancy Forlini, dijo durante la audiencia que “si se aparta a la doctora Makintach, hay que empezar de cero”.
A lo largo del proceso, en cual hasta ahora declararon más de 40 testigos y una de las imputadas, la psiquiatra Agustina Cosachov, la parte querellante ha criticado la pertinencia de internar a Maradona en su domicilio tras su operación, así como las condiciones del lugar y la atención provista.
Varios testigos lo describieron como escenario lúgubre para una internación domiciliaria y afirmaron que Maradona era atendido en un cuarto sucio, desordenado y sin equipos médicos adecuados.
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Venezuela suspende vuelos con Colombia por temor a presuntos “mercenarios”
- Caracas, Venezuela. AFP.
Venezuela anunció ayer lunes la suspensión de la conexión aérea con Colombia tras denunciar la llegada de “mercenarios” por esa vía con el plan de “sabotear” las próximas elecciones. El chavismo gobernante denuncia constantemente planes para derrocar al presidente Nicolás Maduro supuestamente planificados en Estados Unidos y Colombia con colaboración de la oposición.
El ministro del Interior, Diosdado Cabello, vinculó de hecho en esta nueva denuncia a la líder opositora María Corina Machado, en la clandestinidad. La dirigente, que denuncia fraude en la reelección de Maduro en julio de 2024, llamó a no participar en las elecciones de gobernadores y legisladores del 25 de mayo.
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“A la deriva”
La medida llegó poco antes de la salida de un vuelo Bogotá-Caracas de la aerolínea Latam. Algunos pasajeros ya habían abordado cuando la tripulación anunció la cancelación de la ruta y que debían bajar. De vuelta en la terminal, llamaban a familiares para buscar más información y decidir qué hacer.
“Tienen que pensar en el pueblo y la gente que está afuera”, dijo a la AFP Gianlore Lorenzo, un comerciante de 64 años. “No nos (pueden) dejar a la deriva (...), esperamos que se solucione”.
“Yo tengo seis años que no piso Venezuela e iba a pasar vacaciones en mi país y me parece injusto que no pueda pasar”, indicó por su parte Thajois Leonetti, ingeniera de 50 años residenciada en Chile que hacía conexión en Colombia.
Reclamó que la medida no se hubiera anunciado con antelación para poder planificar.
Cabello no precisó por cuánto tiempo estará vigente la nueva suspensión, aunque el aviso en el sistema de información para pilotos (NOTAM) y las autoridades colombianas indicaron que es hasta el lunes 26 de mayo.
Venezuela ya tiene una reducida conectividad aérea, entre la ruptura de relaciones con otros países de la región y la decisión de algunas compañías de abandonar las operaciones por deudas sin pagar.
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“Canales diplomáticos”
La cancillería de Colombia dijo a la AFP que activó “canales diplomáticos” y pidió información a Venezuela. “No se nos había informado nada previamente ni conocemos pormenores de las alertas que dice el ministro”.
Cabello indicó que el supuesto plan perseguía generar “acciones de violencia” en el país tras la celebración de los comicios, así como atacar “embajadas acreditadas en Venezuela”, “hospitales” y “comandos policiales”.
Y la medida sobre los vuelos responde a que, según el ministro, los supuestos mercenarios llegaron al país “desde Colombia”, aunque partieron originariamente de otros países. Algunos fueron capturados en la frontera terrestre.
Los vuelos entre Venezuela y Colombia fueron reanudados en noviembre de 2022, con la llegada al poder del izquierdista Gustavo Petro, que restableció las relaciones. Maduro las rompió en 2019, cuando el expresidente Iván Duque desconoció su primera reelección en 2018 y reconoció como presidente al opositor Juan Guaidó.
“Tun tun”
El activista de derechos humanos Eduardo Torres, de la organización Provea, fue detenido la semana pasada acusado de estar vinculado “con una trama conspirativa para generar violencia” durante las elecciones.
Cabello anunció además la activación de la llamada “operación tun-tun”, en referencia a la onomatopeya de los policías al tocar la puerta de las casas.
“El que se coma la luz y pecó, pecó. ¡Tun,tun! Todo el mundo mosca (atento), pues. ¡Pilas! Con serenidad que el equipo gana, pero mosca, pues”, dijo Maduro la noche del lunes.
“Quien se atreva nos encontrará hasta en el lugar más recóndito defendiendo el derecho constitucional a la paz, a la justicia y a votar (...) ¡Votos sí, fascistas criminales no!”, zanjó el mandatario.
La primera vez que se usó el término fue en julio pasado cuando al menos 2.400 personas fueron detenidas en 48 horas en medio de protestas contra la proclamación de Maduro para un tercer mandato consecutivo. Unas 1.900 fueron excarceladas meses después.
La ONG Foro Penal contabiliza 895 “presos políticos” y estima que unos 72 extranjeros están presos acusados de conspirar contra el gobierno. El llamado de Machado a boicotear las elecciones fue desconocido por un ala de la oposición encabezada por el dos veces candidato presidencial Henrique Carpiles, que aspira a un escaño en el Parlamento. Lo vende como un intento por “reivindicar” el triunfo de la oposición ante Maduro el 28 de julio pasado.
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Juez ordenó la expulsión de dos chinos que ingresaron de forma irregular al país
El juez de Mariscal Estigarribia, Chaco, Ricardo Gosling ordenó la expulsión de dos ciudadanos chinos que fueron detenidos en la zona de La Patria, departamento de Boquerón, tras ingresar al país de forma irregular. El magistrado hizo lugar al criterio de oportunidad solicitado por el fiscal Diego Campuzano, quien había ordenado la detención de los extranjeros.
La expulsión de los ciudadanos chinos Jinxing Zhuang y XiwuYan se realizará en la zona de Infante Rivarola frontera con Bolivia y estará a cargo de la Dirección General de Migraciones.
El Ministerio Público había ordenado la detención de los dos ciudadanos chinos ante la sospecha de que los mismos puedan tener documentos de dudosa legalidad, pero de acuerdo a los informes recabados por la Fiscalía los mismos contaban con pasaporte legal, pero no tenían la visa correspondiente para ingresar al país por lo que se pidió criterio de oportunidad y la expulsión de suelo paraguayo.
Inicialmente, estas dos personas extranjeras habían sido aprehendidas por la Policía Nacional, pero fueron liberadas por el fiscal Lucrecio Cabrera. Este hecho generó la crítica del propio director de Migraciones, Jorge Kronwetter, y fue a raíz de ello que se inició una investigación penal donde se pudo corroborar que los chinos tenían documentos, pero no contaban con la visa de entrada al país, por lo que se volvió a reiterar su detención.
Ya en sede del Ministerio Público se realizaron todas las diligencias y se comprobó que ingresaron al país de forma clandestina, por lo que se ordenó la expulsión.
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