El juez penal de garantías Mirko Valinotti otorgó la suspensión condicional del procedimiento a los directivos de la firma Empo, Enrique Ortuoste y Arivaldo Domínguez, quienes fueron procesados por producción de documentos no auténticos. El magistrado dispuso la donación de G. 60 millones para los dos acusados. El citado monto de dinero fue donado al Hospital de Clínicas y al Hospital San Pablo.
La resolución del mencionado juez se dio a conocer luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en el Palacio de Justicia. La fiscala Stella Mary Cano se allanó al pedido de suspensión condicional del procedimiento solicitado por la defensa de los dos directivos de la firma Empo.
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De acuerdo a la investigación fiscal, los dos representantes legales de la empresa Empo habrían utilizado un certificado de cumplimiento tributario para cobrar la factura (correspondiente a febrero del 2018) de los servicios prestados en cumplimiento del contrato firmado con la Municipalidad de Asunción, que fue por G. 1.701.107.120.
Según la acusación, dicho documento avalaba que la empresa se encontraba al día con los pagos de los impuestos correspondientes, pese a que los mencionados empresarios sabían que no estaban al día con sus obligaciones tributarias ante la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).
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Ypyta: juez ordenó constitución judicial en propiedad donde funciona la Universidad Autónoma San Sebastián en PJC
El juez en lo Civil y Comercial de Asunción, Édgar Rivas, autorizó la constitución judicial en la propiedad perteneciente a la firma Ypyta S.A., ubicada en Pedro Juan Caballero, donde actualmente funciona la Universidad Autónoma San Sebastián. Dicho inmueble estaría ligado a Ángela Toumani, esposa del fallecido capo mafioso Jorge Rafaat Toumani.
Rivas dispuso que el Juzgado de Paz de Pedro Juan Caballero realice la diligencia judicial, la cual había sido solicitada en febrero de este año y autorizada recién el pasado 9 de septiembre. Ahora, el magistrado de Paz de la zona será el encargado de constituirse en el inmueble para realizar el relevamiento de datos sobre la costosa propiedad en litigio.
Actualmente, el caso se encuentra en discusión en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
En el marco del juicio civil caratulado “Ypyta S.A. Inmobiliaria, Ganadera y Comercial sobre convocatoria de acreedores”, el entonces síndico de quiebras, Blas Velázquez, había autorizado la venta irregular de la valiosa propiedad. El inmueble fue adquirido en su momento por Ronaldo Braga Diniz, quien presumiblemente posee vínculos con Ángela Toumani.
Braga Diniz recurrió a la Sala Constitucional de la Corte en un intento por dejar sin efecto la resolución del Tribunal de Apelación Civil. Dicho tribunal había revocado el fallo de primera instancia que autorizaba la venta irregular del inmueble. Ahora, los tres altos magistrados deberán resolver si ratifican la postura de la firma Ypyta S.A., tal como lo determinó de manera clara el fallo de segunda instancia.
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Admiten imputación y procesan a un abogado por coacción y usurpación de funciones
El juez Penal de Garantías de Luque, Nelson Romero, admitió la imputación presentada por el fiscal Augusto Ledesma Blasser contra el abogado Fernando René Marecos Gamarra, por la presunta comisión de los hechos punibles de coacción y usurpación de funciones públicas. Asimismo, el citado magistrado fijó para el 8 de octubre a las 10:00 la audiencia de imposición de medidas cautelares, en la que se definirá si el imputado litigará en libertad o estará en arresto domiciliario o preso.
Igualmente, el juez Romero fijó el 25 de marzo de 2027 como fecha límite para que el Ministerio Público presente su requerimiento conclusivo, el cual puede consistir en una acusación con pedido de elevación a juicio oral o la solicitud de una salida procesal para el profesional del derecho.
Antecedentes
De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos se registraron el pasado 16 de septiembre en las instalaciones de la empresa Cargo Line Paraguay S.A., durante la ejecución de una resolución judicial que disponía un cambio temporal en la administración de la firma. La imputación refiere que el abogado Marecos Gamarra habría asumido atribuciones que no le correspondían al momento de realizarse el procedimiento, en el cual incluso estuvo presente la jueza en lo Civil y Comercial de Asunción, Mafalda Cameron.
Asimismo, la denuncia señala que el imputado se presentó y participó de la diligencia judicial como supuesto representante de la parte demandante; sin embargo, no existe ningún poder agregado al expediente que le otorgue dicha representación. El escrito aclara que es otro profesional del derecho quien cuenta con el poder legal para representar a los demandantes, por lo que Marecos Gamarra no debió tener intervención en el acto. El denunciante fue el ahora exgerente general de Cargo Line Paraguay S.A., Gustavo Martínez Venialgo.
El relato fáctico sostiene que el abogado imputado exigió a Martínez Venialgo abandonar la sala y, cuando este intentó atender una llamada telefónica, le sujetó la mano para impedírselo. Posteriormente, tras la retirada de la jueza y de la Policía Nacional, Marecos Gamarra le habría comunicado su desvinculación inmediata y ordenado la entrega de su teléfono, computadora, documentos y demás bienes de la empresa.
Criticó la imputación
Asimismo, el abogado Marecos Gamarra criticó la imputación presentada en su contra y aseveró categóricamente que la imputación carece por completo de fundamentos jurídicos y subrayó que el relato del denunciante falta gravemente a la verdad de lo acontecido. Sostuvo que la denuncia promovida en su contra se encuentra plagada de profundas incongruencias. La manifestación la hizo en el sitio web Cuarto Poder Py.
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Ratifican prisión de dueños de farmacias imputados por venta irregular de medicamentos
El juez Rolando Duarte ratificó la prisión preventiva de Won Ho Hwang y el arresto domiciliario de Hyin Jin Hwang Lim, propietarios y representante legal de las farmacias “Amigo” y “Amigo II” del Mercado 4, imputados por la presunta venta irregular de medicamentos controlados.
Ambos están procesados penalmente por dos hechos punibles relacionados con el ingreso, tenencia y comercialización irregular de medicamentos como alprazolam y clonazepam, entre otros.
Respecto a Won Ho Hwang, el juzgado dispuso que permanezca recluido durante diez días más en el Departamento Judicial de la Policía Nacional. Posteriormente, salvo una resolución contraria, deberá ser trasladado al Centro Nacional de Prevenidos (exTacumbú) u otro establecimiento acorde al cumplimiento de la medida.
Con relación a Hyin Jin Hwang Lim, el magistrado consideró que debe continuar con arresto domiciliario debido a que persiste el riesgo de fuga y de obstrucción de la investigación del Ministerio Público.
El juez indicó que la imputación reviste una gravedad “objetiva superlativa” por afectar directamente a la salud pública y que la investigación se encuentra en una etapa incipiente. “Permitir la libertad o una medida de menor intensidad al imputado en esta etapa preliminar generaría un riesgo real e inminente de que el mismo pueda influir en los testigos o destruir e interferir en las diligencias indispensables que aún restan realizar”, sostuvo.
Según la hipótesis fiscal, ambos habrían tenido bajo su dominio y puesto a disposición del público medicamentos sujetos a control especial, como alprazolam de 0,5 mg, 1 mg y 2 mg y clonazepam de 0,5 mg, de presumible origen argentino, sin documentación que acreditara su adquisición, procedencia e ingreso legal al país.
La investigación se sustenta, entre otros elementos, en un procedimiento de Senad del 20 de octubre de 2025 en la farmacia “Amigo”, donde se constató la ausencia del Libro de Registro de Drogas, formularios de compra emitidos por Dinavisa y planillas de informes mensuales.
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Admiten imputación y procesan penalmente a directivos de APA
La jueza penal de garantías Cynthia Lovera admitió la imputación, procesó penalmente y fijó para los días 14 y 15 de octubre para la audiencia de imposición de medidas para el presidente y otros tres directivos de Autores Paraguayos y Asociados (APA), tras detectarse un presunto perjuicio patrimonial de G. 1.990 millones.
En la citada diligencia judicial se conocerán si los procesados serán beneficiados con medidas alternativas a la prisión o si serán derivados a la cárcel de Emboscada. La investigación fiscal revela el presunto uso de facturas falsas y el desvío no autorizado de intereses bancarios en el marco de un programa de regalos navideños; supuestamente, esos pagos habrían sido cobrados en efectivo por otra persona.
Los agentes fiscales Julio César Ortiz González y Juan Leonardi Guerrero formularon la imputación contra el presidente, el director general, el director financiero y el tesorero de APA por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza. Los investigados fueron citados a declaración indagatoria para los días 12 y 13 de octubre.
Los imputados
David Herminio Portillo Biancotti, presidente.
Humberto Victorio Rodas Orué, director general.
Juan José María Vidal Bonín, director administrativo y financiero.
Walter Mario Cabrera Martínez, tesorero de la entidad.
Desvío de Fondos
En la carpeta fiscal se resalta que el origen del desvío de fondos se habría producido a través de irregularidades en el presupuesto asignado al Programa Jopoi 2025, destinado originalmente a la adquisición de regalos navideños, y en el cual se habría aplicado un sobrecosto en los artículos adquiridos. Asimismo, el juzgado penal de garantías otorgó un plazo de seis meses para la presentación del requerimiento conclusivo.
Igualmente, la magistrada tendrá que definir en la audiencia de imposición de medidas cautelares si se aplican restricciones como la prohibición de salir del país e ingresar a la sede central de APA, la prohibición de comunicarse entre sí y la presentación de una caución real equivalente al millonario perjuicio denunciado.
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