Se suspendió la audiencia preliminar para la expresidenta de Petropar Patricia Samudio, acusada de lesión de confianza por la compra irregular de agua tónica en plena pandemia del COVID-19. La diligencia judicial se pospuso debido a que el abogado Federico Huttemann, defensor de Samudio, solicitó que participen de la diligencia judicial autoridades de la entidad estatal.

Ante esta circunstancia, el magistrado Julián López, juez penal de Garantías, decidió suspender la audiencia y volvió a fijar fecha para el próximo 26 de agosto, a las 9:30, donde se definirá si Samudio y otros procesados estarán sentados en el banquillo de los acusados.

El juez decidió suspender la audiencia preliminar prevista para la fecha para Patricia Samudio y su esposo José Costa Perdomo porque la defensa solicitó que Petropar participe del proceso.

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La Fiscalía formuló acusación y pidió juicio oral para la expresidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar) por un supuesto perjuicio patrimonial de casi G. 360 millones por el conocido caso de compra de agua tónica, supuestamente en el marco de la “lucha” contra la pandemia.

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Los fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera consideran que cuentan con suficientes elementos contra los acusados. Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas N95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser.

La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descartables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 unidades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protectores antiparra y 20 unidades de guante de nitrilo que no ingresaron efectivamente a la institución, con excepción del ítem 6 consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000 que sí ingresaron.

Se estima que el daño patrimonial ocasionado al ente estatal durante la administración de Samudio supera los G. 360 millones por las sobrefacturaciones en supuestas “licitaciones”, que terminaron siendo compras directas bajo el argumento de la declaración de emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19.

La administración de Patricia Samudio compró agua tónica de una empresa de maletín y también adquirió insumos médicos, todos sobrefacturados. Posteriormente, renunció a su cargo y actualmente está imputada por lesión de confianza y su marido por cómplice.

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