Se suspendió la audiencia de imposición de medidas cautelares para la directora del Servicio Nacional de Catastro, Gloria Paredes de Armoa, imputada por desacato a una orden judicial. La diligencia se pospuso porque la defensa de la imputada planteo varios incidentes como el cuestionamiento de la admisión del acta de imputación y otros.
La diligencia judicial se tenía que realizar ante la jueza Penal de Garantías, Alicia Pedrozo, quien ya remitió el expediente judicial al Tribunal de Apelación para que analice el planteamiento formulado por el abogado de la imputada.
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El fiscal Óscar Delfino Gómez formuló imputación por desacato a una orden judicial contra Paredes de Armoa y señaló que “en fecha 18 de diciembre del 2020, la jueza de primera instancia en lo Civil y Comercial de Iruña, Teresita de Jesús Florentín, había ordenado una medida cautelar sobre la finca Nº 30 y padrón 52 del distrito de Yhú, propiedad de José de Jesús Ferreira, y se ordenó el levantamiento del bloqueo realizado por el Servicio Nacional de Catastro”.
Luego, en fecha 29 de diciembre del 2020, Paredes de Armoa comunicó a la jueza Civil Florentín el cumplimiento del oficio judicial. Posteriormente y de forma llamativa, el 23 de marzo del 2021 la hoy imputada informó que la institución a su cargo determinó retrotraer las acciones dejando sin efecto de forma irregular la medida cautelar dispuesta por la Justicia. Ante esta situación, la magistrada Florentín comunicó el incumplimiento de su resolución al Ministerio Público, que formuló la imputación contra la criticada titular de Catastro.
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Indert toma medida sobre casos de violencia contra la mujer y recibe apoyo de campesinos
El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) tomó medidas ante denuncias realizadas sobre casos de diversas formas de violencia, presuntamente cometidas por cuatro funcionarios o personas vinculadas a la institución. Las denuncias fueron hechas por funcionarias del Indert, y la jueza de Paz del distrito de la Recoleta, María Bethania Mendieta, dispuso medidas de protección urgentes en favor de 8 funcionarias.
Ante esta resolución judicial, el presidente de la institución, Francisco Ruiz Díaz, resolvió el traslado cuatro de los denunciados a distintas dependencias del ente en el interior del país. El hecho ocurrió en la administración anterior, aclara la institución.
La magistrada ordenó la prohibición de acercamiento de los denunciados a las víctimas, a sus familiares y a los lugares que estas frecuentan, además de prohibir cualquier acto de intimidación, persecución, amenaza o descrédito, ya sea de manera directa o a través de terceros o medios tecnológicos.
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Por Resolución n.° 1452, el titular del Indert dispuso el traslado del funcionario Bernardo Diosnel Sosa, para prestar servicios en la agencia regional de Arroyito, Concepción. Por la Resolución n.° 1453, se resolvió el traslado del funcionario Rubén Estanislao Galeano, a prestar servicios en la Dirección Departamental de Paraguarí.
Por Resolución n.° 1450, fue trasladado el funcionario Fredy Bernardo González a la Dirección Departamental de Guairá. Así también, por Resolución n.° 1453, se dispuso el traslado del funcionario Arnaldo Andrés Britos, a la Dirección Descentralizada de San Pedro, con asiento en la ciudad de San Pedro del Ycuamandyyú.
Gremios campesinos apoyan decisión
Ante esta decisión, la Coordinadora Nacional de Beneficiarios de la Reforma Agraria (Conabertt) emitió un comunicado público, en el cual respalda al presidente y a la institución. Así también, expresa el repudio ante estos hechos sufridos por las funcionarias.
“Repudiamos los hechos de coacción y amenazas ejercidos por altos jerarcas de administraciones anteriores, sobre quienes la jueza María Bethania Mendieta dictó prohibición de acercamiento a las víctimas por Ley n.° 5777/2016, señala el pronunciamiento de la organización campesina. Conabertt valora y respalda la decisión del presidente del INDERT, Econ. Francisco Ruiz Díaz, de disponer el traslado inmediato de los 4 funcionarios denunciados a agencias regionales del interior, dando cumplimiento íntegro al mandato judicial”, señala el comunicado.
Igualmente, la organización insta al Ministerio Público a avanzar en la investigación por coacción, teniendo en cuenta que las medidas administrativas no sustituyen a la justicia penal.
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Paraguay declara emergencia vial: ANTSV ejecutará medidas y controles tecnológicos
El presidente de la República, Santiago Peña, firmó la promulgación de la Ley 7676/2026, por la cual se declara en situación de emergencia nacional en materia de seguridad vial, en todo el Paraguay debido a las elevadas cifras de siniestros, muertes y heridos de gravedad en las vías públicas. La propuesta legislativa fue recientemente sancionada por el Congreso Nacional.
Esta legislación encomienda a la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV) la ejecución de acciones y medidas administrativas que sean excepcionales y extraordinarias destinadas a la prevención, fiscalización, control y reducción de accidentes de tránsito.
Entre las acciones previstas se contempla la utilización de herramientas tecnológicas, la coordinación con otras instituciones del Estado y el fortalecimiento de campañas de concienciación y educación vial dirigidas a conductores, motociclistas y peatones.
Para lograr estos objetivos, la ANTSV queda facultada para emplear herramientas tecnológicas y coordinar esfuerzos interinstitucionales; conforme a lo que expresa el artículo 2 de la Ley recientemente promulgada. Además, autoriza a implementar los mecanismos operativos, técnicos e interinstitucionales necesarios para ejecutar las medidas establecidas durante el periodo de emergencia.
Cabe destacar que esta legislación contempla de forma complementaria la realización de campañas de concienciación dirigidas a la ciudadanía. En ese sentido, dispone la implementación de acciones interinstitucionales y complementariamente la realización de campañas de concienciación y educación vial, destinados al fortalecimiento de la seguridad vial y para garantizar una pronta y efectiva solución a la situación crítica por la que está atravesando la seguridad vial en el país.
La propuesta legislativa fue presentada por los diputados Hugo Meza y Miguel del Puerto, con el objetivo de dotar al Estado de mayores herramientas para enfrentar una problemática que genera miles de víctimas cada año y representa uno de los principales desafíos en materia de salud pública y seguridad ciudadana. La declaración de emergencia permitirá acelerar la adopción de acciones específicas destinadas a disminuir los índices de siniestralidad y reforzar las políticas públicas de prevención en todo el país.
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El Ejecutivo plantea mesa de trabajo para ajustar cálculo del próximo salario mínimo
El presidente de la República, Santiago Peña, reconoció que el esquema actual para establecer los aumentos del salario mínimo basado en el Índice del Precio al Consumidor (IPC) es “imperfecto” y plantea impulsar una modificación legal para que el próximo año exista un mecanismo más claro y consensuado. Indicó que está de acuerdo en comenzar con una mesa de trabajo para en los eventuales cambios que son necesarios introducir.
En una charla con varios medios de prensa, este lunes, el mandatario coincidió en que el IPC no refleja perfectamente el poder adquisitivo de los trabajadores. No obstante, remarcó que cualquier cambio que se lleve adelante debe fundamentalmente proteger el empleo y la estabilidad económica.
Recordó que ya en el año 2016, bajo la presidencia de Horacio Cartes, siendo él ministro de Hacienda, se hizo una modificación porque, hasta entonces, el reajuste salarial se hacía cada vez que la inflación llegaba al 10 %, lo que ocurría de 3 a 4 años y era una medida que erosionaba mucho en el ingreso de los trabajadores. Dijo que, pese a la oposición empresarial, el presidente Cartes estableció que se haga el reajuste cada año conforme a la inflación.
“Esta es una medida que mejoró el esquema anterior, pero sigue siendo imperfecta. Ante la ausencia de consenso dentro del Consejo de Salario Mínimo (Conasam), tomé una decisión equilibrada. Pero, estoy dispuesto a que nos sentemos de inmediato a trabajar en un cambio legal, para que el próximo año no haya esta duda, la cual considero legítima; porque el día de mañana se pueden tomar medidas que no sean equilibradas, y ponga en riesgo tanto la generación de empleo o la certidumbre económica que tiene el Paraguay”, expresó.
El mandatario remarcó que el Índice de Precios al Consumidor es una medida que aproxima al valor adquisitivo del dinero, pero insistió en que no es perfecta, porque como todo número representa a todos, pero a la vez no representa a nadie. “Es un cálculo que hace el Banco Central, que hace una encuesta durante un año donde evalúa los hábitos de consumo de todos los paraguayos, que no necesariamente es el tuyo o el tuyo, sino es un promedio. El Banco Central está trabajando, pero eso nos quita que nosotros podamos tener un diálogo más fluido sobre estas medidas y sobre otras que afectan a la generación de empleo”. acotó.
Llegando a la mitad de la meta
El presidente Peña remarcó que el objetivo de su Gobierno es generar 500.000 nuevos empleos, y que a la fecha ya está logrando alcanzar la mitad de esta meda. Señaló que esto estará informando ante el Congreso nacional el próximo 1 de julio, cuando lleve adelante la presentación del informe de gestión anual.
“Estamos alcanzado ya casi la mitad de nuestros objetivos, que son generar 500.000 nuevos puestos de trabajo. Estamos en la mitad de camino, pero no nos podemos quedar ahí, porque alcanzando el pleno empleo, lo que necesitamos es que aumente el ingreso. Ese es el objetivo real, aumentar el poder adquisitivo y eso se consigue atrayendo empresas y generando empleos que paguen salarios más altos”, mencionó.
Finalmente, agregó que para lograr todo esto, se debe insistir en la capacitación, en la educación, en la atracción de inversiones y, por supuesto, el acceso a los mercados para los productos paraguayos.
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Víctimas de los pagarés harán encadenamiento masivo por inacción de las autoridades
Víctimas de la mafia de los pagarés endurecerán medidas. En ese sentido, anuncian que próximamente se encadenarán masivamente en protesta por la supuesta inacción de las autoridades con respecto a sus casos.
“Son 140 personas quienes han podido solucionar el problema, de los 17 mil. Hay otras personas que están encaminando sus casos y el 60% nada todavía”, señaló a la 1020 el coordinador de la organización, Pedro Coronel.
A través de un comunicado, la Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés convocó a la sociedad civil y gremios a acompañar el encadenamiento masivo a realizarse el lunes 13 de julio, con la intención de corporizar el dolor y visibilizar el sistema de subyugación, expresaron.
“Con mucha tristeza vamos descubriendo que esta mafia no solamente afecta a las personas que tienen salario”, indicó Coronel. En ese contexto, mencionó que cada vez más se acercan personas que no tienen salario fijo, como pequeños productores, agricultores, pequeños emprendedores, microempresarios.
“Con mucha sorpresa reciben la noticia de que su casa, su terreno, sus locales están siendo subastados. Esa es la preocupación y más la inacción de las autoridades”, acotó.
No obstante, hubo ciertos avances. “Algunas personas han recuperado su plata gracias a las movilizaciones, a las publicaciones en los medios, al trabajo del Senado, pero son cuestiones muy superficiales”, apuntó.
Actualmente tienen contabilizadas 17 mil víctimas y se van acercando más personas. “Hay casos que nos sorprenden, como personas ya fallecidas cuyos bienes fueron subastados tras su fallecimiento. O personas que se encuentran en otro país y se enteran de que sus bienes de acá están siendo subastados”, refirió.
Y la mafia sigue operando. “Creemos nosotros que se debe ir terminando y la organización va a ir tomando medidas más contundentes”, puntualizó.
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