La fiscalía estadounidense descartó pedir la pena de muerte para el mexicano Ismael “Mayo” Zambada, uno de los fundadores del cártel de Sinaloa, acusado de narcotráfico en una corte de Nueva York, informaron fuentes judiciales ayer martes. La decisión de la fiscal general, Pam Bondi, cierra así la posibilidad de que en caso de que Zambada, de 77 años, se siente en el banquillo de los acusados pueda ser castigado con la pena capital.

“El gobierno presenta respetuosamente esta carta para informar al tribunal y a la defensa que la fiscal general ha autorizado e instruido a esta oficina a no buscar la pena de muerte contra el acusado Ismael Zambada García“, señala el oficio del fiscal del Tribunal del Distrito Este de Brooklyn, Joseph Nocella.

Tras eludir a la justicia mexicana durante cuatro décadas, Zambada fue detenido el 25 de julio de 2024 en suelo estadounidense tras llegar en un pequeño avión en compañía de Joaquín Guzmán López, un hijo del célebre narcotraficante mexicano Joaquín “Chapo” Guzmán.

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Zambada dijo haber sido víctima de una emboscada y engañado por Guzmán López, uno de los denominados “Chapitos”, para ser traído a la fuerza a Estados Unidos a cambio de ventajas judiciales para él y sus hermanos, cuyos casos se instruyen en un tribunal de Chicago, Illinois (norte).

El pasado 14 de septiembre, Zambada se declaró no culpable de los 17 cargos de los que le acusa la justicia estadounidense, entre ellos asesinato y tráfico de armas y drogas, en particular el fentanilo, un poderoso narcótico 50 veces más potente que la cocaína, causante de decenas de miles de muertes al año en Estados Unidos por sobredosis.

Esta decisión de la fiscal estadounidense, equivalente a ministra de Justicia, abre la puerta a un posible acuerdo de culpabilidad que le evitaría eventualmente un juicio, como al que se sometió su socio en el cartel de Sinaloa, el Chapo Guzmán, condenado a cadena perpetua en el mismo tribunal y por el mismo juez, Brian Cogan, que instruye ahora el caso de Zambada.

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La suerte de Zambada está estrechamente vinculada a dos hijos del Chapo, detenidos en Illinois. Uno de ellos, Ovidio Guzmán López, conocido también como “Ratón”, que fue extraditado a Estados Unidos en 2023, se declaró el pasado 11 de julio culpable de cargos de narcotráfico, lo que le evita ir a juicio. Es también probable que tenga una pena más corta que la de su padre.

En caso de que Zambada se someta a juicio, sin duda, Ovidio Guzmán, de 35 años, será uno de los testigos estrella de la fiscalía. Su hermano Joaquín, que llegó junto a Zambada, también está detenido en Illinois y se espera que también llegue un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía de Chicago a cambio de rebajas carcelarias.

Las autoridades estadounidenses acusan a Ovidio, a Joaquín y a sus medio hermanos Archivaldo Iván y Jesús Alfredo Guzmán Salazar (estos dos últimos en libertad) de liderar desde 2016, cuando fue detenido su padre, el cartel de Sinaloa, designado por el gobierno de Donald Trump como organización “terrorista” global. México ha reclamado la extradición del Mayo, cuya captura desató una guerra interna entre sus herederos y los hijos del Chapo que ha dejado más de 1.200 muertos y 1.400 desaparecidos en el estado de Sinaloa, según cifras oficiales.

Además del Mayo y los Chapitos, en suelo estadounidense se encuentran en espera de juicio un grupo de 29 notorios narcotraficantes, entregados por el gobierno mexicano. Entre ellos, el veterano capo Rafael Caro Quintero, acusado por el homicidio del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985 y que también puede ser punible con la pena de muerte. En julio, México extraditó a Héctor Manuel Avendaño Ojeda, presunto operador de Zambada, acusado también de narcotráfico.

Fuente: AFP.

Los abogados de un médico imputado por la muerte de Diego Maradona solicitaron ayer lunes el apartamiento de dos jueces designados para reiniciar el juicio tras la anulación del anterior, por “temor certero” a que “no sean imparciales”. El pedido fue presentado por los abogados defensores de Leopoldo Luque, médico personal de Maradona y uno de los ocho imputados por la muerte del ídolo en noviembre de 2020.

El escrito, al que accedió la AFP, solicita la recusación de Roberto Gaig y Juan Pablo Rolón a partir de lo ocurrido en la audiencia preliminar que tuvo lugar en julio y que, según los defensores, “infunde un temor certero de que no serán imparciales”. Gaig y Rolón son dos de los tres jueces del nuevo tribunal designado en julio para reiniciar el juicio por la muerte de Maradona.

El proceso anterior, que se extendió de marzo a mayo, fue anulado tras el escándalo que envolvió a una de las juezas por participar en un documental clandestino sobre el juicio. En ese sentido, la defensa de otra de las imputadas, la psiquiatra Agustina Cosachov, pidió a su vez este lunes su sobreseimiento, alegando que no puede ser juzgada dos veces por el mismo delito.

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La solicitud de apartamiento de los jueces se basa en los fuertes cruces ocurridos durante una audiencia en julio entre el juez Gaig y Francisco Oneto, abogado de Luque. El magistrado insistía en acelerar el proceso mientras el defensor exigía respetar los plazos legales. Luego de una pausa, el juez cambió su posición. Según el escrito presentado este lunes, Gaig “condujo esta audiencia con total desapego a la ley y mediante el empleo más abusivo de su poder”.

“Este no es cualquier caso. Es el caso donde se discute de qué forma culminó la existencia física del astro más grande del fútbol mundial. Tal vez sólo comparable con el caso OJ Simpson, o con el que averiguó la muerte de Michael Jackson”, señala la solicitud que acusa a ambos jueces de buscar “protagonismo”.

Ahora el propio tribunal debe decidir si aparta o no a los jueces y la decisión podrá ser apelada ante una segunda instancia. Mientras tanto el proceso puede seguir su curso. Maradona falleció por un edema pulmonar mientras estaba en una internación domiciliaria en recuperación de una neurocirugía. Ocho miembros del equipo médico del astro futbolístico arriesgan de 8 a 25 años de prisión por homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que su accionar podía ocasionar la muerte del paciente.

Fuente: AFP

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El Tribunal de Apelación Penal en mayoría, con los votos de los camaristas José Agustín Fernández y Bibiana Benítez anuló la absolución de culpa y pena del ex fiscal general del Estado, Francisco Javier Díaz Verón y su esposa, María Selva Morínigo, quienes fueron juzgados por el hecho punible de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Con la presente determinación adoptada en segunda instancia, se debe realizar un nuevo juicio oral y público.

Los miembros del Tribunal de Apelación en mayoría anularon la resolución del tribunal colegiado debido a la falta de fundamentación de la sentencia dictada por los magistrados. El camarista Fernández en su voto sostuvo que “es notoria la falta de fundamentación de la sentencia de los jueces que juzgaron el caso, por lo que corresponde anular la determinación de primera instancia”, indicaron.

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Por su parte, la camarista Bibiana Benítez señalo en su voto que “habiendo detectado serias violaciones a las reglas legales, fundamentalmente la inobservancia del artículo 175 del Código Procesal Penal, ya que han omitido referirse a pruebas relevantes del proceso, desoyendo que la citada norma manda a resolver la causa de la valoración conjunta y armónica de todas las pruebas producidas; se han detectado razonamientos absurdos y arbitrarios, que han provocado una falta de fundamentación, por lo que corresponde anular la determinación de primera instancia”, dice el criterio de la mencionada jueza.

Mientras que el camarista Delio Vera Navarro votó por confirmar la absolución de culpa y pena de Díaz Verón y su esposa.

El Tribunal de Sentencia conformado por Víctor Alfieri, Alba González y Darío Báez, había decido absolver de culpa y pena a Javier Díaz Verón, exfiscal general del Estado, y a su esposa, María Selva Morínigo, por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, respectivamente, por unanimidad y certeza absoluta. Esto, porque no se ha podido comprobar la responsabilidad de los mencionados en los hechos investigados.

Díaz Verón y su esposa fueron acusados por supuestamente no poder justificar la suma de G. 10.495.174.320 entre los ingresos y egresos de los años 2008 y 2017. A esto se suma, según los fiscales, que se intentaron ocultar los bienes a través de su esposa.

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Con su puño de hierro contra las guerrillas, el expresidente colombiano Álvaro Uribe amasó una popularidad a prueba de balas. Pero una histórica condena le hace mella al líder de la derecha cuestionado por sus presuntos vínculos con paramilitares. El político que gobernó el país entre 2002 y 2010 fue declarado culpable de sobornar testigos para que atestiguaran a su favor sobre su participación de estos escuadrones de ultraderecha. Es el primer expresidente del país condenado por la justicia penal.

Hijo de un hacendado y nacido hace 73 años en Medellín, Uribe llegó al poder cuando el país ardía por el enfrentamiento entre guerrilleros, paramilitares y fuerzas del Estado. Logró una cuestionada reforma constitucional que le permitió reelegirse y gobernar ocho años consecutivos, en los que se convirtió en el verdugo de las extintas FARC, a las que acusa de haber matado a su padre.

De hablar pausado y oratoria convincente, también es conocido por acaloradas declaraciones y una famosa llamada telefónica filtrada a la prensa, en la que insulta a su interlocutor y amenaza con golpearlo. De la mano de Estados Unidos, con el Plan Colombia como brazo financiero y militar, lanzó una ofensiva sin precedentes contra las FARC.

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“A esos bandidos les llegó la hora de la derrota total”, dijo en 2003 Uribe, que también fue senador (1986-1994 y 2014-2020) y gobernador del departamento de Antioquia (1995-1997). Al tiempo que mejoró la percepción de seguridad, su gobierno fue cuestionado por miles de asesinatos cometidos por militares durante la lucha contra las guerrillas.

Han sido documentados más de 6.000 “falsos positivos”, civiles acribillados y vestidos como guerrilleros para inflar resultados de combate y recibir recompensas. De las ocho millones de víctimas que por entonces dejaba el conflicto armado -entre desplazados, muertos y heridos-, el 40% se registraron durante su mandato.

Con una popularidad que rondó el 80% durante su gobierno, Uribe abandonó el poder en 2010, después que la justicia vetara un referéndum para postularse a un tercer mandato consecutivo. El dirigente que se precia de no saber bailar ni cantar, ni contar chistes y ser adicto al trabajo, nunca pensó en el retiro. Tras su salida de la presidencia, regresó al Congreso y rompió récords: en 2018 se convirtió en el senador más votado en la historia colombiana y prometió servir al país “hasta el último día” de su vida.

Así se reafirmó como padre de la derecha moderna al frente del partido Centro Democrático, bastión opositor y semillero de sus herederos políticos. Pese a escándalos de corrupción, espionaje y vínculos con paramilitares que enredan a su círculo cercano, en marzo amasaba una popularidad del 52%, según una encuesta de Bloomberg.

Uribe podría enfrentar una pena de hasta 12 años de prisión. Este juicio es el más sonado y politizado de las últimas décadas en el país, y es la punta del iceberg de otras investigaciones sobre sus nexos con los paramilitares antiguerrillas que entregaron las armas bajo su gobierno, en una controvertida negociación.

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De baja estatura y cabello blanco, Uribe es una figura que divide a los colombianos. Pero hasta los más críticos ven en él un actor clave en la desmovilización de las FARC tras ocho años de golpearlas sin clemencia. Estuvo detrás de la elección de su sucesor, Juan Manuel Santos (2010-2018). Pero entonces ocurrió lo impensable: Santos, que luego ganaría el Nobel de la Paz, decidió negociar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y Uribe lo acusó de traición.

En 2014, tomó las riendas de la oposición desde el Senado y orquestó la elección de su delfín Iván Duque (2018-2022). Desde entonces ha cosechado apoyo con su rechazo al acuerdo que desarmó a las FARC, y más recientemente con sus críticas al primer gobierno de izquierda de Colombia, del exguerrillero Gustavo Petro.

De origen liberal y formado en Derecho, con estudios en Harvard, Uribe llegó al poder en primera vuelta electoral con un discurso radical. El conflicto interno había entrado en un período crítico por el fracaso de una tentativa de paz con las FARC, la arremetida paramilitar y un boyante negocio del narcotráfico.

“Uribe supo aprovechar el miedo que la sociedad colombiana sentía frente a la violencia y la inseguridad para legitimar un proyecto político basado en la mano firme del Estado” que llamó “seguridad democrática”, dice la politóloga de la Universidad de Los Andes, Laura Wills-Otero. Sobrevivió a 15 atentados. El día de su posesión, las FARC atacaron con cohetes la sede presidencial. Amante de los caballos y siempre protegido por un robusto esquema de seguridad, es reservado sobre su vida familiar. Es casado y tiene dos hijos empresarios.

Fuente: AFP.