Se suspendió la audiencia preliminar para los acusados por narcotráfico en el caso conocido como “marihuana vip”, en el que se investiga la comercialización de droga. La jueza Clara Ruiz Díaz volvió a fijar para el próximo 5 de agosto, a las 8:00, la nueva la audiencia preliminar en la que se definirá si el presente caso se eleva a un juicio oral y público.
La diligencia judicial se pospuso debido a que uno de los defensores de los acusados no tuvo acceso a la carpeta fiscal, por lo que pidió copias para interiorizarse y preparar la defensa.
Los acusados son: Henry Alexander Homzi, alías Yankee; Eugenio José Méndez, alías Memo, María Monserrat Barros Estragó, Diego Elizeche Monti, Jorge Matías Samudio. La lista sigue con Matías Adrián Paciello, Rodrigo David Marecos, Nicolás Marecos, alias Nily; Arturo Daniel Vega Yambay.
También están acusados Gabriel Andrés Ricardo Martín López, alias Torta; Francisco Javier Gutiérrez, apodado Franche, y Moisés Enrique Basualdo Valiente.
Los procesados fueron detenidos en el denominado operativo “Gorila Glue”, tras al menos 12 allanamientos encabezados por integrantes de la unidad antidrogas del Ministerio Público y agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), en varios laboratorios clandestinos donde se producían marihuana de alta calidad, con invernaderos.
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Feminicidio de Deisy: Corte convoca a jueza de Paz por presuntas negligencias
El pleno de la Corte Suprema de Justicia convocó para la próxima semana a la jueza de Paz de Lambaré, Lidia Mariana Fariña, para que comparezca ante los altos magistrados en el marco de la investigación sobre las actuaciones judiciales previas al feminicidio de la joven Deisy Paola Giménez, ocurrido días atrás en Lambaré. La convocatoria se produce tras detectarse presuntas demoras y falta de diligenciamiento de las medidas de protección que la joven había solicitado antes de ser asesinada.
Igualmente, el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Jiménez Rolón, presentó los primeros resultados de la auditoría de reacción inmediata sobre el caso de Deisy Paola Giménez Segovia, víctima de feminicidio el 8 de octubre en Lambaré. Según el informe, pasaron ocho días hábiles entre la recepción de la denuncia por incumplimiento de la orden de alejamiento y la audiencia de ratificación. Ante esta situación, la Corte resolvió convocar a la jueza de Paz de Lambaré, Lidia Fariña, para que comparezca y brinde detalles sobre su actuación.
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La magistrada comunicó a la Fiscalía el supuesto desacato de Aldo Alexis Duarte Moreira, expareja de la víctima, el 7 de octubre, un día antes del crimen. Sin embargo, Jiménez Rolón advirtió que no existen constancias de que se haya diligenciado el oficio mediante el cual el juzgado debía comunicar formalmente al Ministerio Público el incumplimiento de la medida de protección.
El ministro explicó que Deisy presentó la denuncia el 18 de septiembre y que la jueza de turno, Natalia Molas, dictó ese mismo día la medida de protección y la orden de alejamiento contra Duarte Moreira. Por cuestiones de territorialidad, el expediente pasó al Juzgado de Paz de Lambaré, que recibió la documentación el 21 de septiembre. Posteriormente, durante la audiencia, Deisy ratificó su denuncia e informó que su expareja había incumplido la orden judicial. El 7 de octubre, Fariña notificó el hecho a la Fiscalía para que investigara el presunto desacato, pero no se encontró constancia de que el oficio haya sido efectivamente diligenciado.
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Comisarías de Oro: Filizzola recurre a la Corte para congelar su caso y seguir impune
El senador y exministro del Interior Rafael Filizzola, acusado de lesión de confianza en el caso conocido como “Comisarías de Oro”, sigue presentando un carnaval de chicanas en busca de impunidad en el proceso penal que enfrenta.
Esta vez, Filizzola promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia contra la resolución de la Cámara de Apelaciones que revocó la prescripción y el sobreseimiento definitivo del exsecretario de Estado.
El escrito presentado por la abogada María José Caballero Burgos, defensora de Filizzola, sostiene que el fallo del Tribunal de Apelación adolece de arbitrariedad e infringe abiertamente el artículo 256 de la Constitución Nacional, el cual impone que toda resolución judicial debe estar debidamente fundada en la Constitución y las leyes.
Con la presentación hecha por Filizzola, el mismo pretende suspender la realización de la audiencia preliminar fijada para este miércoles ante el juez penal de garantías Yoan Paúl López.
El citado magistrado ya pidió informes al secretario de la Sala Constitucional para constatar si existe tal presentación.
Días atrás, el Tribunal de Apelación en lo Penal, Primera Sala de la capital, resolvió revocar la resolución por la cual el juez penal de garantías n.º 11, Yoan Paul López Samudio, había declarado la prescripción de la causa seguida contra el exministro. De esta manera, el proceso por lesión de confianza contra Filizzola debe continuar vigente y deberá avanzar hacia la siguiente etapa procesal.
Uno de los puntos centrales de la resolución es el análisis de los sucesivos recursos, incidentes, recusaciones y acciones planteado durante la tramitación de la causa.
Según el tribunal, esta concatenación de actuaciones impidió la prosecución ordinaria del proceso y generó un período de “tiempo muerto” de 5 años, 5 meses y 12 días, que debe ser considerado como tiempo de suspensión de los plazos de prescripción.
El proceso se origina en la investigación sobre la construcción de baños y celdas en 24 comisarías del área metropolitana durante la gestión de Filizzola al frente del Ministerio del Interior.
Según la acusación, el caso habría ocasionado un perjuicio patrimonial de aproximadamente G. 1.200 millones.
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Fijan para el 6 de noviembre la audiencia preliminar para Dalia López
El próximo 6 de noviembre a las 08:30 se llevará a cabo la audiencia preliminar de la empresaria Dalia Angélica López. En esta diligencia, el juez penal de Garantías, Francisco Acevedo, definirá si la acusada enfrentará un juicio oral y público por la presunta provisión de cédulas paraguayas y pasaportes de contenido falso al exfutbolista brasileño Ronaldo de Assis Moreira (Ronaldinho), a su hermano Roberto y al prófugo Wilmondes Sousa Lira.
Los fiscales Christian Ortiz, Juan Ramón Sandoval, José Martín Morínigo y Alejandro Cardozo solicitaron al Juzgado de Garantías que la empresaria sea juzgada por la presunta comisión de los delitos de producción y uso de documentos públicos de contenido falso.
De acuerdo con la acusación fiscal, entre finales de 2019 y principios de 2020, López Troche —quien permaneció prófuga durante casi seis años— habría encomendado a sus secretarios de confianza, Gerardo Sebastián Medina Gómez e Iván Vidal Francisco Ocampos Miño, tramitar ante la Dirección Nacional de Migraciones la radicación permanente de Ronaldinho, su hermano y Sousa Lira para obtener los documentos de identidad paraguayos.
La Fiscalía sostiene que la empresaria sabía que los tres eran de nacionalidad brasileña, que no tenían intenciones de radicarse en Paraguay y que no cumplían con los requisitos legales exigidos. Para obtener los papeles, presuntamente abonó USD 19.000. Los secretarios habrían recurrido a Bernardo Guzmán Arellano y Cirilo Gustavo Amarilla, señalados como responsables de la producción de los documentos falsos con la colaboración de Wilson Arellano, Vicente Javier Martínez Moreno y Stella Marys Lugo.
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Narcojet: jueza decretó la prisión preventiva para funcionarios de la Dinac y otros imputados
La jueza Lici Sánchez decretó la prisión preventiva de Gustavo Adolfo Sandoval subgerente de Seguridad de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), así como de Víctor Fernández Arce (vinculado a la empresa de servicios aeroportuarios MUNSER FBO), Herman Cecilio Melgarejo Morales (despachante de vuelo) y José María Fernández Vera. Todos ellos están imputados por hechos punibles relacionados con el narcotráfico, tras la incautación de 263,7 kilos de marihuana premium (conocida como hachís) en un jet privado estadounidense que aterrizó en un hangar privado del Aeropuerto Silvio Pettirossi.
De acuerdo con la resolución judicial, dada a conocer tras la audiencia de imposición de medidas en la oficina de Atención Permanente del Palacio de Justicia, los imputados permanecerán en la Senad durante cinco días y luego serán trasladados al Centro Nacional de Prevenidos, exTacumbú.
Esta nueva imputación, presentada por la fiscal Ingrid Cubilla, corresponde a una segunda fase investigativa que busca determinar las intervenciones en la logística aeroportuaria, la descarga de la sustancia y las gestiones para evitar la verificación de las autoridades.
Según la hipótesis fiscal, el jet Challenger 604, procedente de Estados Unidos y con escala técnica en Panamá, llegó el 29 de mayo de 2026. Al día siguiente, durante la descarga, personal militar detectó bolsones con sustancias que el laboratorio identificó como resina de marihuana o hachís. La investigación atribuye a Fernández Arce la coordinación previa del vuelo y la descarga; a Melgarejo, las gestiones y presiones para liberar la carga; a Fernández Vera, el traslado de los bolsones; y a Sandoval (el subgerente de la Dinac), las comunicaciones para negociar la liberación del cargamento a cambio de una supuesta recompensa.
Para el Ministerio Público, las conductas atribuidas a los cuatro procesados habrían contribuido a facilitar la operación y el eventual retiro de la droga sin los controles correspondientes.