El juez de Delitos Económicos y Anticorrupción Humberto Otazú decidió levantar el embargo de dos cuentas corrientes y de dos cajas de ahorro que pesan sobre los bienes de Ramón González Daher (RGD), al solo efecto de dar cumplimiento a la orden del juez Civil y Comercial Hugo Garcete, quien tiene a su cargo el juicio iniciado por el Ministerio de Hacienda contra el exdirigente de fútbol sobre ejecución por deudas administrativas o deudas tributarias con la Secretaría de Estado de Tributación (SET).
El magistrado del fuero civil había ordenado el embargo ejecutivo de las cuentas corrientes y de las cajas de ahorro de Ramón González Daher, por valor G. 42.316.840.717, recursos que serán transferidos al Banco Nacional de Fomento (BNF) para el pago al Ministerio de Hacienda.
El representante del Ministerio Público Osmar Legal se allanó al pedido de levantamiento del embargo de las cuentas de RGD para el pago de la deuda impositiva a favor del Estado Paraguayo.
Ramón González Daher y su hijo Fernando González están acusados por usura y lavado de dinero, y días atrás un Tribunal de Apelación ratificó la elevación de la causa a juicio oral y público. Ahora se deberá sortear a los jueces de sentencia que tendrán a su cargo juzgar a padre e hijo.
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MEF continúa pagos a proveedores del Estado por más de G. 132.000 millones
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección General del Tesoro Público (DGTP), continúa este jueves con el pago a proveedores y acreedores del Estado, con un desembolso total de G. 132.936 millones, financiado con Recursos del Tesoro, del Crédito Público, e Institucionales.
Del monto previsto G. 670 millones corresponden a la Fuente 10, destinados a caja chica y gastos reservados. En tanto, G. 30.385 millones serán desembolsados con Fuente 20 para el pago a proveedores y acreedores del Estado. La Tesorería General procesará la totalidad de los compromisos correspondientes a las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR) ingresadas el martes 8 y miércoles 9 de setiembre.
Por su parte, la mayor parte del desembolso sumará G. 101.881 millones, correspondiente a la Fuente 30, también destinada a caja chica, gastos reservados y al pago a proveedores y acreedores del Estado. El MEF señaló que de esta manera las transferencias continúan de manera sostenida, conforme a las solicitudes presentadas.
También se encuentra disponible en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), dentro de compras públicas, en el apartado pagos, así como en la sección “Enlaces de Interés” del Sistema de Proveedores del Estado (Sipe). El calendario de pagos puede ser consultado en el sitio web institucional, en el apartado consulta ciudadana, luego calendario de pagos, e ingresando a pago a proveedores.
Asimismo, el martes pasado el MEF desembolsó G. 222.265 millones para el pago a empresas proveedoras de bienes y servicios al Estado. En la fecha se procesaron la totalidad de los compromisos correspondientes a las STR ingresadas a la DGTP los días jueves 3, viernes 4 y lunes 7 de setiembre de 2026.
Del total previsto, G. 94 millones correspondieron a la Fuente 10, destinados a caja chica y gratuidad en la Educación Superior, G. 169.753 millones a la Fuente 20, para el pago a proveedores y acreedores del Estado, mientras que G. 52.419 millones a la Fuente 30, también destinados al pago a proveedores y acreedores del Estado.
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Un juez del Supremo de Brasil suspende al jefe de la policía en plena crisis judicial
Un juez de la corte suprema de Brasil ordenó este martes la suspensión del director de la policía federal, en un nuevo episodio de la crisis desatada a raíz de un enorme esquema de fraude a menos de un mes de las presidenciales.
La inédita crisis en el máximo tribunal ha alcanzado de llena la campaña electoral en la que el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva busca su reelección ante el conservador Flávio Bolsonaro.
El escándalo se originó la semana pasada con la publicación de un informe policial que reveló mensajes enviados por el banquero Daniel Vorcaro a un número atribuido al juez Alexandre de Moraes. En ellos, Vorcaro pidió ayuda para frenar la investigación que poco después llevó a su arresto por sospechas de fraude.
Ese informe fue divulgado por el juez André Mendonça, a cargo del caso del ahora liquidado Banco Master, del que Vorcaro era dueño.
En el nuevo episodio de este martes, Mendonça acusó a la policía federal de haberlo espiado ilegalmente mediante informes de inteligencia secretos.
En su decisión, a la que tuvo acceso la AFP, Mendonça calificó de “gravísima” la vigilancia de la que era objeto y comparó el episodio con la novela distópica “1984”, de George Orwell.
El magistrado decidió “la suspensión preventiva” del jefe de la policía federal, Andrei Rodrigues, así como del jefe de inteligencia del organismo, Leandro Almada da Costa.
Según Mendonça, los informes de la policía federal eran anónimos y carentes de rigor técnico, y contenían especulaciones sobre la vida política y personal de magistrados y funcionarios, algo que demostró una violación a la independencia judicial.
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Los informes citados por Mendonça fueron publicados por el juez Moraes, en una decisión en la que acusó a su colega de “abuso de autoridad”.
Una fuente del gobierno de Lula dijo a periodistas, incluida la AFP, que se prevé que el órgano público de defensa jurídica del Estado recurra la suspensión de Rodrigues en las próximas horas.
El expresidente Jair Bolsonaro, padre del candidato conservador, nombró a Mendonça en la corte suprema durante su presidencia.
“Intereses electorales”
Hijo mayor del ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022), Flávio respaldó la decisión de Mendonça. El “grupo especial de Lula en la policía federal (fue) desenmascarado oficialmente”, escribió el candidato en X.
Flávio Bolsonaro, al igual que buena parte de la derecha brasileña, ha cuestionado a Moraes por haber condenado a su padre a 27 años de cárcel por intentar un golpe de Estado al final de su mandato.
El evento que “la gloriosa policía federal volvió a tener autonomía para ir detrás de los criminales, y no los adversarios políticos de Lula”. En el campo de Lula, la lectura fue opuesta.
“Brasil está sumido en una crisis institucional sin precedentes en la historia del país”, dijo a la AFP Marco Aurélio de Carvalho, coordinador jurídico de la campaña de Lula.
“No podemos permitir que las funciones públicas vuelvan a ser capturadas por intereses políticos y electorales”, agregó Carvalho.
De su lado, el nuevo director general en ejercicio de la policía federal, William Murad, reafirmó “la total confianza” de la institución en Rodrigues.
El resto de una vez jefes de divisiones pusieron incluso sus cargos a disposición y cuestionaron las “narrativas marcadamente influenciadas por intereses político-electorales” que llevaron a la suspensión, según una carta obtenida por la AFP.
- Fuente: AFP
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A Ultranza Py: decretan prisión de supuesto secretario logístico de Marset
El juez Rodrigo Emmanuel Estigarribia, interino de su colega Osmar Legal, decretó la prisión preventiva de Dionisio Manuel Cáceres Cabrera (38), alias “Chiqui”. Según la investigación, Cáceres Cabrera se desempeñaba como secretario, operador e intermediario logístico de una estructura dedicada al tráfico, acopio y comercialización de cocaína que habría estado encabezada por el presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.
La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares llevada a cabo en el Palacio de Justicia. La defensa del procesado tiene la posibilidad de apelar la decisión; en ese caso, un tribunal de apelación deberá resolver si corresponde confirmar la resolución del Juzgado Penal de Garantías.
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Cáceres Cabrera fue capturado el domingo en Itacurubí de la Cordillera durante el denominado operativo Nexus 2. El imputado por tráfico de drogas y asociación criminal dentro del esquema “A Ultranza Py” se encontraba prófugo desde febrero y afronta una pena de hasta 30 años de cárcel.
La investigación, que empleó técnicas especiales como la interceptación de llamadas telefónicas, reveló que la red delictiva operaba de manera coordinada tanto desde el exterior como desde el interior de establecimientos penitenciarios, donde el sospechoso cumplía el rol de brazo ejecutor fuera de los reclusorios.
“Dentro de lo que es la investigación del caso, se señalaba una estructura que operaba incluso desde establecimientos penitenciarios por personas que ya estaban privadas de libertad en el marco de la causa A Ultranza Py. En ese sentido, se ha identificado a personas que también operaban para esta estructura desde fuera de esos establecimientos, y una de ellas es el procesado capturado ayer”, explicó este lunes la fiscal Ingrid Cubilla en comunicación con el programa “Así son las cosas” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
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Contraloría apunta a Vicente Bataglia por pagos a jubilados fallecidos en IPS
El contralor general de la República, Camilo Benítez, sostuvo que encontró irregularidades administrativas en el Instituto de Previsión Social (IPS), apuntando directamente contra administraciones anteriores, especialmente al expresidente Vicente Bataglia. Durante la presentación del Informe Financiero del Poder Ejecutivo 2025, realizada este lunes en el Congreso, el titular de la Contraloría General expuso algunos de los principales hallazgos en el marco de la auditoría a la previsional.
Benítez confirmó que se detectaron diversas anomalías administrativas y financieras en la institución, situación que salpica directamente a las gestiones de los últimos años. Entre los hallazgos citó el pago de jubilaciones a personas fallecidas; se calcula que el IPS habría desembolsado más de G. 50.000 millones en concepto de haberes a más de 11.000 difuntos.
Asimismo, se detectaron inconsistencias en el stock de medicamentos luego de solicitar una actualización del sistema. El lote de fármacos registró una baja del 45 %, por un valor superior a los G. 600.000 millones. “Eso significa que se registró mal o que desaparecieron; no podemos afirmar nada ni tampoco descartarlo”, indicó el contralor.
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Por otra parte, para garantizar la provisión de medicamentos cuyos contratos ya habían vencido, el IPS recurrió a la firma de nuevos acuerdos que luego fueron homologados judicialmente, evadiendo el procedimiento habitual de la ley de contrataciones. Esto representó un gasto de USD 25 millones.
“Ahora entiendo por qué en años anteriores se resistían tanto los extitulares de la previsional, como por ejemplo Vicente Bataglia. Inclusive, tuvimos que recurrir a acciones judiciales y órdenes de allanamiento para acceder a esta información”, añadió Benítez.
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