El juez de Delitos Económicos y Anticorrupción Humberto Otazú decidió levantar el embargo de dos cuentas corrientes y de dos cajas de ahorro que pesan sobre los bienes de Ramón González Daher (RGD), al solo efecto de dar cumplimiento a la orden del juez Civil y Comercial Hugo Garcete, quien tiene a su cargo el juicio iniciado por el Ministerio de Hacienda contra el exdirigente de fútbol sobre ejecución por deudas administrativas o deudas tributarias con la Secretaría de Estado de Tributación (SET).
El magistrado del fuero civil había ordenado el embargo ejecutivo de las cuentas corrientes y de las cajas de ahorro de Ramón González Daher, por valor G. 42.316.840.717, recursos que serán transferidos al Banco Nacional de Fomento (BNF) para el pago al Ministerio de Hacienda.
El representante del Ministerio Público Osmar Legal se allanó al pedido de levantamiento del embargo de las cuentas de RGD para el pago de la deuda impositiva a favor del Estado Paraguayo.
Ramón González Daher y su hijo Fernando González están acusados por usura y lavado de dinero, y días atrás un Tribunal de Apelación ratificó la elevación de la causa a juicio oral y público. Ahora se deberá sortear a los jueces de sentencia que tendrán a su cargo juzgar a padre e hijo.
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Comisarías de oro: juez Palacios llevará adelante la audiencia preliminar de Filizzola
Tras las diversas chicanas impulsadas por el senador del Partido Democrático Progresista (PDP), Rafael Filizzola, finalmente la causa judicial que enfrenta por lesión de confianza será reencauzada con la designación del juez penal de garantías, Miguel Ángel Palacios.
El magistrado se encuentra a cargo del juzgado penal número 7 y será el que que fije fecha para la audiencia preliminar, tras la cual se deberá determinar si la causa a va a juicio oral y público.
Palacios fue asignado a la causa conocida como “comisarías de oro” mediante la vía del sorteo y luego de que Filizzola a través de su abogado José Duarte Cacavelos, haya recusado el pasado 15 de octubre al juez Yoan Paul López, por parcialidad y falta de independencia.
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Antecedentes
La causa judicial investiga una supuesta lesión de confianza y un perjuicio patrimonial de aproximadamente G. 1.200 millones al Estado, originado durante la gestión de Rafael Filizzola como ministro del Interior (2008-2011) a raíz de presuntas irregularidades en la adjudicación y construcción de obras en comisarías.
En cuanto al proceso judicial, este se ha visto dilatado durante años mediante una serie sucesiva de chicanas interpuestas por la defensa, lo que ha evitado la realización de un juicio oral y público definitivo, registrando sobreseimientos previos en 2022 y nuevas postergaciones de audiencias preliminares en medio de cuestionamientos sobre los plazos procesales.
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Jueza ordenó bloquear cuentas de cuatro procesados por el caso Narcojet
La jueza de Garantías de Crimen Organizado, Rosarito Montanía, dispuso la inhibición de bienes y el bloqueo de cuentas bancarias y otros productos financieros de cuatro imputados en la investigación por los 263,7 kilogramos de hachís hallados en un jet privado estadounidense que ingresó al Hangar ubicado en el Aeropuerto Silvio Pettirossi.
La resolución fue dispuesta a pedido de la fiscala Ingrid Cubilla y afecta a Víctor Emanuel Fernández Arce, vinculado a la empresa Munser FBO; Hermann Cecilio Melgarejo Morales, quien habría actuado como despachante de vuelo; José María Fernández Vera; y Gustavo Adolfo Sandoval Lamas, exsubgerente de Seguridad de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac).
La determinación comprende la prohibición de enajenar o gravar bienes muebles e inmuebles, además del bloqueo de cuentas corrientes, cajas de ahorro y otros productos financieros a nombre de los procesados en bancos, financieras, casas de crédito y cooperativas.
El Ministerio Publico argumentó que existe una sospecha razonable de que los bienes y fondos podrían provenir de beneficios económicos relacionados con actividades ilícitas vinculadas al tráfico de drogas. La jueza consideró urgente asegurar el patrimonio ante el riesgo de que los imputados puedan ocultarlo, transferirlo o modificar su situación patrimonial para evitar un eventual comiso.
Según la hipótesis fiscal, el avión Challenger 604, con matrícula N116HL, procedente de Estados Unidos y con escala técnica en Panamá, arribó al hangar el 29 de mayo de 2026, cerca de las 21:12. La investigación apunta a presuntas coordinaciones para facilitar la recepción de la aeronave y sus ocupantes, así como el acceso al establecimiento.
Esta segunda fase investigativa identificó posibles intervenciones relacionadas con la logística aeroportuaria, la descarga de la sustancia y gestiones que, presuntamente, buscaban evitar su verificación por parte de las autoridades. Las medidas patrimoniales buscan preservar bienes y fondos mientras avanza la investigación.
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Juez ordena secuestro de vehículos y embargo de cuentas de Eddie Jara y su exesposa
El juez Osmar Legal dispuso el embargo preventivo de los fondos existentes y de los que pudieran ingresar en las cuentas corrientes, cajas de ahorro y productos financieros habilitados en el sistema bancario, financiero y cooperativo registrados a nombre de los imputados Eddie Ramón Jara Rojas (por presunto enriquecimiento ilícito) y Karina Estefana Otazú Fleitas, exesposa de Jara (por presunto lavado de dinero).
Igualmente, el magistrado decretó la prohibición de innovar y contratar sobre varios vehículos, entre ellos un Jeep Compass Limited (modelo 2025), un Jeep Commander (modelo 2024) y un Toyota Land Cruiser.
También se ordenó la inhibición general de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles pertenecientes a los procesados, así como el secuestro de los rodados mencionados, oficiando a la Dirección del Registro de Automotores y a la Comandancia de la Policía Nacional para su inscripción y cumplimiento efectivo.
Asimismo, el juez Legal admitió la imputación contra Jara y su exesposa, y fijó para el próximo 6 de noviembre, a las 7:40 y 7:50, la audiencia de imposición de medidas cautelares, instancia en la que se definirá si los procesados litigarán en libertad o bajo prisión preventiva.
Más de G. 5.399 millones sin justificar
La investigación está encabezada por la fiscal Yeimy Adle, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, quien presentó el acta de imputación N.º 04/26 durante la noche del jueves.
Según los investigadores, el análisis patrimonial permitió identificar una diferencia de G. 5.399.450.612 que no habría sido justificada, equivalente al 97,33 % del patrimonio examinado por el Ministerio Público.
La Fiscalía sostiene que existen movimientos financieros que no guardarían correspondencia con los ingresos lícitos documentados del exfuncionario. Para llegar a esta conclusión, los investigadores analizaron declaraciones juradas de bienes y rentas, documentos tributarios, registros bancarios y distintas operaciones económicas vinculadas al exdirectivo de la petrolera estatal.
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Juez otorgó medidas alternativas a exintendente de Villa Hayes
El juez penal de garantías, Humberto Otazú, otorgó medidas alternativas a la prisión al exintendente de Villa Hayes, Esteban Ríos Ayala, y a su hijo, Esteban David Ríos Isasi, imputados por supuesta administración en provecho propio por un presunto negociado con un terreno municipal en Remansito, por cuya adjudicación no se habría realizado pago alguno.
Otazú dispuso la prohibición de cambiar de domicilio, mantener los números de celular informados al Juzgado y cumplir con la prohibición de salir del país, entre otras reglas de conducta.
Además, fueron intimados a presentar, en un plazo de 20 días, el título de propiedad y el informe de condiciones de dominio del inmueble ofrecido como fianza. La garantía deberá cubrir G. 25.000.000 por cada procesado, por un total de G. 50.000.000.
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Según la imputación fiscal, entre 2020 y 2021, el entonces intendente habría beneficiado a su hijo con un certificado de ocupación de un inmueble municipal de 2.512,02 metros cuadrados, ubicado en San Jorge–Remansito. Posteriormente, el terreno fue adjudicado a Ríos Isasi, quien presuntamente no abonó el arrendamiento ni el precio de la adquisición definitiva.
El 26 de noviembre de 2020, Ríos Ayala expidió el certificado de ocupación a favor de su hijo. En 2021, este solicitó el arrendamiento del inmueble y el procedimiento culminó con un contrato que fijó un canon anual de G. 120 por metro cuadrado, monto que tampoco habría sido pagado.
El 25 de octubre de 2021, Ríos Isasi solicitó la compra definitiva del terreno. La Junta Municipal de Villa Hayes, mediante la Resolución JM N.º 510/2021, del 2 de noviembre de ese año, aprobó la adjudicación por G. 32.068.447 y autorizó al entonces intendente a suscribir la escritura de transferencia.
Sin embargo, según un informe remitido por la Municipalidad al Ministerio Público, no existen registros de pagos por la adquisición definitiva ni comprobantes contables.
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