El exsenador colorado Víctor Bogado presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una ampliación del pedido de revisión de su condena por el caso Gabriela Quintana. Argumentó hechos nuevos y además, que la acción prescribió durante el proceso penal.

“Hemos ampliado el pedido de revisión de la condena, que fue una condena totalmente política y en ese sentido por varios acontecimientos que se dieron. Por hechos nuevos, por violación del principio de legalidad jurídica, por la contradictoria e inverosímil carga de pruebas como así también por la violación de la proporcionalidad”, explicó.

Así también se agrega el hecho de que la acción prescribió durante el proceso penal, conforme expresó, al asegurar que hay varias jurisprudencias que se dieron en el ámbito judicial.

“En el caso nuestro simplemente fue una condena política, con el único fin de desalojarme de la banca”, ratificó, insistiendo que ese era el objetivo de sus detractores desde el principio.

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Bogado recordó un caso reciente en que se tuvo que anular todo el proceso, mencionó que en su causa, durante el desarrollo de las deliberaciones del Tribunal de Sentencia, su caso también ya había prescripto.

“Se supone que la prescripción corre desde el momento en que se produce el hecho. Y nosotros ese famoso pedido de comisionamiento (Gabriela Quintana), que tanto se habló, a Itaipú, habíamos dejado sin efecto durante el ejercicio mismo de nuestra presidencia ese pedido”, mencionó.

El exparlamentario sostuvo que la Fiscalía nunca tuvo en cuenta tal resolución emitida por la propia Cámara de Diputados. Un mes después de que se percataron del error administrativo, se dejó sin efecto el pedido de comisionamiento de Quintana, aseguró.

Bogado afronta un proceso en el caso de cobro indebido de honorarios de Gabriela Quintana, más conocida como la niñera de oro. Según los antecedentes, el extitular de Diputados fue condenado como cómplice a un año de pena privativa de libertad, con suspensión de la ejecución de la pena a cambio de donar G. 20 millones mensuales a instituciones de beneficencia.

En tanto que Quintana fue sentenciada a un año y seis meses, aunque también fue favorecida con la suspensión de cárcel.

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