El agente fiscal Osvaldo García lideró un operativo realizado en la localidad de Bella Vista, Yhú, departamento de Caaguazú, donde se incautó más de una tonelada de marihuana y se realizó la destrucción de la plantación, un campamento, y un depósito precario con droga prensada y picada. Acompañaron el procedimiento agentes de las Fuerzas Especiales de la Senad y de la Oficina Regional N° 5 de la Senad.
Se incautaron 450 kilos de supuesta marihuana empaquetada en 449 panes. Así mismo, 70 bolsas con 950 kilogramos de supuesta marihuana picada; además de una prensa rústica, cinco gatos hidráulicos, 5 kilos de semillas, un campamento precario, un depósito precario, una parcela de dos hectáreas de plantación de marihuana en etapa de crecimiento.
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Todo esto fue incinerado en el lugar conforme a una resolución judicial emanada por el juez penal de Garantías de la ciudad de Coronel Oviedo, Carlos Zelaya. El pedido para que el citado magistrado pueda ordenar la destrucción de la droga fue realizado por el agente fiscal encargado del mencionado procedimiento.
El Ministerio Público se encuentra tras los pasos de las personas que serían los propietarios del campamento de marihuana, así como de la droga. En caso de ser detenidas, serán imputadas por narcotráfico y se solicitará la prisión preventiva.
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Desmantelan cultivos de marihuana en la reserva del Mbaracayú
Agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) desplegaron un operativo en la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú, donde desmantelaron grandes plantaciones de marihuana y campamentos que podrían pertenecer al prófugo Felipe Acosta, alias Macho. El procedimiento se coordinó con la misma fundación Moisés Bertoni y contó con el apoyo del Comando de Operaciones de Defensa Interna (Codi) y la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).
“Es un esfuerzo que está desarrollando la Senad en coordinación con el Codi y también con la fundación Moisés Bertoni, entendiendo que es un doble crimen. Por un lado lo que es el narcotráfico, la producción y tráfico de drogas. Y por el otro la afectación negativa que esto genera dentro de la reserva natural”, señaló Francisco Ayala, director de Comunicaciones de la Senad al canal NPY.
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Recordó que son más de 60.000 hectáreas de bosques protegidos y en los últimos meses las estructuras criminales están ingresando para cultivar marihuana. “Para producir una hectárea de marihuana se tiene que talar una hectárea de bosques, entonces hay un efecto negativo contra el medioambiente. Y por eso es que estamos desarrollando esta operación que vamos a extendiendo por varios días”, remarcó.
Así también mencionó que hallaron otras evidencias como los lugares donde se realiza la primera fase del desmonte con la tala masiva de árboles. “Esta es una parcela recién preparada, todavía las plantas son pequeñas. Y vamos a ir a otros puntos donde ya están parcelas prácticamente de cosecha. Entonces, es un trabajo realmente complicado por el terreno y vamos a seguir teniendo el apoyo de las Fuerzas Armadas para las incursiones”, puntualizó.
El vocero de la Senad sostuvo que el poder principal de las organizaciones criminales constituye la producción de marihuana. “Entonces, estas operaciones van debilitando a las estructuras y van generando un retroceso por parte del crimen organizado en la zona. Por eso la directiva de la Presidencia es la presencia permanente de las fuerzas de seguridad en el departamento de Canindeyú”, añadió.
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Gobierno evalúa instalar mesa de diálogo para atender reclamos de cañicultores
El presidente de la República en ejercicio, Pedro Alliana, mantuvo una reunión con representantes de la Asociación de Cañicultores, quienes reclaman al Gobierno el cumplimiento de obras paralizadas, el reajuste de precios por tonelada y el inicio inmediato de la zafra. Del encuentro participaron Marcelo Soto, gobernador de Caaguazú, y César Sosa, gobernador del Guairá.
“Esto es una problemática social, hay miles de familias que dependen directamente del cultivo de la caña de azúcar; las reivindicaciones son completamente válidas. Tenemos las esperanzas de que se llegue a una mesa de trabajo que finalmente termine levantando las medidas de fuerza que finalmente afectan los derechos de terceros“, dijo Soto en entrevista con el programa “Dos en la ciudad” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Más de 300 camiones y tractores avanzan hacia la ciudad de Asunción como medida de fuerza. Esperan que sus reclamos sean atendidos para evitar mayores conflictos en el sector.
“Entiendo yo que se va a establecer una mesa de diálogo porque esto no será inmediato, algunas cosas se solucionarían rápidamente, mientras que otras tendrían un plazo más largo. Debemos valorar la predisposición que tuvo el vicepresidente en llamar al presidente de Petropar, Eddie Jara, para que atienda los reclamos del sector cañero”, indicó.
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Entre los principales reclamos está la culminación del nuevo tren de molienda en la planta alcoholera de Petróleos Paraguayos (Petropar) en Mauricio José Troche. La obra debía estar operativa en el 2023.
Otra solicitud es el ajuste de precio de la caña de azúcar, teniendo en cuenta que llevan 4 años cobrando la misma tarifa, pese a las pérdidas sufridas a raíz de la sequía. El último requerimiento guarda relación con el comienzo de la zafra 2025, cuya fecha ha sido postergada constantemente.
“Se llegó hasta este punto por la falta de diálogo. Queremos llegar a una solución, que el sector cañero se pacifique, que los cañicultores estén en sus chacras trabajando y no en las calles. El presidente Santiago Peña y su gobierno ya han demostrado que quieren estar al lado del sector cañero”, remarcó Soto.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Cañicultores, Cristian Fonseca, señaló que lo que piden “es una estabilidad laboral y eso será el nuevo tren de molienda, al tener esto ya estaremos como pequeños productores muy agradecidos al gobierno. Esperamos una voluntad política, para sentarnos a dialogar y ver soluciones". Se aguarda que en el transcurso de la fecha los cañicultores mantengan un encuentro con el titular de Petropar.
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Persecución policial termina con incautación de 1,2 toneladas de marihuana paraguaya en Brasil
Pedro Juan Caballero (Emerson Dutra, corresponsal)
La droga fue encontrada en la carrocería de una lujosa camioneta Toyota, tipo Hilux, denunciada como robada en el mes de setiembre del año 2024 en el estado brasileño de Paraná.
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A través del informe policial, indicaron que el pasado domingo, en horas de la noche, agentes del Departamento de Operaciones de Frontera (DOF) estaban realizando corte de ruta en la altura de la ciudad de El Dorado, a unos 200 kilómetros de la ciudad de Pedro Juan Caballero, capital de Amambay, cuando intentaron detener el referido vehículo para una inspección de rutina.
El conductor, en vez de detener la marcha de su vehículo, se dio a la fuga iniciándose, en ese momento, una persecución que duró varios minutos.
Para escapar de los uniformados, el desconocido ingresó en un cultivo de maíz y, tras bajarse de la Toyota, se escapó a pie.
Grande fue la sorpresa de los agentes del DOF cuando, al verificar el vehículo, encontraron en su carrocería 1.142 kilos de marihuana prensada de alta calidad y 96 kilos de esa droga, pero de la calidad skunk.
Los agentes realizaron un riguroso rastrillaje por la zona con la finalidad de capturar al conductor de la Hylux, pero sin resultado positivo.
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Informes de inteligencia de la policía brasileña revelan que la droga salió de los bosques de la región de frontera.
Según los uniformados, la millonaria “mercadería” pertenecería a una poderosa facción criminal que, desde Paraguay, provee gran cantidad de la hierba maldita al Brasil.
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Acusan y piden juicio oral para la esposa de Alejandro Ramos
El agente fiscal, Federico Delfino Ginés, presentó acusación en contra de Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos, en el marco de la causa “Osvaldo Villalba y otros sobre apología del delito y otros”.
La mujer fue acusada por los hechos punibles de apología del delito, atentado contra la existencia del Estado y atentado contra el orden Constitucional. Además de transgresión a la Ley especial de armas Ley 4030/10, producción de riesgos comunes.
Se presume que la hoy acusada formó parte activa del grupo terrorista autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Igualmente se pidió que el presente caso se discuta en un juicio oral y público, atendiendo a todos los elementos probatorios que se tienen en la carpeta fiscal.
Luego del análisis pormenorizado del material audiovisual realizado por el EPP, se logró identificar a las personas que aparecen en los vídeos enviados y difundidos por los medios de comunicación entre las que se encuentra Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos.
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En el mes de diciembre de 2013, integrantes del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, entre ellos la acusada, se reunieron en un lugar boscoso en el norte del país, cuyo objetivo fue la grabación de un material audiovisual, entregado entre el 19 y el 20 de enero de 2014 y posteriormente difundido por los medios de comunicación, como ser, Sistema Nacional de Televisión, Telefuturo, Unicanal, Paravisión y Canal 13, sumados a ellos los medios radiofónicos en general y los de prensa escrita.
En la grabación audiovisual llevaron a cabo una manifestación dirigida a la ciudadanía paraguaya en la que Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos se encontraba con vestimentas alusivas al EPP portando un arma de fuego tipo escopeta calibre 12 en compañía de otros integrantes como Osvaldo Villalba, líder del citado grupo armado, quien realizó referencias negativas al expresidente de la República Horacio Cartes y asimismo instigó a que la clase obrera, campesina, estudiantes e indígenas, debía “unirse e impulsar la lucha de liberación del pueblo; lucha que ha emprendido el brazo armado de los pobres, el “EPP”.
Dichos términos fueron utilizados con el objetivo de incitar a actos de violencia y desobediencia de las autoridades legalmente constituidas en nuestro país.
En el material también se observa a
- Manuel Cristaldo Mieres,
- Ladi Siqueira Krauze,
- Magna María Meza Martínez,
- Vidalina Cardozo,
- Jorgelina Silva Cáceres,
- Liliana Elizabeth Villalba Ayala,
- Alejandro Ramos Morel,
- Esteban Marín López,
- Domingo Ovelar González,
- Alejandro Ramos
- y Feliciano Bernal
Todos, al momento de la grabación del material audiovisual también portaban armas de grueso calibre como fusil calibre 7.62, fusil T65 calibre 5.56, pistola ametralladora Beretta PM12, escopeta calibre 12 y uniformes camuflados, los cuales son de uso exclusivo de los organismos de seguridad del Estado.