Un Tribunal de Sentencia, conformado por los magistrados Héctor Escobar, Wilfrido Peralta y Sandra Farías, condenó a Aníbal Vera a 18 años de cárcel; al expolicía Carlos Figueredo, a 13 años de pena privativa de libertad, y a 11 años a Héctor López, tras ser hallados culpables por el delito de narcotráfico.
El fiscal del presente caso fue Eduardo Royg, quien luego de un trabajo de inteligencia realizado por agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) logró la detención de los hoy condenados. Los mismos fueron detenidos cuando estaban trasladando una carga de 4.222 kilos de marihuana desde San Pedro a Itapúa.
La carga iba en un camión tipo tumba y una camioneta estaba actuando de “puntero o campana” para dar aviso en caso de que por el camino hubiera control policial o de la Senad. Sin embargo, en Moisés Bertoni se detuvo al citado camión. La droga estaba oculta debajo de la piedra triturada, pero gracias al trabajo de inteligencia se pudo detectar el cargamento.
Ahora la defensa de los condenados tiene la posibilidad de apelar el presente fallo judicial y, en caso de ser así, será un tribunal de apelación el que tendrá la última palabra para decidir si ratifica la condena o anula y dispone que se realice un nuevo juicio oral y público.
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Desmantelan cultivos de marihuana en la reserva del Mbaracayú
Agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) desplegaron un operativo en la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú, donde desmantelaron grandes plantaciones de marihuana y campamentos que podrían pertenecer al prófugo Felipe Acosta, alias Macho. El procedimiento se coordinó con la misma fundación Moisés Bertoni y contó con el apoyo del Comando de Operaciones de Defensa Interna (Codi) y la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).
“Es un esfuerzo que está desarrollando la Senad en coordinación con el Codi y también con la fundación Moisés Bertoni, entendiendo que es un doble crimen. Por un lado lo que es el narcotráfico, la producción y tráfico de drogas. Y por el otro la afectación negativa que esto genera dentro de la reserva natural”, señaló Francisco Ayala, director de Comunicaciones de la Senad al canal NPY.
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Recordó que son más de 60.000 hectáreas de bosques protegidos y en los últimos meses las estructuras criminales están ingresando para cultivar marihuana. “Para producir una hectárea de marihuana se tiene que talar una hectárea de bosques, entonces hay un efecto negativo contra el medioambiente. Y por eso es que estamos desarrollando esta operación que vamos a extendiendo por varios días”, remarcó.
Así también mencionó que hallaron otras evidencias como los lugares donde se realiza la primera fase del desmonte con la tala masiva de árboles. “Esta es una parcela recién preparada, todavía las plantas son pequeñas. Y vamos a ir a otros puntos donde ya están parcelas prácticamente de cosecha. Entonces, es un trabajo realmente complicado por el terreno y vamos a seguir teniendo el apoyo de las Fuerzas Armadas para las incursiones”, puntualizó.
El vocero de la Senad sostuvo que el poder principal de las organizaciones criminales constituye la producción de marihuana. “Entonces, estas operaciones van debilitando a las estructuras y van generando un retroceso por parte del crimen organizado en la zona. Por eso la directiva de la Presidencia es la presencia permanente de las fuerzas de seguridad en el departamento de Canindeyú”, añadió.
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Persecución policial termina con incautación de 1,2 toneladas de marihuana paraguaya en Brasil
Pedro Juan Caballero (Emerson Dutra, corresponsal)
La droga fue encontrada en la carrocería de una lujosa camioneta Toyota, tipo Hilux, denunciada como robada en el mes de setiembre del año 2024 en el estado brasileño de Paraná.
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A través del informe policial, indicaron que el pasado domingo, en horas de la noche, agentes del Departamento de Operaciones de Frontera (DOF) estaban realizando corte de ruta en la altura de la ciudad de El Dorado, a unos 200 kilómetros de la ciudad de Pedro Juan Caballero, capital de Amambay, cuando intentaron detener el referido vehículo para una inspección de rutina.
El conductor, en vez de detener la marcha de su vehículo, se dio a la fuga iniciándose, en ese momento, una persecución que duró varios minutos.
Para escapar de los uniformados, el desconocido ingresó en un cultivo de maíz y, tras bajarse de la Toyota, se escapó a pie.
Grande fue la sorpresa de los agentes del DOF cuando, al verificar el vehículo, encontraron en su carrocería 1.142 kilos de marihuana prensada de alta calidad y 96 kilos de esa droga, pero de la calidad skunk.
Los agentes realizaron un riguroso rastrillaje por la zona con la finalidad de capturar al conductor de la Hylux, pero sin resultado positivo.
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Informes de inteligencia de la policía brasileña revelan que la droga salió de los bosques de la región de frontera.
Según los uniformados, la millonaria “mercadería” pertenecería a una poderosa facción criminal que, desde Paraguay, provee gran cantidad de la hierba maldita al Brasil.
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Acusan y piden juicio oral para la esposa de Alejandro Ramos
El agente fiscal, Federico Delfino Ginés, presentó acusación en contra de Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos, en el marco de la causa “Osvaldo Villalba y otros sobre apología del delito y otros”.
La mujer fue acusada por los hechos punibles de apología del delito, atentado contra la existencia del Estado y atentado contra el orden Constitucional. Además de transgresión a la Ley especial de armas Ley 4030/10, producción de riesgos comunes.
Se presume que la hoy acusada formó parte activa del grupo terrorista autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Igualmente se pidió que el presente caso se discuta en un juicio oral y público, atendiendo a todos los elementos probatorios que se tienen en la carpeta fiscal.
Luego del análisis pormenorizado del material audiovisual realizado por el EPP, se logró identificar a las personas que aparecen en los vídeos enviados y difundidos por los medios de comunicación entre las que se encuentra Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos.
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En el mes de diciembre de 2013, integrantes del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, entre ellos la acusada, se reunieron en un lugar boscoso en el norte del país, cuyo objetivo fue la grabación de un material audiovisual, entregado entre el 19 y el 20 de enero de 2014 y posteriormente difundido por los medios de comunicación, como ser, Sistema Nacional de Televisión, Telefuturo, Unicanal, Paravisión y Canal 13, sumados a ellos los medios radiofónicos en general y los de prensa escrita.
En la grabación audiovisual llevaron a cabo una manifestación dirigida a la ciudadanía paraguaya en la que Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos se encontraba con vestimentas alusivas al EPP portando un arma de fuego tipo escopeta calibre 12 en compañía de otros integrantes como Osvaldo Villalba, líder del citado grupo armado, quien realizó referencias negativas al expresidente de la República Horacio Cartes y asimismo instigó a que la clase obrera, campesina, estudiantes e indígenas, debía “unirse e impulsar la lucha de liberación del pueblo; lucha que ha emprendido el brazo armado de los pobres, el “EPP”.
Dichos términos fueron utilizados con el objetivo de incitar a actos de violencia y desobediencia de las autoridades legalmente constituidas en nuestro país.
En el material también se observa a
- Manuel Cristaldo Mieres,
- Ladi Siqueira Krauze,
- Magna María Meza Martínez,
- Vidalina Cardozo,
- Jorgelina Silva Cáceres,
- Liliana Elizabeth Villalba Ayala,
- Alejandro Ramos Morel,
- Esteban Marín López,
- Domingo Ovelar González,
- Alejandro Ramos
- y Feliciano Bernal
Todos, al momento de la grabación del material audiovisual también portaban armas de grueso calibre como fusil calibre 7.62, fusil T65 calibre 5.56, pistola ametralladora Beretta PM12, escopeta calibre 12 y uniformes camuflados, los cuales son de uso exclusivo de los organismos de seguridad del Estado.
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Fiscalía impulsa allanamientos por compra fraudulenta de Miguel Prieto durante la pandemia
El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.
La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.
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Allanamiento al Pabellón de Contingencia de CDE
Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.
Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.
Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.
En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.
“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.
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