El 9 de julio se desarrollará la audiencia preliminar para las 12 personas acusadas por narcotráfico, en el caso conocido como marihuana vip. La diligencia se realizará ante la jueza Penal de Garantías de la capital, Clara Ruíz Díaz. Al concluir la audiencia ella decidirá si eleva la causa a un juicio oral y público.
El 24 de junio pasado, con un escrito de 507 páginas, el fiscal de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico Deny Yoon Pak formuló acusación y pidió la elevación de la causa a juicio oral y público.
En este caso están acusados: Henry Alexander Homzi, alías Yankee; Eugenio José Méndez, alías Memo, María Monserrat Barros Estragó, Diego Elizeche Monti, Jorge Matías Samudio. La lista sigue con: Matías Adrián Paciello, Rodrigo David Marecos, Nicolás Marecos, alias Nily; Arturo Daniel Vega Yambay.
También están acusados: Gabriel Andrés Ricardo Martín López, alias Torta; Francisco Javier Gutiérrez, apodado Franche y Moisés Enrique Basualdo Valiente.
El proceso legal surgió tras el operativo Gorila Glue, tras al menos 12 allanamientos encabezados por integrantes de la unidad antidrogas del Ministerio Público y agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), en varios laboratorios clandestinos donde se producían marihuana de alta calidad, con invernaderos.
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Luis Augusto Montanaro va a juicio oral por coacción luego de enviar flores con amenaza a fiscala
La jueza penal de Garantía, Cynthia Lovera, resolvió elevar a un juicio oral y público el proceso penal que enfrenta Luis Augusto Montanaro Bedoya, acusado por coacción por enviar un arreglo de flores a la agente fiscal, Ruth Karina Benítez, quien investigaba la causa penal contra Montanaro por lesión del derecho a la comunicación y a la imagen.
Montanaro Bedoya habría compartido, sin consentimiento, imágenes sexuales y producido y transmitido material violando la intimidad de las personas en el caso conocido como Ducksexgame.
Ahora se deberá sortear al tribunal de sentencia que tendrá a su cargo juzgar el presente caso. Asimismo el colegiado deberá fijar la fecha para el desarrollo del juicio oral y público.
En su momento, el fiscal Federico Delfino presentó acusación contra el empresario Luis Augusto Montanaro Bedoya, por coacción en la que la víctima fue la agente fiscal Ruth Karina Benítez, quien estaba a cargo de la Unidad 1 Especializada en Delitos Informáticos, y llevaba adelante la investigación fiscal sobre lesión del derecho a la comunicación y la imagen, por la cual Montanaro fue imputado y procesado penalmente.
Antecedentes
De acuerdo a la investigación, el día 3 de noviembre del 2024, el investigado se habría apersonado hasta Florería Franco, ubicada sobre la Avda. España entre Santa Ana y San Rafael de la ciudad de Asunción, en donde habría consultado a una de las vendedoras del citado local comercial sobre el costo de unos ramos de flores, y posteriormente antes de retirarse habría dado instrucciones a la misma de que una persona posteriormente vendría a abonar el costo de los mismos con las indicaciones de entrega.
Seguidamente, luego de retirarse, se habría comunicado telefónicamente con José Daniel Alderete Vázquez para que este realice una labor a pedido del mismo. Es así, que se concreta una reunión en el lugar indicado por Montanaro Bedoya (Avenida España y Dr. Escobar – Edificio Gral. Genes 623 de la capital).
En dicho lugar, Montanaro Bedoya, habría entregado a Alderete tres sobres conteniendo unas esquelas (las cuales iban dirigidas a la Sra. Ruth Benítez, a la denunciante de la causa que investiga la primera y a sí mismo), más la suma de G. 700.000 (setecientos mil guaraníes) y unas direcciones en la ciudad de Asunción.
Montanaro Bedoya, además, habría dado indicaciones a Alderete de que se dirija hasta la Florería Franco a fin de proceder al pago de 3 ramos florales que él mismo habría consultado momentos antes y que dichos arreglos sean entregados en los domicilios provistos por el mismo con los sobres señalados anteriormente. Con las instrucciones dadas por el hoy acusado, Alderete Vázquez se habría constituido ante la Florería Franco y realizó el mandato dado por Montanaro Bedoya.
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Jueza ordena informar al Senado sobre querella contra Celeste Amarilla
La jueza penal de Liquidación y Sentencia de la Capital, Lourdes Peña Villalba, ordenó informar a la Cámara Alta respecto a dos querellas por difamación promovida contra la senadora del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Celeste Amarilla.
Las querellas fueron impulsadas por la diputada Cristina Villalba y el exdiputado Nazario Rojas. Ambas providencias ordenan: “Póngase a conocimiento de la Honorable Cámara de Senadores la presente querella autónoma en contra de Celeste Josefina Amarilla de Boccia, actual Senadora de la Nación, debiendo acompañarse las copias para traslado correspondientes”.
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La información fue compartida por el abogado de ambos dirigentes colorados, Óscar Tuma. Los oficios fueron remitidos al presidente del Congreso Nacional y del Senado, Basilio Núñez, para los fines de rigor institucional.
Amarilla, cuando ocupada el cargo de diputada, sin presentar pruebas ni denuncias formales había argumentado que ambos políticos poseen vínculos con el narcotráfico. Las querellas fueron presentadas de manera individual y acusan a la senadora de haber afectado su honor y reputación. Mediante este paso, si la causa judicial avanza podría derivar en el desafuero de la dirigente liberal.
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Juez citó a exsenador argentino para audiencia preliminar
El juez Humberto Otazú fijó para los días 24, 25 y 26 de junio la audiencia preliminar del exsenador argentino Edgardo Kueider y su secretaria Iara Guinsel, quienes están acusados de tentativa de contrabando por intentar introducir más de USD 200.000. La diligencia judicial se definirá si el presente proceso penal se eleva a un juicio oral y público.
El Ministerio Público presentó acusación contra el exparlamentario argentino y sostiene que el mismo con su secretaria intentaron ingresar al Paraguay la suma de USD 211.102, G. 640.000 y 3.900.000 pesos argentinos, sin declarar el dinero ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), a pesar de estar obligados a hacerlo por los montos que tenían en su poder.
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Acusación
De acuerdo con la investigación, la pareja transportaba montos de dinero sin realizar la declaración correspondiente ante la Dirección Nacional de Aduanas, lo que configura una infracción al régimen legal vigente. En el marco de la causa, también fueron retenidos documentos y se dispuso la verificación del vehículo y el análisis técnico de las evidencias colectadas.
La acusación fue acompañada de numerosas pruebas, entre ellas declaraciones de funcionarios intervinientes y actas administrativas de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios y la Gerencia General de Aduanas.
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Condenan a 14 y 12 años de cárcel a tres personas por intentar traficar 570 kilos de cocaína
Un tribunal de sentencia integrado por los jueces Dina Marchuk, Luz Martínez y Federico Rojas condenó a tres personas luego de ser encontradas culpables por tráfico internacional de drogas. El colegiado sentencio a 14 años de cárcel a Juan Antonio Gill Mieres y a Rafael Chamorro, mientras que Alberto Ferreira fue condenado 12 años por intentar traficar 570 kilos de cocaína en el año 2021 en la zona de Carmelo Peralta, departamento de Alto Paraguay.
El fiscal del presente caso fue Andrés Arriola, quien arrimó todos los elementos probatorios para que el tribunal de sentencia pueda condenar los tres acusados.
De acuerdo a los antecedentes del caso, en fecha 21 de marzo de 2021, en el desvío a la ciudad de Carmelo Peralta, departamento de Alto Paraguay, agentes especiales de la Unidad Sensitiva de la Senad -en coordinación con el Ministerio Público-, interceptó una carga de 573 kilogramos de cocaína, que se encontraba en el doble fondo de un camión marca Mercedes Benz, guiado por el acusado Alberto Ferreira.
Asimismo, se encontraban punteando el traslado de las sustancias los acusados Antonio Gill y Rafael Chamorro a bordo de una camioneta marca Mitsubishi. A través de técnicas especiales de investigación, se obtuvo la información de que dicha carga había ingresado al territorio paraguayo desde Bolivia, vía aérea, mediante un vuelo ilícito y que descendió en un establecimiento ubicado en inmediaciones del distrito de Fuerte Olimpo, desde donde fue retirada la mercancía vía terrestre para su posterior remisión al mercado brasilero.
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