El fiscal Deny Yoon Pak formuló acusación y solicitó la elevación de la causa a juicio oral y público por narcotráfico contra 12 personas, en el caso conocido como marihuana vip. La presentación se hizo ante la jueza Penal de Garantías, Clara Ruíz Díaz, quien tendrá que fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar donde se definirá si los acusados estarán sentados en el banquillo.
Los acusados son: Henry Alexander Homzi, alías Yankee; Eugenio José Méndez, alías Memo; María Monserrat Barros Estragó, Diego Elizeche Monti, Jorge Matías Samudio. Sigue la lista con Matías Adrián Paciello, Rodrigo David Marecos, Nicolás Marecos, alias Nily; Arturo Daniel Vega Yambay. Igualmente fueron acusados Gabriel Andrés Ricardo Martín López, alias Torta; Francisco Javier Gutiérrez, apodado Franche y Moisés Enrique Basualdo Valiente.
Según el relato de los hechos, desde marzo de 2020 aproximadamente hasta el 23 de setiembre del mismo año, los acusados realizaron actividades de venta ilícita de drogas la cual se concretaban, generalmente, a través de la modalidad de entrega a domicilio (delivery).
La acusación del Ministerio Público revela que los acusados utilizaban el esquema de recibir llamadas telefónicas, mensajes o llamadas mediante la aplicación de WhatsApp de parte de los compradores de sustancias estupefacientes, quienes realizaban el pedido y luego lo recibían a domicilio o en el lugar donde estaban.
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Ministro de la Corte cuestiona a fiscal por larga espera a jueza imputada
El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Ríos, cuestionó durante la sesión plenaria de la máxima instancia judicial al fiscal Leonardi Guerrero por hacer esperar durante varias horas a la jueza de Liquidación y Sentencia de Pedro Juan Caballero, Librada Peralta, imputada por usar documentos falsos para sumar puntos y obtener ventaja en un concurso ante el Consejo de la Magistratura.
Ríos criticó al citado agente fiscal debido a que la magistrada estuvo en la unidad fiscal a cargo de Guerrero por varias horas para que la atendiera sobre el proceso penal que enfrenta, pero el fiscal no la recibió.
Asimismo, los ministros Manuel Ramírez Candia y Gustavo Santander se sumaron a la crítica de Ríos y señalaron que este tipo de actuaciones por parte de los fiscales deben ser tenidas en cuenta al momento de que la Corte estudie su confirmación o no en el cargo.
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Ríos refirió que a más de una semana de haber presentado la imputación, Guerrero no se “digna” a presentar la carpeta fiscal y la imputación a la magistrada, quien se enteró de su proceso penal a través de los medios de comunicación.
“La pregunta es, ¿con qué estándar se manejan algunos fiscales?, ¿primero comunican a los medios de comunicación la imputación y después, cuando se les antoja, comunican a la persona afectada?”, se preguntó Ríos. Agregó que el fiscal hizo esperar a la jueza desde las 8:00 hasta las 15:00 y no la recibió.
El ministro cuestionó el trato que recibió la magistrada y dijo que si algunos fiscales tratan así a una jueza, uno “se imagina” cómo será el trato a los ciudadanos “comunes y corrientes”. Apuntó directamente al fiscal Leonardi Guerrero y refirió que “ni Federico el Grande se creyó tanto”.
Además, el ministro se dirigió al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, recordando que la Corte Suprema de Justicia siempre lo recibe a él y a los fiscales, por lo cual pidió que haya un trato de reciprocidad hacia los que integran el Poder Judicial.
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Paraguay avanza en ley para frenar riesgos digitales contra menores de edad
El gobierno de Paraguay, a través del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) y el Congreso Nacional, impulsa el proyecto de ley que busca establecer entornos digitales seguros para evitar la exposición de niños, niñas y adolescentes en el uso desregulado de dispositivos electrónicos, la ciberdelincuencia y a riesgos asociados al contenido generado por inteligencia artificial.
Así destacó el ministro Walter Gutiérrez, durante el seminario “Niños, niñas y adolescentes en el entorno digital, avances y desafíos de los Estados”, que tuvo lugar en Asunción, en el marco de la Presidencia Pro Témpore de Paraguay en el Mercosur 2026.
El minsitro Gutiérrez explicó que el tema surgió a raíz de la última Declaración de la Cumbre de Presidentes del Mercado Común del Sur, en la que visibilizaron y posicionaron el tema de la seguridad y la protección de los niños en los entornos digitales.
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Resaltó que desde el Gobierno nacional celebra que se propicie este debate, porque los gobiernos, los Estados, tienen que tomar decisiones políticas que puedan impactar efectivamente en la protección de los derechos de los menores de edad.
Mencionó que se está trabajando con todas las organizaciones que tienen las principales redes sociales y plataformas digitales a las que acceden los menores de edad que tienen interacción con personas adultas que ni siquiera conocen, en plataformas como Roblox, en las que se está observando el impacto negativo por muchas situaciones que vulneran el derecho de los niños.
“Estamos trabajando desde el gobierno, desde el Estado, en este caso, inicialmente del Ejecutivo y la participación del Parlamento Nacional para que esto pueda ser ley”, enfatizó.
Al referirse a los riesgos que se registran en la actualidad, indicó que se observan casos de ciberbulling, de grumming, sextin y niños que a temprana edad acceden a pornografía, que finalmente pueden derivar en diferentes situaciones de violencia.
Regular uso Inteligencia Artificial
El ministro Gutiérrez sostuvo que se dan situaciones de vulneración de derechos de niños a través de la creación de la Inteligencia Artificial. Explicó que también hay whatsApp, youtube, redes sociales que desde hace un par de años, ingresa con todo la inteligencia artificial, que los Estados tienen la obligación de regular.
Mencionó que son muchísimos los desafíos y hay mucho por hacer. “Lo único que no podemos es quedarnos quietos. Las autoridades tenemos no solamente un mandato de protección legal a los niños, sino también moral para no quedarnos atrás con los avances de la tecnología”, enfatizó.
Añadió que estos avances traen aparejados muchos riesgos, al mencionar que tiene conocimiento que varios países avanzaron en el ajuste normativo de la legislación relativa a la protección de la infancia en los entornos digitales, además del debate en diferentes partes del mundo sobre la censura o prohibición total.
En este punto, manifestó que desde el gobierno de Paraguay consideran que se tiene que dar a través de un proceso educativo que debe estar acompañado de la familia.
“Celebro la participación de organizaciones de padres, bajo la lógica de generar una educación digital con la familia, padres y tutores responsables, quienes están interactuando en forma permanente con sus hijos, con los niños", remarcó.
Igualmente, señaló que el Ministerio de la Niñez y Adolescencia trabaja con todas las organizaciones que tienen las principales redes sociales y plataformas digitales a las que acceden los chicos, a fin de construir una política pública que genere diferentes estrategias y mecanismos de autorización, además de una precisión sobre los contenidos a los que pueden y deben acceder los niños, niñas y adolescentes.
Compartir experiencias en el Mercosur
El ministro Gutiérrez, celebró igualmente el espacio de diálogo con países del Mercosur, para compartir las experiencias positivas, que se pueda debatir con las familias, para que sea un amplio debate comunitario de cómo proteger más y mejor a los niños, niñas adolescentes, ante el desafío del avance desenfrenado de la tecnología.
“Esto involucra absolutamente a todos, y con más razón al bloque del Mercosur, en el que se debe trabajar en todos los ámbitos, con espíritu de cooperación, alianza y más aun, cuando se trata de proteger a quienes más nos necesitan que son los niños y adolescentes”, concluyó.
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Presentan acusación ante el JEM contra jueza de Encarnación por mal desempeño en sus funciones
El presidente de la Asociación de Rematadores del Paraguay, Atilio Estigarribia, presentó una acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por mal desempeño en sus funciones contra la jueza en lo Civil y Comercial de Encarnación, Rossana Aurora Verón, por anular sin fundamento un remate judicial llevado a cabo en noviembre de 2025. El caso corresponde al expediente caratulado: “Ejecución de sentencia promovida por Gladys Bianchetto en los autos Waldimiro Moskalik sobre sucesión”.
El denunciante solicita a los integrantes del Jurado que se inicie el enjuiciamiento y se ordene la suspensión en sus funciones de la cuestionada magistrada. Ahora, el JEM deberá estudiar si corresponde iniciar la investigación y dar curso al pedido.
La acusación señala: “En el expediente judicial referido fui designado como rematador público a los efectos de llevar adelante la subasta de derechos y acciones hereditarios pertenecientes al señor Miguel Moskalik Duarte. Procedí a la publicación de los edictos correspondientes, dejándose expresa constancia en los mismos de que el comprador debía abonar el importe íntegro de su compra conforme al régimen legal vigente”.
Refiere que “en fecha 5 de noviembre de 2025, en el horario fijado judicialmente, se llevó adelante el acto público de subasta con todas las formalidades legales correspondientes y bajo las facultades conferidas por las leyes procesales vigentes. Al acto concurrió la ejecutante, la abogada Gladys Noemí Bianchetto Sandoval, y Yeniel Iglesias Romero, desarrollándose normalmente la puja entre los postores presentes”.
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Indica igualmente que, luego de diversas posturas, la ejecutante resultó inicialmente adjudicataria, por lo que debía proceder al pago íntegro y al contado del precio ofertado. Sin embargo, ella manifestó no poseer la totalidad del dinero necesario para perfeccionar la compra e intentó completar el pago mediante transferencias parciales y pagos fragmentados, inclusive provenientes de terceros, sin llegar a integrar el monto total.
Ante dicho incumplimiento, y luego de aguardarse un tiempo prudencial conforme a las facultades del rematador, se procedió a reanudar la subasta. Resultó finalmente adjudicatario el señor Yeniel Iglesias Romero por la suma de G. 20 millones, por constituir la mejor postura existente en ese momento.
La acusación expresa que, llamativamente, la magistrada dictó el A.I. N° 268 de fecha 22 de mayo de 2026, resolviendo hacer lugar al incidente de nulidad y declarar nulo el remate. El denunciante califica la conducta de la jueza como “manifiestamente arbitraria” y apartada de las constancias objetivas del expediente, incurriendo en una valoración parcial, antojadiza e infundada de los hechos.
Sostiene que la jueza prescindió del análisis integral de las disposiciones del Código Procesal Civil que regulan los remates, especialmente en lo relativo al pago al contado y a las consecuencias del incumplimiento del adjudicatario inicial, extremo que fue reconocido en los autos por la propia incidentista.
También refiere que la resolución cuestionada atribuye irregularidades graves al rematador sin que exista prueba concluyente, suficiente ni objetiva de una conducta dolosa o fraudulenta. Afirma que la jueza arribó a conclusiones sustentadas únicamente en apreciaciones subjetivas.
Estigarribia recuerda que, conforme al artículo 487 del Código Procesal Civil, el rematador judicial es el único responsable de recibir el dinero proveniente de la compra, la seña o las sumas entregadas por los postores, para luego depositarlo en la cuenta judicial correspondiente. Por ello, critica que la jueza considerara la recepción del dinero por parte del rematador como una irregularidad invalidante.
Finalmente, el escrito menciona que esta actuación no es un hecho aislado, sino que la magistrada ya cuenta con cuestionamientos previos por desconocimiento e incorrecta aplicación de normas legales.
La acusación alega la transgresión del artículo 168 del Código de Organización Judicial; los artículos 476, 484, 485, 487 y 492 del Código Procesal Civil; el artículo 558 del Código Civil; y el artículo 3 del Código de Organización Judicial.
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Justicia falla a favor de un peluquero que estuvo preso de forma ilegal durante 644 días
La jueza civil y comercial de Asunción, Rossana Frutos, resolvió que la Justicia debe pagar una indemnización de G. 221.807.288 más intereses a Marcelo Manuel Romero, un peluquero que estuvo privado de libertad por 22 meses por un proceso penal en el que luego fue desvinculado.
Según los antecedentes, Romero fue imputado, acusado y enviado a juicio oral pese a que el hecho investigado ocurrió cuando se encontraba fuera del país. Posteriormente, el Ministerio Público retiró la acusación al inicio del juicio oral y el hombre fue sobreseído definitivamente.
La magistrada concluyó que, aunque la prisión preventiva fue dictada dentro de un proceso formalmente regular, el resultado final del caso evidenció la existencia de un error judicial que generó daños indemnizables. El fallo tuvo por acreditado que Romero estuvo privado de libertad durante 644 días, circunstancia considerada como el hecho dañoso principal.
En concepto de lucro cesante, el juzgado fijó una indemnización de G. 71.807.288. Si bien el afectado no logró demostrar plenamente sus ingresos, la jueza aplicó criterios legales para determinar el monto correspondiente al perjuicio patrimonial sufrido.
En relación al daño moral, la resolución consideró probado el perjuicio emocional a partir de las circunstancias del caso y de un informe psiquiátrico que diagnosticó estrés postraumático. Por ello, se estableció una reparación adicional de G. 150.000.000.
La sentencia dispone que el pago deberá realizarse dentro de los diez días posteriores a que la resolución quede firme. Además, se ordenó el pago de intereses desde la notificación de la demanda, calculados conforme a la tasa promedio vigente más un 2,5 % mensual, lo que podría elevar considerablemente el monto final de la indemnización.
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