• Dr. Juan Carlos Zárate Lázaro
• MBA

Se pueden dar situaciones en la práctica en que uno disponga de liquidez, en tanto que a otros les podrían faltar. ¿Que podríamos hacer ante un escenario en que un familiar nuestro nos pide prestado dinero? ¿Existen aspectos a tener en cuenta? La plata “no tiene pariente” y por ende el préstamo si o si deberá tener un costo financiero.

Dado que se trata de un pariente o amigo cercano, la nebulosa se da acerca de qué tasa le podríamos cobrar por lo que estamos prestando.

Se dan situaciones en que no falta quien salga a decir: ¿Cómo le vas a cobrar interés por el préstamo si es tu pariente?

Dentro del mundo de las finanzas, “negocios son los negocios”, y se hacen entre hombres y mujeres, por lo que el hecho de ser un familiar cercano “ya es harina de otro costal”.

El dinero tiene un costo implícito y deberá tener un retorno, sin importar quien sea, pues la capacidad adquisitiva que hoy podrías tener, mañana podrá reducirse si no va acompañado de intereses que protejan el valor de tu dinero. Hacer un préstamo a alguien que no tenga implícito un costo financiero sería como estar obsequiando algo.

Tengamos en cuenta que existe de por medio un índice de inflación que se va acumulando y suponiendo que el préstamo sea por 180 días y en el peor de los escenarios la inflación acumulada en dicho periodo haya sido del 10%, al haber prestado el dinero sin cobrar interés, estamos perdiendo directamente poder adquisitivo en idéntico porcentaje o más incluso, dado que muchos bienes son ajustados muchas veces en precios por encima del IPC.

En nuestro país, hasta ahora los índices de inflación son relativamente bajos, pero siempre los desembolsos van aparejados con costos financieros implícitos.

Tampoco podemos dejar de mencionar al costo de oportunidad, que es la rentabilidad que podríamos obtener en otro tipo de inversión, si dispusiéramos de dicho capital que hemos prestado, sin agregar al mismo un costo financiero (interés).

En nuestro paso por la vida, quien más quien menos, en alguna oportunidad ha tenido un caso en que una persona cercana le ha solicitado un préstamo para poder “cubrir un agujero” con promesa de devolución en X plazo. Siempre es recomendable antes de tomar o no la decisión de prestar el dinero que se nos está solicitando, recabar ciertas informaciones acerca del manejo que le da esa persona a sus ingresos y deudas contraídas, como también cuales son los activos corrientes y fijos con que cuenta.

Si en función a ello llegamos a la conclusión de que se trata de una persona que no maneja con mucha prolijidad sus finanzas, el prestarle el dinero con el solo afán de ayudarlo sería un error, pues no tendríamos la certeza de que la fuente de repago del capital por lo menos esté asegurado a su vencimiento.

Si por el contrario, concluimos que el prestatario es una persona responsable en términos financieros y que está pasando por una situación coyuntural desfavorable, entonces “cambia la película” y podría convertirse en viable, independientemente del nivel de relacionamiento que tengamos con él o ella.

Dado que el dinero que vamos a prestar es nuestro, no es “ningún pecado” sincerarse bien ante el potencial deudor en caso de que no sea posible la concreción de la financiación.

El ganar dinero de buena forma siempre implica sacrificio de por medio y por ende hay que hacérselo saber al que lo pide prestado, el por qué no se lo podemos otorgar o en caso positivo, la necesidad y el compromiso de que pueda cumplir con el repago del capital y de los intereses pactados en tiempo y forma.

En contrapartida, cuando decidimos realizar algún tipo de inversión, no generan tasas pasivas que se acumulan a nuestro capital, incrementándose la posibilidad potencial de que nuestros niveles de disponibilidades vayan fortaleciéndose, pues el objetivo primario es proteger nuestro capital, que se constituye en reservas para poder hacer frente en un momento dado a contingencias varias.

El fiscal Silvio Corbeta describió que, desde la imputación del destituido intendente esteño Miguel Prieto, su defensa técnica presentó varios incidentes, se intentó desprestigiar la labor del Ministerio Público pese a las pruebas institucionales, y se buscó mover el expediente a Ciudad del Este, fuera de la competencia especializada. El 20 de agosto, la Corte destrabó el caso Tía Chela y se habilitó al juez Humberto Otazú para fijar fecha para la audiencia preliminar en que se resolverá si los acusados van a juicio oral y público.

“Cuando el Ministerio Público formuló la imputación (el 19 de julio de 2023), la defensa de Prieto realizó numerosas declaraciones diciendo y señalando que hubo dictámenes favorables de la Contraloría acerca de esta licitación en particular, pero hoy en día se sostiene totalmente lo contrario. Constantemente se intenta desprestigiar el trabajo que hemos realizado, señalando una suerte de persecución político, judicial, siendo que todas las informaciones se basan en elementos de administraciones anteriores, incluso, cuando él fue procesado, ni siquiera este gobierno asumió y no tiene sentido sostenerlo“, afirmó Corbeta, este viernes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción detalló que, para la formulación de la imputación, el equipo fiscal tuvo a consideración los dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República (CGR), la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que evidenciaron graves inconsistencias en el proceso de la compra de 25.000 cestas de alimentos, durante la pandemia, a través de la firma proveedora Tía Chela SRL, estimando un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 para la Municipalidad de Ciudad del Este.

“La causa judicial se encontraba paralizada, pero eso no respondía a una cuestión aleatoria, sino a cuestiones dilatorias que fueron presentadas en su momento. En este sentido, la primera situación que nunca se pudo concretar en la investigación es la aplicación de medidas cautelares, entonces, uno difícilmente pueda solicitar o obligar a los procesados a ser sometidos a las prerrogativas del caso. Lo primero que se realizó fue evitar la aplicación de medidas cautelares que fueron solicitadas con la imputación del Ministerio Público en julio del 2023″, recordó Corbeta.

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El agente fiscal mencionó que “cuando el Ministerio Público acusa, allá por junio del 2024, inmediatamente se presentaron acciones de inconstitucionalidad para detener el proceso. La Corte Suprema de Justicia nunca otorgó ningún tipo de medida cautelar para suspender el curso del proceso y, lógicamente, por una simple presentación de una acción no es motivo suficiente para suspender las resultas del proceso”.

“Presentaron un montón de incidencias con el objeto de que la causa sea derivada fuera de la competencia natural del juzgado, en este caso, es una competencia especializada en la materia de delitos económicos y siempre han intentado llevar el expediente en Ciudad del Este y todas estas cuestiones son hoy en día consideradas como actos que responden a una mala fe procesal”, puntualizó Corbeta.

Los procesados en la causa son Miguel Prieto Vallejos y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, en calidad de autores. En tanto, Buenaventura Morínigo, Emili Vanessa Florentín Páez, Robert Osmar Florentín Silvero, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Samhat, Higinio Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo están sindicados por el hecho de lesión de confianza, administración en provecho propio, en calidad de cómplices y de asociación criminal, en calidad de coautor.

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El fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, afirmó que las causas judiciales por corrupción que pesan sobre el destituido intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, no pueden avanzar debido a las reiteradas chicanas que impulsa el líder del movimiento Yo Creo, con 50 denuncias y dos imputaciones.

“El Ministerio Público se tropieza con muchas dificultades, hacemos lo que podemos para llegar a resultados concretos. Nosotros entendemos que existe una suerte de preocupación (por la lentitud), pero hacemos nuestra labor con la mayor objetividad”, dijo Corbeta, este miércoles, en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Prieto se encuentra imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. El dirigente opositor está sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas. Según la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, se habla de un perjuicio patrimonial que ascendería a la suma de G. 306.188.500 por el pago concretado por mercaderías inexistentes.

En la causa se menciona que el dirigente político, entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos, con supuestos fines sociales, ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.

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De acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales, todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto. En un caso previo, el Ministerio Público lo imputó por presunta compra amañada de 25.000 kits de alimentos, causando un perjuicio patrimonial de G. 1.769 millones a la Municipalidad de Ciudad del Este, también durante la pandemia del covid.

“Las investigaciones avanzan en la medida de lo posible, pero estamos ante reiteradas chicanas que nos dejan temporalmente fuera de las causas. En el caso Costanera, por ejemplo, fuimos recusados dos veces en cuestión de días, incluso por personas que ni siquiera guardan relación directa con el proceso”, refirió el agente fiscal.

Asimismo, siguió sosteniendo que “hay causas en etapa de acusación, como el caso Tía Chela y el de Tajy, pero seguimos dependiendo de pericias técnicas contables y de obras para avanzar. Sin esos informes, resulta imposible llegar a imputaciones sólidas”.

El agente fiscal comentó que fueron establecidos dos equipos de la Unidad de Delitos Económicos para investigar los hechos punibles atribuidos a Prieto. Por una parte se encuentra Corbeta junto con sus colegas Jaime Adle y Verónica Valdez; y, por otra, figuran Néstor Coronel, Marlene González y Luz Guerrero. Entre ambos equipos llevan 33 investigaciones. Las restantes están a cargo de fiscales de Ciudad del Este por tratarse de delitos ordinarios.

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La fiscalía federal de México vinculó ayer martes el asesinato de uno de sus representantes en el estado de Tamaulipas, ocurrido la víspera, con una investigación sobre robo de combustible en la frontera con Estados Unidos. Ernesto Vásquez, delegado de la Fiscalía General de la República (FGR), fue asesinado el lunes en la ciudad de Reynosa, vecina del condado estadounidense de Hidalgo, en Texas. Fue rematado a balazos mientras se arrastraba por el pavimento luego de que su camioneta quedara en llamas tras un primer asalto en una transitada avenida a plena luz del día.

El ataque, presenciado por numerosos automovilistas, fue captado en videos que se volvieron virales en redes sociales y espacios de noticias. “Los primeros datos que señalan la violencia inusitada y la brutalidad del delito cometido indican una sólida probabilidad de que este hecho provenga de la delincuencia organizada”, dijo el martes la FGR en un comunicado.

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Recordó además que grupos dedicados al robo de combustible sufrieron “un grave descalabro” a finales de julio, cuando fuerzas de seguridad federales decomisaron más de 1,8 millones de litros de gasolina robada en esa ciudad. En marzo el gobierno federal anunció un decomiso “histórico” de 10 millones de litros de diésel junto con armas de fuego en el puerto de Tampico, en el mismo estado de Tamaulipas, que tiene un amplio litoral en el Golfo de México.

Si bien Tamaulipas registra una baja en los índices de violencia, su vecindad con Estados Unidos la hace una pieza clave en las lucrativas rutas de tráfico de drogas, migrantes e hidrocarburos hacia el país vecino. En ese estado operan los cárteles del Golfo y del Noreste, a los que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump designó a inicios de año como “organizaciones terroristas extranjeras”.

Fuente: AFP.

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