El senador Colym Soroka sostuvo que el esquema de corrupción detectado en el Instituto de Previsión Social (IPS) abarca al sector privado e instó a no limitar el juzgamiento únicamente a los funcionarios del ente previsional.

“Acá hay muchas cosas que toda la ciudadanía se está preguntando y no hay que negar que esto es una cuestión que se veía venir hace tiempo. La pregunta era siempre cuándo iba a pasar, nomás. Hay gente que está hace 30 años escondidita que está haciendo sus cosas”, señaló a la 1000 AM.

El parlamentario expresó que “también tienen que estar imputados los empresarios involucrados en eso”.

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“Yo no acepto que sean solamente los funcionarios, todos los involucrados tienen que estar imputados. Acá se mira solamente de un lado, acá hay que mirar todo, no importa el amigo de quien sea ni la empresa que sea”, subrayó.

En términos coloquiales, Soroka afirmó: “acá se quiere enjaular al chancho y no al que da de comer”.

Exigió además que los investigadores den nombres de quienes están detrás de los actos de corrupción, sin importar a qué sector político corresponden.

“De que hay gente involucrada hay, es como la bruja, de que hay, hay. En todos los gobiernos muchos se hicieron millonarios en el IPS. En el gobierno anterior no se resolvió y ahora por lo menos estamos viendo señales importantes”, mencionó.

A su criterio, desde el Congreso Nacional se debería “exigir resultados” sobre las denuncias de corrupción. “Y no importa que le arrastren a todos los que tienen que arrastrar y a los que están en ese tema. Y que nos digan también cómo se manejaban los fondos anteriormente”, remarcó.

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El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), en su sesión de este jueves, podría estudiar si corresponde iniciar una investigación preliminar por presunto mal desempeño en sus funciones contra la jueza en lo Civil y Comercial de Encarnación, Rossana Aurora Verón, quien fue acusada de anular sin fundamento un remate judicial llevado a cabo en noviembre del 2025. El caso corresponde al expediente caratulado: “Ejecución de sentencia promovida por Gladys Bianchetto en los autos Waldimiro Moskalik sobre sucesión”.

La acusación fue presentada por el presidente de la Asociación de Rematadores del Paraguay, Atilio Estigarribia, ante el JEM. El denunciante solicita a los integrantes del Jurado que se inicie el enjuiciamiento y se recomiende la suspensión en sus funciones de la cuestionada magistrada.

La acusación de Estigarribia señala: “En el expediente judicial referido fui designado como rematador público a los efectos de llevar adelante la subasta de derechos y acciones hereditarios pertenecientes al señor Miguel Moskalik Duarte. Procedí a la publicación de los edictos correspondientes, dejando expresa constancia en los mismos de que el comprador debía abonar el importe íntegro de su compra conforme al régimen legal vigente”.

Refiere además que “el 5 de noviembre del 2025, en el horario fijado judicialmente, se llevó adelante el acto público de subasta con todas las formalidades legales correspondientes y bajo las facultades conferidas por las leyes procesales vigentes. Al acto concurrió la ejecutante, la abogada Gladys Noemí Bianchetto Sandoval y Yeniel Iglesias Romero, desarrollándose normalmente la puja entre los postores presentes”.

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Indica igualmente que, luego de diversas posturas, la ejecutante resultó inicialmente adjudicataria, por lo que debía proceder al pago íntegro y al contado del precio ofertado. Sin embargo, ella manifestó no poseer la totalidad del dinero necesario para perfeccionar la compra e intentó completar el pago mediante transferencias parciales y pagos fragmentados, inclusive provenientes de terceros, sin llegar a integrar el monto total.

Ante dicho incumplimiento, y luego de aguardarse un tiempo prudencial conforme a las facultades del rematador, se procedió a reanudar la subasta. Resultó finalmente adjudicatario el señor Yeniel Iglesias Romero por la suma de G. 20 millones, por constituir la mejor postura existente en ese momento.

La acusación expresa que, llamativamente, la magistrada dictó el A.I. N° 268 de fecha 22 de mayo del 2026, resolviendo hacer lugar al incidente de nulidad y declarar nulo el remate. El denunciante califica la conducta de la jueza como “manifiestamente arbitraria” y apartada de las constancias objetivas del expediente, incurriendo en una valoración parcial, antojadiza e infundada de los hechos.

Sostiene que la jueza prescindió del análisis integral de las disposiciones del Código Procesal Civil que regulan los remates, especialmente en lo relativo al pago al contado y a las consecuencias del incumplimiento del adjudicatario inicial, extremo que fue reconocido en los autos por la propia incidentista.

También refiere que la resolución cuestionada atribuye irregularidades graves al rematador sin que exista prueba concluyente, suficiente ni objetiva de una conducta dolosa o fraudulenta. Afirma que la jueza arribó a conclusiones sustentadas únicamente en apreciaciones subjetivas. Estigarribia recuerda que, conforme al artículo 487 del Código Procesal Civil, el rematador judicial es el único responsable de recibir el dinero proveniente de la compra, la seña o las sumas entregadas por los postores, para luego depositarlo en la cuenta judicial correspondiente. Por ello, critica que la jueza considerara la recepción del dinero por parte del rematador como una irregularidad invalidante.

Finalmente, el escrito menciona que esta actuación no es un hecho aislado, sino que la magistrada ya cuenta con cuestionamientos previos por desconocimiento e incorrecta aplicación de normas legales. La acusación alega la transgresión del artículo 168 del Código de Organización Judicial; los artículos 476, 484, 485, 487 y 492 del Código Procesal Civil; el artículo 558 del Código Civil; y el artículo 3 del Código de Organización Judicial.

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El diputado colorado Rodrigo Gamarra se refirió al caso Dalia López y las supuestas amenazas de muerte que habría recibido y que la detuvieron para presentarse ante la Justicia en todos estos años. El legislador indicó que, en primer término, la Justicia debe investigar a fondo la veracidad de esa amenaza y llegar a los responsables, caiga quien caiga, dejando atrás los “silencios selectivos”.

En una comunicación con La Nación/Nación Media, el parlamentario señaló que, en este caso, hay dos cosas graves que no se pueden pasar por alto. Apuntó igualmente, como hecho llamativo el silencio de algunos sectores y de ciertos medios que hoy miran para otro lado. “Cuando los hechos incomodan o involucran al gobierno anterior, parece que el interés por informar desaparece. Eso también es parte del problema”, expresó.

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No obstante, indicó que, en primero, sí es que hubo dichas amenazas de muerte contra la empresaria declarada en rebeldía por la Justicia. “Estamos hablando de un hecho de extrema gravedad que la Justicia tiene la obligación de investigar y esclarecer, quiénes fueron, por qué y bajo qué contexto. Eso no puede quedar en la nada”, enfatizó.

Asimismo, enfatizó en dejar en claro que ninguna amenaza —si es que existió— puede justificar eludir a la Justicia durante tanto tiempo. “Las instituciones están para ser usadas, no para ser evitadas. Hoy lo que corresponde es una investigación seria, sin protección para nadie, caiga quien caiga. Pero real, no discurso para encubrir como antes; Paraguay necesita la verdad, no relatos ni silencios selectivos”, concluyó.

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El objetivo será recabar datos sobre la red de Sebastián Marset y sus nexos con Paraguay.

Paraguay anunció el envío de agentes especializados de la Secretaría Nacional Anti­drogas (Senad) a Bolivia con el objetivo de recabar infor­mación clave sobre la estruc­tura criminal vinculada al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. La deci­sión se da tras su reciente captura y posterior tras­lado a Estados Unidos, en el marco de una investigación internacional.

El ministro de la Senad, Jalil Rachid, confirmó al medio boliviano El Deber que el des­pliegue se concretará una vez que se estabilice la situación operativa en el vecino país, donde actualmente las auto­ridades locales continúan con procedimientos deriva­dos del operativo que permi­tió la detención del presunto líder narco.

Según explicó, la presencia de agentes de la Senad per­mitirá acceder a avances investigativos, fortalecer el intercambio de información y articular acciones conjuntas con organismos internacio­nales que siguen el caso. La red atribuida a Marset ten­dría ramificaciones en varios países, incluyendo Paraguay, lo que refuerza el interés de las autoridades nacionales.

En paralelo, Marset ya se encuentra en Estados Uni­dos, donde compareció por primera vez ante un tribu­nal federal en Alexandria, Virginia. El uruguayo per­manece recluido en el Cen­tro de Detención William G. Truesdale, a la espera de las siguientes etapas del proceso judicial. De acuerdo con la fiscalía estadounidense, es señalado como líder de una organización criminal a gran escala, dedicada al tráfico de cocaína desde Sudamérica hacia Europa.

Las investigaciones sostie­nen que la estructura operaba en múltiples países y que los envíos de droga podían alcan­zar hasta 10 toneladas por cargamento, además de con­tar con un sofisticado sistema de lavado de dinero a través del sistema financiero inter­nacional.

Las autoridades estadouni­denses también indicaron que Marset habría mane­jado millonarias sumas pro­venientes del narcotráfico, incluyendo más de 17 millo­nes de euros correspondien­tes a un solo cargamento, parte de los cuales habrían sido blanqueados mediante operaciones financieras en Estados Unidos. El caso es liderado por la Administra­ción para el Control de Dro­gas (DEA), con apoyo de agen­cias internacionales.

Entre lo incautado se encuentran 16 aeronaves, cinco viviendas y armamento de guerra.

La policía incautó bienes valo­rizados en 15 millones de dóla­res al narco uruguayo Sebas­tián Marset, detenido en Bolivia y expulsado a Estados Unidos, entre los que se cuentan 16 aero­naves, cinco viviendas y arma­mento de guerra, informó este lunes el Gobierno boliviano.

Marset, de 34 años, era consi­derado uno de los capos de la droga más buscados del Cono Sur. Circulaba además entre Venezuela, Brasil y Paraguay. El Departamento de Justicia estadounidense ofrecía una recompensa de 2 millones de dólares por información sobre él, tras acusarlo de movilizar al menos 16 toneladas de cocaína.

El narcotraficante fue captu­rado el viernes en una lujosa residencia de la ciudad de Santa Cruz, en el este de Boli­via. Horas después fue entre­gado en el aeropuerto local a agentes de la DEA, la agencia antinarcóticos estadouni­dense, que lo trasladaron en un avión a Estados Unidos.“Esta­mos hablando de más o menos un equivalente de unos 15 millones de dólares” en bienes incautados hasta el momento, dijo Ernesto Justiniano, vice­ministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, a la radio Fides.