El fiscal Osmar Legal no se opone al levantamiento del embargo de las cuentas de Ramón González Daher, quien soporta proceso penal por usura y otros delitos. En caso de que se levante el embargo Ramón González Daher deberá pagar una millonaria multa al Ministerio de Hacienda.
El juez civil Hugo Garcete deberá decidir si levanta el embargo hasta cubrir la suma de G. 42.316.840.717 que responde a la regularización de la deuda impositiva del procesado con el Estado paraguayo.
Legal refiere que dicho monto deberá ser transferido directamente entre las cuentas que indiquen tanto los defensores técnicos de Ramón González Daher a la cuenta señalada por la Abogacía del Tesoro, la que se encuentra habilitada en el Banco Nacional de Fomento.
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Garcete había explicado a PDS radio que el juicio ejecutivo promovido por el Ministerio de Hacienda a través de la Abogacía del Tesoro contra Ramón González Daher ya tiene sentencia y para llevar adelante la ejecución.
El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, había contestado a su colega en lo civil que el dinero embargado de Ramón González Daher constituye una evidencia del Ministerio Público y sería prudente por parte del juzgado civil consultar a los fiscales del caso sobre la posibilidad del levantar el embargo y de esa manera proceder a la ejecución. Con esto se allana que el Estado cobre el monto adeudado por impuestos por parte del ex dirigente de futbol.
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Ecuador captura a 26 guerrilleros y embarga cifra récord en bienes durante megaoperación
Las autoridades de Ecuador capturaron a 26 personas vinculadas a un grupo disidente de las FARC y embargaron un centenar de propiedades valoradas en la cifra récord de 300 millones de dólares, anunció el martes el presidente Daniel Noboa.
Los rebeldes del grupo Comandos de la Frontera son señalados en Ecuador por una emboscada con fusiles, granadas y explosivos que mató a 11 soldados ecuatorianos en mayo durante un operativo contra la minería ilegal en una región amazónica.
Los Comandos de la Frontera está conformado por disidentes de las extintas FARC, que se apartaron de los diálogos de paz en 2016, y negocian un acuerdo con el gobierno del mandatario colombiano Gustavo Petro, aunque sin lograr avances.
“Hoy dimos el mayor golpe a las economías criminales en la historia del Ecuador: más de USD 300 millones en bienes incautados a los Comandos de la Frontera”, celebró el presidente ecuatoriano en la red social X.
La millonaria cifra es la sumatoria del valor de más de un centenar de propiedades embargadas, explicó la policía en un comunicado.
El ministro del Interior, John Reimberg, dijo a medios que 26 personas fueron capturadas durante 68 allanamientos en nueve provincias, incluidas dos regiones amazónicas fronterizas con Colombia y Perú, dos con salida al océano Pacífico y en Pichincha, que alberga a la capital Quito.
Además se embargaron cinco compañías a través de las cuales se “lavaron más de 70 millones de dólares”, agregó Reimberg.
OPERATIVO CON 600 UNIFORMADOS
Unos 600 uniformados participaron del operativo. En videos divulgados por la policía, se ve a decenas de agentes de fuerzas especiales, con el rostro cubierto y armas automáticas, escoltando a varios sospechosos esposados en lujosas viviendas.
La organización está liderada por Roberto Álvarez, alias Gerente, “miembro activo y presunto líder” del grupo guerrillero, dijo Reimberg en X.
El gobierno ecuatoriano anunció en junio su captura en Emiratos Árabes Unidos. El hombre tiene un pedido de extradición pendiente desde Quito.
Otrora un oasis de paz en América Latina, Ecuador es hoy una de las naciones más violentas de la región a causa de la guerra entre bandas que aprovechan sus puertos estratégicos, su economía dolarizada y la corrupción.
En febrero, la fiscalía colombiana capturó a Andrés Rojas, alias Araña, líder de los Comandos de Frontera en Colombia, durante una reunión con delegados del gobierno en la que ejercía de negociador de paz.
- Fuente: AFP
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Inician sumario contra fiscal que liberó a presunto feminicida
La Inspectoría General del Ministerio Público decidió iniciar dos sumarios administrativos contra el agente fiscal Juan Daniel Benítez, quien actualmente está asignado a la Unidad Penal n.° 2 de Santa Rosa del Aguaray. La investigación preliminar es a los efectos de conocer si existen presuntas irregularidades en la actuación del citado agente fiscal en liberar al presunto autor de un feminicidio y otros.
La decisión fue adoptada tras la evaluación de los antecedentes por la Dirección de Auditoría de Gestión Fiscal, y por otro lado, informaciones difundidas en redes sociales, lo que deriva en la verificación de elementos que ameritan una investigación interna, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 del Reglamento Interno del Ministerio Público.
El primer sumario administrativo n.° 489/2025 es por presunta comisión de faltas administrativas derivadas de participación en evento político-partidario y actos públicos que comprometen la imagen institucional. Mientras que el segundo sumario administrativo n.° 490/2025 es por presunta comisión de faltas en el marco de una causa penal por violencia familiar, consistentes en negligencia funcional, omisión de deberes, mal manejo de evidencias, desconocimiento de la normativa y de protocolos especializados.
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La apertura de los dos sumarios se enmarca en las funciones de control y seguimiento del desempeño fiscal.
JEM
Igualmente el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados podría investigar la actuación del fiscal Benítez atendiendo a la gravedad del hecho de liberar a una persona que fue denunciada por violencia familiar.
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Preocupa el aumento del nivel de endeudamiento de la gente a través de tarjetas
Actualmente, el aumento del uso de tarjetas de crédito en Paraguay se hizo más visible a raíz de la fuerte campaña de las entidades financieras, principalmente los bancos, con descuentos y reintegros. Sin embargo, en la misma línea, el nivel de endeudamiento de la gente se incrementó y es lo que preocupa, según el economista, exministro de Hacienda, César Barreto.
“De lo que estamos usando las tarjetas, está aumentando seguramente el saldo, lo cual va a implicar que nuestros compromisos de pago de intereses y los pagos mínimos de la tarjeta en los próximos meses van a ser más altos. Vamos a tener que usar una proporción mayor de nuestro ingreso para poder cumplir con esos compromisos que ya se nos derivan por el hecho de que ya usamos la tarjeta y, hoy, la verdad ya está instalada”, agregó.
En tanto, el economista aclaró que este fenómeno se da no solamente en las tarjetas, sino también en el crédito de consumo a cuotas normales. “Digamos que normalmente es un poco más pensado por parte de las personas tomar una deuda con un compromiso fijo mensual, y este también está creciendo a un ritmo de alrededor del treinta por ciento”, mencionó.
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Poner freno
“Entonces, a estas cosas hay que empezar a ponerles freno lo más temprano posible, para evitar llegar a situaciones críticas en las que una gran parte de la gente termina sobreendeudada y con imposibilidad de cumplir en tiempo y forma, y después ya sale fuera del sistema crediticio porque no cumple su deuda a tiempo”, especificó.
Por otro lado, el costo de vida ha aumentado. Hay un fenómeno que no se nota mucho en los datos, y es que no olvidemos que hasta diciembre de 2023, la gente iba a comprar productos de la canasta básica de Clorinda, Argentina, a mitad de precio. Y eso permitía a la gente tener un consumo importante a un costo bajo.
Política equivocada
“Cuando Argentina cambia su política económica, en este caso con el gobierno de Milei, todos esos productos se duplicaron, porque entramos a enfrentar realmente los precios reales que tenían. Estaba siendo subsidiado por una política equivocada de la Argentina, pero en la práctica, para la gente indicó que se le duplicó el costo, porque tenía que ir a comprar al supermercado y aquí costaba el doble, que era el precio normal que ya se pagaba”, comentó
Entonces eso está golpeando muchísimo. Y por encima de eso, ajuste, lo que los economistas llamamos ajuste de precios relativos, porque el precio de la carne en general ha aumentado muchísimo, agregó.
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Fiscalía activa cooperación internacional con Seychelles por caso Abdooffshore
El Ministerio Público, a través del fiscal adjunto Manuel Doldán Breuer, ha solicitado cooperación a la Oficina del Fiscal General de la República de Seychelles en el marco de la investigación abierta contra el expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, por presunto ocultamiento de bienes y enriquecimiento ilícito.
El responsable de la Unidad Especializada de Asuntos Internacionales, Extradición y Asistencia Jurídica Externa de Paraguay, envió un exhorto a sus pares de las islas Seychelles (África), a partir del requerimiento formulado por la agente fiscal Natalia Cacavelos Conigliaro, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, en la causa caratulada “Investigación fiscal sobre supuesto hecho de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito”.
Con el pedido de información oficial a Seychelles, la Fiscalía paraguaya busca rastrear presuntos fondos offshore en el referido “paraíso fiscal” y confirmar si forman parte de un esquema de lavado de dinero que podrían involucrar al exjefe de Estado.
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Antecedentes
Esta investigación deriva del informe periodístico del portal argentino Periodismo y Punto, dirigido por Luis Gasulla, destacado periodista del programa “La cornisa” por La Nación Más (Argentina), que diera a conocer que existirían dos cuentas por un valor total de USD 21 millones, creadas mediante empresas ficticias de de Hong Kong y Dubái, donde supuestamente los beneficiarios finales serían el expresidente Mario Abdo Benítez y su esposa Silvana López Moreira.
La investigación periodística informó que una de las supuestas cuentas, vinculada a “Star Capital Financial Services Limited”, habría tenido USD 12,3 millones desde noviembre de 2022 (cuando Abdo todavía era presidente de la República), y otra, bajo “Exchange Contracts International Finance Limited”, abierta en setiembre de 2023 y que presentaba un balance de casi USD 9 millones hasta junio de 2025.
Abdo también tiene una causa abierta por inconsistencias en sus declaraciones juradas y posibles delitos económicos derivados de las operaciones de las empresas de asfalto Aldia SA y Createc SA, de las cuales aparecía como principal accionista y que experimentaron un crecimiento financiero sin precedentes durante su gobierno, acumulando USD 45 millones (G. 329.000 millones) en reservas operativas, sin justificar su destino.