La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, conformada por los ministros Manuel Ramírez Candia, Carolina Llanes y Luis María Benítez Riera, anuló la resolución en la que se había decido hacer lugar al sobreseimiento definitivo de la agente fiscal Karina Escurra y el juez de Paz de San Juan Nepomuceno Nery Martínez, esposos, quienes estaban procesados penalmente por los supuestos hechos punibles de usura, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en Caazapá.
Los altos magistrados admitieron la casación que planteó la agente fiscal Natalia Fúster, quien recurrió a la Corte contra la resolución del Tribunal de Apelación de Caazapá que había sobreseído a la pareja. En primera instancia se dispuso el sobreseimiento provisional de los imputados.
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La fiscala Fúster había pedido el sobreseimiento provisional de la pareja, ya que hubo un informe de una perito que decía que no existe inconsistencia de los bienes y los ingresos de los procesados. Para seguir investigando el hecho y tener un panorama mucho mejor, el Ministerio Público solicitó la desvinculación parcial de la pareja.
En un allanamiento a la casa del matrimonio se había incautado alrededor de 26 cheques por valor de G. 740 millones, así como pagarés por G. 2.300 millones, lo que hacía sospechar a la fiscala que los bienes no coincidían con los ingresos que tenían Escurra y Martínez.
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Corte absolvió a exministros Francisco De Vargas y Luis Rojas, juzgados por lesión de confianza
La sala penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros Manuel Ramírez Candia, Carolina Llanes y César Garay, anuló las resoluciones de primera y segunda instancia y ordenó la absolución de culpa y pena del exministro de la Senad, Francisco José De Vargas, quien en su momento fue condenado a 3 años de cárcel por lesión de confianza por la comprar de equipos para la Senad.
Igualmente, la máxima instancia judicial anuló la pena de 4 años y 6 meses que recibió el exministro de la Senad, Luis Rojas, al igual que se hizo lugar a la absolución de culpa y pena de otros funcionarios de la referida institución que en su momento fueron condenados en el presente proceso penal.
La Corte sostuvo en su resolución que “en el caso que nos ocupa no se ha podido demostrar el perjuicio patrimonial a la institución Senad, no se ha probado cuál ha sido el impacto económico que tuvo la compra de los equipos sensitivos de rastreo de la marca Cobham proveídos por la Empresa Televox SRL”.
Los ministros mencionan que se ha demostrado que efectivamente se ha realizado el pago por los aparatos correspondientes y que también se ha constatado que los equipos han ingresado al patrimonio de la Senad.
En su momento, un tribunal de sentencia y una cámara de apelación ratificaron las condenas de 3 años de cárcel para De Vargas y 4 años y 6 meses de pena privativa de libertad de Luis Rojas.
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Sala Constitucional de la Corte registró 1.490 nuevas acciones durante primer semestre del 2025
Entre enero y junio de este año, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia registró un total de 1.490 nuevas acciones, cifra que supera en 104 comparando con el mismo periodo del año pasado.
En sesión plenaria de la Corte, el secretario de la Sala Constitucional, Julio Pavón, presentó a los ministros y a la ciudadanía un informe comparativo sobre la productividad registrada durante el primer semestre de 2025.
El secretario de la mencionada sala destacó que los ingresos de las acciones se realizaron a través del nuevo sistema de mesa de entrada habilitado en febrero de este año.
En cuanto a los actos del proceso, bajo la presidencia del ministro César Diesel, se registró un superávit de 491 actos en comparación con el primer semestre de 2024, lo que representa un aumento del 47,3 % y se resalta un aumento en la atención al público.
Pavón detalló que en el periodo señalado se dictaron 952 Autos Interlocutorios (AI), 92 caducidades y se encuentran en trámite otras 392, actualmente en etapa de informe actuarial para su resolución. Este dato representa un aumento de 377 Autos Interlocutorios en comparación con el mismo lapso del año anterior.
Respecto a los Acuerdos y Sentencias dictados en el marco de procesos judiciales, se emitieron 436 resoluciones. Asimismo, en cumplimiento de la Acordada N° 1148/16, la Secretaría firmó 168 providencias y oficios. Se enviaron además 770 informes solicitados por diversos juzgados y órganos del Poder Judicial, mientras que el total de actos del proceso firmados por la Secretaría ascendió a 1.038.
En cuanto a la atención al público, la secretaría recibió en audiencia a 3.370 personas interesadas en conocer el estado de sus causas, lo que representa un incremento de 1.872 con respecto al primer semestre del año anterior.
Por su parte, la presidencia de la sala constitucional a cargo del ministro Diesel firmó 740 actos del proceso propios de su competencia. Con relación al sorteo quincenal de expedientes en etapa de admisibilidad o en estado conclusivo, se informó que fueron distribuidas 1.390 nuevas acciones. No obstante, el secretario Pavón explicó que se registró una disminución de 414 sorteos respecto al año anterior debido a que actualmente las distribuciones se realizan de manera inmediata, reflejando más fielmente el número real de ingresos.
En lo que respecta al pleno jurisdiccional, se informó el ingreso de dos acciones relacionadas con el Tribunal de Justicia Electoral, seis provenientes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y una de origen en la propia Sala, totalizando nueve expedientes, tres más que en el primer semestre de 2024. Se indicó que las resoluciones del pleno jurisdiccional se mantienen activas, y que varios Autos Interlocutorios se encuentran en fase final de firma para la emisión del fallo correspondiente.
El ministro Víctor Ríos, miembro de la Sala Constitucional, expresó: “Estamos en un momento auspicioso de la Sala, gracias al gran esfuerzo de todos los integrantes. Cabe recordar que la sala constitucional está integrada además por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel, y los ministros Víctor Ríos y Gustavo Santander Dans.
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Jueces realizan jornada de trabajo en la Penitenciaría Regional de Villarrica
Desde la Corte Suprema de Justicia informaron que este viernes Jueces de Ejecución Penal y de Garantías del departamento de Guairá, junto con funcionarios de la Coordinación de Supervisión Penitenciaria de la Corte, realizaron una jornada de control y verificación en la Penitenciaría Regional de Villarrica.
Indicaron que el presidente del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Guairá, magistrado Juan Carlos Bordón, recibió a los funcionarios judiciales a fin de coordinar las labores previstas.
“En la oportunidad se desarrollaron entrevistas programadas con personas privadas de libertad (PPL), con el objetivo de recabar información sobre la situación procesal de sus respectivas causas”, expusieron.
Participantes
Según indicaron, de la catividad participaron los jueces penales de Ejecución y de Garantías:
- Marlene Romero, Derlis Johnny Duarte (1.er Turno)
- Marcela Mallorquín (2.º Turno)
- Dionicia Alfonso (3.er Turno)
- Juan Ruiz Díaz (4.º Turno)
- Marcelo Ramírez (5.º Turno)
- Porfirio Martínez (juez penal de Garantías de Colonia Independencia)
- Omar Baeza (juez de Ejecución Penal de Caaguazú).
También estuvieron presentes representantes del Ministerio de la Defensa Pública, abogados:
- Rosa Bernal
- Abel Téllez
- Cristian Fernández
- Edgar Vázquez
Estos trabajaron de forma conjunta con el equipo de la Coordinación desde tempranas horas. Asimismo, participaron representantes del Ministerio de Salud.
La doctora Lilian Luraschi, encargada de la Coordinación de Supervisión Penitenciaria de la CSJ, participó de la actividad junto con su equipo técnico.
La iniciativa tuvo como finalidad brindar asistencia jurídica y procesal a las personas privadas de libertad, mediante intervenciones articuladas entre los jueces penales de Garantías y de Ejecución, con la colaboración del director del establecimiento penitenciario, Darío Cristaldo, quien facilitó la provisión de datos para el seguimiento de los procesos.
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Imputan y piden cárcel por intento de hurto de un pedazo de carne, pero el juez lo eximió de prisión
El Ministerio Público imputó a un hombre por el intento de hurto de un pedazo de carne valuado en G. 101.900 de un local de conveniencia. Igualmente, el fiscal del caso, Julio Paredes Duarte, pidió la prisión del imputado, pero el juez penal de Garantía de la capital de turno, Francisco Acevedo, lo eximió de prisión a César Marcelo Sosa Martínez. El hecho se registró el pasado 20 de junio.
El caso es uno de los numerosos que se presenta en el Poder Judicial y podría considerarse como hecho bagatelario.
El acta de imputación revela que en fecha 20 de Junio de 2025, siendo las 20:56, una persona de sexo masculino ingresa al local de conveniencia situado sobre las calles Teodoro S. Mongelos y 33 Orientales de la ciudad de Asunción. El personal de seguridad se da cuenta de la actitud sospechosa del hoy imputado por lo que el guardia y funcionarios del local procedieron a interceptar a dicha persona encontrando en su poder un pedazo de carne tipo tapa cuadril, cuyo valor aproximado es de G. 101.900.
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Seguidamente se dio aviso al sistema de emergencia 911 de la Policía Nacional, acudiendo al lugar personal policial de la Comisaría 7a., quienes al llegar al local visualizaron que los empleados ya tenían reducido a un hombre que quedó detenido.
Luego fue citado a una audiencia indagatoria y posteriormente el Ministerio Público presentó la imputación por intento de hurto de un pedazo de carne.