Esta semana, desde la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares (Apacfa) informaron que siguen las auditorías en el Instituto Nacional del Cáncer (Incan), tras detectar una serie de aspectos a ser mejorados en la atención a los pacientes oncológicos.

Desde la asociación confirmaron que se trata de un proceso integral y sostenido que busca fortalecer la atención oncológica pública en el país. La primera auditoría se realizó en la farmacia.

“Estas acciones buscan garantizar la transparencia, la eficiencia y la mejora continua en la gestión de los medicamentos y servicios. Uno de los desafíos fundamentales detectados es la ausencia de un Registro Nacional de pacientes que ha dificultado durante años una planificación adecuada”, detallaron en un comunicado.

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Actualmente, el registro se encuentra en etapa final de implementación, lo que permitirá una mejor toma de decisiones basada en datos reales y actualizados. “La cantidad de pacientes oncológicos aumenta día a día, y cada tratamiento varía según el estadio de diagnóstico y evolución individual del paciente”, indicaron.

Manifestaron que cada usuario requieren diferentes fármacos y muchos van utilizando combinaciones distintas. “No es competencia del Incan la compra de los medicamentos mediante amparos judiciales, ya que estas adquisiciones son gestionadas a través del nivel central (MSPBS). Son necesario procesos claramente definidos, para evitar superposiciones o malentendidos administrativos”, detallaron.

Agradecieron el esfuerzo de la doctora Jabbi Noguera y su equipo, quienes desde el inicio de este proceso están impulsando las correcciones necesarias para que muchas de las situaciones detectadas puedan resolverse.

“Instamos a las autoridades competentes a realizar un análisis riguroso y técnico sobre los casos de compras de medicamentos con fecha de vencimiento próxima”, concluyeron.

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En la mañana de este jueves, un equipo de agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), con el acompañamiento de una comitiva fiscal, llevó a cabo la operación Tridente, donde, a través de incursiones simultáneas en el barrio Anahí de la ciudad de San Lorenzo, se logró desarticular una red de microtráfico que operaba en la zona.

Esta red de distribución y venta de drogas se extendía hasta tres viviendas en donde se distribuían drogas a niños, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad, constituyendo una amenaza directa para la seguridad barrial y el entorno social.

Según los datos investigativos, en estos lugares se reunían los jóvenes adictos de la zona que se dedicarían a perpetrar asaltos y robos de vivienda, generando gran temor en los vecinos, ya que la delincuencia aumentaba de manera exponencial.

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De estas viviendas se pudieron incautar 36 gramos de crack, equivalentes a unas 250 dosis, 135 gramos de cocaína, aproximadamente 300 dosis, 1 arma de fuego y una importante cantidad de dinero en billetes de baja denominación.

Así también, fueron detenidas cuatro personas que formarían parte de este esquema de venta y distribución; las mismas fueron identificadas como Rocío Fretes, de 39 años; Carlos Santos Acuña, de 42 años; Ramona Dominga Rojas, de 61 años, y Pablo Sebastián Jara, de 20 años. Todos fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Desde la Senad destacaron el uso de tecnología por parte de estas estructuras, ya que, si bien las viviendas allanadas eran precarias, contaban con sistema de monitoreo en el barrio para controlar los movimientos de la zona y poder mantenerse alerta.

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En el marco de la evaluación de los 32 días de intervención municipal en Ciudad del Este, el interventor Ramón Ramírez, señaló lo se observa y es que la Junta Municipal ha comenzado a ejercer su rol de contralor, desde el pasado 23 de junio cuando inició la intervención, solicitando informes, preocupándose de la administración de los recursos de la Municipalidad.

El economista mantuvo una larga entrevista en Radio Concierto de la capital de Alto Paraná y aclaró que la intervención se da para todo el municipio, es decir tanto para la intendencia como para la Junta Municipal, donde hay una evidente mayoría coyuntural a favor del intendente Prieto. Aclaró que, quien tiene la facultad de solicitar informes es el interventor.

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Insistió que es la Municipalidad está intervenida y el reporte que estará brindando serán sobre los hallazgos que tengan sobre la administración de la intendencia; pero también sobre el rol de contralor de la Junta Municipal.

“El interventor es quien tiene la facultad de solicitar informes a las autoridades electas, esto está claramente establecido en la disposición de la intervención. Hay responsabilidades compartidas en algunos temas. El intendente tiene facultades, pero también hay responsabilidades compartidas con la Junta Municipal; y esa mayoría coyuntural le otorgó carta abierta al intendente”, precisó.

Explicó que la responsabilidad del interventor es reportar esa corresponsabilidad de la intendencia y la junta; ya será en otra instancia la que pondrá la calificación o nivel de responsabilidad.

Ramírez explicó que lo que ha observado, es un mecanismo de acompañamiento incondicional por parte de esa mayoría oficialista en la Junta, a la gestión del intendente Prieto, y eso se pudo constatar cuando aprueban minutas en un día y el intendente lo aprueba en el mismo día.

“Sin embargo, no existe la misma velocidad, en otros temas. La Contraloría General también habló de las inconsistencias de los estados financieros, y eso la Junta lo debía haber identificado, en eso no escapa la responsabilidad de los concejales, porque esos estados contables deben ser aprobados por la Junta Municipal”, explicó.

Remarcó que lo que ha encontrado es que, en todo este periodo municipal, la mayoría coyuntural oficialista, no ha hecho su trabajo de contralor y es por eso que este tema fue observado por la Contraloría.

“Es una suma de todo, yo llamaría más bien, complicidad que ignorancia, porque si bien, el concejal no tiene la obligación de saber todo, ni ser un especialista en materia financiera o contable; pero si tienen la posibilidad, y de hecho tienen un equipo de asesores que les ayuda a tomar la decisión. Pero lo que se pudo observar, es que a velocidad extraordinaria se aprobaron y acompañaron todas las peticiones de la intendencia”, indicó.

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En el marco de la cooperación internacional en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado, se encuentra en el país de visita oficial Javier Samper, director de EL PAcCTO 2.0 (Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado) una iniciativa de la Unión Europea, que está llevando a cabo importantes reuniones con autoridades de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Ministerio de Justicia y otras instituciones públicas.

Le acompaña en este recorrido, la agregada de Cooperación de la Unión Europea, Maddalena Massucci, quien junto a Samper visitaron en primer orden al ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, con quien abordó la cooperación bilateral y el fortalecimiento de los lazos para la lucha contra el crimen organizado transnacional y narcotráfico.

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El encuentro que se concretó en la sede institucional propició el abordaje de las estrategias de cooperación técnica interinstitucional orientadas a fortalecer las capacidades nacionales en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y otros delitos transnacionales.

De acuerdo al informe oficial emitido desde la Senad explican que EL PAcCTO 2.0 promueve la seguridad y justicia en América Latina, apoyando a los países de la región en el desarrollo de políticas públicas que abarquen toda la cadena penal: policial, judicial y penitenciaria.

“La Senad reafirma su compromiso de seguir articulando esfuerzos con socios estratégicos internacionales para consolidar un sistema de seguridad más eficaz, moderno y coordinado”, concluye el comunicado.

Igualmente, el director de EL PAcCTO 2.0, mantuvo un encuentro con el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, con quien charló sobre el fortalecimiento de los vínculos institucionales para avanzar en prioridades estratégicas del país.

También evaluaron los aspectos clave sobre la inteligencia penitenciaria, el régimen de máxima seguridad y las acciones proyectadas en el ámbito de seguridad, ligados a la Presidencia Pro Tempore Mercosur.

Ambas partes coincidieron en la necesidad de potenciar capacidades operativas y técnicas dentro del sistema penitenciario, así como generar sinergias para detectar y desarticular redes criminales que operan desde los centros de reclusión.

En este encuentro estuvieron presentes además el viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel, y el director de Asuntos Internacionales, Sergio G. Velilla.

Desde el Ministerio de Justicia resaltaron que la visita de Javier Samper constituye un paso relevante en la articulación de esfuerzos regionales para el combate contra estructuras criminales complejas que afectan a toda la región.

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