La auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) encontró varias irregularidades en el caso de la malversación de la Caja Bancaria en los fondos de más de G. 2 billones. Según el informe de la CGR, se encontró que en los aportes (patronal y personal) realizados por bancos y entidades financieras con los saldos informados por entidad fue por una cantidad de G. 1,8 billones.
Por otra parte, no fueron revelados en los estados contables al 31 de diciembre del 2018 las reservas matemáticas producto del balance actuarial que presenta un déficit de G. 1,5 billones. Algunos de los criterios trasgredidos se encuentra la Ley Nº 1535/99 “De Administraciones Financieras del Estado”, Art. 56, inc. A y b; 57 inc. B y C.
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La fiscala Fátima Capurro acusó y solicitó juicio oral y público el pasado 1 de diciembre para los directivos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Bancos y Afines, Ángel Chamorro, Xavie Hamuy, José Caballero y Miguel Oro.
La acusación del Ministerio Público señala que el Banco Central del Paraguay (BCP) comunicó a los responsables que el monto destinado para la ampliación y mejoras en la infraestructura de la sede social Quinta Ykua Ybumi no reunía las condiciones necesarias para su ejecución. Para la realización del mencionado proyecto fueron destinados unos G. 1,6 billones.
La acusación muestra que los gastos realizados por los acusados crecieron desde el 2016, los cuales ascendían a unos G. 59.851 millones. Al cierre del 2018, la Fiscalía estimó que los gastos crecieron a unos G. 101.432 millones. En tanto, al cierre de ese año, los gastos de la caja aumentaron del 69% al 71%.
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Recusan a ministro de Corte con el objetivo de trabar causa penal de Miguel Zaldívar y otros
El abogado Marcio Battilana, representante legal de Eleno Martínez —imputado junto a Miguel Zaldívar, presidente del Banco Atlas, por lavado de dinero—, recusó al ministro e integrante de la Sala Penal de la Corte, Luis María Benítez Riera. De esta manera, continúa la línea obstruccionista que busca paralizar el curso del caso.
Con esta nueva chicana presentada por el abogado Battilana, primero se deberá conformar la Sala Penal para estudiar la recusación; posteriormente, se analizarán los incidentes planteados por Zaldívar y los demás imputados en el proceso. La defensa de los procesados ha presentado diversos incidentes ante la máxima instancia judicial con el único fin de evitar someterse a la Justicia.
La recusación contra el ministro Benítez Riera argumenta que un hermano del alto magistrado trabajó en el Banco Atlas entre los años 2006 y 2010, motivo por el cual solicitan su apartamiento. Actualmente, la Sala Penal de la Corte se encuentra desintegrada, debido a que los ministros Carolina Llanes y Gustavo Santander ya se han apartado del expediente. El caso se encuentra ahora para consulta de integración con el ministro César Diesel, de la Sala Constitucional.
Zaldívar podría ir a la cárcel
Ante la actitud obstruccionista al debido proceso, manifestada en las reiteradas maniobras dilatorias presentadas por Miguel Ángel Zaldívar y los demás imputados por lavado de dinero —en el marco de la denuncia realizada por la Conmebol—, el juez de la causa podría evaluar la aplicación de otras medidas establecidas en el ordenamiento jurídico. Entre ellas destaca la posibilidad de decretar la prisión preventiva para los imputados que, hasta el momento, no se han sometido a la Justicia.
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Odontólogo confirmó graves lesiones de Benjamín Zapag por brutal ataque en local nocturno
En el marco del juicio oral que se desarrolla contra Héctor Iván Grau, acusado por la agresión contra Benjamín Zapag, el odontólogo que integra la junta médica confirmó que la víctima tuvo graves consecuencias estéticas y funcionales por el brutal ataque que se registró en noviembre del 2022 en un local nocturno del barrio Villa Morra de la ciudad de Asunción.
Ante el Tribunal de Sentencia, que preside la jueza Laura Ocampo e integran por Fabián Weisensee y Cándida Fleitas, declararon testigos y, entre ellos, el odontólogo Juan Carlos Zárate, quien integró la junta médica que evaluó a la víctima y confirmó que tuvieron que realizar una reconstrucción, por lo que se puede determinar que las lesiones fueron severas.
El profesional detalló en sus declaraciones que los golpes que el joven recibió en el rostro tuvieron consecuencias no solo estéticas sin que en las funciones anatómicas, por lo que se debió reconstruir el hueso malar en zona del ojo con una placa y malla de titanio. Tras la intervención que recibió, Zapag necesitó unos dos meses para una recuperación total.
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Afirmó que tuvieron que realizar la restitución del hueso que se encarga de dar forma al rostro, además de proteger al ojo y que integra el proceso de masticar. En su declaración agregó que, si no se realizaba la intervención, el hueso podía soldarse nuevamente, pero que no iba a quedar con la misma anatomía y que podría presentar hundimiento en la zona.
El abogado defensor Álvaro Arias también interrogó al médico, quien afirmó que no evaluó personalmente a Benjamín Zapag tras el ataque y que tuvo en cuenta lo que hizo otro médico para llegar a su conclusión. Situación que fue cuestionada por la defensa, alegando que al no ser participe del tratamiento no pueden dar fe de la gravedad de lo que sucedió hace tres años.
El juicio oral contra Héctor Grau se inició en marzo pasado y, hasta la fecha, ya se presentaron los testigos y la conclusión de la junta médica que evaluó el caso. El joven está acusado de golpear a Benjamín Zapag en la discoteca Morgan Warehouse en la madrugada del 6 de noviembre del 2022.
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Sedeco intensifica controles y detecta graves fallas sanitarias en supermercados
La Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) intensificó los controles en supermercados, minimercados y locales de elaboración de alimentos ante el aumento de denuncias ciudadanas, en las que se detectaron irregularidades graves en al menos 18 intervenciones realizadas entre marzo y abril en Asunción y ciudades del área metropolitana como Mariano Roque Alonso, Villa Elisa y Limpio.
Los operativos, que se realizan de forma sorpresiva, evidenciaron una serie de incumplimientos que afectan directamente la salud de los consumidores, explicó a Universo 970 AM/Nación Media, Juana Arce, directora de Fiscalización.
Entre los principales hallazgos se encuentran productos vencidos exhibidos en góndolas, casos de publicidad engañosa y condiciones deficientes de higiene en salones de venta y depósitos.
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Sin embargo, lo más alarmante fue la presencia de plagas en varios establecimientos. Durante las inspecciones se detectaron moscas, cucarachas y roedores, incluso animales muertos en trampas que no eran retirados desde hacía tiempo, generando focos de contaminación y olores insalubres. Estas condiciones representan un riesgo sanitario inmediato para la población.
Desde Sedeco explicaron que las intervenciones se activan tanto de oficio como a partir de denuncias formales y reclamos realizados por consumidores, principalmente a través de redes sociales. Este aumento en las quejas fue el factor que llevó a reforzar los controles en el sector comercial, especialmente en el rubro supermercadista.
Cada procedimiento queda documentado en un acta en la que se detallan todas las irregularidades detectadas. Posteriormente, el caso es remitido a la Dirección de Asuntos Jurídicos, que evalúa la apertura de un sumario administrativo. Dependiendo de la gravedad de las faltas, el proceso puede derivar en sanciones económicas o incluso en el cierre temporal del comercio.
La medida de clausura preventiva se aplica en los casos más críticos y tiene como objetivo proteger la salud y seguridad de los consumidores, además de obligar a los establecimientos a corregir las condiciones detectadas antes de volver a operar.
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La pesada herencia de Abdo Benítez: deudas, corrupción y falta de transparencia
El expresidente Mario Abdo Benítez criticó al Estado por las deudas con los proveedores, pero “olvidó” que gran parte de la deuda con las vialeras y farmacéuticas corresponden a su administración. Así, volvió a poner en el centro del debate su gestión y la pesada herencia que dejó para las finanzas del Estado y la credibilidad institucional.
Abdo Benítez contó con abundancia de recursos en momentos clave, pero cuyos usos y resultados hoy siguen siendo cuestionados.
Durante la pandemia, Paraguay accedió a un volumen inédito de financiamiento. Se aprobó una ley de emergencia con un préstamo internacional de USD 1.600 millones. Sin embargo, se destaparon diversas irregularidades en la ejecución de esos fondos.
Mientras los hospitales denunciaban carencias básicas, se denunciaban compras fallidas de insumos médicos, irregularidades en procesos licitatorios y sobrecostos, con casos conocidos como insumos chinos, agua tónica y tapabocas de oro.
La serie de falencias durante la pandemia del covid-19 consta en un informe de la Contraloría General de la República, específicamente en la Memoria Anual 2021.
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En paralelo, Abdo Benítez impulsó la obra pública, particularmente el rubro vial. El expresidente siempre se jacta de los 4.000 kilómetros de asfalto que hizo, pero olvida mencionar que empresas vinculadas a su entorno, Aldia SA y Createc SA.E, tuvieron una acumulación de ganancias de USD 45 millones entre el 2018 y el 2023. Esto, sin que se vea reflejado en su manifestación patrimonial ante Contraloría
Informes publicados señalan una fuerte concentración de contratos y posibles direccionamientos y abren interrogantes sobre conflictos de interés y uso de la función pública para beneficio privado.
El frente fiscal es, quizás, el punto más difícil de defender. Al cierre de su administración quedó al descubierto una deuda no reconocida de aproximadamente USD 600 millones con proveedores del Estado, incluyendo farmacéuticas y constructoras. Este pasivo, que no había sido plenamente transparentado, condicionó de inmediato al gobierno siguiente y obligó a reordenar pagos urgentes en sectores sensibles como la salud.
A esto se suma una deuda de G. 22.000 millones en el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), específicamente dentro del programa Fonavis, según denunció la administración posterior en agosto de 2023. Además, se reportaron deudas adicionales con la Ande y Essap por aproximadamente G. 25.000 millones.
También el fuerte incremento de la deuda pública, que alcanzó los USD 15.565 millones hacia agosto de 2023, representando cerca del 35 % del PIB. Si bien parte de este endeudamiento se justificó en el contexto de la pandemia, el cuestionamiento central radica en la calidad del gasto y en la falta de resultados proporcionales a los recursos comprometidos.
Otros cuestionamientos a la administración Abdo Benítez son el auge narco tras la liberación de los puertos, la destrucción del Metrobús, su proceso en Seychelles, la mansión que construyó en pandemia.
Es por ello que hoy, cuando el expresidente opina sobre la situación del país, los datos de su gestión reaparecen como un recordatorio incómodo: antes que un problema del presente, muchas de las dificultades actuales tienen origen en su gobierno. Esta es la pesada herencia de Mario Abdo Benítez.
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