La jueza Rocío González hizo lugar a un amparo judicial a favor de un profesional del derecho A.R.D.E para que el mismo pueda recibir la vacuna contra el COVID-19. Ahora el Ministerio de Salud deberá acatar la resolución dictada por la Justicia o en su defecto apelar el presente fallo judicial.
La citada magistrada señala en su resolución que “el análisis del escrito inicial y de la prueba documental presentada por el accionante surge que el abogado es una persona que por su condición de salud diagnosticado con asma bronquial, asimismo de alergia al polvo y a los ácaros resulta encontrarse en una situación de vulnerabilidad por lo que existe un verdadero peligro de ser gravemente lesionado en sus derechos de no resolverse la cuestión de manera inmediata por lo vía del amparo”.
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Además la magistrada refiere que corresponde hacer lugar al amparo y ordenar que el accionante se registre para agendar su inmunización ante el vacunatorio que le corresponda, menciona la determinación judicial. Este es uno de los primeros casos que por orden judicial se ordena el acceso a la vacuna contra el coronavirus.
En caso que el Ministerio de Salud decida apelar el presente fallo judicial será un tribunal de apelación el que tendrá que analizar si corresponde confirmar la resolución dictada en primera instancia o revocar la presente determinación adoptada por la jueza González.
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Confirman a jueza Rosarito Montania para seguir en el caso de Gianina García Troche
El Tribunal de Apelación confirmó la competencia de la jueza Rosarito Montanía en el proceso penal que enfrenta Gianina García Troche, esposa del supuesto líder narco uruguayo Sebastián Marset. El colegiado también ratificó que la mujer seguirá procesada por lavado de dinero producto del narcotráfico.
La resolución señala que la recusación no es procedente por la forma en la que fue presentada, por lo que corresponde confirmar a la jueza en el presente caso. Es más, los camaristas advirtieron a los abogados de García Troche que, en caso de nuevas presentaciones dilatorias, el juzgado deberá aplicar sanciones disciplinarias.
Sobre la calificación del hecho, García Troche está imputada por lavado de dinero producto del narcotráfico. El tribunal de apelación sostiene que el pedido no está amparado en alguna situación fáctica que justifique la modificación de la calificación inicialmente imputada.
De acuerdo a la presente investigación, la esposa de Marset carácter de su pareja habría utilizado el dinero ilícito obtenido por este proveniente del narcotráfico, para realizar inversiones y con ello convertir dicho dinero obtenido ilegalmente, en fondos que parecen ser legítimos.
Actualmente, García Troche está privada de libertad en la cárcel militar de Viñas Cué. La misma cuenta con varias reglas de reclusión, pero sí tiene permiso para recibir la visita de sus hijos.
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Elevar penas a 90 años requiere de una reforma: “Es populista e inconstitucional”, dice abogado
- Juan Marcelo Pereira
- juan.pereira@nacionmedia.com
El abogado constitucionalista Marcelo Duarte calificó de populista el proyecto que “incorpora la prisión permanente revisable, en el marco de tolerancia cero contra la delincuencia, el crimen y la protección a la ciudadanía”. La propuesta plantea modificar el Código Penal con la elevación de la pena máxima a 90 años para homicidios y delitos graves.
La iniciativa tuvo su entrada oficial en el Legislativo el pasado 29 de julio y es impulsada por el diputado opositor Rubén Rubin. “El mismo es contrario a los fines previstos para las penas en la Constitución Nacional. En el Paraguay no se puede establecer la cadena perpetua o penas similares (más de 30 años), sin antes reformar la Constitución Nacional“, indicó en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.
El exsenador del Partido Patria Querida (PPQ), acotó: “La Constitución Nacional no se puede reformar por ley. Este proyecto es inconstitucional debido a que equivale a una cadena perpetua, nadie mayor de edad puede cumplir una cadena de 90 años de cárcel”.
Duarte sustentó su posición citando el artículo 20 de la Constitución Nacional referente al objeto de las penas privativas de libertad. La norma establece que estas penas deben tener como objetivo la readaptación de los condenados y la protección de la sociedad. Además, prohíbe la pena de confiscación de bienes y la de destierro.
“En otros países se considerarían propuestas populistas, ya que buscan agradar a la mayoría de la opinión pública, que está harta de la delincuencia y la impunidad, pero sin tener en cuenta su viabilidad constitucional“, dijo Duarte.
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La propuesta de Rubin también establece la acumulación de condenas y toca 25 artículos del Código Penal. El proyecto refiere que en los casos de pena privativa de libertad de 50 años en adelante, podrá ser revisable de conformidad a lo dispuesto en el artículo 51 de Código Penal.
De acuerdo con el proyecto, los condenados podrán solicitar una revisión si han cumplido al menos dos tercios de la pena, se presume que no reincidirán en delitos o si el condenado lo solicita o consiente expresamente.
“El problema es mucho más complejo de lo que se plantea. No se trata solamente de aumentar las penas. Se trata también de rever el sistema penal y penitenciario, así como la educación, la reinserción social y la contención familiar en los casos de menores y adolescentes, como también la reinserción laboral de los exconvictos de todas las edades", sentenció Duarte.
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Decretan prisión de “La Maldad”, mano derecha de Sebastián Marset
La jueza del Crimen Organizado, Rosarito Montanía, decretó la prisión preventiva de José Fernando Estigarribia alias “La Maldad”, deportado desde los Emiratos Árabes y quien sería la mano derecha del supuesto narcotraficante uruguayo, Sebastián Marset.
Estigarribia estará privado de su libertad en la cárcel Martín Mendoza, de la ciudad de Emboscada, específicamente en el pabellón de máxima seguridad.
La jueza decidió enviarlo a dicha penitenciaría considerando principalmente la peligrosidad de la delincuencia organizada de alto perfil y la lucha de poderes de este tipo de organizaciones, cuyos miembros se encuentran distribuidos en las distintas cárceles del país.
El imputado fue funcionario del Ministerio Público, específicamente de la Unidad Antidrogas y es conocido con el sobrenombre de “La Maldad”, en el mundo de las artes marciales mixtas (MMA).
De acuerdo a los datos recabados, Estigarribia ingresó a la organización de Marset del que sería hombre de confianza, como guardaespaldas de su esposa y testaferro.
Según la investigación, esta persona aportó su imagen, experiencia y cuentas bancarias para crear empresas de fachada utilizadas para blanquear dinero, justificando egresos ficticios mediante publicidad y eventos, con el objetivo de simular operaciones comerciales lícitas.
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Caso Abdooffshore podría anexarse a causa por inconsistencias en DDJJ, dice exfiscal
El abogado Juan Emilio Oviedo afirmó que los agentes fiscales que investigan al exmandatario Mario Abdo Benítez por las inconsistencias en sus declaraciones juradas, podrían anexar a la causa las informaciones sobre las supuestas cuentas bancarias ocultas en Seychelles que tendrían por beneficiarios finales al exjefe de Estado y su esposa Silvana López Moreira.
“Puede ser muy buena hipótesis. Por economía procesal, también es una investigación que pueda estar abierta, que pueda tener algún vínculo con los datos obtenidos por este periodista argentino para confirmar, descartar o revisar la información que pueda haber en el extranjero y que incidencia pueda tener dentro de la carpeta fiscal”, indicó el exfiscal de Asuntos Internacionales en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, aludiendo al informe de Luis Casulla publicado en el portal PeriodismoyPunto.
La Fiscalía impulsó la apertura de una investigación a Abdo Benítez en setiembre del 2024 debido a las inconsistencias detectadas por la Contraloría General de la República (CGR) en las extraordinarias ganancias que tuvieron, durante su mandato, la empresas distribuidoras de asfalto Aldia S. A. y Createc S. A., que lo vinculan entre sus principales accionistas.
“Eventualmente, esto sería una decisión de los fiscales de la causa (anexar las informaciones de las cuentas bancarias ocultas como un hecho nuevo) porque son ellos lo que tienen la teoría del caso, son los que tendrán que probar la existencia de un hecho punible a través de las evidencias que se incorporan no solo a nivel nacional, sino internacional”, comentó Oviedo.
Asimismo, dijo que Paraguay y Seychelles son signatarios de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, un tratado impulsado en el 2023 que permite la cooperación entre fiscalías generales. Agregó que Seychelles estableció reformas en el año 2022 que facilitan la entrega de datos financieros, incluso sobre beneficiarios finales, si el pedido cumple los requisitos legales.
“Esto también dependerá de la política criminal, de la persecución penal y de las informaciones o elementos que cuente el Ministerio Público, es una opción que tiene la institución de separar o unir causas, de armar equipos de investigación, de incorporar áreas especificas como de Asuntos Internacionales que tiene personal calificado para ello”, indicó el abogado.
Antecedentes
El informe periodístico refiere que presuntamente se ocultó la millonaria suma de USD 21 millones, hecho que configura posibles cargos por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y evasión en el caso de haberse omitido su mención de las declaraciones juradas.
La publicación periodística detalla que, con el número 3128614805, la primera cuenta se encuentra localizada en el banco MCB International y presenta la suma de USD 12.316.108,44. Esta cuenta fue abierta en noviembre del 2022, año en que el líder del movimiento Fuerza Republicana, Mario Abdo Benítez, aún se desempeñaba como presidente de la República.
Detalla que la cuenta figura a nombre de la firma Star Capital Financial Services Limited y sus únicos autorizados serían Abdo Benítez y López Moreira. Mientras que la segunda cuenta tiene el número 29478391 y fue abierta en setiembre del 2023 a nombre de Exchange Contracts International Finance Limited, un mes después de finalizar su periodo como jefe de Estado. En junio del 2025, la cuenta presentaba un balance de USD 8.716.581,02, y también tendrían como beneficiarios finales a Abdo Benítez y su esposa.
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