En el marco de la investigación de la pequeña niña desaparecida en el distrito de Emboscada, la Fiscalía solicitó este jueves a la Justicia elevar la causa al estado del juicio oral y público para padrastro y madre de la menor de edad en cuestión.
El Ministerio Público, representado por los agentes fiscales María Irene Álvarez, Carlos Maldonado, Lorenzo Lezcano y Gedeón Escobar solicitaron la elevación a juicio oral y público de los acusados, por la supuesta comisión de los hechos punibles de abandono y violación del deber de cuidado y educación.
Asimismo, los representantes fiscales rechazaron la pretensión de sobreseimiento definitivo presentada por la defensa de los acusados. La acción de la Fiscalía contra ambos acusados es con relación a la desaparición de la niña, ocurrida el 15 de abril del 2020, en la localidad de Emboscada, departamento de Cordillera.
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La madre se abstuvo a prueba de ADN
La jueza penal de garantías Clara Ruiz Díaz elevó a juicio oral y público el proceso penal por desacato a una orden judicial que enfrenta la madre de la niña desaparecida en Emboscada. Según el presente proceso penal, la mujer se negó a ser sometida a una prueba de ADN que ordenó la justicia, por lo que fue imputada y acusada.
La resolución se dio a conocer luego de la audiencia preliminar donde la magistrada Ruiz Díaz decidió elevar el presente caso a un juicio oral y público. Ahora se deberá sortear al tribunal de sentencia que tendrá a su cargo juzgar a la acusada.
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Prohibición de la publicación
La Ley Nº 1.680, Código de la niñez y la adolescencia, en su artículo 29, de la prohibición de la publicación, establece: “Queda prohibido publicar por la prensa escrita, radial, televisiva o por cualquier otro medio de comunicación, los nombres, las fotografías o los datos que posibiliten identificar al niño o adolescente, víctima o supuesto autor de hechos punibles. Los que infrinjan esta prohibición serán sancionados según las previsiones de la ley penal”.
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Atraían a extranjeros con falsas citas y luego los asaltaban en Ciudad del Este
Dos extranjeros fueron víctimas de violentos asaltos y privación de libertad en Ciudad del Este, en hechos que tendrían un mismo patrón: contactos pactados mediante una aplicación de citas que terminaron con los hombres trasladados hasta el barrio San Rafael, donde fueron interceptados por grupos armados.
Desde el Ministerio Público informaron este jueves que los casos, ocurridos en julio, derivaron en la imputación de siete personas, seis hombres y una mujer, por los presuntos delitos de robo agravado, asociación criminal y privación de libertad.
“Tres de los sospechosos fueron detenidos durante allanamientos realizados el 19 de agosto, mientras que los otros cuatro permanecen prófugos y tienen órdenes de captura”, informó la Fiscalía.
Detalles
El primer episodio ocurrió el 6 de julio, cuando un ciudadano brasileño acordó encontrarse con una persona que utilizaba el perfil de “Wilson”. El supuesto contacto lo recogió en el microcentro y lo llevó hacia la zona baja del barrio San Rafael. Allí, un grupo de entre ocho y diez personas lo habría encañonado y retenido durante varias horas.
Los delincuentes le quitaron un iPhone 15 Pro Max y dinero en efectivo y, según la denuncia, lo obligaron a realizar transferencias por unos 8.000 reales, además de gestionar préstamos.
Diez días después se habría producido un segundo ataque. Esta vez, un ciudadano francés contactó mediante la misma aplicación a un usuario identificado como “Lucas”. Tras ser recogido en un hotel de Foz de Yguazú, fue llevado hasta San Rafael, donde un grupo de entre 10 y 12 personas lo habría golpeado y despojado de su teléfono, calzados y tarjetas bancarias.
La víctima fue trasladada posteriormente hasta una zona boscosa cercana al río Paraná, donde permaneció retenida durante más de ocho horas.
La investigación permitió reconstruir parte de los recorridos mediante cámaras de seguridad y vincular una de las motocicletas utilizadas con uno de los sospechosos. Con esos datos se realizaron allanamientos en San Rafael, donde fueron incautados una motocicleta, teléfonos celulares, cascos, prendas de vestir, calzados y otros objetos que podrían estar relacionados con los hechos.
La Fiscalía solicitó prisión preventiva para dos de los imputados, arresto domiciliario para la mujer y la declaración de rebeldía y captura de los cuatro sospechosos que siguen sin ser localizados.
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Metrobús: fallo de la Corte sobre rescisión de contrato podría ampliar responsabilidad de Wiens
La fiscal Yeimy Adle indicó que el Ministerio Público aguarda el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en torno al millonario litigio entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la empresa portuguesa Mota Engil para ampliar o no la cifra del daño patrimonial causado por el exministro abdista Arnoldo Wiens. Esto, en el marco de la causa por el fallido proyecto metrobús.
“El MOPC le intimó a Mota Engil a que renueve la garantía de fiel cumplimiento del contrato. La firma Mota Engil le envía una primera nota y le indica que no renovará esa garantía porque en ese momento no se estaba cumpliendo con el contrato”, relató la agente de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, este miércoles al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, sobre la cronología de los hechos en el año 2018, cuando se inicia el gobierno de Mario Abdo Benítez con la gestión de Wiens.
Adle manifestó que “el MOPC le envía otra nota a la empresa diciendo que rescindirá el contrato, entonces la empresa le remitió otra nota al MOPC indicando que no está de acuerdo, pero que renovará la garantía. Paraguay o el MOPC ya no le contestó esa nota y directamente rescinde el contrato y ejecuta la garantía anterior”.
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La agente fiscal acotó: “Todo esto se discute en el laudo arbitral y el arbitraje dice que no se cumplió con la renovación de la garantía de fiel cumplimiento, entonces el contrato fue rescindido de manera correcta, pero en el siguiente párrafo le condena a Paraguay a pagar casi 5 millones de dólares porque no debió cobrar la garantía, teniendo en cuenta que no se estaba cumplimiento fielmente con el contrato en atención a las obras del acta de entendimiento”.
De acuerdo con el Ministerio Público, el daño patrimonial ocasionado por Wiens, quien se encuentra acusado por lesión de confianza y daño a obras construidas, es de aproximadamente 14.995 millones de guaraníes.
“Esto no introducimos como perjuicio dentro de la acusación contra Wiens, porque el Paraguay apeló y ahora está en discusión en la Corte Suprema de Justicia y hasta que eso quede firme o no, no podemos introducirlo dentro de nuestra investigación porque debe ser objetiva”, mencionó.
Desde el Ministerio Público sostienen que Wiens recibió un proyecto con el 40 % de avance en el 2018 por parte de la administración del exministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona.
A la vez, argumentan que la iniciativa contaba con un financiamiento asegurado y contratos vigentes; sin embargo, sus decisiones mantuvieron la paralización, destruyeron infraestructura construida y desviaron bienes de la finalidad para la cual fueron adquiridos.
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Espacio Reservado: INDUFAR C.I.S.A. hace pública la situación por la que está atravesando
Mediante un comunicado dirigido a sus clientes, gremios de la industria nacional y público en general, INDUFAR C.I.S.A., “de manera clara y transparente”, hace pública la situación por la cual está atravesando, considerando relevante que la misma sea conocida por todos, según sostienen.
¿Qué está pasando?
“INDUFAR C.I.S.A., incluidos directivos y gerentes, ha sido objeto de una cadena de actos, premeditadamente estructurados, destinados a intimidarle y ejercer fuerza de manera a que renuncie a sus derechos que, legítimamente, le corresponden en una relación puramente comercial dentro del ámbito del derecho privado”, señalan.
Sostienen además, que “dichos actos buscan instrumentar al Ministerio Público y al Poder Judicial de la circunscripción judicial del Alto Paraná, para -insistimos- forzar a que INDUFAR C.I.S.A. ceda sus legítimos intereses que contractualmente y en derecho, le corresponden”.
Lo que demuestran los hechos
Desde la empresa sostienen que “un juzgado civil de Asunción rechazó in límine todas las pretensiones de BEM ESTAR CLÍNICA ESTÉTICA S.A. planteadas en un pedido de medidas cautelares. A pesar de ello, buscaron una Justicia complaciente a sus intereses y presiones, y la encontraron en la jueza Victoriana Cáceres, jueza Civil de Ciudad del Este, quien hizo lugar a las mismas medidas rechazadas en Asunción, dictando una medida cautelar arbitraria y desprovista de fundamento, no ajustada a las reglas procesales. Este proceder está fuera del derecho”.
Agregan que: “Igualmente, en la misma jurisdicción del Alto Paraná, ´penalizaron´ el mismo contrato comercial y realizaron denuncias infundadas, por estar basadas en cuestiones civiles y comerciales, no obstante, encontraron eco en la agente fiscal de Hernandarias, Natalia Montanía, territorialmente incompetente y el juez de Garantías Nelio Prieto de Ciudad del Este.
En dichos casos “INDUFAR C.I.S.A., iniciará la acusación formal por mal desempeño de funciones ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, para la remoción de dichos servidores públicos, como así también la denuncia penal por prevaricato ante el Ministerio Público”.
El punto mas grave
Desde INDUFAR aseguran que “lo mas preocupante, es que dichos actos buscan evitar que la cuestión sea sometida al arbitraje, que fue pactado como medio de solución de disputas entre las partes. Es así que la arbitraria medida cautelar mencionada caducó de pleno derecho, al vencer el plazo de 10 días corridos, sin que el actor, BEM ESTAR CLÍNICA ESTÉTICA S.A., haya dado inicio al arbitraje, tal como lo manda el art. 26 de la Ley 7561/2025.
“La jueza Gabriela Ramírez, consecuentemente, declaró la caducidad operada ya de pleno derecho de esas medidas y levantó las mismas. Hoy, la jueza Gabriela Ramírez fue denunciada ante el Ministerio Público, por cumplir la ley”, sostienen.
El documento también menciona que “BEM ESTAR CLÍNICA ESTÉTICA S.A. evita el arbitraje, porque él no le permitirá ejercer la misma presión que está ejerciendo sobre la Justicia de Ciudad del Este. Sabe que no tiene ningún reclamo, jurídicamente sostenible, en contra de INDUFAR C.I.S.A.”.
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Sobre INDUFAR C.I.S.A.
INDUFAR C.I.S.A. es una empresa líder en su rama industrial, con mas de 50 años al servicio del país. Forma parte de los grandes contribuyentes del Estado. Emplea a cerca de 1200 trabajadores, y beneficia por tanto, a aproximadamente 5000 personas, sin contar el enorme mercado de farmacias y distribuidoras que son beneficiadas con la comercialización de sus productos.
Es parte de gremios de la producción, como la Unión Industrial Paraguaya, la Cámara de Comercio Paraguayo Americana y la Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay (CIFARMA).
Compromiso
“En INDUFAR C.I.S.A. actuamos con responsabilidad, transparencia y compromiso absoluto con la salud de las personas. Nuestros clientes y usuarios, tengan la tranquilidad de que esta situación no afecta la calidad, la producción ni el abastecimiento de nuestros productos. Seguimos trabajando con normalidad y con el mismo compromiso de siempre”, expresan.
Además: “INDUFAR C.I.S.A. exige seguridad jurídica y la vigencia plena de un estado de derecho, en el que la Corte Suprema de Justicia y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados velen por el fiel cumplimiento de las normas jurídicas y que en todos los casos, la justicia actúe con independencia”.
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Tragedia en Pedrozo: decretan prisión preventiva para chofer del camión que causó fatal accidente
La Justicia ordenó la prisión preventiva de Víctor Raúl De la Cruz, chofer del camión que causó el fatal accidente en Pedrozo y que está imputado por homicidio culposo. De la Cruz cumplirá la medida en el Centro Nacional de Prevenidos (antiguo penal de Tacumbú). La resolución judicial se dictó tras la audiencia de imposición de medidas cautelares, donde se decidió privar de la libertad al conductor.
El fiscal Juan Manuel Ledesma imputó por homicidio culposo a De La Cruz tras el siniestro vial donde murieron cinco personas, el pasado sábado 15 de agosto en la compañía Pedrozo, Ypacaraí. Según el acta de imputación, el camión se habría quedado sin frenos luego de descender el cerro Caacupé, llevándose por delante a varios vehículos que detuvieron su marcha en el semáforo del cruce sobre la Ruta PY02.
Autopsia
El director de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, Pablo Lemir, informó que culminaron los procedimientos de identificación y autopsia médico-legal de cuatro de las víctimas fatales. Los estudios se realizaron en la Morgue Judicial de Asunción y finalizaron aproximadamente a las 22:00 del domingo 16 de agosto. Debido a las condiciones en que fueron recuperados los cuerpos, fue necesario un abordaje médico-legal multidisciplinario.
Las cuatro víctimas pertenecían a una misma familia: un hombre de 49 años, una mujer de 45, un joven de 18 y una niña de 9 años. Por disposición de la investigación, sus identidades no fueron divulgadas. El vehículo en el que viajaba la familia sufrió un incendio tras el impacto con el camión de gran porte. Los resultados de los análisis médicos ya fueron remitidos a la unidad penal interviniente y serán incorporados como antecedentes técnicos de la investigación. Posteriormente, se realizará la autopsia de la quinta víctima fatal del grave siniestro ocurrido en Pedrozo.