Niña desaparecida en Emboscada: Fiscalía pide juicio para los padres
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En el marco de la investigación de la pequeña niña desaparecida en el distrito de Emboscada, la Fiscalía solicitó este jueves a la Justicia elevar la causa al estado del juicio oral y público para padrastro y madre de la menor de edad en cuestión.
El Ministerio Público, representado por los agentes fiscales María Irene Álvarez, Carlos Maldonado, Lorenzo Lezcano y Gedeón Escobar solicitaron la elevación a juicio oral y público de los acusados, por la supuesta comisión de los hechos punibles de abandono y violación del deber de cuidado y educación.
Asimismo, los representantes fiscales rechazaron la pretensión de sobreseimiento definitivo presentada por la defensa de los acusados. La acción de la Fiscalía contra ambos acusados es con relación a la desaparición de la niña, ocurrida el 15 de abril del 2020, en la localidad de Emboscada, departamento de Cordillera.
La jueza penal de garantías Clara Ruiz Díaz elevó a juicio oral y público el proceso penal por desacato a una orden judicial que enfrenta la madre de la niña desaparecida en Emboscada. Según el presente proceso penal, la mujer se negó a ser sometida a una prueba de ADN que ordenó la justicia, por lo que fue imputada y acusada.
La resolución se dio a conocer luego de la audiencia preliminar donde la magistrada Ruiz Díaz decidió elevar el presente caso a un juicio oral y público. Ahora se deberá sortear al tribunal de sentencia que tendrá a su cargo juzgar a la acusada.
La Ley Nº 1.680, Código de la niñez y la adolescencia, en su artículo 29, de la prohibición de la publicación, establece: “Queda prohibido publicar por la prensa escrita, radial, televisiva o por cualquier otro medio de comunicación, los nombres, las fotografías o los datos que posibiliten identificar al niño o adolescente, víctima o supuesto autor de hechos punibles. Los que infrinjan esta prohibición serán sancionados según las previsiones de la ley penal”.
Fiscalía pidió juicio oral de Miky Zaldívar por lavado en caso Atlas
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La acusación del Ministerio Público cuenta con 128 páginas donde detalla la participación de cada uno de los acusados.
Los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez presentaron una acusación por lavado de dinero y solicitaron que el proceso penal contra Miguel Ángel Zaldívar, presidente del banco Atlas, y otros directivos de la entidad bancaria, sea elevado a juicio oral y público. La denuncia fue impulsada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).
Asimismo, los agentes fiscales solicitaron el comiso especial y el embargo preventivo sobre bienes del banco Atlas hasta cubrir la suma de USD 718.570. Este pedido deberá ser estudiado por el juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú.
Por su parte, el abogado Claudio Lovera, representante legal de la Conmebol, también presentó una acusación contra Zaldívar y los demás implicados por el mismo hecho, ratificando el pedido de juicio oral. Además de Zaldívar –esposo de Natalia Zuccolillo–, están acusados por lavado de dinero: Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Concepción Martínez Duarte, Eduardo Queiroz García y José Miguel Ángel Páez Corvalán.
LA ACUSACIÓN
El 11 de febrero de 2016, se suscribieron en Asunción contratos de fideicomiso de administración de valores entre el fideicomitente, Nicolás Leoz Almirón, y el fiduciario, banco Atlas SA. El monto total de dichos contratos ascendía a G. 23.014.526.050 y USD 2.160.791, integrados por certificados de depósitos de ahorro constituidos en el propio banco Atlas.
Según la investigación, estos fondos provenían de actividades ilícitas realizadas por Leoz durante su gestión como presidente de la Conmebol. Según la acusación fiscal, Atlas debió obtener información adicional sobre el cliente (ocupación, volumen patrimonial y datos públicos disponibles en internet), así como verificar el carácter de la relación comercial y las razones de las transacciones.
Además, la entidad debió realizar una verificación in situ para corroborar la existencia y actividad del cliente. En caso de no realizarse, la institución estaba obligada a justificar por escrito los motivos en el legajo del cliente. El escrito del Ministerio Público refiere, igualmente, que los directivos de Atlas estaban obligados a monitorear constantemente la relación comercial. Sin embargo, no aplicaron la “debida diligencia ampliada” en los años 2013 y 2016, a pesar de la existencia de prensa negativa y de un pedido de extradición contra Nicolás Leoz.
Finalmente, se menciona que en 2016 el propio Manual de Prevención de Lavado de Dinero del Banco Atlas establecía que, ante el lanzamiento o modificación de cualquier producto, se debía realizar una evaluación de riesgos. Pese a esto, los directivos acusados habrían recibido activos provenientes de las actividades ilícitas de Leoz, aprobando la celebración de los contratos de fideicomiso el 4 de febrero de 2016.
Abogado subraya rigurosidad de investigación fiscal
Claudio Lovera, representante legal la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).FOTO: GENTILEZA
“Esto fue la culminación de una actividad de investigación larga, realmente es un buen ejemplo de lo que implica recopilar información”, dijo el abogado Claudio Lovera.
“Acá se trata de la Confederación Sudamericana de Fútbol como víctima reclamando sus derechos. Esperamos que se aplique correctamente la ley y recuperar sus recursos”, manifestó el abogado Claudio Lovera, representante legal de la Conmebol al referirse a la acusación fiscal y el pedido de juicio oral y público contra el titular del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, y otros ocho procesados por lavado de dinero. “Esto fue la culminación de una actividad de investigación larga, realmente es un buen ejemplo de lo que implica recopilar información, no fue fácil porque tuvieron que acceder a varias fuentes. Es muy relevante el pronunciamiento del Ministerio Público y no hay que olvidar que es un caso de lavado de activos y está en juego la imagen del Paraguay de llevar con seriedad una investigación de este tenor, y yo creo que es lo que ocurrió”, afirmó Lovera, a la 650 AM.
El requerimiento de juicio oral y público fue realizado ayer jueves por los agentes fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez. Asimismo, la Fiscalía solicitó el comiso de USD 718.000, que deberá ser embargado de los bienes del banco Atlas.
El abogado dijo que Zaldívar y los demás implicados, Jorge Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Martínez Duarte, Eduardo Queiroz, José Miguel Páez Corvalán, entre otros, se exponen a una expectativa de pena de 5 años por lavado de dinero, pero no descartó que en la discusión jurídica pueda elevarse hasta 10 años si se determinan circunstancias especialmente graves durante el juicio oral.
La Fiscalía caracteriza el delito de rufianería con 35 denuncias registradas
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La rufianería consiste en la explotación económica de una persona que ejerce la prostitución, un delito que se sancionado con una pena privativa de libertad de hasta 5 años, según el Código Penal Paraguayo (Ley 1.160/97), según el artículo 129, inciso a, de la ley modificatoria 3440/08. La Fiscalía realizó la caracterización de este hecho punible basándose en 35 denuncias ingresadas entre 2021 y 2025.
Un informe elaborado por el departamento de Estadísticas del Ministerio Público, orientado a analizar el perfil del hecho punible de rufianería, evidencia que una proporción significativa del vínculo entre víctima y victimario es de carácter familiar, lo que implica la participación de personas del entorno cercano de las afectadas en el ilícito.
El reporte aclara que la prostitución en sí, no constituye un hecho punible en Paraguay. No obstante, cuando una persona obliga a otra a ejercerla, se configura un delito, el cual se agrava si el autor es un familiar de la víctima. La ley 5777/16 establece en su artículo 6, inciso d, que la violencia sexual comprende toda acción que vulnere el derecho de la mujer a decidir libremente sobre su vida sexual, mediante cualquier forma de amenaza, coacción o intimidación.
Asimismo, se identifica la participación de propietarios o responsables de establecimientos que, bajo la promesa de empleo digno, captan a las víctimas para posteriormente someterlas a situaciones de explotación. Este grupo representa el 29 % de las personas denunciadas. Por su parte, los conocidos, vecinos, amigos, allegados y personas desconocidas concentran en conjunto el 16 %, según datos del Observatorio del Ministerio Público.
Condiciones de vulnerabilidad
En relación con las condiciones de vulnerabilidad, el informe señala que el 40 % de las víctimas fue sometida a maltrato. Asimismo, el 30 % presenta adicción a sustancias y otro 30 % se encuentra en situación de pobreza. En cuanto al contexto de ocurrencia, se observa que los hechos se registran principalmente en residencias o viviendas particulares, las cuales son utilizadas como espacios de explotación.
Esta situación agrava el estado de vulnerabilidad, considerando que el entorno familiar se configura como un espacio de riesgo y no como un espacio de seguridad y protección como lo es el seno familiar. Otros ámbitos identificados incluyen: casas de citas; ofertas laborales engañosas; bares, cabarets y clubes; y situaciones de criadazgo.
Perfil de víctimas y victimarios
El 93 % de las víctimas corresponde al sexo femenino. El análisis revela además una alta incidencia en menores de edad, quienes deberían contar con protección en el ámbito familiar, pero se encuentran expuestos a contextos de riesgo bajo el control de sus victimarios. En cuanto a la edad, el 50 % de las víctimas tiene entre 0 y 17 años, el 40 % se ubica en el rango de 18 a 29 años y el 6 % corresponde a personas de 30 años o más, señala el informe de estadística de la Fiscalía.
La totalidad de las personas sindicadas como responsables supera los 30 años de edad. En cuanto al sexo, el 68 % corresponde a mujeres, mientras que el 32 % restante a hombres. El informe identifica además la concurrencia de otros hechos punibles vinculados, entre los que se destacan la trata de personas, que representa el 54 % y la coacción sexual y violación el 46 %, según el Observatorio del Ministerio Público.
Temporalidad de los hechos
La mayor cantidad de denuncias se registra en horas de la mañana, particularmente los días lunes y jueves, lo que sugiere que los hechos se producen con mayor frecuencia durante los fines de semana. En relación con la distribución temporal, se identifican como meses de mayor incidencia febrero, abril, octubre y noviembre.
El comportamiento de este hecho punible presenta características cíclicas, con incrementos asociados a periodos de mayor interacción social y consumo. Asimismo, factores climáticos inciden en la dinámica delictiva, dado que durante las épocas cálidas se intensifican las actividades nocturnas y los desplazamientos vinculados a las vacaciones. Finalmente, Asunción y los departamentos de Caaguazú, Itapúa, Central y Canindeyú son las áreas con mayor incidencia.
Juez ratificó la prisión de Dalia López en Emboscada
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La empresaria volvió a solicitar la prisión domiciliaria, pero seguirá en el penal de mujeres.
El juez Francisco Acevedo ratificó ayer la prisión de Dalia López y ordenó que siga detenida en el Complejo para Mujeres Privadas de Libertad de Emboscada (Comple). La mujer está detenida en el proceso penal por producción de documento no auténtico y asociación criminal en el caso conocido como pasaportes para Ronaldinho.
Tras menos de 20 días de su captura y detención, la defensa de la empresaria, quien estuvo prófuga durante 6 años solicitó la revisión de su medida cautelar y solicitó el levantamiento de la prisión preventiva. Pidieron que esta sea reemplazada por arresto domiciliario con el uso de tobillera electrónica.
Durante la jornada de ayer, ante el juez de Garantías Francisco Acevedo, se llevó adelante la revisión de medidas de Dalia López y este llegó a la conclusión de que la procesada debe seguir presa. De esta manera, el juez ratificó la prisión de la empresaria en el penal de Emboscada.
El pedido de la defensa alegó problemas de salud y presentó un nuevo informe médico de José Martínez, quien constató que la procesada presenta palpitaciones, dolores de pecho, mareos e insomnio. Además, el examen reveló un cuadro de inestabilidad metabólica y una exacerbación cardíaca por estrés.
Juez ratifica prisión de Dalia López en el penal de Emboscada
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Este miércoles, el juez Francisco Acevedo ratificó la prisión de Dalia López y ordenó que siga detenida en el Complejo para Mujeres Privadas de Libertad de Emboscada (Comple). La mujer está detenida en el proceso penal por producción de documento no auténtico y asociación criminal en el caso conocido como pasaportes para Ronaldinho.
Tras 17 días de su captura y detención, la defensa de la empresaria, quien estuvo prófuga durante 6 años solicitó la revisión de su medida cautelar y solicitó el levantamiento de la prisión preventiva. Pidieron que esta sea reemplazada por arresto domiciliario con el uso de tobillera electrónica.
Durante la jornada de hoy, ante el juez de Garantías Francisco Acevedo, se llevó adelante la revisión de medidas de Dalia López y este llegó a la conclusión de que la procesada debe seguir presa. De esta manera, el juez ratificó la prisión de la empresaria en el penal de Emboscada.
El pedido de la defensa alegó problemas de salud y presentó un nuevo informe médico de José Martínez, quien constató que la procesada presenta palpitaciones, dolores de pecho, mareos e insomnio. Además, el examen reveló un cuadro de inestabilidad metabólica y una exacerbación cardíaca por estrés.
Dalia López fue trasladada a una celda del complejo para mujeres de la ciudad de Emboscada a fin de cumplir con la resolución judicial que dispuso su prisión preventiva, luego de que se descubrió que montó una celda vip en el Departamento Judicial Femenino de la Policía Nacional.