Un tribunal de sentencia condenó a 22 años de cárcel a un hombre, quien fue hallado culpable, en calidad de autor, del hecho punible de feminicidio en grado de tentativa. Resultó víctima de la brutal agresión su pareja con quien convivía. El agente fiscal Rodrigo Giandinotto fue quien sustentó la acusación durante el desarrollo del juicio oral y público.

De acuerdo con el relato de los hechos, probados por la Fiscalía, el suceso se inició la noche del 30 de abril de 2024, cuando la víctima y el ahora condenado se encontraban en su domicilio ubicado en el barrio Santa María de la ciudad de Curuguaty, compartiendo un encuentro.

En horas de la madrugada del 1 de mayo de 2024, se originó una discusión entre ambos. Ofuscado por la situación, Ruiz Díaz Villar agredió brutalmente a su pareja, propinándole golpes en el rostro, impactando su cabeza contra un objeto y arrastrándola por el suelo mientras continuaba atacándola ferozmente en diversas partes del cuerpo.

Te puede interesar: Juzgado de la Niñez de Asunción habilita Instagram para atender a usuarios

Tras percatarse de que la mujer había quedado completamente inconsciente a causa de la golpiza, el agresor la trasladó hasta el Instituto de Previsión Social (IPS) de la ciudad de Curuguaty.

Los informes médicos presentados como evidencia revelaron que la víctima ingresó al centro asistencial en estado inconsciente y con lesiones de gravedad extrema, entre ellas, un traumatismo de cráneo grave, fracturas a la altura de la clavícula y politraumatismos severos en la zona del rostro y del tórax.

A través de los elementos probatorios producidos durante el debate público, la representación fiscal logró demostrar el dolo y el peligro mortal al que fue expuesta la víctima, obteniendo una sanción penal ejemplar por parte del Tribunal de Sentencia.

Podes leer: Derecho UNA inaugura aula en homenaje al exdecano Justo Pucheta Ortega

El diputado Rodrigo Gamarra se refirió al caso de Kattya González y el eventual fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el caso de su expulsión del Senado. Gamarra afirmó que la figura de la pérdida de investidura es un juicio político, una atribución exclusiva del Poder Legislativo.

“La Corte puede opinar, interpretar o incluso analizar el procedimiento, lo que no puede hacer es reemplazar al Senado ni ejercer atribuciones exclusivas de otro poder del Estado. La pérdida de investidura es una facultad constitucional y privativa del Poder Legislativo”, afirmó el diputado para La Nación/Nación Media.

También recordó otros casos de legisladores que recurrieron a la máxima instancia judicial y ninguno logró un fallo a su favor. “Los antecedentes son claros, Payo Cubas, Víctor Bogado, Dionisio Amarilla, María Eugenia Bajac y otros recurrieron a la Corte y ninguno recuperó su banca por una orden judicial, porque una cosa es revisar constitucionalidad, y otra muy distinta es pretender que la Corte gobierne el Senado”, mencionó.

Te puede interesar: Núñez dice que Cartes tiene allanado el camino para su reelección en la ANR: “No hay una figura en frente”

Mientras tanto, en el caso de González, refirió que “política y jurídicamente ya es un capítulo cerrado, inclusive bajo los mismos criterios y discursos que ella defendía cuando fungía de inquisidora moral desde su banca”. En este caso, cuestionó que solo se busca mediatizar el caso, ya que en otros casos las resoluciones se dieron en direcciones contrarias.

“Hoy lo único que buscan es extender el show, alimentar el circo en su eterna búsqueda del caos para satisfacer su ego y evitar que se apaguen las cámaras”, criticó el diputado.

Por otra parte, se refirió al caso de los senadores electos y proclamados por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) en el periodo anterior, Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos, señalando que no se puede comparar estos casos.

“Ahí la discusión era completamente distinta, la Corte interpretó si estaban o no habilitados constitucionalmente para jurar y asumir. En el caso de Katya, el Senado ya ejerció una atribución constitucional propia mediante una pérdida de investidura. Es una decisión política e institucional ya consumada y preclusa”, sentenció.

Podés leer: Caso metrobús: confirman sobreseimiento definitivo de Ramón Jiménez Gaona

“Queremos que un tribunal de sentencia valore todos los elementos de prueba”, explicó la fiscala Silvia González.

“El deseo final es llegar a una audiencia de juicio oral y público”, mani­festó la fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Eco­nómicos y Anticorrupción, Silvia González, tras urgir a la Corte Suprema de Jus­ticia (CSJ) destrabar el caso judicial donde exministro del Interior (2008-2011) y actual senador del Partido Democrá­tico Progresista (PDP), Rafael Filizzola, es investigado por la sobrefacturación de G. 1.200 millones en la construcción de las denominadas “comi­sarías de oro”.

“Queremos que un tribunal de sentencia valore todos los elementos de prueba. El Ministerio Público ha comu­nicado a la sala penal de la Corte la situación en la que se encuentra la causa y estamos solicitando a la Sala Penal que arbitre las medidas para que se proceda a la integración de la cámara a fin de que se pueda estudiar el recurso de apelación que hemos plan­teado”, indicó González en el programa “La caja negra”, de Unicanal.

El proceso judicial se viene alargando hace más de 10 años debido a la mina de chicanas que interpuso Filizzola. El 15 de octubre de 2010, el dirigente oposi­tor, en su carácter de minis­tro del Interior, durante el gobierno de Fernando Lugo, aprobó el llamado a la lici­tación para la construcción de baños sociales y 24 cel­das en las comisarías del Área Metropolitana, sin que exista una necesidad, un pedido de los responsa­bles de las áreas afectadas y un estudio técnico previo que avale la construcción de las mismas. “Esta es una causa ya iniciada en 2013 y la acusación fue presentada en diciembre de 2014. Desde la etapa intermedia estamos todavía trabados sin poder avanzar o concluir definiti­vamente esa causa, el tiempo transcurrido es muy impor­tante”, puntualizó la agente.

Igualmente, aprobó el pliego de bases y condicio­nes y dispone que el pago sea efectuado en su totali­dad con fondos del Presu­puesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2010, a sabiendas de que las obras no serían recepcionadas para el último día hábil del periodo fiscal 2010.

“Ya se debe definir esta causa, principalmente por el tiempo transcurrido, la sociedad también está inte­resada ya que el Estado para­guayo ha abonado montos importantes y es por eso que debemos brindarles una res­puesta”, manifestó Gonzá­lez. La fiscala siguió argu­mentando que “el Ministerio Público se opuso a la pres­cripción, como representan­tes de la sociedad instamos a que esto tenga un cierre, lo ideal es que se haga un aná­lisis correspondiente para poder transparentar toda la gestión realizada dentro de la causa”.

El diputado Hugo Meza (ANR-Cordillera), presentó un proyecto de ley que busca recrudecer las penas para combatir con firmeza el abigeato en Paraguay. Se trata de la modificación del Código Penal, que actualmente prevé cinco años de pena privativa de libertad para el que hurtara una o más cabezas de ganado menor o mayor y penas de hasta 10 años cuando se trate de un lote de considerable valor o utilidad.

Con las modificaciones planteadas, la expectativa de pena se establece de entre 10 y 15 años de cárcel. El proyectista expresó ante el pleno que la iniciativa busca proteger a pequeños productores y sancionar con más fuerza a transportistas y funcionarios que participen del delito.

Te puede interesar: TEP destaca jornada satisfactoria en revisión de máquinas de votación

Fundamentó que se pretende dar mayor protección legal a los pequeños productores y corregir vacíos legales que hoy generan impunidad en casos de abigeato. La exposición de motivos expone que en Paraguay existen 130.868 tenedores de ganado. El 74 % son pequeños productores con 1 a 49 cabezas.

“Para ellos, el robo de 1 o 2 animales significa perder todo su sustento económico y alimentario, la ley actual no contempla esta realidad”, lamentó el diputado colorado.

Leé también: TSJE capacita al personal policial con miras a las internas