En el marco del juicio oral y público que enfrenta el exsenador Hernán David Rivas, procesado por la presunta utilización de un título dudoso de abogado, declararon ante el tribunal el actual presidente de la ANEAES, José Duarte Penayo; Aurelio Marecos, excoordinador de la Universidad Sudamericana entre 2009 y 2014; Mario Antúnez, exdocente de la citada universidad; además de Heber Samaniego y Victorina Elizeche, exalumnos de la referida casa de estudios en Ciudad del Este.

El testigo Marecos, quien fuera coordinador entre alumnos y docentes en las sedes de Asunción y Luque de la Universidad Sudamericana, manifestó ante el Tribunal de Sentencia que conoce al exsenador Rivas de su época de estudiante de Derecho en la filial de Ciudad del Este.

Marecos relató que viajaba constantemente a dicha ciudad para tomar exámenes y señaló que, en ese entonces, Rivas no era una persona muy conocida. Explicó que pudo identificarlo porque tenía su número telefónico y que, en 2016, Rivas y otros estudiantes lo llamaron preocupados por el cierre de la facultad.

Asimismo, Marecos aclaró que nunca le tomó un examen personalmente a Rivas, pero que sí estaba presente durante las evaluaciones para registrar la asistencia de las personas. Posteriormente, las notas se cargaban en planillas.

El testigo también recordó a varios profesores y alumnos. Entre los docentes mencionó a Mario Reyes y Mario Antúnez; este último a cargo de materias como Derecho Constitucional, Penal y Procesal Penal. En relación a los alumnos, citó a Heber Samaniego —de Ciudad del Este—, a quien señaló como compañero de Rivas y con quien habría rendido exámenes. También recordó a Victorina Elizeche, Luis Gil, Ever Ortíz y a una persona de apellido Morínigo.

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Respecto a Rivas, manifestó que estuvo presente en la mayoría de sus exámenes en Ciudad del Este, mencionando las materias de Constitucional, Penal, Tributario y Administrativo, y agregó que las evaluaciones podían ser escritas u orales.

Marecos afirmó que sabía que los alumnos asistían a clases debido a las planillas que le entregaban. Aclaró, además, que en la sede de Pedro Juan Caballero no existía la carrera de Derecho.

Por su parte, el testigo Mario Antúnez, exprofesor de la Universidad Sudamericana, señaló que el exsenador Rivas fue su alumno e incluso llegó a evaluarlo. Recordó haberle tomado un examen de Derecho Constitucional, ocasión en la que individualizó a Rivas.

Antúnez indicó que lo veía en clases los días viernes, que Rivas solía sentarse en la parte trasera del aula y que era una persona callada. En la misma línea declaró Victorina Elizeche, quien afirmó conocer a Rivas porque fue su compañero y lo vio en varias clases y exámenes.

Por otro lado, el titular de la ANEAES, José Duarte Penayo, indicó que, según los informes de la intervención a la universidad en el año 2014, la carrera de Derecho en dicha institución “nunca existió” formalmente porque no fue catastrada ante el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES).

Al ser consultado sobre quién es el responsable de iniciar los trámites para el catastro o la habilitación, Duarte fue tajante al asegurar que es una responsabilidad exclusiva de cada universidad. Igualmente, ante la pregunta de si el alumno tiene alguna intervención en los pasos administrativos del trámite, respondió de forma negativa.

Finalmente, aclaró que su postura es meramente técnica, no se dirige a Hernán Rivas en particular y afecta a todos los egresados de la Universidad Sudamericana.

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El tribunal de Sentencia conformado por las juezas especializadas en Delitos Económicos, Ana Rodríguez Brozón, Karina Cáceres y Yolanda Morel, dio continuidad este lunes al juicio oral y público contra el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El tribunal definió sobre los incidentes planteados tanto por el Ministerio Público, parte acusadora, como de la defensa de Prieto y los demás acusados en el caso conocido como Tía Chela.

La acusación es por lesión de confianza y asociación criminal tras el presunto desvío de G. 2.949.650.000 de las arcas municipales con la distribución de kits de alimentos en época de la pandemia, por parte de la Municipalidad de Ciudad del Este, cuando Prieto era intendente.

Uno de los incidentes planteados por la Fiscalía es una nota del 28 de marzo del 2020, que ya se encontraba en la carpeta fiscal, en este caso se presentó el pedido de solicitar informes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la Contraloría General de la República (CGR) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (Dnit), sobre el cambio de productos incluidos en el kit de alimentos.

“El tribunal, al haber constatado la existencia de la referida nota, que ya obraba en la carpeta fiscal, no se configura en la circunstancia de hecho nuevo invocado por el Ministerio Público como fundamento de su petición. En consecuencia corresponde rechazar la inclusión de los informes solicitados”, fue la respuesta del tribunal.

Agrega que, “no obstante, si en el transcurso del debate el Tribunal considera necesario de contar con algunos de los dichos informes, pueda disponer la solicitud de los mismos conforme a las facultades que le confiere el artículo 394 del Código Procesal Penal, como medida de mejor proveer”.

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El tribunal también se expidió sobre el pedido de incluir la declaración testifical del director de la DNCP, Agustín Encina. “Debe señalarse que la prueba testimonial tiene por objeto incorporar al juicio el conocimiento que una persona posee respecto a hechos o circunstancias que ha percibido y que guarda relación con el objeto del proceso. Este tribunal advierte que el Ministerio Público no señaló concretamente hecho u objeto del presente juicio había conocido el señor Agustín Encina, ni que el mismo haya tenido intervención directa en las circunstancias fácticas contenidas de la acusación”, mencionan.

Mientras tanto, el tribunal señala que “al fundamentar su pedido el Ministerio Público sostuvo que su declaración resulta necesaria por tratarse de un testigo calificado y experto que podría responder consultas sobre la pertinencia de la nota del 28 de marzo del 2020 sobre su regularidad o irregularidad y explicar si resulta factible ese tipo de procedimientos en materia de contrataciones públicas. Se rechaza dicha incidencia”.

Sobre la inclusión probatoria de 28 enlaces o links correspondientes a publicaciones realizadas en redes sociales que habían sido ofrecidas durante la audiencia preliminar y que no habían sido admitidas por el juzgado penal de Garantías, correspondientes a publicaciones y registros audiovisuales vinculados, entre otros aspectos con la adquisición, preparación y entrega de los kits de alimentos y publicaciones de medios periodísticos, el tribunal considera que corresponde diferir sobre su resolución.

La defensa dividió la solicitud en dos grupos, el primer grupo cuatro personas, “se sustentó en hechos nuevos señalando que dichas personas fueron localizadas pocos días antes del inicio del juicio, las mismas se encuentran individualizadas entre las 25 personas mencionadas en el informe y sus declaraciones permitirían establecer si se recibieron los kits de alimentos, si las firmas obrantes en las planillas les pertenece, y dónde residía al momento de los hechos, así como confrontar tales circunstancias con el contenido del informe”.

Por lo que el tribunal definió que “sus testimonios pueden resultar útiles para el esclarecimiento de los hechos y para la elaboración del elemento probatorio, razón por la cual corresponde admitirlos”. De igual manera admitió los 56 testigos, ofrecidos por la defensa en un segundo grupo, que no fueron admitidos por el juzgado penal de Garantías, fueron seleccionados de una nómina de 126 personas, afectadas a la preparación y distribución y entrega de los kits de alimentos en distintos.

“Será durante el debate del juicio cuando podrá determinarse si resulta necesaria la declaración de los testigos admitidos, pudiendo prescindirse de aquellos cuyos testimonios resulten repetitivos o sobreabundante”, definió el tribunal.

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Por otra parte, el tribunal resolvió no hacer lugar al pedido de la defensa, de utilizar las redes sociales del exintendente para la transmisión del juicio, argumentando que los canales institucionales de la Corte y los diferentes medios de comunicación ya están transmitiendo cumpliendo el principio de publicidad.

Este lunes prosiguió el juicio oral y público contra Arnaldo Giuzzio con una sesión corta en que se alistaron pruebas documentales y concluyó, a los diez minutos, debido a una indisposición de salud de la abogada Gilvi Quiñonez, representante legal del exministro del Interior y de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad). El proceso continuará el próximo lunes 14 de setiembre.

Giuzzio está acusado por cohecho pasivo agravado, por haber recibido presuntamente favores del empresario brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marquéz de Padua, detenido en Brasil por narcotráfico; mientras ocupaba el cargo de ministro del Interior durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, hasta su destitución en febrero de 2022, a causa del escándalo vinculado por dicho relacionamiento.

El proceso judicial en contra del exministro se encuentra en su etapa final, de acuerdo a la presentación de la acusación por parte de la fiscalía, Giuzzio tuvo pleno conocimiento de las intenciones de Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua de obtener contratos con el Estado paraguayo, concretamente con el Ministerio del Interior, institución que Giuzzio lideró hasta febrero del 2022.

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En el marco del juicio oral, la fiscalía expuso la hipótesis que trabajaron en el caso conforme a supuestas conversaciones vía WhatsApp que fueron anexadas a la documentación de la causa, concluyendo que dichas evidencias exponen que hubo más de un encuentro entre Giuzzio y Marcus Vinicius.

Entre las pruebas presentadas por los agentes fiscales se menciona también que el exsecretario de Estado usó una camioneta particular del capo narco para vacacionar en Brasil entre diciembre del 2021 y enero del 2022. La Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, integrada por los fiscales Diego Arzamendia y Jorge Arce, realizó la acusación por cohecho pasivo agravado el 16 de agosto del 2023.

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La trazabilidad de las operaciones comerciales vinculadas al caso Tía Chela permitió detectar el uso de facturas falsas en una de las empresas proveedoras, según confirmó Óscar Orué, titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. El funcionario explicó que el organismo realizó una fiscalización sobre las compras y siguió el recorrido de las mercaderías hasta determinar el origen de los bienes adquiridos.

Orué habló con 1020 am y explicó que la Administración Tributaria realizó una fiscalización y siguió la trazabilidad de las mercaderías vinculadas a Tía Chela y durante ese seguimiento se detectó la utilización de facturas falsas y la empresa involucrada fue sancionada.

“Nosotros hicimos la fiscalización y la trazabilidad de toda la compra, y se observó que se utilizó facturas falsas y se le sancionó a la empresa por la utilización de facturas falsas”, afirmó.

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El titular DINIT precisó que las facturas cuestionadas habrían sido utilizadas por la empresa que proveía las mercaderías a Tía Chela. Añadió que dicha firma estaba vinculada a quien identificó como expareja del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto.

La información aportada por Orué se relaciona con uno de los aspectos contemplados en la investigación fiscal, que busca reconstruir la cadena de proveedores y establecer de dónde provenían realmente las mercaderías que fueron facturadas.

La trazabilidad de las operaciones constituye uno de los elementos utilizados para seguir el circuito comercial de los productos y determinar la correspondencia entre las compras declaradas, las empresas intervinientes y la documentación respaldatoria.

En el marco de la misma causa, otros procesados vinculados al entorno de Prieto y empleados de la Municipalidad admitieron los hechos atribuidos por la Fiscalía y accedieron a salidas procesales con penas reducidas, según comentó en comunicación con Radio Ñanduti.