Este martes 18 de mayo se sabrá si Justo Ferreira, su hija Patricia, accionista y presidenta de la firma Imedic S.A., y otros acusados por los delitos de contrabando, asociación criminal y producción de documentos no auténticos por la compra fallida de insumos médicos para el Ministerio de Salud durante la pandemia en el 2020, enfrentarán un juicio oral y público.

En la mencionada fecha se desarrollará la audiencia preliminar ante el juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, quien deberá definir si el clan se sentará o no en el banquillo de los acusados.

El magistrado fijó para este martes a las 9:00 la diligencia judicial luego de que el tribunal de apelación una vez más haya destrabado el presente proceso penal. En caso de volver a presentar otro incidente, Otazú ya tendría que aplicar alguna sanción así como dice la acordada de la propia Corte Suprema de Justicia.

Asimismo fueron citados para ese mismo día los acusados Carlos Alberto Gamarra, aduanero, y los funcionarios de Aduanas Guillermo Molinas y Gustavo Adolfo Acosta, quienes están procesados por presunta complicidad en el hecho investigado. Además, se deberá estudiar el pedido de sobreseimiento definitivo de Lauri Marcio Pool y Mario Joel Olmedo solicitado por el Ministerio Público.

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La causa guarda relación con la compra de 400 camas hospitalarias manuales y 50 camas hospitalarias eléctricas que no contaban con la autorización técnica de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) del Ministerio de Salud Pública.

JEM

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) enjuició al fiscal de la Unidad Anticorrupción, Osmar Legal, por supuesto mal desempeño en sus funciones por no haber apelado la resolución del juez que había otorgado el arresto domiciliario a Ferreira y su hija.

Tentativa de estafa

El Ministerio Público sigue cajoneando la denuncia contra el clan Ferreira por supuesta tentativa de estafa en el caso donde se investiga a Imedic SA y Eurotec por intentar vender insumos médicos de dudosa procedencia al Ministerio de Salud, que tenía que abonar la suma de G. 86 mil millones por los productos cuando estos no eran para uso médico.

En el presente caso existen varios informes que comprobarían el hecho irregular, pero los fiscales retrasan sin argumentos la imputación a Justo Ferreira y a sus hijos.

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