La Cámara de Apelación integrada por los jueces Emiliano Rolón, Arnulfo Arias y Bibiana Benítez confirmó a la jueza Rosarito Montanía para que siga entendiendo en el proceso penal que soporta Julio César Duarte Servián, imputado por asociación criminal, comercialización de estupefacientes y lavado de dinero. Se sospecha que Duarte Servián integraba una red criminal que llegó a juntar bienes por US$ 40 millones.
Días atrás la jueza Hilda Benítez otorgó el arresto domiciliario al procesado, pero el Ministerio Público apeló la resolución y el Tribunal de Apelación revocó la determinación, ratificando la prisión del imputado. A raíz del fallo de la magistrada Benítez, el pleno de la Corte Suprema de Justicia decidió que la jueza sea trasladada a Pilar.
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Duarte fue detenido en Pedro Juan Caballero en un mega operativo, denominado Status, en setiembre del 2020, ocasión en que se desbarató la organización liderada por el Clan Morínigo-García. Este grupo enviaba drogas al Brasil y aparentemente lavaba dinero en Paraguay. El procesado igualmente es accionista de la casa de cambios Zafra, Uniexpress SA y supuestamente colaboraba a través de esas casas de cambios para mover pagos, cambiar divisas y circular el dinero de la organización, no sobrepasando el mínimo del monto establecido por ley.
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Operativo retorno: Caminera reforzará controles y pide responsabilidad a los conductores
La Patrulla Caminera dispuso el refuerzo de controles en las rutas este lunes en el marco del operativo retorno, que implica el regreso masivo tras el largo fin de semana.
“El operativo retorno inició en horas de la tarde, con inspectores realizan la regulación del tránsito vehicular en los lugares de alto flujo”, expresó la inspectora Patricia Ferreira en diálogo con la 780AM.
La Caminera anuncia que desplegará un operativo especial en las rutas PY01, PY02 y en los diferentes peajes donde se suele producir la aglomeración de vehículos.
“Trataremos de agilizar para una circulación más rápida de los automovilistas, tanto para ir al interior como para volver a la capital”, indicó la encargada de Relaciones Públicas.
Asimismo, los agentes estarán apostados en los diferentes destacamentos del país y piden a los conductores manejar con responsabilidad a fin de prevenir accidentes.
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Las autoridades reportaron un saldo de 34 accidentes de tránsito, seis de ellos con derivación fatal, además de 15 conductores sorprendidos al volante en estado de ebriedad. “A pesar de los controles, hay personas que manejan alcoholizados”, lamentó la funcionaria.
Por tal motivo, recomendó tomar los recaudos necesarios, como no tomar bebidas alcohólicas si se va manejar y antes de realizar un viaje largo revisar previamente el rodado para que esté en condiciones de circular.
En el mismo sentido, recordó respetar las normas de tránsito y mencionó que las multas varían entre 4 y 10 jornales mínimos por faltas como circular sin luces bajas, no usar cinturón o manejar con la licencia vencida.
Miles de personas retornan a la capital tras pasar el fin de semana en distintos puntos del país. Ante el operativo retorno, el MOPC recomienda revisar frenos, cubiertas, luces, aceite y agua antes de salir, además de contar con rueda de auxilio, gato, baliza y extintor.
Todos los ocupantes deben utilizar cinturón de seguridad, mientras que los niños deben viajar en sillas adecuadas. Los motociclistas deben llevar casco, chaleco reflectivo y luces encendidas. También se pide respetar los límites de velocidad y evitar adelantamientos en curvas o zonas con línea continua.
El MOPC aconseja descansar cada dos horas durante trayectos largos y no utilizar el celular ni consumir alcohol al volante. Las multas por alcotest positivo van de G. 334.506 a G. 2.230.040, mientras que resultados superiores a 0,400 mg/l son derivados al Ministerio Público.
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Condenan a tres años y medio de cárcel a exgerente bancario por fraude millonario
Un tribunal de sentencia condenó a tres años y medio de cárcel a un hombre que se desempeñaba como gerente de un banco, tras ser encontrado culpable de ocasionar un daño patrimonial de G. 4.823.218.534 mediante un esquema fraudulento de transferencias y cuentas corrientes, según la acusación fiscal demostrada en el juicio oral.
El condenado fue identificado como Sergio Andrés Olmedo García, responsable del perjuicio económico en detrimento del Banco Continental. Aunque el fiscal Julio Ortiz solicitó una pena de seis años de prisión, el Tribunal de Sentencia —integrado por las magistradas Ana Rodríguez (presidenta), Karina Cáceres y Yolanda Morel— resolvió condenarlo a tres años y medio.
El sentenciado ocupaba el cargo de gerente en una de las sucursales de la entidad bancaria cuando cometió los ilícitos. El esquema comenzó a descubrirse mediante una auditoría interna presentada en agosto de 2022, la cual evidenció inconsistencias en libradores de cheques sin solvencia patrimonial, documentación con datos falsos y operaciones vinculadas entre varios clientes y el propio condenado, quien resultaba el principal beneficiado de las transferencias.
Asimismo, otra auditoría detectó irregularidades en las actividades económicas de varios clientes. Estas personas realizaban transferencias vía SIPAP a uno de los implicados, utilizando créditos irregulares otorgados por otro banco y provenientes de otras entidades bancarias. La investigación judicial confirmó la existencia de este esquema fraudulento diseñado para la obtención de préstamos, apertura de cuentas corrientes y transacciones ilícitas.
El esquema
Los fondos obtenidos de manera irregular eran transferidos a uno de los involucrados, quien posteriormente los redistribuía entre los demás miembros de la red. Estas operaciones consumaron el perjuicio patrimonial de G. 4.823.218.534 contra la entidad bancaria.
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Ratifican prisión de dueños de farmacias imputados por venta irregular de medicamentos
El juez Rolando Duarte ratificó la prisión preventiva de Won Ho Hwang y el arresto domiciliario de Hyin Jin Hwang Lim, propietarios y representante legal de las farmacias “Amigo” y “Amigo II” del Mercado 4, imputados por la presunta venta irregular de medicamentos controlados.
Ambos están procesados penalmente por dos hechos punibles relacionados con el ingreso, tenencia y comercialización irregular de medicamentos como alprazolam y clonazepam, entre otros.
Respecto a Won Ho Hwang, el juzgado dispuso que permanezca recluido durante diez días más en el Departamento Judicial de la Policía Nacional. Posteriormente, salvo una resolución contraria, deberá ser trasladado al Centro Nacional de Prevenidos (exTacumbú) u otro establecimiento acorde al cumplimiento de la medida.
Con relación a Hyin Jin Hwang Lim, el magistrado consideró que debe continuar con arresto domiciliario debido a que persiste el riesgo de fuga y de obstrucción de la investigación del Ministerio Público.
El juez indicó que la imputación reviste una gravedad “objetiva superlativa” por afectar directamente a la salud pública y que la investigación se encuentra en una etapa incipiente. “Permitir la libertad o una medida de menor intensidad al imputado en esta etapa preliminar generaría un riesgo real e inminente de que el mismo pueda influir en los testigos o destruir e interferir en las diligencias indispensables que aún restan realizar”, sostuvo.
Según la hipótesis fiscal, ambos habrían tenido bajo su dominio y puesto a disposición del público medicamentos sujetos a control especial, como alprazolam de 0,5 mg, 1 mg y 2 mg y clonazepam de 0,5 mg, de presumible origen argentino, sin documentación que acreditara su adquisición, procedencia e ingreso legal al país.
La investigación se sustenta, entre otros elementos, en un procedimiento de Senad del 20 de octubre de 2025 en la farmacia “Amigo”, donde se constató la ausencia del Libro de Registro de Drogas, formularios de compra emitidos por Dinavisa y planillas de informes mensuales.
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Extraño pedido de camaristas en caso de abuso sexual en el que el acusado es hermano de fiscala
El presidente del Tribunal de Apelación de San Lorenzo, Gustavo Bóveda, en el marco del proceso penal por abuso sexual en niños que enfrenta el hermano de una agente fiscal, pidió de forma sorpresiva y llamativa al Juzgado de Garantías de Lambaré el expediente judicial y la carpeta fiscal. Además de Bóveda, el Tribunal de Alzada está integrado también por los camaristas Alicia Orrego y Dionisio Nicolás Frutos.
De acuerdo con la información que se maneja, el pedido de los camaristas respondería a la intención de favorecer al acusado, puesto que ya habrían actuado de la misma manera en casos similares de abuso. Este hecho debería alertar a los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y al ministro superintendente de Central ante posibles actuaciones irregulares.
Piden ratificar juicio oral
Meses atrás, la fiscala Andrea Ríos Dos Santos solicitó al mismo Tribunal de Apelación que ratifique íntegramente la resolución que elevó la causa a juicio oral y público. Ríos Dos Santos contestó la apelación de la defensa, la cual pretende introducir como prueba un test de credibilidad que ya fue rechazado en el Juzgado de Garantías y cuya exclusión ya había sido confirmada por la propia Cámara de Apelación de Central.
El expediente se encuentra en manos de los camaristas desde hace tres meses sin que hasta el momento se haya dictado una resolución, lo que genera sospechas sobre presuntas maniobras para favorecer al procesado. Ante esto, se espera que la Justicia actúe conforme a derecho.
La Fiscalía sostiene que la prueba propuesta por la defensa no es necesaria, debido a que el Tribunal de Sentencia está plenamente facultado para valorar de forma directa los elementos introducidos al juicio, escuchar a los profesionales intervinientes y resolver las objeciones de las partes.
Asimismo, argumenta que tampoco resulta útil una pericia cuyo objeto sea volver a valorar medios probatorios ya existentes, puesto que no aportaría un conocimiento técnico autónomo, sino una simple opinión sobre el mérito de otras pruebas.
Finalmente, el Ministerio Público sostiene que el pedido de la defensa es excesivo, ya que supone una nueva evaluación general de las actuaciones practicadas, sin delimitar qué aspecto científico requiere aclaración ni qué insuficiencia técnica pretende subsanar. Por lo tanto, corresponde confirmar el auto de apertura a juicio oral y público, rechazando la pretensión de la defensa.
Acusación
El Ministerio Público presentó una contundente acusación contra el procesado, arrimando un total de 62 elementos probatorios recolectados durante la etapa investigativa. Asimismo, ofreció la declaración de 21 testigos para el juicio oral entre otras pruebas contundentes como:
- declaraciones testificales
- un diagnóstico médico
- contención psicológica con relato del hecho
- informes psicológicos
- la Cámara Gesell
- un informe fonoaudiológico
- un informe psicopedagógico inicial
- y un perfil neurocognitivo.