La Cámara de Apelación integrada por los jueces Emiliano Rolón, Arnulfo Arias y Bibiana Benítez confirmó a la jueza Rosarito Montanía para que siga entendiendo en el proceso penal que soporta Julio César Duarte Servián, imputado por asociación criminal, comercialización de estupefacientes y lavado de dinero. Se sospecha que Duarte Servián integraba una red criminal que llegó a juntar bienes por US$ 40 millones.
Días atrás la jueza Hilda Benítez otorgó el arresto domiciliario al procesado, pero el Ministerio Público apeló la resolución y el Tribunal de Apelación revocó la determinación, ratificando la prisión del imputado. A raíz del fallo de la magistrada Benítez, el pleno de la Corte Suprema de Justicia decidió que la jueza sea trasladada a Pilar.
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Duarte fue detenido en Pedro Juan Caballero en un mega operativo, denominado Status, en setiembre del 2020, ocasión en que se desbarató la organización liderada por el Clan Morínigo-García. Este grupo enviaba drogas al Brasil y aparentemente lavaba dinero en Paraguay. El procesado igualmente es accionista de la casa de cambios Zafra, Uniexpress SA y supuestamente colaboraba a través de esas casas de cambios para mover pagos, cambiar divisas y circular el dinero de la organización, no sobrepasando el mínimo del monto establecido por ley.
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Condenan a 28 años de cárcel a ex policía por el feminicidio de María Isabel Vega
Un tribunal de sentencia, integrado por los jueces Christian González, Gloria Hermosa y Darío Báez, condenó a 28 años de cárcel al exagente policial José Carlos Morel Chamorro encontrado culpable por el feminicidio de la docente María Isabel Vega, ocurrido en febrero de 2023 en Loma Pyta, Asunción.
Esta mañana se llevó a cabo el segundo juicio oral y público debido a que un tribunal de apelación había anulado la irrisoria condena de 15 años de cárcel que se había sentenciado en un primer juicio oral y público.
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Los familiares de la víctima del terrible caso mencionaron que vivirán un poco más tranquilos al conocer está determinación adoptada por los nuevos jueces del presente caso.
Cuestionado fallo
En su momento el tribunal de sentencia integrado por los jueces Lourdes Garcete, Rossana Maldonado y Manuel Aguirre condenó a solo 15 años de cárcel al agente policial retirado José Carlos Morel Chamorro, responsable del feminicidio de la docente María Isabel Vega Arana. Este fallo judicial de primera instancia fue criticado por los familiares de la víctima y a su vez el Ministerio Público adelantó que apelará la sentencia condenatoria porque había solicitado una pena de 30 años de cárcel para el acusado.
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Demoran a seis cuidacoches en operativo de despeje en la Catedral Metropolitana
Seis cuidacoches fueron detenidos en el marco de un operativo liderado por la Policía Municipal de Vigilancia de la Municipalidad de Asunción. La intervención se realizó en la zona de la Catedral Metropolitana y contó con el respaldo de la Policía Nacional.
Las personas fueron llevadas en calidad de demoradas hasta la sede de la Comisaría Quinta de Asunción, según informó Ariel Andino, director de la Policía Municipal de Vigilancia.
“Ahora mismo estamos en la Comisaría Quinta ya levantando el operativo. La Policía está verificando la situación de las personas demoradas y vamos a ver qué decide”, comentó a La Nación/Nación Media.
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Explicó que los cuidadoches demorados no quisieron identificarse y además no contaban con su documentación personal. “Estamos empezando otra vez a recibir las denuncias. Creo que por la situación que estaba afrontando la Municipalidad, ellos aprovecharon y empezaron a salir otra vez. Cuatro fueron demorados en la zona de la Catedral y dos en otros puntos que fueron denunciados”, detalló.
Según manifestó, se realizó previamente un trabajo de inteligencia luego de recibir denuncias de roturas de vidrios formuladas por algunos ciudadanos.
“Tenemos planeado hacer un trabajo continuo para garantizarle seguridad al ciudadano que viene a trabajar y tiene que pagar almuerzo, combustible. Y tiene que pagar además estacionamiento en un lugar público gratuito no corresponde. Entonces, nosotros vamos a intensificar este tipo para darle las garantías al ciudadano de bien de poder estacionar. Porque esta actividad es una actividad irregular y para mí no es un trabajo”, afirmó.
El funcionario municipal recordó que la comuna capitalina mantiene vigente el programa gratuito de capacitación y formación a estas personas para que puedan acceder a un oficio, que les permita ganarse el sustento diario para ayudar a sus respectivas familias.
“Nosotros tenemos cursos de salida laboral rápida y gratuita. Son cursos que siempre existieron, lastimosamente no quieren asistir, porque para ellos es más fácil sentarse en un lugar, privatizar el espacio y cobrar 10.000 a 15.000 guaraníes”, significó.
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Estafa a menonitas: Corte ratifica proceso penal contra imputados
La sala penal de la Corte Suprema de Justicia integrada por los ministros Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y Carolina Llanes, declaró inadmisible el recurso de apelación presentado por los imputados José Ljubetic Arrellaga, Willian Bogarín Campuzano, funcionario de la Cámara de Diputados e Ilsa Paredes.
Por ende, ratificó el proceso penal por el delito de estafa de US$ 1.600.000, cuyas víctimas son colonos menonitas del departamento de San Pedro.
La máxima instancia judicial sostuvo que el recurso planteado por los imputados no cumplía con el requisito para admitir, por lo que corresponde declarar inadmisible.
El proceso penal contra los imputados se inició el 28 de marzo del 2025, cuando el juzgado penal de Garantías de Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro, cuyo magistrado es Vicente Coronel Villalba, admitió la imputación y fijó fechas para el requerimiento conclusivo y la comparecencia de los procesados.
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La defensa de estas personas recurrió a la Corte buscando dejar sin efecto las resoluciones de primera instancia y segunda, que ratificaron la admisión de la imputación y los ministros rechazaron la chicana de los imputados y confirmaron el proceso penal contra los tres imputados.
Con la determinación adoptada por la Corte Suprema de Justicia el proceso penal contra los imputados debe seguir su curso ordinario.
De acuerdo al acta de imputación, los procesados ofrecieron tierras ubicadas en el Chaco a los colonos menonitas, quienes desembolsaron grandes sumas de dinero pero nunca recibieron las tierras prometidas y la transacción fue completamente ficticia.
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Condenan a 6 años de cárcel y envían a prisión a exsíndico de quiebras Blas Velázquez
El tribunal de sentencia, conformado por los jueces Juan Ortiz, Lourdes Garcete y Manuel Aguirre, condenó a 6 años de cárcel al exsíndico de Quiebras Blas Velázquez, luego de ser encontrado culpable por el delito de lesión de confianza, producción de documentos públicos de contenido falso y su posterior uso en vender varias veces un inmueble en el marco de un proceso judicial que ocasionó un perjuicio de G. 519.340.480.
Asimismo, los jueces de sentencia decidieron revocar las medidas y ordenaron que el condenado cumpla de forma efectiva la sentencia por lo que ya ingresará a la cárcel.
El colegido sostuvo que es sumamente grave que una persona utilice el sistema de justicia para sacar ventajas económicas por lo que corresponde condenar al acusado Blas Velázquez a la pena de 6 años de cárcel.
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VENTA IRREGULAR
La abogada Gessy Ruiz Díaz, representante legal de la firma Agroganadera Ypyta S.A., solicitó a la fiscala Andrea Vera Urdapilleta que presente la imputación contra el exsíndico de quiebras, Blas Velázquez, quien vendió de forma irregular y a un costo irrisorio varios bienes de la mencionada agroganadera, así como realizó varios pagos millonarios a supuestos funcionarios fantasmas de Ypyta.
El escrito de la denuncia señala que el exsíndico de quiebras vendió de forma directa la estancia Laguna Pora, de 7.430 hectáreas, ubicada en Lorito Picada en el departamento de Amambay, que forma parte como activo de Ypyta S.A.
El valor del establecimiento ganadero sería de G. 150 mil millones de acuerdo a la tasación, pero dicha estancia fue regalada por Velázquez por tan solo G. 31.080 millones.
También se denunció otras irregularidades contra el exsíndico debido a que avaló el pago por la suma de G. 255 millones a varios supuestos funcionarios de la firma Ypyta S.A.
Por su parte, la representante legal de la mencionada agroganadera negó que 11 personas hayan trabajado en dicha empresa y para ello no existe constancia ni tampoco libro laboral o planillas del IPS donde fueron inscriptos los funcionarios fantasmas.
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