Más de 1.800 obstetras sostienen una parte fundamental de la atención de salud sexual y reproductiva en Paraguay, desde las Unidades de Salud de la Familia (USF) hasta los hospitales de mayor complejidad. Su trabajo abarca la atención materna y neonatal, la planificación familiar, la prevención del embarazo adolescente y la asistencia durante el parto, incluso en comunidades alejadas donde el acceso a los servicios sanitarios representa un desafío, según un informe de UNFPA.

La reciente promulgación de la Ley N.º 7636/2026, “Del Obstetra en la República del Paraguay”, refuerza el reconocimiento de la obstetricia como una rama especializada de la ciencia médica y establece un nuevo respaldo legal para un sector considerado estratégico dentro del sistema sanitario.

De acuerdo con datos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), 1.842 profesionales obstetras trabajan actualmente en la red pública: 1.754 licenciados, 69 técnicos y 19 auxiliares. La distribución, sin embargo, no es uniforme y refleja uno de los principales desafíos para garantizar una atención equitativa en todo el territorio.

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Central concentra la mayor cantidad, con 412 profesionales, seguido de Capital, con 190, y Alto Paraná, con 165. En el otro extremo se encuentran departamentos con una población más dispersa y grandes distancias territoriales, como Boquerón, con 38 obstetras, y Alto Paraguay, con 27. En estas zonas, la presencia de cada profesional adquiere una dimensión particularmente relevante para acercar los servicios de salud a las comunidades.

El impacto de esta labor puede observarse en experiencias como la de Marlene Nilda Meza, licenciada en obstetricia oriunda de San Ignacio, Misiones. Desde 2009, decidió desarrollar su profesión en comunidades vulnerables y se trasladó al Chaco paraguayo, a más de 600 kilómetros de Asunción, para trabajar en la Unidad de Salud de la Familia de la comunidad nivaclé Campo Loa.

Su intervención combinó atención sanitaria, consejería, planificación familiar y educación comunitaria. A través del contacto permanente con las familias, la provisión de métodos anticonceptivos y la difusión de información mediante la radio comunitaria en idioma autóctono, consiguió reducir el número de gestantes registradas de 46 a 16.

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La obstetricia también representa una presencia transversal dentro de la estructura sanitaria. Más del 80 % de estos profesionales se encuentran integrados a los tres niveles de atención, con funciones que van desde la prevención y promoción de la salud hasta la asistencia de embarazos y partos de mayor complejidad.

En algunos casos, la atención ocurre incluso fuera de los establecimientos sanitarios. Partos en viviendas, ambulancias o caminos forman parte de las situaciones que pueden enfrentar los profesionales destinados a comunidades donde las distancias y las condiciones de acceso dificultan llegar a tiempo a un hospital.

A esta dimensión asistencial se suma el impacto de la planificación familiar como herramienta de prevención. La orientación sobre métodos anticonceptivos y salud sexual permite reducir embarazos no planificados y contribuir a prevenir situaciones de riesgo, particularmente entre adolescentes.

Con el nuevo marco legal y una red de profesionales desplegada en los distintos niveles de atención, el desafío pasa ahora por fortalecer la presencia de obstetras en las zonas con mayor dispersión territorial, de modo que la cobertura de salud sexual y reproductiva no dependa del lugar donde vive una persona, sino que pueda garantizarse de manera efectiva en todo el país.

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Un hombre denunció este jueves que desconocidos están ofreciendo su vivienda en alquiler sin su autorización. Según manifestó, los responsables incluso promocionan el inmueble a un precio muy inferior al valor real, situación que le genera preocupación y sospechas de una posible estafa.

Desde hace unos meses don Alberto Funes decidió poner en alquiler su vivienda en Asunción mediante una inmobiliaria, pero hace unas semanas vio que la misma propiedad es ofrecida por varias personas que desconoce. Estas comparten fotos y vídeos, pero presume que fueron captadas por personas que se hicieron pasar por clientes.

Además, denunció que retiraron el cartel que fue puesto por la inmobiliaria y que en redes sociales figuran varios números telefónicos, pero que ninguno es de una persona conocida o de la empresa encargada de administrarla. La casa es ofrecida por G. 6 millones al mes en alquiler, sin embargo, los extraños lo están ofreciendo por G. 3 millones.

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“Estas personas muestran todas las dependencias y publicaron fotos de todo tipo, se puede ver que pidieron ingresar a la propiedad para captar las imágenes. Además, comparten una serie de números de teléfonos, intenté hacerme pasar por interesado, pero no tuve retorno”, detalló don Alfonso, en entrevista con canal Trece.

Afirmó que junto a la inmobiliaria ya realizaron la denuncia ante las autoridades correspondientes. “El único requisito que piden estos desconocidos, en las publicaciones que circulan en redes sociales, es que deben abonar los 3 millones de guaraníes y ya la casa estaría disponible para la persona o familia”, indicó.

Confirmó que hasta el momento se desconoce si existen víctimas de estos estafadores e instan a la ciudadanía a realizar la denuncia en la comisaría 15 de Asunción en el caso de que hayan abonado por el falso alquiler para seguir con las investigaciones e intentar dar con los estafadores.

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La conocida como “Casa del Horror”, por un quíntuple homicidio ocurrido en el sitio en el año 2018, sería subastada este viernes de manera irregular, según denuncia de familiares del fallecido Néstor Andrés Macchi Amarolla.

El inmueble, ubicado sobre la calle Oliva casi Montevideo del barrio La Encarnación de Asunción, iría a remate, en detrimento de las herederas, la viuda y su hija, quienes denunciaron una supuesta manipulación en el sistema informático judicial para llevar a cabo la subasta.

De acuerdo a la denuncia de las afectadas, la jueza Mafalda Cameron Luque dispuso la subasta pública de tres inmuebles a nombre de Macchi Amarilla, entre ellos la “Casa del Horror”. Ante esta situación, la abogada Noelia Núñez presentó hoy una denuncia por prevaricato en contra de la jueza Mafalda Cameron.

La profesional refiere que el inmueble supera un valor de G. 1.200 millones. Sin embargo, la Justicia ordenó que sea subastado en un precio inicial de G. 208 millones, en base a una tasación fiscal. La medida también afecta a otros dos inmuebles.

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La jueza Mafalda Cameron ordenó el pasado 4 de agosto el remate público de los bienes –según la denuncia– a espaldas de las herederas María Marlyn Villagra Cantero y su hija, Marlyn Beatriz Macchi Villagra, ya que ellas no fueron debidamente notificadas.

A través de la abogada, las herederas denuncian “arbitrariedades procesales” y una grave manipulación del sistema informático judicial, ya que el expediente digital habría sido manejado de manera clandestina.

Poco tiempo después de su presentación, el escrito fue borrado u ocultado del sistema informático judicial, sin dejar rastro visible, lamentó la profesional.

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El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) ya está habilitado para iniciar de oficio una investigación por presunto mal desempeño en sus funciones contra el juez en lo Civil y Comercial de Asunción, Édgar Rivas. El magistrado habría actuado de forma irregular y al margen de la ley en el expediente caratulado “Ypyta SA Inmobiliaria, Ganadera y Comercial sobre convocatoria de acreedores”, en el que firmó un título de propiedad a pesar de que aún no correspondía hacerlo.

El pasado 21 de agosto de 2026 se cumplió el plazo legal. Ahora, los integrantes del órgano juzgador tienen las facultades para estudiar el caso y enjuiciar al cuestionado juez Rivas Laguardia por su dudosa actuación en el mencionado expediente judicial. De acuerdo con los datos recabados, existirían irregularidades suficientes para avanzar con el enjuiciamiento.

Los miembros del JEM —Alicia Pucheta, Enrique Berni, Manuel Ramírez, César Garay, Pedro Díaz Verón, Mario Varela, Alejandro Aguilera y Diego Candia— son quienes deberán votar para iniciar el proceso y, si correspondiera, solicitar la suspensión del magistrado.

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Semanas atrás, el Jurado decidió tomar conocimiento de la causa ante una serie de publicaciones periodísticas del diario La Nación, que se hizo eco de las presuntas y arbitrarias irregularidades cometidas por el juez Rivas.

En su momento, la abogada Patricia Rebollo, representante legal de Ypyta, señaló su sorpresa ante la actuación del juez Rivas respecto a la firma del título de propiedad perteneciente a la firma, el cual fue transferido a otra persona. Según explicó, el magistrado no intimó a la empresa ni al síndico de quiebras para realizar dicho acto, lo cual calificó como totalmente ilegal e irregular.

Rebollo señaló: “El hecho de que el juez no haya intimado a la firma Ypyta para poder firmar la transferencia del inmueble en litigio podría causar lesiones a los derechos procesales y a la propiedad que posee la empresa que represento”. Asimismo, fue tajante al aclarar que “todas las actuaciones que se realicen en el presente juicio civil deben ser comunicadas a la firma Ypyta, porque la misma fue rehabilitada legalmente”.

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