El juez de Delitos Económicos José Delmás se opuso al llamativo pedido del fiscal Diego Arzamendia, quien solicitó desestimar la grave denuncia que pesaba sobre la ministra del Trabajo, Carla Bacigalupo, quien está siendo investigada a raíz del informe de Auditoría del Poder Ejecutivo, que encontró varias irregularidades en la gestión de la actual titular de Trabajo.
Ahora será la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, quien deberá decidir si corresponde rectificar y seguir con la presente investigación fiscal o ratificarse en el blanqueamiento a la secretaria de Estado, que en su momento fue muy criticada por varios sectores.
El fiscal de Delitos Económicos Diego Arzamendia, sin hacer mucho esfuerzo, solicitó campantemente la desestimación de la denuncia que la Auditoría General del Poder Ejecutivo realizó contra la supuesta administración irregular de la ministra Bacigalupo.
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La Fiscalía, una vez más a favor de los hechos de corrupción, concluyó que en esta causa no existen hechos penalmente relevantes, es decir hizo la vista gorda al informe contundente del propio Poder Ejecutivo, por lo que solicitó el archivo de la presente denuncia.
Entre las irregularidades detectadas por la auditoría se encuentra la compra por G. 410 millones de una maquinaria que estaba en un predio privado sin uso. Asimismo, se detectaron diferencias entre el balance e inventario del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. También otro hecho irregular sería la falta de ejecución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato por un monto de G. 1.216.974.144, entre otros que podrían configurarse en un hecho punible.
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