El juez William J. Nelson, del Tribunal Superior del Condado de Marion, Indiana, Estados Unidos, destacó las bondades de las tobilleras electrónicas durante el Simposio Internacional “Monitoreo Electrónico y Justicia Moderna” realizado en nuestro país.

“Las tobilleras electrónicas incidieron en reducir la reincidencia hasta un 31 % en personas sometidas a monitoreo electrónico, además de contribuir a disminuir la sobrepoblación carcelaria, reservando estos espacios para los casos de mayor riesgo”, explicó el magistrado.

Añadió que también favorece a la rehabilitación y reinserción social, permitiendo que las personas mantengan empleo y responsabilidades familiares mientras cumplen medidas judiciales.

Sin embargo, aclaró que el monitoreo electrónico no reemplaza la acción de la justicia, sino que constituye como una herramienta complementaria que fortalece el control, el cumplimiento de las medidas judiciales y la protección de la comunidad.

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En Paraguay, el sistema de monitoreo electrónico continúa avanzando como una herramienta para fortalecer el cumplimiento de medidas judiciales y la protección de víctimas.

Desde su puesta en funcionamiento a finales de 2024, se registraron 355 tobilleras electrónicas instaladas, de las cuales 225 ya fueron desinstaladas tras el cumplimiento de las medidas correspondientes, mientras que 130 permanecen activas.

La infraestructura tecnológica que sustenta el sistema es operada por el Consorcio Track, integrado por empresas paraguayas referentes en tecnología, entre ellas TSV - Tecnología Seguridad y Vigilancia del Paraguay, que participó en el desarrollo e implementación de la solución utilizada por el Estado paraguayo.

El sistema incorpora tecnología de monitoreo electrónico de última generación, incluyendo dispositivos GPS, geolocalización en tiempo real, geocercas y alertas automáticas.

El simposio fue impulsado por el Ministerio del Interior de nuestro país, con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos.

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El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, ocupó su banca durante la sesión para sentar postura ante la insistencia de la oposición que impulsa la implementación del registro biométrico en las elecciones, alegando que evitaría el fraude. Sobre el punto, el legislador colorado afirmó que los perdedores solo buscan excusas para desprestigiar el sistema electoral paraguayo e ironizó diciendo que solo falta que pidan la prueba de ADN a los electores.

“Viene del mismo sector que planteó como una solución el desbloqueo, porque ellos lo único que quieren es ver al Partido Colorado en la llanura. No pudieron con los votos, no pudieron con presión mediática, no pudieron con ANR nunca más. Ahora ellos atacan a los militantes que defienden al Partido”, fustigó.

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Mencionó que por iniciativa del bloque opositor se aprobó la ley del desbloqueo de listas y las máquinas de votación. “Con esas máquinas de votación supuestamente con la mayoría que tienen en el Tribunal Superior de Justicia Electoral y con la mayoría que tienen en las mesas, y después nos quieren denunciar por hechos de cargas de votos”, subrayó.

Tras hacer esta exposición, el congresista se preguntó: qué viene después y fue ahí donde aludió al proyecto de ley de datos biométricos. “Le aprobamos los datos biométricos, estoy seguro que de aquí a cinco años van a pedir estudios de ADN de todos los que votan”, ironizó.

Pidió a sus pares “pensar bien” sobre lo que está planteando ahora la oposición. “Esa alerta nomás como Partido Colorado. No nos van a hacer correr con el ANR nunca más, no nos hicieron correr con las urnas, con el desbloqueo y menos con los datos biométricos”, significó.

El proyecto de ley que implementa el registro biométrico de electores mediante la toma de huellas dactilares se presentó en agosto del 2024 pero no cuenta con dictamen de comisiones y nunca fue incorporado en el orden del día para su estudio en plenaria del Senado.

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El senador Derlis Maidana considera que el presidente de la República, Santiago Peña, hizo bien en presentar un informe de su tercer año de gestión ante la Asociación Nacional Republicana (ANR), al mencionar que es el Partido que le da sustentabilidad para seguir gobernando.

“Creo que en ninguna parte está prohibido de que el presidente haga su informe ante el Partido (Colorado) o si quiere ir a hacerlo ante la Feprinco o ante la Asociación Paraguaya de Fútbol. No hay ningún problema en ese sentido siempre y cuando cumpla su deber constitucional”, señaló.

Afirmó que el resumen que ofrece es más bien político, en tanto que el informe que da de forma constitucional lo hace ante el Parlamento.

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“El informe que brinda constitucionalmente al Congreso, él no lo va a soslayar. Y creo también de que por el bien de la democracia un presidente necesita respaldo fuerte de su partido. Y si después se puede construir gobernabilidad con el principal partido de oposición del Paraguay y otros, bienvenido, que cumpla con su obligación constitucional”, dijo a la 730 AM.

El parlamentario insistió que está bien que el mandatario rinda cuentas ante los partidos políticos y con más razón al “partido que le da sustentabilidad para gobernar”.

Maidana reflexionó asimismo sobre la vigencia de la Constitución Nacional hace 34 años y el momento más crítico que atravesó a su criterio. “Yo creo que tuvimos nosotros varios episodios como aquellas internas de diciembre del 92, en mayo del 96 aquel cambio del comandante Lino César Oviedo que derivó en aquella crisis con el presidente Juan Carlos Wasmosy”, recordó.

Así también mencionó que en el año 2000 se tuvo el último episodio “tipo un conato” contra el presidente Luis Ángel González Macchi y luego el asesinato del vicepresidente de la República, Luis María Argaña.

“Pero creo que a partir del 2000 en adelante se ha avanzado mucho en ese aspecto. Tuvimos el juicio político de Fernando Lugo que siempre es discutible para sus seguidores, pero cuando cae el apoyo del principal partido que sostenía al presidente Lugo (PLRA) entonces cae también el gobierno”, expresó.

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El presidente del Congreso Nacional, Basilio Núñez, manifestó que el oficialismo impulsa la postergación del proyecto “que modifica el artículo 5 de la Ley n.° 45/91 ‘que establece el divorcio vincular del matrimonio“, más conocido como ”divorcio exprés". El proyecto de ley figura entre los puntos más resaltantes a ser tratado por la Cámara Alta en la sesión ordinaria de este miércoles.

“Este proyecto de ley nace de un sector progresista, va contra lo tradicional, contra la familia. En vez de darse un divorcio exprés, estará enlenteciendo más algunos casos”, indicó Núñez a los medios de comunicación, antes del inicio de la reunión legislativa.

La propuesta es impulsada por los senadores Lilian Samaniego, Arnaldo Samaniego, Eduardo Nakayama, Blanca Ovelar, Natalicio Chase, Esperanza Martínez, Ignacio Iramain y José Oviedo. De acuerdo a los proyectistas tiene como finalidad simplificar, agilizar y abaratar los procesos de disolución matrimonial por mutuo consentimiento.

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El proyecto de ley ya cuenta con el dictamen favorable de la Comisión de Equidad y Género para su aprobación con modificaciones. “Nosotros vamos a pedir la postergación o iremos por su rechazo“, comentó Núñez.

La iniciativa mantiene el requisito de haber cumplido al menos un año de matrimonio para solicitar el divorcio, los cónyugues deberán comparecer personalmente ante el juez quien intentará inicialmente una reconciliación, establece una audiencia de ratificación entre los 30 a 60 días posteriores para confirmar la decisión.

También establece que de no existir la ratificación de la voluntad de divorciarse el expediente será archivado y no podrá reabrirse hasta después de un año, la sentencia solo podrá dictarse cuando exista consentimiento mutuo y perseverante de ambas partes, se exigirán documentos como certificados de nacimiento, de matrimonio y copia de cédula de identidad.

A la vez propone como condición de admisibilidad que los cónyugues no deberán poseer bienes comunes o deberán encontrarse bajo el régimen de separación de bienes, el proceso no impondrá costas judiciales a las partes, una vez cumplido todos los requisitos y presentada la documentación exigida el juez deberá dictar sentencia en un plazo máximo de 3 días.

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