Caso Ronaldinho: acusan y piden juicio para 14 personas del esquema criminal
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En el marco del caso que desató la llegada del exjugador Ronaldinho Gaúcho al país, por los pasaportes falsos, la Fiscalía presentó acusación contra 14 personas y solicitó que la causa sea elevada a juicio oral y público.
Los agentes fiscales Osmar Legal, Marcelo Pecci, Federico Delfino y Alicia Sapriza formularon acusación contra 14 personas que habrían facilitado al brasileño Wilmondes Sousa Lira la elaboración de documentos falsos para Ronaldo y Roberto de Assis Moreira.
La causa fue caratulada como “Wilmondes de Sousa Lira y otros sobre uso de documento público de contenido falso y otros” y los fiscales solicitaron que sea elevada a juicio oral y público por producción mediata de documentos de contenido falso y uso de documentos de contenido falso.
En ese sentido, fueron acusados: Iván Vidal Ocampos Miño, Gerardo Sebastián Medina Gómez, Bernardo Guzmán Arellano Domínguez, Wilson Guzmán Arellano Duarte, Cirilo Gustavo Amarilla Cañete, Vicente Javier Martínez Moreno, Stella Marys Lugo Jiménez, María Isabel Gayoso, Esperanza Apolonia Caballero Coronil, José Gustavo Molina Aquino, Jorge Rodrigo Villanueva Torales, Deisy Pereira Núñez, Víctor Manuel Cabrera Villalba y Fernando José Cuenca Escobar.
Señalan los antecedentes del caso que las mencionadas personas formaron parte de una organización criminal estructurada a modo de realizar gestiones a ciudadanos extranjeros para obtener la radicación paraguaya y obtener documentos públicos de contenido falso a través de la producción mediata el uso de documentos públicos de contenido falso. Para ello, utilizaron documentos públicos con inserción de adulteraciones en los datos biográficos, dinámica ejercida y concretada en conjunción con otras personas orientadas ante el mismo plan ilícito.
Estos documentos públicos, es decir, las cédulas de identidad paraguaya falsas, con los números 3.122.656 y 3.122.657, como los pasaportes precedentemente mencionados, en los cuales constaba que los mismos eran de nacionalidad paraguaya –naturalizada–, fueron incautados del poder de los hermanos brasileños Ronaldo y Roberto de Assis Moreira, respectivamente, al momento del allanamiento de la suite presidencial del hotel del Yacht y Golf Club, en la que se hospedaban el 4 de mazo del 2020.
Poco después, el Ministerio Público corroboró que el ciudadano brasileño Wilmondes de Sousa Lira también contaba con un pasaporte paraguayo con identificador Q568927 que en los registros del Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional se encontraba expedido a nombre del ciudadano paraguayo Víctor Manuel Cabrera Villalba, legajo documental que fue incautado por el Ministerio Público. En el marco de las investigaciones se pudo desbaratar a toda la estructura que operaba para la concesión de este hecho punible.
El diputado Rodrigo Blanco explicó que contar con la Ley Mafe permitirá abordar la problemática social con herramientas adecuadas. Foto: Pánfilo Leguizamón
Proyecto de Ley Mafe permitirá visualizar la real problemática de personas desaparecidas
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La Cámara de Diputados se dio entrada a un proyecto de ley que busca crear un Registro Nacional de Personas Desaparecidas (Renad) que, a su vez, establecerá el Sistema de Alerta Mafe, en memoria de la adolescente María Fernanda Benítez. Este mecanismo se activará ante los casos de desapariciones, similar a la alerta AMBER, que se aplica en otros países.
En el programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media estuvieron como invitados el diputado Rodrigo Blanco, uno de los proyectistas, y Rubén Riquelme, director de auditoría de gestión fiscal del Ministerio Público.
La propuesta surgió con el objetivo de socializar y visualizar esta problemática, teniendo en cuenta que solo en el 2024 se reportaron más de mil desapariciones de personas, de los cuales un importante número han vuelto a sus hogares, pero no se maneja con exactitud el número real de personas que no han sido encontradas.
El diputado Blanco recordó que esta situación ya había sido ampliamente discutida a inicios de este periodo legislativo, cuando en el 2023 se había planteado un proyecto de ley similar, que buscaba un marco legal para la búsqueda y localización de personas.
Refirió que tomaron contacto con la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidos del Paraguay; lo que muestra la magnitud del problema, ya que incluso ya existen organizaciones que ayudan a las familias que pasan por esta situación; y que incluso hablan de cifras mucho mayores a las que se manejan.
“De acuerdo a los reportes que nos brindaron, existirían entre 2.000 a 2.500 personas desaparecidas al año. De este número se menciona que el 50 % se tiene reporte sobre el retorno o aparición, y los motivos pueden variar por conflictos familiares, económicos. Ahora qué pasa con ese otro 50 %, hay una alta probabilidad de desaparición forzosa”, explicó el legislador.
El Dr. Rubén Riquelme señaló que contar con la normativa facilitará la búsqueda automática sin necesidad que se solicite una intervención judicial o fiscal. Foto: Pánfilo Leguizamón.
Protocolos de alertas inmediatas
El diputado Blanco señaló que ahora lo que se busca con la nueva propuesta es abordar un marco legal que plantee establecer protocolos que ya son utilizados en otros países con éxito. Explicó que, por ejemplo, que, al reportarse una persona desaparecida, los ciudadanos reciben en el celular las alertas sobre la búsqueda de la persona, con su fotografía y las características que ayudarán a su identificación.
“Se hace un trabajo coordinado con los organismos de seguridad, la sociedad, los medios de comunicación, sector público y privado de forma masiva y sobre todo en las primeras 24 horas para poder tener mínimas chances de poder dar con el paradero de la persona buscada”, describió.
Mencionó que las estadísticas señalan que, en el caso de desaparición forzosas hoy en el Paraguay, el 70 % corresponde a niñas y adolescentes de entre 11 a 17 años. Blanco cuestionó qué está pasando en el Paraguay con estos casos de niñas desaparecidas y que en muchos casos tienen que ver con el crimen organizado, la trata de personas y el comercio ilícito de órganos.
“El proyecto habla de una respuesta rápida como acción para que las familias sepan dónde tienen que ir a denunciar, ante qué autoridad, cuál será el protocolo a seguir. Porque hoy las familias están a la deriva, y dentro de su desesperación van de institución en institución pidiendo auxilio y un mínimo de hoja de ruta sobre qué es lo que tienen que hacer”, especificó.
Propuesta saludable y conveniente
A su turno, el director de auditoría de gestión fiscal, Rubén Riquelme, comentó que, si la denuncia de desaparición de persona tiene algún matiz o sospecha de hecho punible, ahí la Fiscalía tiene la facultad de urgir la ordenar la búsqueda y localización. Si bien, la orden de búsqueda surge, en cualquier caso, a través del sistema de difusión que tiene la Policía Nacional.
“El proyecto de ley considero saludable su propuesta, al momento que delega la intervención, sobre todo en las primeras horas que se presente la denuncia, se activa de forma inmediata la difusión. Además, se crea un registro que facilita el seguimiento”, destacó.
Resaltó la importancia de que, aparte de hacer la difusión en todos los estamentos de la Policía Nacional, pase de manera automática y sin necesidad de una intervención judicial o fiscal a los medios de comunicación.
Asignación presupuestaria
Además de los componentes de creación del registro de personas desaparecidas, y la activación del Sistema de Alerta Mafe, la propuesta incluye el aspecto financiero para dotar de las asignaciones presupuestarias necesarias para la Dirección de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional, que según el diputado Blanco, está muy debilitada por la cantidad de casos que existen.
“Si bien el trabajo es conjunto con el Ministerio Público, esta dirección debe contar con las herramientas que le permitan identificar qué es lo que pasa con cada caso, cuáles son los vínculos con el narcotráfico, microtráfico, trata de personas, tráfico de órganos. Se tiene que saber qué está ocurriendo en el Paraguay profundo, en la sociedad para que se puedan adoptar las medidas necesarias de prevención y de combate a estos hechos”, acotó.
Desde el Ministerio Público, el doctor Riquelme explicó que muchas veces a la fiscalía le toca acompañar el trabajo de búsqueda de la Policía Nacional, cuando se presenta como denuncia de desaparición. Ahora bien, si existe indicio de algún hecho punible, es ahí cuando se inclina a la persecución del presunto delito.
“La tarea es encontrar a esa persona, y justamente ese es el abordaje especial que hay que entender sobre lo que hay que comenzar a investigar. Cuando se mira la estadística, son niñas y adolescentes de 11 a 17 años el 70 % de los casos, es una señal de que algo está pasando en la sociedad y es lo que ocurre a nivel mundial, según nos explicaban. Por ello, es sumamente necesaria esta ley, para el protocolo, pero sobre todo para abordar como Estado esta problemática”, remarcó Blanco.
Finalmente, el doctor Riquelme insistió que las primeras horas son esenciales, y se debe evitar el centralismo. “Considero que crear una dirección o un departamento en la fiscalía solamente, no coadyuva en estos casos de desaparición. Debe ser en toda la República, usando los medios de comunicación y las plataformas para que de una forma casi automática al ingreso de la denuncia se active el sistema de alerta”, enfatizó.
El diputado Rodrigo Gamarra arremetió contra el sector del abdismo y el exministro Arnaldo Giuzzio, tras la decisión de desestimar la causa de la Fiscalía. Foto: Néstor Soto
“Después de años de show”, caen las denuncias falsas del abdismo, afirma diputado
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El diputado Rodrigo Gamarra también se pronunció ante el pedido de la Fiscalía de desestimar la causa en contra del expresidente Horacio Cartes, impulsada por el exministro abdista, Arnaldo Giuzzio. El legislador sostuvo que finalmente la verdad sale a la luz luego de años de mentiras y persecución del sector político liderado por Mario Abdo Benítez.
“La verdad no necesita gritar. Solo espera su momento. Hoy, la Fiscalía confirmó lo que el tiempo ya había dejado claro: no hubo delito, ni enriquecimiento ilícito, ni lavado, ni nada. Persecución política en solitario”, afirmó Gamarra a través de su cuenta de red social X.
Así mismo, indicó que este sector por años llevó adelante un show mediático, con el apoyo de algunos medios de comunicación para atacar, tanto al actual presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, como al movimiento que lidera, Honor Colorado.
“La causa contra Horacio Cartes se cae por falta de pruebas. Después de años de show mediático, denuncias sin sustento, tapas y titulares comprados y mentirosos, la Justicia empieza a limpiar lo que sicarios ensuciaron”, sostuvo el diputado Rodrigo Gamarra.
Por otra parte, refirió que el “narcoministro”, en referencia a Arnaldo Giuzzio, “debería pedir perdón en cadena nacional, y varios sicarios mediáticos tendrían que bañarse con agua bendita”. Finalmente detalló que, con la postura de la Fiscalía, se puede constatar que la Justicia no encontró pruebas.
“Pero nosotros sí encontramos una vez más: los verdaderos mentirosos; los que usaron al Estado como garrote político; los que hoy se tragan su propio veneno. Hoy ganan como siempre la verdad, el tiempo, y Horacio Cartes”, sentenció Gamarra.
Detienen a exministro de Bolsonaro sospechoso de obstrucción al juicio por golpismo
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La policía brasileña detuvo este viernes a un exministro de Jair Bolsonaro sospechoso de obstrucción al juicio del expresidente por un presunto intento de golpe de Estado en 2022, confirmó una fuente de la investigación.
Gilson Machado, extitular de Turismo, declaró ante la policía señalada de intentar ayudar a fugarse del país al teniente coronel Mauro Cid, ex mano derecha de Bolsonaro que colabora como delator ante la corte suprema y es coacusado en el juicio por la trama golpista.
La fiscalía acusa al exmandatario de extrema derecha de haber liderado sin éxito un plan para impedir la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva, luego de que lo derrotara en las elecciones de octubre de 2022.
Este viernes se ejecutaron “la detención de Machado y las declaraciones (ante la policía) de él y Cid”, dijo una fuente de la investigación a la AFP.
La Policía Federal informó en una nota que cumplió “dos órdenes de allanamiento y una orden de prisión preventiva expedidas por el Supremo Tribunal Federal” en Recife (noreste) y Brasilia.
Machado se hizo conocido como “el ‘sanfoneiro’ de Bolsonaro” porque solía tocar la ‘sanfona’ (zanfoña) en transmisiones en directo del exmandatario (2019-2022).
Antes de ingresar a prisión, el exministro empresarial haber hecho gestiones ante el consulado de Portugal en Recife para conseguirle un pasaporte a Cid que le permitiría salir de Brasil y evadir su eventual condena.
“No maté, no trafiqué droga, (...) sólo pedí un pasaporte para mi padre, por teléfono”, aseveró Machado a los periodistas.
Cid también fue objeto de un allanamiento y debía declarar ante la policía. Según la fiscalía, el supuesto plan golpista de Bolsonaro se frustró por falta de apoyo de las fuerzas armadas.
El expresidente, de 70 años, y siete excolaboradores podrían enfrentar hasta 40 años de cárcel si fueran encontrados culpables.
Bolsonaro se dice inocente y dice ser un “perseguido”. El exmandatario declaró esta semana ante la corte y aseguró que nunca barajó la idea “abominable” de un golpe.
También negó el testimonio previo de Cid, firmante de un acuerdo de delación premiada con la justicia, quien afirmó que el expresidente “ajustó” un supuesto documento que preveía el estado de sitio y la invalidación de las elecciones de 2022.
Bolsonaro está inhabilitado electoralmente hasta 2030 por haber cuestionado sin pruebas la confiabilidad del sistema electoral.
Pero insiste en que quiere postularse en las presidenciales de 2026, a las que Lula, de 79 años, también podría presentarse como candidato de la izquierda.
MDS pide a Fiscalía investigación por cobro de pensión de adultos que ya fallecieron
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El Ministerio de Desarrollo Social denunció ante la Fiscalía el supuesto hecho punible de adquisición fraudulenta de subvenciones a nombre de personas ya fallecidas.
El caso se refiere a personas desconocidas que estaban cobrando la pensión destinada a los adultos mayores, pero a nombre de personas que ya habían fallecido, según la denuncia presentaao por el abogado Alberto Lezcano, director general de Auditoría Interna.
Según el escrito, los casos fueron detectados gracias a los controles efectuados por funcionarios de esta auditoría en los departamentos de Caaguazú y Alto Paraná.
En uno de los casos, en la ciudad de Carayaó, departamento de Caaguazú, se detectó que la señora María Magdalena González de Medina, falleció en Argentina, hace varios años. Tras una verificación en la casa de la señora, una familiar confirmó que la señora falleció el 13 de agosto de 2018, en Buenos Aires, y que no contaba con los documentos.
Según la verificación realizada en el Sistema Integrado de Pensión para las Personas Adultas Mayores (SIPPAM), al 19 de mayo pasado, la cuenta seguía activa.
Teniendo en cuenta estos datos, según los cálculos realizados se cobró en forma indebida más de G. 48 millones.
En otro caso, en Alto Paraná, afecta a Félix Cantalicio Díaz, de Hernandarias, quien según los datos falleció en el 2018, en su domicilio y que no procedieron a gestionar el acta de defunción. El registro arroja que la cuenta seguía activa, y que el monto cobrado irregularmente alcanzaría más de G. 45 millones.
Otro de los casos detectados, registra que la señora De las Nieves Paredes Vda. de Urbina falleció en abril de este año, pero en mayo, la cuenta continuaba activa.
Las sospechas recaen sobre personas innominadas, familiares o personas de confianza, quienes no comunicaron el fallecimiento y siguieron utilizando las tarjetas de débito para realizar el cobro irregular.
Atendiendo a las instrucciones recibidas del ministro Tadeo Rojas, el abogado Lezcano solicita la investigación de estos hechos por parte de los fiscales, que se solicite informes al Banco Nacional de Fomento (BNF), así como se pidan datos a la Policía Nacional a fin de identificar a los responsables de estos hechos irregulares.