Un Tribunal de Apelación confirmó la condena de 2 años y 6 meses de cárcel para el suboficial Fernando Agüero Benítez, quien fue encontrado culpable por el delito de lesión corporal en el ejercicio de la función pública tras agredir a dos mujeres durante la manifestación del 31 de marzo del 2017.
De acuerdo a la investigación fiscal, quedó demostrado que el uniformado incurrió en el hecho juzgado agrediendo a dos hermanas el 31 de marzo del 2017 al tiempo que se desarrollaban manifestaciones ciudadanas en el centro de Asunción.
El Tribunal de Sentencia valoró las pruebas ofrecidas en juicio oral y mencionó que el Ministerio Público ofreció los elementos de prueba para que se pueda aplicar una sentencia condenatoria, por lo que la pena justa en su momento fue de 2 años y 6 meses de pena privativa de libertad.
En dicha ocasión, el agente policial atacó con golpes de puño, patadas y cachiporra, provocando severas lesiones a las víctimas e inclusive disparando balines de goma contra una de las mujeres. Ahora la defensa del condenado tiene la posibilidad de recurrir a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. En caso de ser así, serán los ministros de la referida sala quienes definirán si anulan la sentencia condenatoria o confirman la misma.
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Condenan a 76 años de cárcel a políticos que ordenaron asesinato de Marielle Franco en Brasil
La corte suprema de Brasil condenó este miércoles a 76 años de prisión cada uno a dos exparlamentarios que ordenaron el asesinato de la concejala Marielle Franco en 2018, un homicidio que expuso los vínculos entre la política y el crimen en Rio de Janeiro.
Franco, concejala, activista negra y lesbiana, fue acribillada a balazos por un expolicía el 14 de marzo de 2018. Tenía 38 años y viajaba en auto por el centro de Rio de Janeiro. Su chofer también murió.
El exdiputado Chiquinho Brazao, de 62 años, y su hermano Domingos, de 60, exlegislador de Rio, ordenaron el crimen como represalia por el trabajo político de Franco contra las milicias, grupos criminales que controlan zonas enteras de barrios populares de la ciudad carioca, según la corte.
Los Brazao, “no solo tenían contacto con la milicia. Ellos eran la milicia”, afirmó el magistrado Alexandre de Moraes, a cargo de este caso que conmocionó a Brasil.
Desde el concejo municipal, Franco se esforzó por impedir la expansión de las urbanizaciones ilegales dentro de los barrios pobres, una de las mayores fuentes de ingreso para las milicias.
Según la corte, la mujer fue asesinada para dar un “recado” a la clase política carioca.
Familiares suyos reaccionaron con llanto y abrazos tras conocer la pena contra los Brazao, al terminar este juicio abierto el martes en Brasilia, constató la AFP.
Política, racismo y misoginia
Formadas en Rio hace unos 40 años por expolicías como células de autodefensa contra el narcotráfico, las milicias se convirtieron rápidamente en temibles bandas que practican todo tipo de extorsiones.
El martes la defensa clamó la inocencia de los Brazao pero admitió abiertamente los vínculos del poder local con el crimen.
“Quien hace política en Rio y nunca les pidió votos a narcotraficantes o milicianos, que tire la primera piedra”, dijo Cleber Lopes, abogado de Chiquinho Brazao. La corte, de su lado, señaló el “racismo” y la “misoginia” de los condenados.
Marielle Franco era “una mujer pobre, una mujer negra que se atrevió a ir en contra de los intereses de milicianos, hombres y blancos”, relató Moraes.
Los hermanos fueron hallados culpables de doble homicidio calificado, organización criminal armada y la tentativa de homicidio de una asesora de Franco que sobrevivió al ataque.
La investigación se basó en la delación premiada de Ronnie Lessa, el expolicía que disparó una ametralladora contra Franco y que fue condenado a 78 años de prisión por el crimen en 2024.
Error de cálculo
“Este proceso me ha hecho mucho daño espiritualmente, mucho daño psicológicamente”, expresó a su vez la magistrada Carmen Lucia, única mujer de la corte suprema.
“¿Cuántas Marielles permitirá Brasil que sean asesinadas?”, enfatizó la jueza. Según la corte, los hermanos Brazao “no esperaban tal repercusión” tras el asesinato de Franco.
El lunes un grupo de 16 especialistas de la ONU afirmó en una carta que “los involucrados en la planificación y el encubrimiento de los asesinatos deben ser responsabilizados”.
- Fuente: AFP
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Caso Pecci: Corte de Colombia deja firme sentencia de 35 años de cárcel para Margareth Chacón
La Corte Suprema de Justicia de Colombia dejó firme la condena de 35 años de cárcel para Margareth Lizeth Chacón Zúñiga, sentenciada como coautora del homicidio agravado del fiscal paraguayo Marcelo Pecci Albertini. La máxima instancia judicial colombiana rechazó la acción presentada por la defensa de la condenada.
En su resolución, la Corte reiteró que la acción de tutela contra providencias judiciales solo procede en casos excepcionales de arbitrariedad manifiesta o vulneración evidente de derechos fundamentales. Asimismo, concluyó que la inadmisión del recurso de casación respondió al incumplimiento de requisitos técnicos y formales exigidos para dicho medio extraordinario, sin que se verificara una afectación al debido proceso ni al derecho a la defensa.
Igualmente, el tribunal consideró que la decisión del Ministerio Público de no promover el mecanismo de insistencia se ajustó a la naturaleza excepcional y discrecional de ese instrumento, señalando que este no constituye una tercera instancia ni habilita la reapertura del debate probatorio.
Otros condenados
Hasta el momento, en Colombia hay siete personas condenadas por el crimen, mientras que una más está a la espera de ser juzgada en Venezuela. Con sentencia de 23 años y 6 meses de prisión se encuentran:
- Wendre Still Scott (quien efectuó los disparos)
- Eiverson Adrián Arrieta (conductor de los sicarios)
- Marisol Londoño junto a Cristian Monsalve (encargados del seguimiento al fiscal).
- Los hermanos Ramón y Andrés Pérez Hoyos cumplen una condena de 25 años y 6 meses de cárcel.
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Ciudad del Este: investigan ataque a policía que llegaba a su domicilio
La Policía de Ciudad del Este investiga el ataque del que fue víctima un efectivo policial que llegaba a su casa junto con su hijo tras realizar una serie de pagos en el centro. Se presume que los hombres que estaban con la cara cubierta querían asaltar al uniformado o podría tratarse de un intento de sicariato.
Según el reporte policial, el hecho se registró ayer miércoles frente a la vivienda de la víctima ubicada sobre la calle Pablo Campos casi Las Hermanitas del barrio San Alfredo. Todo quedó gravado en imágenes de cámaras de seguridad que ya están en poder de los investigadores.
La víctima fue el suboficial mayor Víctor Benicio Cuellar, de 44 años, quien conducía una camioneta de color gris e iba en compañía de su hijo menor de edad hasta que fueron interceptados por un automóvil blanco de la marca Toyota modelo Premio. De vehículo descendió un hombre con quepis y lentes de sol, y realizó los disparos.
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Cuellar logró realizar una maniobra y pese a que quedó con los neumáticos pinchados por los disparos, logró llegar hasta sede de la comisaría séptima del barrio San José. Así también, pudo realizar algunos disparos con los que repelió a los hombres que dejaron de seguirlo cuando estaba llegando a la sede policial.
“Le preguntamos en el momento si había realizado compras de objetos de alto valor, realizó algún préstamo o retiro de dinero importante que llame la atención, pero dijo que no. Que fue al centro solo para realizar algunos pagos y nada más”, apuntó el comisario Osmar Cáceres, en entrevista con NPY.
El suboficial que presta servicio en centros educativos se encuentra de permiso por duelo porque la semana pasada falleció su padre. El fiscal Osvaldo Zaracho ordenó que todos los materiales audiovisuales sean recogidos para poder llegar a los presuntos atacantes y no se descarta un posible hecho de sicariato.
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Caso megaevasión: condenados están obligados a devolver G. 679 millones a la DNIT
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó los recursos de casación interpuestos por dos de los condenados en el caso de la megaevasión de G. 1,6 billones mediante facturas falsas. Los sentenciados recibieron una pena de un año de cárcel con suspensión de la ejecución, bajo la condición de restituir un total de G. 679 millones en el plazo de un año a la actual Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).
La resolución judicial fue firmada por los ministros Manuel Ramírez Candia, Carolina Llanes y Alberto Martínez Simón. El recurso de casación había sido presentado por Benicia Chaparro Martínez y Eulalio Gómez, quienes fueron condenados previamente mediante un procedimiento abreviado.
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Este proceso judicial se deriva de la denuncia realizada en 2017 por la entonces Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) en Ciudad del Este, que involucró a 75 personas. En la investigación se detectó el uso de facturas falsas por un monto total de G. 1.602.837.350.819.
Con el fallo de la máxima instancia judicial, las condenas quedan firmes y Benicia Chaparro deberá devolver G. 259.627.271, abonando 12 cuotas mensuales de G. 21.635.000 y Eulalio Gómez deberá pagar G. 419.590.910, distribuidos en 12 cuotas mensuales de G. 34.965.909.
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