Un oficial de la Policía Nacional que se encontraba conduciendo en estado de ebriedad terminó chocando contra una vivienda ubicada en el barrio Molino de la ciudad de Luque.

El oficial inspector Julio César Cáceres, de 40 años, fue detenido por los vecinos luego de haber estrellado su automóvil contra una vivienda. El conductor tras el percance intentó darse a la fuga.

Como parte del procedimiento, Cáceres fue sometido a la prueba de alcotest, la cual arrojó como resultado 0,647 gramos por litro. Igualmente, en el interior del automóvil fueron encontradas varias latas de cerveza.

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El automóvil del oficial habría impactado primeramente por el portón de la casa y terminó ingresando al predio de la misma hasta chocar contra la vivienda. El automóvil tumbó varios pilares que sostienen la estructura, por lo que el techo se derrumbó. El vehículo debió ser retirado de la sala de la casa.

Afortunadamente, la familia que habita el lugar no se encontraba en el momento del accidente, ya que estaban trabajando en el negocio familiar distante aproximadamente una cuadra del sitio.

“Una vecina me avisó del accidente; cuando estaba llegando a casa, me crucé con el hombre que intentaba darse a la fuga y le atajé. No podía ni hablar de lo mal que estaba. Yo exijo que se haga responsable de los destrozos y que mande reparar todos los daños”, indicó José González, propietario de la casa afectada, en conversación con canal Trece.

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Protegidos por las sombras de la noche, un grupo de supuestos representantes de víctimas de la dictadura decidió manifestarse frente a la vivienda del defensor del Pueblo, Rafael Ávila.

Lo que comenzó como una protesta pacífica en pocos minutos de transformó en una violenta manifestación, cuyas imágenes lapidarias quedaron registradas mediante el circuito cerrado instalado frente a la casa particular.

Tras reunirse y detonar bombas pirotécnicas sin importar que pudieran dañar incluso a los vehículos que transitaban por enfrente, los agresivos asistentes también arrojaron objetos contundentes que cayeron dentro de la propiedad del defensor, poniendo en peligro a los residentes del local.

Las bombas dieron paso a palos y piedras arrojadas con fuerza contra la vivienda.

Según informaciones recabadas, uno de los protagonistas de la agresiva jornada fue supuestamente el secretario de la organización, un abogado que representaría los intereses de los familiares de víctimas de la dictadura.

Este miércoles 30 de julio dio comienzo al juicio oral y público para el agente policial Oliver Lezcano y su pareja, Ada Ruiz Díaz, quienes están acusados por el homicidio doloso del militar Líder Javier Ríos, ocurrido en enero del 2023. El tribunal de sentencia que tiene a su cargo juzgar a los acusados está integrado por los jueces Fabián Weisensee, Cándida Fleitas y Laura Ocampo.

Desde el Ministerio Público valoran el trabajo técnico policial sobre el cual se basa la acusación y que ha sido atacado por las defensas a través de numerosos incidentes, todos ellos rechazados en etapa preliminar como también al inicio del juicio oral.

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Al inicio del juicio oral se presentaron más de 24 incidentes por parte de los acusados, numerosos de ellos relacionados a las actuaciones policiales en el marco de la investigación del asesinato del efectivo militar, quien además trabajaba de manera independiente como chofer de plataforma de transporte.

El agente policial Oliver Lezcano se fugó de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú el 28 de setiembre del año pasado, donde cumplía prisión preventiva desde el 26 de enero de 2023. Su fuga fue motivo de polémica debido a que el propio ministro de Justicia, Ángel Barchini, había asegurado a pesar de no contar con pruebas que el mismo fue asesinado y desmembrado dentro de la cárcel, versión que posteriormente fue desmentida con un video por parte del procesado agente policial.

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Con su puño de hierro contra las guerrillas, el expresidente colombiano Álvaro Uribe amasó una popularidad a prueba de balas. Pero una histórica condena le hace mella al líder de la derecha cuestionado por sus presuntos vínculos con paramilitares. El político que gobernó el país entre 2002 y 2010 fue declarado culpable de sobornar testigos para que atestiguaran a su favor sobre su participación de estos escuadrones de ultraderecha. Es el primer expresidente del país condenado por la justicia penal.

Hijo de un hacendado y nacido hace 73 años en Medellín, Uribe llegó al poder cuando el país ardía por el enfrentamiento entre guerrilleros, paramilitares y fuerzas del Estado. Logró una cuestionada reforma constitucional que le permitió reelegirse y gobernar ocho años consecutivos, en los que se convirtió en el verdugo de las extintas FARC, a las que acusa de haber matado a su padre.

De hablar pausado y oratoria convincente, también es conocido por acaloradas declaraciones y una famosa llamada telefónica filtrada a la prensa, en la que insulta a su interlocutor y amenaza con golpearlo. De la mano de Estados Unidos, con el Plan Colombia como brazo financiero y militar, lanzó una ofensiva sin precedentes contra las FARC.

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“A esos bandidos les llegó la hora de la derrota total”, dijo en 2003 Uribe, que también fue senador (1986-1994 y 2014-2020) y gobernador del departamento de Antioquia (1995-1997). Al tiempo que mejoró la percepción de seguridad, su gobierno fue cuestionado por miles de asesinatos cometidos por militares durante la lucha contra las guerrillas.

Han sido documentados más de 6.000 “falsos positivos”, civiles acribillados y vestidos como guerrilleros para inflar resultados de combate y recibir recompensas. De las ocho millones de víctimas que por entonces dejaba el conflicto armado -entre desplazados, muertos y heridos-, el 40% se registraron durante su mandato.

Con una popularidad que rondó el 80% durante su gobierno, Uribe abandonó el poder en 2010, después que la justicia vetara un referéndum para postularse a un tercer mandato consecutivo. El dirigente que se precia de no saber bailar ni cantar, ni contar chistes y ser adicto al trabajo, nunca pensó en el retiro. Tras su salida de la presidencia, regresó al Congreso y rompió récords: en 2018 se convirtió en el senador más votado en la historia colombiana y prometió servir al país “hasta el último día” de su vida.

Así se reafirmó como padre de la derecha moderna al frente del partido Centro Democrático, bastión opositor y semillero de sus herederos políticos. Pese a escándalos de corrupción, espionaje y vínculos con paramilitares que enredan a su círculo cercano, en marzo amasaba una popularidad del 52%, según una encuesta de Bloomberg.

Uribe podría enfrentar una pena de hasta 12 años de prisión. Este juicio es el más sonado y politizado de las últimas décadas en el país, y es la punta del iceberg de otras investigaciones sobre sus nexos con los paramilitares antiguerrillas que entregaron las armas bajo su gobierno, en una controvertida negociación.

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De baja estatura y cabello blanco, Uribe es una figura que divide a los colombianos. Pero hasta los más críticos ven en él un actor clave en la desmovilización de las FARC tras ocho años de golpearlas sin clemencia. Estuvo detrás de la elección de su sucesor, Juan Manuel Santos (2010-2018). Pero entonces ocurrió lo impensable: Santos, que luego ganaría el Nobel de la Paz, decidió negociar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y Uribe lo acusó de traición.

En 2014, tomó las riendas de la oposición desde el Senado y orquestó la elección de su delfín Iván Duque (2018-2022). Desde entonces ha cosechado apoyo con su rechazo al acuerdo que desarmó a las FARC, y más recientemente con sus críticas al primer gobierno de izquierda de Colombia, del exguerrillero Gustavo Petro.

De origen liberal y formado en Derecho, con estudios en Harvard, Uribe llegó al poder en primera vuelta electoral con un discurso radical. El conflicto interno había entrado en un período crítico por el fracaso de una tentativa de paz con las FARC, la arremetida paramilitar y un boyante negocio del narcotráfico.

“Uribe supo aprovechar el miedo que la sociedad colombiana sentía frente a la violencia y la inseguridad para legitimar un proyecto político basado en la mano firme del Estado” que llamó “seguridad democrática”, dice la politóloga de la Universidad de Los Andes, Laura Wills-Otero. Sobrevivió a 15 atentados. El día de su posesión, las FARC atacaron con cohetes la sede presidencial. Amante de los caballos y siempre protegido por un robusto esquema de seguridad, es reservado sobre su vida familiar. Es casado y tiene dos hijos empresarios.

Fuente: AFP.