El Ministerio Público investiga a los organizadores y participantes de un juego de pikivóley en plena calle que es parte de un camino vecinal ubicado en la compañía Kennedy de Capiatá. En ese sentido la fiscala Carolina Martínez investiga a los responsables por violación de cuarentena y amenaza de muerte por parte de Ariel Bogado, identificado como uno de los promotores del juego.
La investigación podría ser ampliada por intervenciones peligrosas en el tránsito, en el caso de corroborar que sea una calle vecinal el predio que fue cerrado para cancha de pikivóley. Mientras que la vecina que denunció el hecho dijo ser amenazada de muerte luego de hacer públicas las fotografías de las disputas, evidencia que llegó hasta la Fiscalía.
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De acuerdo a la denuncia, los participantes cierran una de las calles aledañas a una cancha ubicada a la altura del km 20, en la compañía Kennedy, de Capiatá, donde la calle se clausura para que el público pueda observar los juegos que se realizan en el sitio.
Además, la Fiscalía solicitó informe al municipio sobre la denuncia, en el término perentorio de 24 horas. Además, se tomó declaración testimonial al denunciante y otros vecinos. Igualmente, el sindicado como autor ya fue convocado para una declaración indagatoria el día 7 de mayo.
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Fiscales formularon nueva imputación contra Miguel Prieto y otros 10 en calidad de cómplices
En un documento de 84 páginas, este viernes, desde el Ministerio Público informaron que los agentes fiscales Silvio Corbeta Dinamarca, Yeimy Adle Monges y María Verónica Valdez de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, formularon acta de imputación en contra del exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos por la supuesta comisión del hecho punible de lesión de confianza en calidad de autor. También fueron imputados:
- Sebastián Martínez Insfrán
- Sonia Barrios Ramírez
- Walter Hugo García Méndez
- Salem Esgaib Zugaib
- Lucía Elizabeth Lisboa de Torales
- Valeria Fabiana Romero
- Hugo Benítez Vázque
- Karen González Vergara
- Fredy Guzmán Martínez
- y Cinthia Noelia Alen Guerrero
Todos ellos por la supuesta comisión del hecho punible de lesión de confianza en calidad de cómplices.
Según breve relato, se le atribuye a Prieto Vallejos un supuesto perjuicio económico a las arcas de la Municipalidad de Ciudad del Este por un valor aproximado de G. 757.166.276, resultantes de diferencias entre lo pagado por el Consejo Local de Salud y lo efectivamente construido o ejecutado por las empresas constructoras SERVMAQ, de Fredy Guzmán Martínez, y M&M Constructora de la Lic. Cinthia Noelia Alen, por obras realizadas dentro del Hospital Regional de Ciudad del Este.
Medidas cautelares
Luego de los trámites de rigor, la Fiscalía requiere la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva sobre los imputados, indicaron.
“En ese contexto, nos encontramos ante la presencia de suficientes elementos de convicción que nos indican la existencia de un hecho punible y nos hallamos ante la suficiente sospecha de la participación de los imputados en su perpetración quienes habrían colaborado con el jefe comunal en la disminución patrimonial de la comuna”, explicaron los agentes fiscales.
Por tanto, a continuación indicaron que se aplican las siguientes medidas cautelares:
- Fianza personal o caución real adecuada sobre los imputados por la suma que el Juzgado estime conveniente de acuerdo a la naturaleza de los hechos que se investigan.
- Prohibición de salida del país.
- Fijación de un domicilio procesal y teléfonos para las notificaciones personales a los imputados.
- La obligación de presentarse periódicamente ante el juez.
- y cualquier otra medida que sea compatible con la naturaleza del caso.
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Filosofía UNA investiga denuncia de supuesto acoso sexual por parte de un docente
Directivos de la Facultad de Filosofía (UNA) iniciaron una investigación preliminar ante la denuncia de un egresado en contra de un docente por supuesto acoso sexual ocurrido cuando la presunta víctima aún era estudiante.
Desde la universidad manifestaron que el denunciante presentó una nota formal en la mesa de entrada de la institución, relatando los supuestos hechos ocurridos durante su etapa como estudiante y por los cuales se considera agraviado.
No obstante, aclararon que el proceso abierto en el ámbito académico es independiente de cualquier investigación penal que pudiera impulsarse si el caso llega al Ministerio Público. Mientras, el catedrático continúa en funciones.
Por su parte, el Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía de la UNA (CEFIL) expresó su rechazo ante cualquier forma de acoso, violencia o abuso de poder dentro del ámbito universitario.
Los supuestos casos de acoso sexual involucran a Miguel H. López y habrían afectado a estudiantes y graduados de la carrera de Ciencias de la Comunicación según información difundida en el programa “El Repasador” de Canal Trece.
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“Expresamos nuestro más enérgico repudio hacia cualquier forma de acoso, violencia o abuso de poder dentro del ámbito universitario. Estas conductas, de comprobarse, resultan absolutamente incompatibles con los valores académicos, éticos y humanos que deben regir en nuestra comunidad educativa”, señala el comunicado.
El gremio manifestó además su solidaridad con los afectados por dicha situación y reafirmó su compromiso de acompañar, contener y respaldar a las víctimas. Igualmente, instaron al estamento estudiantil a no guardar silencio, utilizando los canales institucionales y pertinentes conforme a la ley.
Por su parte, el profesor desmintió la denuncia presentada por el exalumno por presunto acoso sexual y hostigamiento, y alegó ser víctima de una “persecución política, académica y laboral”.
Aseguró que forma parte de una supuesta guerra interna impulsada por un sector de la Facultad de Filosofía, donde se desempeña como docente desde hace casi 30 años.
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Policía detuvo a tres personas tras allanamientos sobre dos robos de dinero y vehículo
Ciudad de Este. Agencia Regional.
El Departamento de Investigaciones de Alto Paraná informó acerca de una serie de allanamientos simultáneos e intervenciones realizadas en prosecución a la investigación de dos hechos de robo agravado y asociación criminal: un automóvil y un asalto domiciliario para la sustracción de 22 millones de guaraníes.
La primera intervención fue anoche, a las 20:05, en la vía pública del Km 6,5 Monday de Presidente Franco. Fue aprehendido Jonathan Daniel Torres Pérez (24), domiciliado en el barrio 23 de octubre de Ciudad del Este e incautado un dispositivo móvil marca Apple, modelo iPhone 11 Pro Max, color verde.
El personal policial llegó a esta detención a partir de la individualización del poseedor del automóvil marca Toyota, modelo Vitz, color plateado, sindicado como vehículo de apoyo logístico en uno de los hechos investigados. Se trata del robo del automóvil, marca Toyota, modelo Funcargo, color celeste, chapa CDC 024 PY, ocurrido el 26 de febrero de 2026.
“Conforme al análisis secuencial de imágenes y cruce de informaciones, se determinó que el Toyota Vitz, color plateado cumplía funciones de cobertura y acompañamiento durante la ejecución del hecho, siendo abandonado después, el 26 de febrero, en la jurisdicción de la Comisaría 23ª, de Las Carmelitas”, explicó el comisario Pablo Zelaya, jefe de Investigaciones de la Policía de Alto Paraná.
Por otro lado, el Toyota Funcargo robado, habría sido utilizado por la gavilla delincuencial para la comisión del asalto y robo domiciliario en el barrio Corazón de Jesús, Km 7 Monday, de Presidente Franco, donde una de las víctimas (Jhonatan Amilcar Ramírez Larrea) resultó herido de bala.
Tres allanamientos hoy
Hoy prosiguieron los allanamientos en forma simultánea en tres viviendas, desde las 06:00, bajo la dirección del fiscal Alberto Torres Flores. La primera fue realizada en una casa sobre la calle Nanawa de Presidente Franco, donde fueron detenidos Adrián Alberto Prieto Ramírez (28), quien registra orden de detención, y Micheli Prieto Ramírez (27).
La mujer está siendo investigada por presunta coacción ejercida sobre la víctima a fin de que retire la denuncia, conducta que guarda relación directa con la causa investigada, según la explicación del jefe policial.
De la casa fueron incautados tres aparatos celulares y un automóvil marca Toyota, modelo Vitz, color plata, con chapa AAUT 591, registrado a nombre de Ermelinda López Acosta, con C.I.N° 3.323.145, elementos considerados de interés técnico-investigativo.
Los otros dos allanamientos fueron en el barrio 23 de octubre de Ciudad del Este, siendo incautados celulares y algunas prendas de la primera casa, mientras que de la segunda no fue llevado nada. Otras personas habrían sido identificadas como vinculados a los dos hechos investigados, por lo que están previstas más diligencias fiscales y policiales.
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La mujer desaparecida y localizada en Carapeguá sería investigada por simulación de hecho punible
Patricia Analí Jara Meza (38), denunciada como desaparecida el pasado 28 de febrero, fue localizada en una estación de servicio ubicada sobre la ruta PY01, en el acceso a la ruta Carapeguá- Nueva Italia. Tras ser hallada, manifestó a los intervinientes que fue liberada por sus captores.
Sin embargo, la Fiscalía analiza una investigación por presunta simulación de hecho punible ante ciertos datos manejados por los investigadores.
A la fiscal Carolina Martínez, de la Unidad Penal N.º 1 de Capiatá, le llamó la atención que la desaparición de la supuesta víctima se produjera el mismo día en que se presentó una denuncia por supuesta estafa.
La organizadora de eventos habría sido denunciada por una pareja por una presunta estafa de G. 15 millones, atendiendo que la mujer debía encargarse de la decoración de un evento que no se concretó.
Otro antecedente llamativo es que la misma aseguró haber sido víctima del supuesto hurto de G. 13 millones, por lo que supuestamente no pudo cumplir el compromiso de decoración.
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Jara Meza desapareció misteriosamente el sábado último tras comunicar a su familia que debía huir a raíz de amenazas de muerte de parte de la competencia, según el mensaje de texto enviado desde el teléfono de la mujer.
Durante la búsqueda de la mujer, tras la denuncia de familiares por su supuesta desaparición, no se pudo rastrear su teléfono celular, que fue hallado abandonado en el sanitario de una estación de servicio de San Lorenzo y con patrón de bloqueo.
Finalmente, efectivos policiales de la Comisaría 5ª de Carapeguá, la ubicaron tras comunicarse con un familiar e informar que se encontraba en la ciudad.
La mujer fue traslada por efectivos policiales del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas y fue trasladada al Ministerio Público para declarar y ser evaluada por la clínica forense, además de recibir contención psicológica.
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