El juez penal de Garantías Raúl Florentín admitió el pedido de la Fiscalía y remitió el pedido de extradición de Jorge Teófilo Samudio, alias Samura, al Brasil, para que sea extraditado a nuestro país, donde está procesado por narcotráfico. Actualmente, Samudio está recluido en una cárcel de Brasilia.
El pedido de exhorto al vecino país fue solicitado por el fiscal Eduardo Roy Acha, quien argumentó que corresponde que el detenido en Brasil sea traído a nuestro país donde deberá enfrentar varios hechos punibles.
El criminal de frondosos antecedentes fue recapturado por policías brasileños el pasado 29 de marzo. Se fugó luego de un rescate tipo comando cuando era trasladado a prisión en setiembre del 2019, en Asunción.
De acuerdo a los datos que se manejan en el vecino país, existe una estimación de pena que se le impondría en Brasil por la comisión de hechos punibles relacionados a armas y otros donde Samura podría ser condenado a 4 años de cárcel.
Una vez cumplida esta pena, se habilitarían los canales diplomáticos para su traslado a Paraguay, de cara al desarrollo del juicio oral y público pendiente por la comisión de hechos punibles de tráfico internacional de drogas y asociación criminal, con marcos penales que van de 10 a 30 años de pena privativa de libertad.
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Piden archivar demanda civil, pero juez dilata porque tendría algún interés
El abogado Rubén Melgarejo Lanzoni, representante legal de Jorge Edmundo Roa, socio cuotista de la firma Everest Ingeniería S.R.L., solicitó la desestimación de la acción, es decir, el archivamiento de la demanda el pasado 11 de agosto al Juzgado en lo Civil a cargo de Heinrich Fabián Von Lücken Gamarra, pero hasta el momento, el referido magistrado no hizo lugar al archivo de la demanda.
Dicha situación llama poderosamente la atención porque existiría algún tipo de interés del juez en el presente juicio civil.
Este caso debe llamar la atención de los ministros de la Corte Suprema de Justicia y en especial de los integrantes de la Sala Civil de la máxima instancia y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
El pasado 20 de agosto el abogado Melgarejo Lanzoni volvió a presentar un segundo urgimiento al juez Von Lücken Gamarra, pero el mismo no hizo caso a la presentación formulada por el citado profesional del derecho.
El presente litigio judicial está caratulado como “Jorge Edmundo Roa Espinoza contra Teresa Dejesús Mereles Villalba sobre nulidad de acto jurídico”.
Igualmente, en el presente juicio civil, el juez primeramente designó como administrador judicial al ingeniero Jorge Edmundo Roa, pero luego, sorpresivamente cambió de postura y designó al licenciado Luis Miguel Gamarra como administrador de la empresa Everest Ingeniería S.R.L con quien tendría un grado de parentesco.
Este caso denota la mora judicial en casos puntuales, en los que están en juego miles de millones de guaraníes, y a la designación en puestos clave, de personas probablemente de su círculo cercano.
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Controversia en EE. UU.: juez prohíbe exhibir los Diez Mandamientos en las escuelas
Un juez federal de Estados Unidos falló en contra de una ley en Texas que ordenaba a los colegios públicos exhibir los Diez Mandamientos en todas las salas de clase.
El juez Fred Biery ordenó una restricción preliminar de la implementación de la ley, que entraría en vigencia a partir del 1 de septiembre y que fue cuestionada ante la justicia por familias de diversos credos con hijos en escuelas públicas.
La ley del estado de Texas, conocida como el Proyecto de Ley 10 del Senado, es inconstitucional y “toma posición, de manera inadmisible, en asuntos teológicos y favorece oficialmente a creencias cristianas por encima de otras”, escribió Biery en el fallo de 55 páginas.
“Es probable que la exposición envíe un mensaje de exclusión y de carga espiritual a los hijos de los demandantes que no suscriban la versión aprobada de los Diez Mandamientos, que los considerarían que ‘no pertenecen a su comunidad escolar’”, afirmó.
El rabí Mara Nathan, uno de los demandantes, sostuvo la decisión.
“Las creencias religiosas de niños y niñas deben ser promovidas por sus padres y por sus comunidades, no por políticos y colegios públicos”, declaró Nathan.
Rachel Laser, presidenta de la asociación Americanos Unidos para la Separación Iglesia-Estado, también aplaudió la decisión de enviar un “fuerte mensaje que resonará en todo el país sobre la libertad de credo de cada estudiante en nuestras escuelas públicas”.
Otro juez federal bloqueó en noviembre de 2024 una ley en Luisiana que requería la exposición de los Diez Mandamientos en todas las aulas de escuelas públicas de ese estado conservador del sur de Estados Unidos.
El juez John deGravelles aseguró que la norma es inconstitucional porque violar la Primera Enmienda.
La separación de iglesia y Estado es un principio fundacional de Estados Unidos y la Constitución prohíbe que se establezca una religión nacional o se dé preferencia a una creencia por encima de otras.
En un caso similar, en 1980, la Corte Suprema decidió que la exposición de los Diez Mandamientos en los colegios de Kentucky era inconstitucional.
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En Oklahoma, la máxima autoridad educativa de ese estado conservador ordenó recientemente que se enseñe la Biblia en escuelas públicas, una decisión que también enfrenta desafíos legales.
Fuente: AFP
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Juez presentó su obra jurídica sobre garantías constitucionales en el proceso paraguayo
En el Salón Auditorio “Doctora Serafina Dávalos” del Palacio de Justicia de Asunción se realizó la presentación de la obra jurídica “Garantías Constitucionales en el Proceso Paraguayo”, del juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Primer Turno de Lambaré, Guillermo Manuel Delmás, que aborda el debido proceso desde un enfoque garantista y comparativo.
La actividad contó con la presencia del presidente de la Corte Suprema de Justicia, así como de referentes del ámbito jurídico nacional César Diesel Junghanns, y de los ministros Luis María Benítez Riera, Alberto Joaquín Martínez Simón y Gustavo Santander Dans.
La obra constituye un aporte al análisis de las garantías constitucionales aplicadas al proceso judicial civil, con énfasis en el derecho a la defensa, la igualdad procesal y la imparcialidad del juzgador. Durante la actividad, el ministro Alberto Martínez Simón valoró el contenido de la obra como una exposición estructurada de pensamiento jurídico que enriquece el debate académico e institucional.
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La obra presenta una revisión crítica de las facultades ordenatorias e instructorias del juez, a la luz del artículo 18 del Código Procesal Civil, desde una visión garantista y con referencias a sistemas jurídicos comparados.
La publicación está estructurada en cuatro capítulos, además de anexos que incluyen jurisprudencia y acuerdos relevantes. En el primer capítulo, se expone el objeto de investigación y el método adoptado. El segundo capítulo, el más extenso, desarrolla el marco teórico, analiza antecedentes nacionales y extranjeros, y reflexiona sobre principios procesales y medidas como las de mejor proveer.
El tercero aborda un análisis doctrinal y comparativo con experiencias de otras jurisdicciones. En tanto que el cuarto capítulo presenta conclusiones y recomendaciones, orientadas a fortalecer la formación jurídica con enfoque de garantías. El libro fue prologado por el jurista argentino Adolfo Alvarado Velloso, referente internacional del derecho procesal.
Igualmente, el evento contó con la participación de:
- la vicepresidenta del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Alicia Beatriz Pucheta Vda. de Correa,
- la exministra de la Corte Suprema de Justicia, Miriam Peña
- el profesor doctor Oscar Alejandro Amaya (Universidad de Bolonia, Italia)
- el presidente de la Asociación de Jueces del Paraguay, doctor Delio Vera Navarro
- autoridades de tribunales
- universidades
- gremios jurídicos
- operadores del sistema de justicia
La presentación fue transmitida a través de la plataforma Google Meet, y concluyó con una entrega simbólica de reconocimiento al autor por parte de sus colegas, destacando el valor académico de su contribución a la doctrina jurídica nacional.
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México entregó a EE. UU. a Caro Quintero y otros 25 capos narco
México entregó el martes pasado a 26 señalados narcotraficantes a la justicia de Estados Unidos, entre quienes figuran miembros de “alto perfil” de los dos principales cárteles mexicanos, informaron las autoridades de ambos países. En medio de presiones del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, para detener el contrabando de fentanilo, México ya había enviado a ese país en febrero a 29 de sus más notorios capos de las drogas, entre ellos el veterano Rafael Caro Quintero, señalado por el homicidio del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena" en 1985.
Entre los transferidos el martes pasado se encuentran capos de “alto perfil” de los Cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Sinaloa“, señaló la embajada de Estados Unidos en México. En febrero, Washington designó a esos grupos como organizaciones terroristas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos detalló en un comunicado la identidad de los 26 presuntos criminales, a los que señala como responsables de haber introducido a ese país “toneladas de peligrosas drogas, como cocaína, metanfetaminas, fentanilo y heroína”.
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, declaró que el traslado “es el más reciente ejemplo de los esfuerzos históricos de la administración Trump para desmantelar a los cárteles y las organizaciones terroristas internacionales”. El documento destaca casos como el de Abigael González Valencia, líder de “Los Cuinis”, considerado el brazo financiero del CJNG y cuñado del líder de grupo criminal. Otro capo de alto perfil es Servando Gómez Martínez, apodado “La Tuta”, quien fuera uno de los jefes La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios. Es considerado entre los responsables de promover una escalada en la violencia y la saña con la que actúan los narcotraficantes.
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Cadena perpetua
La lista también incluye a Juan Carlos Félix Gastelum, apodado “El Chavo Félix” y yerno de uno de los jefes del cartel de Sinaloa, y a Pablo Edwin Huerta, alias “El Flaquito”, de la diezmada banda de los hermanos Arellano Félix. Hay jefes de seguridad de distintas bandas criminales y hasta un piloto que servía a los jefes del cartel de Sinaloa.
Salvo el caso de un presunto traficante de migrantes originario de Sierra Leona, todos enfrentan la pena de cadena perpetua, según el comunicado. Las autoridades mexicanas indicaron que el traslado se dio “bajo solicitud del Departamento de Justicia” de Estados Unidos, que “se comprometió a no solicitar la pena de muerte para los reos en su país”. La operación de este martes “es un ejemplo más de lo que es posible cuando dos gobiernos se unen contra la violencia y la impunidad”, destacó el embajador estadounidense, Ronald Johnson, al expresar su agradecimiento a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.
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Riesgo a la seguridad
Según una declaración del gobierno y la Fiscalía General de México, los 26 acusados se encontraban detenidos en diferentes cárceles y “representaban un riesgo permanente a la seguridad” del país. El envío ocurre en momentos en que México y Estados Unidos negocian un acuerdo sobre seguridad, que incluye el tráfico de drogas y armas.
También se produce tras reportes periodísticos, la semana pasada, según los cuales Trump ordenó utilizar al ejército de ese país contra los cárteles de la droga, ante lo cual el gobierno mexicano manifestó que “no aceptaría la participación de fuerzas militares estadounidenses” en su territorio. Los 26 presos fueron entregados bajo un procedimiento legal abreviado, que excluye instancias previstas en los casos de extradición.
El gobierno de Sheinbaum justifica este tipo de medidas al señalar que algunos narcos recuperan la libertad porque supuestos jueces corruptos les conceden recursos de amparo. Uno de los capos que sigue prófugo es el líder del CJNG, Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, por quien Washington ofrece hasta 15 millones de dólares por su captura.
En Estados Unidos ya están presos otros capos como los fundadores del cártel de Sinaloa, Joaquín “Chapo” Guzmán, condenado a cadena perpetua, e Ismael Zambada, alias “El Mayo”, en espera de ser procesado. No obstante, la banda criminal sigue activa y envuelta en una guerra entre las facciones de ambos capos que deja más 1.000 muertos en Sinaloa (noroeste) en el último año.
Fuente: AFP.