El fiscal Silvio Corbeta describió que, desde la imputación del destituido intendente esteño Miguel Prieto, su defensa técnica presentó varios incidentes, se intentó desprestigiar la labor del Ministerio Público pese a las pruebas institucionales, y se buscó mover el expediente a Ciudad del Este, fuera de la competencia especializada. El 20 de agosto, la Corte destrabó el caso Tía Chela y se habilitó al juez Humberto Otazú para fijar fecha para la audiencia preliminar en que se resolverá si los acusados van a juicio oral y público.

“Cuando el Ministerio Público formuló la imputación (el 19 de julio de 2023), la defensa de Prieto realizó numerosas declaraciones diciendo y señalando que hubo dictámenes favorables de la Contraloría acerca de esta licitación en particular, pero hoy en día se sostiene totalmente lo contrario. Constantemente se intenta desprestigiar el trabajo que hemos realizado, señalando una suerte de persecución político, judicial, siendo que todas las informaciones se basan en elementos de administraciones anteriores, incluso, cuando él fue procesado, ni siquiera este gobierno asumió y no tiene sentido sostenerlo“, afirmó Corbeta, este viernes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción detalló que, para la formulación de la imputación, el equipo fiscal tuvo a consideración los dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República (CGR), la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que evidenciaron graves inconsistencias en el proceso de la compra de 25.000 cestas de alimentos, durante la pandemia, a través de la firma proveedora Tía Chela SRL, estimando un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 para la Municipalidad de Ciudad del Este.

“La causa judicial se encontraba paralizada, pero eso no respondía a una cuestión aleatoria, sino a cuestiones dilatorias que fueron presentadas en su momento. En este sentido, la primera situación que nunca se pudo concretar en la investigación es la aplicación de medidas cautelares, entonces, uno difícilmente pueda solicitar o obligar a los procesados a ser sometidos a las prerrogativas del caso. Lo primero que se realizó fue evitar la aplicación de medidas cautelares que fueron solicitadas con la imputación del Ministerio Público en julio del 2023″, recordó Corbeta.

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El agente fiscal mencionó que “cuando el Ministerio Público acusa, allá por junio del 2024, inmediatamente se presentaron acciones de inconstitucionalidad para detener el proceso. La Corte Suprema de Justicia nunca otorgó ningún tipo de medida cautelar para suspender el curso del proceso y, lógicamente, por una simple presentación de una acción no es motivo suficiente para suspender las resultas del proceso”.

“Presentaron un montón de incidencias con el objeto de que la causa sea derivada fuera de la competencia natural del juzgado, en este caso, es una competencia especializada en la materia de delitos económicos y siempre han intentado llevar el expediente en Ciudad del Este y todas estas cuestiones son hoy en día consideradas como actos que responden a una mala fe procesal”, puntualizó Corbeta.

Los procesados en la causa son Miguel Prieto Vallejos y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, en calidad de autores. En tanto, Buenaventura Morínigo, Emili Vanessa Florentín Páez, Robert Osmar Florentín Silvero, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Samhat, Higinio Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo están sindicados por el hecho de lesión de confianza, administración en provecho propio, en calidad de cómplices y de asociación criminal, en calidad de coautor.

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El fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, afirmó que las causas judiciales por corrupción que pesan sobre el destituido intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, no pueden avanzar debido a las reiteradas chicanas que impulsa el líder del movimiento Yo Creo, con 50 denuncias y dos imputaciones.

“El Ministerio Público se tropieza con muchas dificultades, hacemos lo que podemos para llegar a resultados concretos. Nosotros entendemos que existe una suerte de preocupación (por la lentitud), pero hacemos nuestra labor con la mayor objetividad”, dijo Corbeta, este miércoles, en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Prieto se encuentra imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. El dirigente opositor está sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas. Según la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, se habla de un perjuicio patrimonial que ascendería a la suma de G. 306.188.500 por el pago concretado por mercaderías inexistentes.

En la causa se menciona que el dirigente político, entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos, con supuestos fines sociales, ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.

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De acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales, todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto. En un caso previo, el Ministerio Público lo imputó por presunta compra amañada de 25.000 kits de alimentos, causando un perjuicio patrimonial de G. 1.769 millones a la Municipalidad de Ciudad del Este, también durante la pandemia del covid.

“Las investigaciones avanzan en la medida de lo posible, pero estamos ante reiteradas chicanas que nos dejan temporalmente fuera de las causas. En el caso Costanera, por ejemplo, fuimos recusados dos veces en cuestión de días, incluso por personas que ni siquiera guardan relación directa con el proceso”, refirió el agente fiscal.

Asimismo, siguió sosteniendo que “hay causas en etapa de acusación, como el caso Tía Chela y el de Tajy, pero seguimos dependiendo de pericias técnicas contables y de obras para avanzar. Sin esos informes, resulta imposible llegar a imputaciones sólidas”.

El agente fiscal comentó que fueron establecidos dos equipos de la Unidad de Delitos Económicos para investigar los hechos punibles atribuidos a Prieto. Por una parte se encuentra Corbeta junto con sus colegas Jaime Adle y Verónica Valdez; y, por otra, figuran Néstor Coronel, Marlene González y Luz Guerrero. Entre ambos equipos llevan 33 investigaciones. Las restantes están a cargo de fiscales de Ciudad del Este por tratarse de delitos ordinarios.

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La fiscalía federal de México vinculó ayer martes el asesinato de uno de sus representantes en el estado de Tamaulipas, ocurrido la víspera, con una investigación sobre robo de combustible en la frontera con Estados Unidos. Ernesto Vásquez, delegado de la Fiscalía General de la República (FGR), fue asesinado el lunes en la ciudad de Reynosa, vecina del condado estadounidense de Hidalgo, en Texas. Fue rematado a balazos mientras se arrastraba por el pavimento luego de que su camioneta quedara en llamas tras un primer asalto en una transitada avenida a plena luz del día.

El ataque, presenciado por numerosos automovilistas, fue captado en videos que se volvieron virales en redes sociales y espacios de noticias. “Los primeros datos que señalan la violencia inusitada y la brutalidad del delito cometido indican una sólida probabilidad de que este hecho provenga de la delincuencia organizada”, dijo el martes la FGR en un comunicado.

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Recordó además que grupos dedicados al robo de combustible sufrieron “un grave descalabro” a finales de julio, cuando fuerzas de seguridad federales decomisaron más de 1,8 millones de litros de gasolina robada en esa ciudad. En marzo el gobierno federal anunció un decomiso “histórico” de 10 millones de litros de diésel junto con armas de fuego en el puerto de Tampico, en el mismo estado de Tamaulipas, que tiene un amplio litoral en el Golfo de México.

Si bien Tamaulipas registra una baja en los índices de violencia, su vecindad con Estados Unidos la hace una pieza clave en las lucrativas rutas de tráfico de drogas, migrantes e hidrocarburos hacia el país vecino. En ese estado operan los cárteles del Golfo y del Noreste, a los que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump designó a inicios de año como “organizaciones terroristas extranjeras”.

Fuente: AFP.

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Bajo un total hermetismo, a diferencia de otros casos, este martes trascendió que el Ministerio Público, encabezado por el fiscal general Emiliano Rolón, el pasado 24 de julio abrió una causa penal para indagar sobre las supuestas cuentas bancarias en Seychelles que tendrían por beneficiarios finales al exjefe de Estado, Mario Abdo Benítez, y su esposa, Silvana López Moreira.

Para la indagación fue designada Natalia Cacavelos, agente fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción. La causa surge luego del informe periodístico realizado por el argentino Luis Casulla y publicado en el portal PeriodismoyPunto, que refiere que presuntamente se ocultó la millonaria suma de USD 21 millones en cuentas del paraíso fiscal, en que aparecería el nombre del exmandatario.

La intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, liderada por Ramón Ramírez, detectó una presunta malversación por G. 29.000 millones en la administración del intendente Miguel Prieto. El desfalco guarda relación con dinero que debía destinarse a obras y bienes de capital, pero habría sido desviado para cubrir gastos corrientes, transferencias y pago de deudas, según reveló el economista, este martes, en conferencia de prensa.

La administración del líder del movimiento Yo Creo contaba con una partida presupuestaria equivalente a G. 83.000 millones, que estaba asignada al financiamiento de gastos de capital. La utilización irregular de este recurso fue reportado por la Contraloría General de la República (CGR), y forma parte de los puntos claves que sustentaron el requerimiento de indagación.

El presidente de la República, Santiago Peña, expresó su dolor por el fallecimiento del diputado Derlis Rodríguez. “Con profundo dolor despedimos al querido diputado Derlis Rodríguez, un hombre de lucha, convicciones firmes y un corazón generoso. Acompañamos en oración a su familia y seres queridos, pidiendo a Dios cristiana resignación y fortaleza en este momento tan duro”, comentó el mandatario a través de sus redes sociales oficiales.

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, extendió sus condolencias a la familia del diputado Rodríguez. “Lamentamos profundamente el fallecimiento del diputado Derlis Rodríguez. Su dedicación y compromiso con su comunidad siempre serán recordados. Nuestras más sinceras condolencias y cristiana resignación a su familia y seres queridos. Expreso mi solidaridad con sus colegas diputados”, manifestó Horacio Cartes a través de su cuenta de X.

Según el informe del Banco Central del Paraguay (BCP), el mes de julio cerró con una disminución en el precio de la carne vacuna, especialmente, los cortes para el asado. La costilla de primera se redujo 5,7% y la de segunda 5,9% con relación al mismo mes del año anterior. Además, el informe muestra la disminución en un 3,9% del vacío.

Según el BCP, estas reducciones se dieron en gran medida gracias a factores estacionales. Si bien los demás cortes de carne considerados parte de la canasta como la carnaza, puchero de segunda y carne molida, presentaron aumentos, fueron contrarrestados por las bajas observadas en los cortes tradicionales.

Tras un trabajo de investigación y seguimiento, agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), con el apoyo de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), allanaron un inmueble rural ubicado en la zona de Ka’aguy Kupe – Ita Corá, distrito de Mayor Martínez, departamento de Ñeembucú, logrando la incautación de una importante cantidad de droga.

En el predio fue detectado un centro de acopio de marihuana que, a su vez, funcionaba como punto logístico para el traslado de la droga al mercado argentino. Las autoridades lograron incautar un total de 1.233 kilogramos de marihuana prensada lista para su envío al país vecino.

La ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, y el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, hablan sobre el ambicioso plan del Ejecutivo para beneficiar a miles de usuarios.