La Justicia condenó a Justo Pastor Cárdenas, extitular del Indert, a cuatro años de pena privativa de libertad tras haberlo encontrado culpable del delito de enriquecimiento ilícito durante su gestión en el ente rural. Sus hijos, que estaban procesados por lavado de dinero, fueron absueltos.
El Tribunal de Sentencia, presidido por el magistrado Emanuel Aguirre y conformado por las juezas Rossana Maldonado y Blanca Gorostiaga, encontró al exfuncionario culpable del hecho punible de enriquecimiento ilícito en el desempeño de las funciones públicas.
El colegiado que juzgó a Cárdenas encontró elementos para declarar la absolución de culpa y pena para sus hijos Justo Cárdenas Pappalardo, María Cárdenas y Alán Cárdenas, quienes también fueron enjuiciados pero por el supuesto hecho de lavado de dinero. Asimismo, el jurado resolvió el comiso de bienes del condenado a favor del Estado.
En el marco de esta causa, Cárdenas estuvo recluido pero luego logró su libertad ambulatoria. Al respecto, el Tribunal consideró que continuará en libertad hasta que se confirme la condena en la Corte Suprema de Justicia. De esta manera, el exfuncionario podría nuevamente pisar la Penitenciaría de Tacumbú.
Antecedentes
La fiscala Natalia Fuster había solicitado la pena de 11 años de cárcel para Justo Pastor Cárdenas Nunes, mientras que dos años y medio para Justo Pastor Cárdenas Pappalardo, dos años para María Alexandra Cárdenas Pappalardo y un año para Alan Israel Cárdenas Rodríguez, quienes son hijos del extitular del Indert.
Los agentes fiscales Josefina Aghemo y Sussy Riquelme, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, formularon acusación contra Cárdenas y solicitaron que el presente caso se eleve a juicio oral. Los hechos punibles atribuidos al extitular del Indert son enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Él no habría podido justificar la suma de G. 2.600 millones en sus ingresos.
Dejanos tu comentario
Juez Otazú deberá fijar la audiencia preliminar para Prieto en el caso Tía Chela
El juez Humberto Otazú tiene vía libre para poder fijar la audiencia preliminar en la que se definirá si el exjefe comunal de Ciudad del Este, Miguel Prieto, va a juicio oral en el caso Tía Chela. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros Manuel Ramírez Candia, Eugenio Jiménez y César Garay, declaró inadmisible la apelación presentada por la defensa del exintendente, con lo que se destrabó la chicana presentada.
La defensa de Prieto, imputado por lesión confianza, recurrió a la Corte al solo efecto de dilatar el presente caso debido a que apeló la resolución del tribunal de alzada que había confirmado la competencia del juez Humberto Otazú. Igualmente, la máxima instancia debe destrabar el segundo proceso penal de Prieto, acusado por lesión de confianza en el caso Tajy.
Te puede interesar: Movimiento Yo creo de Prieto no está habilitado para próxima elección esteña
El proceso penal contra Prieto tiene relación a un supuesto negociado en la compra de kits de alimentos que debían ser destinados a familias vulnerables durante la pandemia del covid-19.
La Fiscalía investiga la supuesta lesión de confianza en el caso de la presunta compra amañada de 25.000 cestas de alimentos, que habría generado un perjuicio patrimonial de G. 2.130 millones a la comuna esteña. La administración de Prieto, supuestamente, bajo la vía de la excepción, llamó a una licitación en marzo de 2020 para la compra de kits alimentarios destinados a familias de escasos recursos durante la pandemia.
Además de Prieto, están procesados:
- Francisco Raimundo Arrúa Álvarez
- Buenaventura Morínigo
- Emili Vanessa Florentín Páez
- Robert Osmar Florentín Silvero
- Maggi Elizabeth Fariña Almada
- Sebastián Martínez Insfrán
- Alex Samhat
- Higinio Acuña
- Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez
- Nelson Alexis Segovia Acevedo
Podes leer: Chicanas de Prieto impiden el avance de sus causas judiciales, afirma fiscal Corbeta
Dejanos tu comentario
Tras largas chicanas, Justicia retoma proceso contra Prieto
El fiscal Silvio Corbeta describió que, desde la imputación del destituido intendente esteño Miguel Prieto, su defensa técnica presentó varios incidentes, se intentó desprestigiar la labor del Ministerio Público pese a las pruebas institucionales, y se buscó mover el expediente a Ciudad del Este, fuera de la competencia especializada. El 20 de agosto, la Corte destrabó el caso Tía Chela y se habilitó al juez Humberto Otazú para fijar fecha para la audiencia preliminar en que se resolverá si los acusados van a juicio oral y público.
“Cuando el Ministerio Público formuló la imputación (el 19 de julio de 2023), la defensa de Prieto realizó numerosas declaraciones diciendo y señalando que hubo dictámenes favorables de la Contraloría acerca de esta licitación en particular, pero hoy en día se sostiene totalmente lo contrario. Constantemente se intenta desprestigiar el trabajo que hemos realizado, señalando una suerte de persecución política, judicial, siendo que todas las informaciones se basan en elementos de administraciones anteriores, incluso, cuando él fue procesado, ni siquiera este gobierno asumió y no tiene sentido sostenerlo”, afirmó ayer Corbeta, en una entrevista con el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción detalló que, para la formulación de la imputación, el equipo fiscal tuvo a consideración los dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República (CGR), la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que evidenciaron graves inconsistencias en el proceso de la compra de 25.000 cestas de alimentos, durante la pandemia, a través de la firma proveedora Tía Chela SRL, estimando un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 para la Municipalidad de Ciudad del Este.
“La causa judicial se encontraba paralizada, pero eso no respondía a una cuestión aleatoria, sino a cuestiones dilatorias que fueron presentadas en su momento. En este sentido, la primera situación
que nunca se pudo concretar en la investigación es la apli-cación de medidas cautelares, entonces, uno difícilmente pueda solicitar u obligar a los procesados a ser sometidos a las prerrogativas del caso. Lo primero que se realizó fue evi-tar la aplicación de medidas cautelares que fueron solici-tadas con la imputación del Ministerio Público en julio de 2023”, recordó Corbeta.
“MONTÓN DE INCIDENCIAS”
El agente fiscal mencionó que “cuando el Ministerio Público acusa, allá por junio de 2024, inmediatamente se presen-taron acciones de inconstitucionalidad para detener el proceso. La Corte Suprema de Justicia nunca otorgó ningún tipo de medida cautelar para suspender el curso del pro-ceso y, lógicamente, por una simple presentación de una acción no es motivo suficiente para suspender las resultas del proceso”.
TRES CANDIDATOS
La estrategia de Miguel Prieto y de sus adherentes es conservar el poder por medio de las alianzas logradas durante su gestión. Al menos tres nombres surgen para que un aliado se mantenga durante tres meses al frente de la administración comunal esteña. Dos de ellos son muy allegados al destituido jefe comunal.
Se trata de Sebastián Martínez (Yo Creo), actual presidente de la Junta Municipal; y la segunda incondicional es Valeria Romero, concejala y actual pareja de Prieto. La que podría romper este “consenso” y la mayoría coyuntural es la liberal María Portillo (PLRA), hermana del exdiputado Carlos Portillo.
La concejala quiere pugnar por la intendencia y no tendría inconvenientes de pasar a negociar con los ediles disidentes, que responden al Partido Colorado. Hoy, la mayoría de 7 concejales contra 5 está a favor de Prieto.
Dejanos tu comentario
Histórico líder campesino resalta récord en titulación de tierras del Indert
Don Ángel Giménez, uno de los históricos líderes campesinos, miembro fundador de la Organización Nacional Campesina (ONAC) y fundador de la Central Nacional de Trabajadores (CNT), culminó su gestión como representante de los campesinos ante la Junta Asesora del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), destacando los importantes avances en la titulación de tierras como nunca antes se vio.
En conversación con La Nación/Nación Media, explicó que tras cumplir su mandato de dos periodos (10 años), se está retirando del escenario de discusión que es la Junta Asesora del Indert. Señaló que le ha tocado ver de cerca los difíciles años que ha sobrepasado la institución rural.
“Desde un principio fue una cosa muy delicada, en el sentido de que hubo mucha corrupción en el Indert. Como se sabe, varios de nuestros expresidentes fueron llevados presos en su momento. Gracias a Dios y seguramente a mi actividad también no me marcó esa parte de la mala gestión de esa gente", recordó.
Le puede interesar: ANR estima que llegarán a los 3 millones de electores para las municipales
Mejor gestión gubernativa
No obstante, señaló que con la actual administración a cargo del presidente Francisco Ruíz Díaz, están trabajando muy bien, aplicando el método de Barrido Predial Masivo, mediante la autorización de la Corte Suprema con una orden especial que le llaman “Acordada”. Permitiendo acelerar el trabajo en la entrega de los títulos de propiedad a los beneficiarios de la reforma agraria, como nunca antes se vio.
“Resulta ser que el Indert acumuló demasiadas tierras en su poder por muchos años, y no transfería a sus dueños legítimos que son los beneficiarios de la reforma agraria. A tal punto que llegó hasta 10 millones de hectáreas teniendo como propietario el Indert. Actualmente, este gobierno tomó como una política de transferir esas tierras a sus dueños, lo que considero demasiado bueno, lo que está haciendo el actual gobierno del presidente Santiago Peña”, resaltó.
Remarcó que es muy grande la diferencia, de entregar 900 títulos al año; para pasar a entregar más de 10.000 títulos en solo dos años. Señaló que el Indert cuenta con varias facetas, una es la entrega de títulos de propiedad, lo que sirve de base para el desarrollo de la comunidad.
Mencionó que luego viene la cuestión del arraigo de la comunidad, y esto se logra mediante la gestión apertura de caminos, contar con escuelas, puesto de salud, agua potable. “Pero muchas veces las instituciones que son más directamente responsables de esas áreas no pueden avanzar, por la falta de títulos y otras cosas”, señaló.
No obstante, remarcó, que, si bien se están avanzando en la titulación de las tierras de muchas comunidades, aún faltan otras que necesitan un poco más de impulso. Puso, por ejemplo, que son 1.600 colonias y de esas, más o menos 600 colonias no tiene agua potable y el INDER no tiene fondo para eso.
Satisfecho con su gestión
Don Giménez resaltó que se siente muy satisfecho como dirigente campesino, ahora que cierra su ciclo como representante ante la Junta Asesora del Indert. Señaló que en todo momento estuvo acompañando muy de cerca todas las situaciones que se fueron dando con sus compañeros campesinos.
“Cuando hay conflicto hay que buscarles una salida a los conflictos; los problemas son permanentes en el Indert; ya que es una cueva de problemas. La tierra es todo un interés y cada uno quiere llevar agua a su molino”, expresó.
Destacó que su gestión como líder ha sido siempre mediar ante los diferentes gremios sea esta la Asociación Rural del Paraguay (ARP), la Unión de Gremios de la Producción (UGP), o los representantes de las gobernaciones, los representantes de la municipalidad.
“Con todo hemos tratado siempre de buscar una salida decorosa a los intereses de los compatriotas. Cuando hay conflicto hay que buscarle una salida ya sea con los interesados por la tierra; o con el dueño de la tierra”, acotó.
Finalmente, don Giménez dedicó unas palabras a sus compañeros campesinos, sobre todo a aquellos “sin tierra”; y es que se organicen, que busquen lugares donde se puedan asentar; aclarando que no se refiere a que invadan tierras, sino que a buscar opciones donde puedan con la ayuda del Estado, adquirir las tierras para establecer su comunidad.
“No estoy incitando a que se ocupe la propiedad privada; si no que se busquen tierras cuyos dueños quienes quieran vender. De tal modo a poder plantear algo concreto al Estado. Si no pedimos, nadie va a saber qué estamos necesitando. Pero también, no debe parar la titulación. Hay que titular, porque esa es la base del desarrollo de la ciudadanía”, concluyó.
Dejanos tu comentario
Corte ratifica condena para acusado por incautación de billetes venezolanos
La sala penal de la Corte ratificó la condena de 3 años y 6 meses de prisión para Bruno José Da Costa Amaral, quien fue encontrado culpable por lavado de dinero debido a la tenencia de billetes venezolanos que pretendían ser vendidos en el mercado negro. En febrero del año 2017 fueron encontradas más de 500 bolsas llenas de bolívares venezolanos de diversos valores en una residencia de la conocida familia Da Costa Amaral, de Salto del Guairá.
La defensa del condenado recurrió a la Corte buscando dejar sin efectos las sentencias de primera y segunda instancia.
La ministra Carolina Llanes sostuvo que el escrito de la defensa del condenado carece de la debida argumentación jurídica y de la exposición concreta de los agravios, tal como exige el artículo 478 del Código Procesal Penal.
En el mismo sentido votó el ministro Luis María Benítez Riera, quien se adhirió a la postura de Llanes, señalando que el recurso no cumplía con los requisitos de fundamentación crítica y precisa, lo que lo tornaba inadmisible.
En disidencia, el ministro Ramírez Candia consideró que el recurso debía admitirse, pues la defensa había planteado cuestionamientos sobre la supuesta orfandad argumentativa de la sentencia, la violación del principio de congruencia y la valoración probatoria.
Finalmente, por mayoría de votos, la sala penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió rechazar el recurso y declarar inadmisible la casación, quedando firme la sentencia condenatoria dictada contra Da Costa Amaral en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero.
Podes leer: Canindeyú: desmantelan megaestructura e incautan casi 10 toneladas de marihuana